La oposición proempresaria coló en la campaña electoral la reforma laboral

Si bien dicha iniciativa se viene instalando en la agenda desde hace algunos meses de la mano del empresariado fabril, durante las semanas previas a las PASO se convirtió en uno de los ejes programáticos de la oposición, hecho que amplificó el debate y partió aguas entre los sectores que piden una reforma del régimen indemnizatorio y los que defienden a regañadientes las leyes laborales tales como están. Uno de los voceros de la propuesta empresarial fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se expresó en distintos medios a favor de reemplazarlo por un “seguro” como el que rige en la industria de la construcción. “Hay que implementar el modelo de la UOCRA”, aseguró. Lo mismo repitieron María Eugenia Vidal y Martín Tetaz en los canales de televisión. Luego de la victoria electoral de la oposición, la iniciativa fue llevada al Congreso en forma de Proyecto de ley por el senador Martín Lousteau. 

El debate por la reforma viene de largo aliento y los sectores empresarios que la impulsan tienen pensado ir a fondo. Por su parte, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, explicó que el modelo de “fondo de cese laboral” que rige en su actividad viene funcionando desde 1969 y que se adecúa a las características de la industria de la construcción. “Permite que los trabajadores no pierdan ni un centavo de su derecho indemnizatorio, porque las empresas aportan mensualmente el 12% del monto del sueldo en una cuenta especial y cuando finaliza la obra el trabajador puede optar por retirar o no ese dinero de su cuenta bancaria”, detalló. 

Lo que no explicaron Larreta ni Gerardo Martínez es que el régimen que tiene la UOCRA se debe a la característica estacionaria de la actividad. El “fondo de cese laboral” funciona en la construcción porque las obras comienzan y terminan en diferentes momentos y les trabajadores suelen pasar de una empresa contratista a otra según los proyectos. Este régimen no evita que en la rama exista un alto grado de precariedad laboral, aunque sí otorga un marco legal ante una modalidad de empleo volátil. Por esta particularidad del sector es que Gerardo Martínez, al ser consultado por la posibilidad de trasladar ese mecanismo a otras actividades -como propuso el Jefe de Gobierno de la Ciudad-, esquivó la pregunta y dijo que “cualquier nueva alternativa se tiene que dar por la vía convencional entre los dirigentes sindicales y los empresarios. Debe estar sujeto a los intereses de las partes”. Dejando igualmente la puerta abierta a futuros cambios. 

Es un hecho que la crisis provocada por la pandemia afectó el funcionamiento de las empresas de diversas actividades y, en mayor medida, a los trabajadores y las trabajadoras que allí se desempeñan. Los efectos devastadores de una crisis sin precedentes aún siguen pegando el coletazo. No obstante, las medidas adoptadas por el Gobierno nacional tendieron a asegurar cierta estabilidad en los niveles de empleo. Ahora bien, es discutible si tuvieron el éxito esperado o no, pero lo cierto es que la prohibición de despidos sin causa y el derecho a la doble indemnización fueron medidas aplicadas en pos de asegurar las fuentes de trabajo. 

Pero, ¿por qué proponen la eliminación de las indemnizaciones? En primer lugar, hay que aclarar que esta retribución que obtienen les trabajadores cuando terminan una relación laboral está contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo y es garantizada por la Constitución Nacional. Todo trabajador y trabajadora en relación de dependencia sabe que si lo despiden, el empleador debe pagarle una indemnización acorde a su antigüedad. En segundo lugar, es un sistema que otorga estabilidad y genera seguridad a la hora de reclamar por otros derechos. 

Por su parte, especialistas agrupades en la Asociación de Abogados Laboralistas vienen sosteniendo que el crecimiento de la actividad productiva, el desarrollo de la industria y el incremento de los puestos de empleo dependen centralmente de la política económica que se aplique. Hay un patrón común que se repite a lo largo de la historia argentina reciente: cada vez que hay una crisis económica, el capital concentrado puja por una reforma laboral acorde a sus intereses. 

Hay que recordar que durante la década de los 90, la legislación laboral sufrió diversas modificaciones (muchas de las cuales aún permanecen). Entre ellas, se incorporó el denominado “período de prueba” para contratos por tiempo indeterminado, durante el cual el empleador adquirió el derecho de despedir al trabajador sin incurrir en el pago de indemnización, e inclusive se llegó a reducir, o incluso a exceptuar, el pago de algunas contribuciones patronales a la seguridad social. Además, y sin objeción de un sector del sindicalismo, se incorporaron nuevas formas que flexibilizaban las contrataciones: el contrato por tiempo determinado sin causalidad objetiva para la temporalidad, los contratos por “aprendizaje” y las “pasantías”. En estos dos últimos casos se asumía una relación contractual no laboral, por lo cual se exceptuaba al empleador del pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. Finalmente, por estas reformas (entre otras) la situación del mercado de empleo se fue deteriorando y subió el desempleo, el subempleo y se precarizaron las relaciones laborales. 

En contraposición, entre 2003 y 2012 se crearon alrededor de 5 millones de nuevos puestos de trabajo. En términos porcentuales, el desempleo pasó del 22,5% en 2002 al 7% en 2012. El crecimiento de la producción y del empleo en ese período fue posible por la política económica de expansión de la demanda agregada, a través del consumo privado y de la inversión pública. En diciembre de 2015 el salario promedio de los argentinos, medido en dólares, era uno de los más altos de Latinoamérica, mientras que durante el período de gobierno macrista se fue licuando estrepitosamente y en 2019 llegó a ser uno de los más bajos, pasando de representar US$ 1.385 en 2015 a US$ 771 en 2019, una caída del 44,3%. La salida de la convertibilidad y posteriormente la recomposición de la economía nacional reinstauró la vigencia de los Convenios colectivos de trabajo y se impulsaron las negociaciones paritarias libres. “Lo que funcionó para que no se siguieran perdiendo puestos de trabajo fue aumentar el costo del despido, y justamente esa es la lógica que tiene nuestro sistema de indemnizaciones. A las empresas se les permite despedir sin causa, pero eso tiene un costo porque en nuestro país se reconoce que es un acto que causa un daño”, explicó la doctora Cynthia Benzion. 

En este sentido, una de las medidas que permitieron elevar los niveles de empleo a partir de la asunción de Néstor Kirchner fue la derogación de la Ley Banelco sancionada en el 2000, la cual constituyó el inicio del fin del gobierno de la Alianza. Las sospechas de pago de coimas a los senadores justicialistas para que votaran a favor y una seguidilla de acusaciones cruzadas, en medio de un país asediado por los altos índices de desempleo y pobreza, provocaron la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez. En aquel momento también se creía que era posible combatir una crisis económica con una reforma de flexibilización laboral. Una iniciativa similar cobró vuelo en 2017 bajo el gobierno de Macri y fue frenada a fuerza de movilización popular. Ahora, a la salida del peor momento de la pandemia, el capital concentrado propone las mismas recetas que desregularon el mercado laboral en los 90. 

Claro que la situación actual es compleja: según la OIT “se prevé que en 2022 el número de personas desempleadas en el mundo se sitúe en 205 millones, muy por encima de los 187 millones de 2019. Esta cifra equivale a una tasa de desocupación del 5,7 por ciento”. Pero las recetas no pueden ser siempre las mismas, y mientras Juntos por el Cambio vuelve a incurrir en los mandatos de la Escuela de Chicago, en el mundo crecen ideas como la repartición de las horas de trabajo a partir de la reducción de la jornada laboral. Durante la campaña de las PASO, se dijo muchas veces que había dos modelos en pugna. Esta polarización queda en evidencia debido a que, para aumentar el empleo, desde un lado se propone cambiar el régimen indemnizatorio, mientras que del otro lado de la grieta se insta a reducir la jornada laboral con proyectos como los presentados en el Congreso por el bloque de diputades sindicales. 

Proteger la estabilidad laboral “tiende a mejorar la economía” 

Paula Lozano, de la Asociación de Abogadxs Laboralistas, asegura que proteger la estabilidad laboral “tiende a mejorar la economía”, y advierte que los proyectos de Juntos por el Cambio “propician los despidos”, “generan más litigios”, y vuelven los derechos laborales “un siglo atrás”. 

La polémica propuesta del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de eliminar la indemnización por despido prevista por la Ley de Contrato de Trabajo se convirtió en proyectos de ley de la mano del diputado nacional Héctor Stefani (PRO) y del senador Martín Lousteau (UCR) que generaron críticas desde todos los ámbitos, también el jurídico. 

“Es falso el discurso de que el problema en Argentina son las indemnizaciones laborales”, aseguró Paula Lozano, vicepresidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. 

Luego, especificó: “El despido, como decisión unilateral sin causa, es un acto ilícito. Lo es porque vulnera la Constitución Nacional que establece el derecho de la persona trabajadora a tener una protección frente al despido arbitrario. Esto afecta la estabilidad en el empleo y genera un grave daño a la persona que trabaja porque no solamente perdés el salario con todo lo que implica para una familia y para la persona, sino que perdés la posibilidad de tener un proyecto de vida. Si alguien alquila, si tiene acceso a educación, si va a hacer unas vacaciones, si tiene un crédito. El despido afecta la vida en todas sus dimensiones”. 

Lo que trascendió de ambos proyectos es la idea de reemplazar las actuales indemnizaciones por un fondo que dieron en llamar Seguro de Garantía de Indemnización (SGI), financiado con aportes mensuales de los propios trabajadores y contribuciones patronales. Al momento del cese del contrato de trabajo –independientemente de que ocurra por renuncia, acuerdo mutuo o un despido con o sin causa– el trabajador despedido dejaría de cobrar una indemnización completa y pasaría a recibir pagos mensuales hasta conseguir un nuevo empleo o hasta que el fondo se agote. 

Para la jurista, la propuesta es “liviana e irresponsable” en un momento en el que, incluso, rige aún la norma que prohíbe los despidos sin causa para proteger el empleo durante la emergencia laboral generada por la pandemia de COVID-19. 

“Estos discursos desconocen el conjunto de normas internacionales vigentes, generarían responsabilidad para el Estado y una catarata de juicios laborales. Para los que dicen que el problema (de la Ley de Contrato de Trabajo) siempre es el litigio, si estos proyectos legislativos se aprobasen generarían muchísima litigiosidad porque cualquier juez o jueza laboral que tiene mandato de cumplir con el artículo 14 bis lo va a declarar inconstitucional”, resume. 

El mito de la generación de empleo 

Como argumento saliente, los promotores de esta ley, agrupados en Juntos por el Cambio, alegan que sería una forma de generar empleo al bajar los costos laborales, algo que Lozano refuta de plano. 

“Cíclicamente, en la historia frente a cualquier crisis económica, y eso lo vemos en la década de los 90 en Argentina o en Europa en 2008, se instalaron medidas de austeridad o flexibilizadoras que lo que hacen es quitar derechos laborales y esto nunca generó más empleo, repasa la letrada. En el momento de nuestro país en que existieron estos contratos ‘basura’, provocaron todo lo contrario. Porque cuando no se garantizan debidamente los derechos laborales las mayorías populares tienen menos ingresos, si tenemos menos ingresos hay menos consumo y eso genera menos fuentes de empleo: es un círculo negativo”. 

Desde su lectura, estos proyectos vuelven los derechos laborales “un siglo atrás”. “Lo que pretenden es ir previo a los Mártires de Chicago. En el inicio del capitalismo la persona trabajaba, de sol a sol, sin límites. La edad promedio en la Inglaterra de los famosos talleres textiles era 35-40 años, era la explotación hasta que el cuerpo te lo permitía”, recuerda. 

Y remata: “En los países donde se han implementado estas medidas de austeridad cada vez fueron necesitando más medidas flexibilizadoras. Las flexibilizaciones fueron siempre en perjuicio y generaron mayor crisis social, no generaron más puestos de trabajo ni mejores derechos”. 

¿A quién beneficiaría eliminar la indemnización por despido injustificado? 

“Que esto beneficia a las empresas es una visión muy inmediatista porque que existan derechos laborales no las perjudica. Que una persona tenga garantizado un salario digno, una estabilidad del empleo, en realidad genera mano de obra más calificada, más estable, con posibilidad de capacitación. La existencia de salarios dignos y derechos laborales tiende a mejorar la economía, no a empeorarla”, argumenta Lozano. 

“Si nos preguntamos en qué sectores de la economía hay rentabilidad, no tienen nada que ver con la existencia o no de derechos laborales. Las áreas de la economía que tienen más rentabilidad la tienen por cuestiones macroeconómicas, analiza la referente de los laboralistas. Por ejemplo, la industria de la construcción tiene desde hace bastantes años un estatuto, la Ley 22.250, que establece un fondo de cese de empleo, que no es similar a estos proyectos pero se va conformando con aportes mensuales, se retira en el momento del despido la suma entera y es indistinto el motivo de la extinción del contrato. Pero no hay más niveles de actividad ni de contratación por la existencia de este tipo de fondo. Cuando hay más puestos de trabajo en la construcción es porque hay mayores posibilidades de desarrollo de la obra pública o privada”. 

Esta modificación de la legislación laboral tampoco, al parecer, beneficia al trabajador. “Algo que es muy grave de estos proyectos es que no operan como desaliento del despido porque para el empresario es indistinto si despide o si la persona renuncia. Entonces, ¿qué pasa si en un establecimiento las personas se organizan y reclaman derechos? Esas personas pasan a ser molestas y es fácil despedirlas porque sale gratis. Estos proyectos, en lugar de desalentar los despidos, los propician”, afirma Lozano. 

Para ella, en cambio, se trata de un discurso que intenta “disputar sentido común de cierto electorado por derecha” y “empatizar con quien tiene un emprendimiento, quien tiene un kiosquito, y no se tiene en cuenta qué hay detrás de eso”. 

“De todos los sistemas posibles de protección frente al despido, el que existe en nuestro país no es el más protector”, asegura, ya que permite al empleador dejar sin empleo a una persona de un día para el otro, discrecionalmente, algo que está prohibido en otros países. Ante esto, “la única reparación que prevé la legislación argentina es una indemnización tarifada, que tiene en cuenta la antigüedad en el empleo y la remuneración, y habría que preguntarse si esto satisface una reparación adecuada”, finaliza. 

También la organización de abogados laboralistas Corriente 7 de julio emitió un comunicado a través de sus redes donde explicitó los principales puntos específicos de conflicto con el Proyecto de ley de la oposición para eliminar las indemnizaciones. Para empezar es anticonstitucional y para seguir, no va a bajar el nivel de litigiosidad como dicen. Va a trasladar el costo al Estado y va a aumentar la precarización laboral. 

«El carácter solidario del fondo brinda la posibilidad de que los empleadores que quieren despedir hagan uso de la totalidad de los aportes integrados al mismo, socializando de este modo la reparación de un daño cometido por solo una persona«, explicaron. 

Implica una disminución de la indemnización; ya que el aporte es realizado sobre la “remuneración bruta” y elimina las indemnizaciones por preaviso e integración del mes de despido. ⁣ 

A modo de ejemplo, un trabajador despedido en su tercer año de relación laboral percibiría, COMO MÍNIMO, un 32% menos que con la actual fórmula indemnizatoria. 

No evita el litigio judicial; los motivos más comunes continuarían existiendo, tales como; multas por trabajo no registrado, diferencias salariales, y/o cualquier tipo de indemnización motivada en hechos discriminatorios, en la existencia de violencia laboral. 

Es absolutamente inconstitucional, al normalizar el despido quitándole su carácter antijurídico, se elimina del sistema normativo la efectivización de la protección contra el despido arbitrario, circunstancia que determinará la judicialización de los mismos. 

Implica un aumento en la discrecionalidad del empleador; normaliza el poder de amenaza del despido, buscando aniquilar el poder de conflicto y la posibilidad de defensa de los derechos de las personas que trabajamos. 

Pignanelli en versión combativa 

El titular del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), Ricardo Pignanelli, se refirió a la propuesta de referentes de Juntos por el Cambio de eliminar la indemnización por despido, al subrayar que ahora «quieren hacer los grandes cambios», cuando «hace seis años (por las elecciones que llevaron en 2015 a Mauricio Macri al gobierno) mintieron sobre lo que iban a hacer». 

«Ahora nos están diciendo de verdad lo que van a hacer», contrastó el titular de Smata, quien señaló que, si esos sectores intentaran eliminar la indemnización por despido u otras conquistas sociales, «se va a terminar la tranquilidad del cordero manso» que hoy se percibe -dijo- entre los trabajadores ocupados y desocupados. 

«Donde quieran poner en práctica las ideas locas (como derogar la indemnización por despido) se va a terminar la tranquilidad del cordero manso y se va a salir a la calle y va a hacer tronar el escarmiento, pero mal, porque los que vivimos las décadas de los 60 o 70 sabemos que cuando vos oprimís de más, corrés peligro de que todo estalle», analizó Pignanelli. 

Mientras, garantiza la reforma laboral en Toyota 

Toyota es conocida por los ritmos de producción y los turnos rotativos que rompen los cuerpos y afectan la salud de los trabajadores. Además la mayoría de sus operarios son afectados por el impuesto a las Ganancias. De esta manera los operarios se negaban a trabajar los sábados en horas extras para poder descansar o para no pagar más de ganancias. Ahora los sábados son obligatorios y se sigue pagando un impuesto que es regresivo, ya que el salario no es ganancia. 

Las asambleas para aprobar la reforma se realizarían el 18 de octubre pero el SMATA las adelantó para que no se desarrolle el debate y la discusión. Incluso en los delegados oficialistas había muchas dudas y negativas sobre lo supuestamente «beneficioso» de la propuesta que expresa la desconfianza que hay entre los trabajadores de un acuerdo que beneficia a la empresa. La directiva de Pignanelli se encargó de militar una campaña veloz e intimidando y amenazando a los que no tenían acuerdo.  

En base al pase a planta de unos 1.000 operarios pero sujeto a evaluación de la empresa y un plus por el día sábado lograron hacer votar a favor la reforma del Convenio que la empresa y el sindicato planificaron. Un pase a planta que se podría haber logrado con la fuerza de los miles que trabajan en Toyota sin perder el franco de sábado.  Los trabajadores no estaban yendo varios sábados por lo que tenían que levantar el día de producción, por eso hicieron este arreglo entre sindicato y empresa. 

De esta manera y con el protagonismo del sindicato, Toyota pasa a ser la pionera de un plan de reforma laboral. Mientras los Milei, Espert, los Larreta y Santilli, dicen que hay que hacerlo, y el peronismo en sus variantes (Kicillof, Alberto Fernández, Cristina) dicen que no están de acuerdo, las reformas son impulsadas en los hechos con sindicatos alineados al gobierno como es el SMATA. Es más, el gobierno le otorgó exención de impuestos a la exportación de las automotrices. Este acuerdo sienta un peligroso precedente para todo el movimiento obrero y el automotriz en particular.
El desarrollo de la tecnología de la capacidad instalada de las empresas debería estar puesto al servicio del mayor descanso de los trabajadores y de menores ritmos de producción, es decir, reduciendo la jornada laboral sin rebaja salarial, con el pase a planta permanente de los contratados, y a su vez repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, y terminar con la desocupación, trabajando 6 horas, 5 días a la semana, como viene planteando el Frente de Izquierda.

Alberto Fernández lanzó en Toyota la “movilidad sustentable” 

El martes 12 Alberto Fernández visitó la planta de Toyota en Zárate. Fue para presentar el Proyecto de Ley de Movilidad Sustentable que enviará al Congreso. El objetivo es «estimular la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales, de producción nacional». Se trata de autos eléctricos. 

Luego del encuentro del Presidente con los CEO de distintas automotrices y dirigentes del SMATA, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentó el proyecto junto al CEO de Toyota, Daniel Herrero y Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos.  

Béliz y Daniel Herrero celebraron que los acuerdos con las automotrices son parte de las 20 mesas sectoriales entre empresas y sindicatos impulsados por el Gobierno. En ellos se discute, entre otras cosas, la productividad y la «modernización de los convenios».  

El lugar elegido es muy simbólico: hace dos semanas se impuso en esa planta un acuerdo entre la empresa y el SMATA, que obliga a los obreros a trabajar los sábados. De esa manera, mantienen la fábrica produciendo más días a la semana, con el objetivo de alcanzar las 180.000 unidades. No de “autos eléctricos y sustentables», sino de las camionetas que vende y exporta por más de 3 millones de pesos cada una. 

Lo que vimos en Zárate no es otra cosa que greenwashing (lavado verde): así se llama cuando las empresas utilizan un discurso “ecológico” para lavarse la cara mientras hacen negocios que además de millonarios son poco sustentables. 

El ministro Kulfas también destacó que el nuevo negocio impulsará «el desarrollo de la cadena de litio, particularmente para la fabricación de baterías». 

Más que «un inmenso aporte a la lucha ambiental”, como dijo el Presidente, lo que estamos viendo es un nuevo empujón a los negocios de las multinacionales, que además están muy ligadas al extractivismo. No solo de combustibles fósiles como en Vaca Muerta, sino también con la minería de litio, ya cuestionada por organizaciones ambientalistas. No hay de parte del Gobierno ni de la derecha un plan para enfrentar la crisis climática ni reemplazar seriamente las energías contaminantes. Tampoco de desarrollar un transporte público limpio, rápido y gratuito. Solo de impulsar la industria automotriz y energética. 

¡BASTA DE MENTIR SOBRE EL “COSTO LABORAL ARGENTINO”! 

Rosario, octubre 2021 

Carlos Ghioldi 

Secretario Gremial CTA de los trabajadores Regional Rosario
Comisión Gremial- Centro Cultural de La Toma 

Una vez más asistimos a una coordinada ofensiva de propaganda mediática y empresarial rezongando y quejándose por el “costo laboral argentino”. Algunos “medios” (¡¡¡cuándo no!!!) hasta le han bautizado como “la mochila argentina” … En fin…
Desde hace años, los empresarios y sus voceros insisten en el recurrente argumento; “no podemos afrontar los costos laborales” … “enormes costos laborales impiden la inversión” y un largo etcétera de lamentos por el estilo. 

Tal vez el argumento más repetido y que de tanto hacerlo se ha incorporado en la consideración del conjunto del pueblo, es aquel que dice: 

“Por cada 100 pesos que se le paga a un trabajador el empresario debe poner 50 en cargas sociales” 

Bueno, este argumento condensa una mentira descomunal. No es así. Hoy no lo es, y jamás lo ha sido. Veamos: 

Supongamos que 100 es el sueldo neto que percibe el trabajador 

A esos 100 del trabajador se le deben sumar aproximadamente entre 22 y 25 (de acuerdo al convenio) en concepto de aportes obligatorios que el trabajador efectúa y que EL PATRÓN RETIENE…
Repetimos… El empresario los RETIENE, pero SON 22 o 25 que provienen DEL BOLSILLO DEL TRABAJADOR.
Es decir 122 o 125 sería el sueldo bruto del trabajador y 22 o 25 van como aportes al “sistema social” directamente desde el bolsillo del asalariado… 

A esos 125 debe agregarse otros 25 o 27 que SI provienen del bolsillo del patrón… (esta vez sí…) en concepto de “aportes patronales” …
La mentira de los señores charlatanes del “costo laboral argentino” consiste en considerar los 25 que le RETIENEN al trabajador, sumándolos a los 25 que DEBEN aportar como si todo saliera de sus bolsillos. 

Si no fuese una propaganda tan difundida, sería para darles el primer premio a la “cara de hormigón armado” a una mayoría del empresariado argentino que repite este argumento… 

Sintetizando: De cada 100 que se le paga al trabajador se tributa 25 que se le retuvieron al mismo y ¡solamente!… 25 debieron ser aportados por el empresario… 

Podemos agregar que solamente unos miserables incorregibles pueden sostener tan livianamente el asunto de la “mochila argentina” ya que si comparásemos con los aportes que realizan las patronales en otros países, especialmente en el “mundo desarrollado” que tanto admiran, veríamos que el costo laboral en este país es muchísimo más bajo.
Pero es algo que desarrollaremos en otra oportunidad. 

PERO NO ES TODO:
En base a estas falacias sobre el costo laboral, los legisladores de “Juntos por el Cambio” han presentado proyectos de “eliminar y flexibilizar derechos de los trabajadores”.
Digamos, de paso, que otra característica de una mayoría de empresarios miserables es que son muy fáciles de engañar por parte de los elencos de las grandes patronales oligárquicas hegemónicas. Y los proyectos presentados por esos legisladores son una nueva prueba de ello. Veamos.
Más allá del torpe y desmentido concepto de que con “más flexibilidad laboral se ayuda a crear trabajo”. Concepto que la experiencia histórica de este país y en todo el mundo ha demostrado con sobradas creces como una MENTIRA DESCOMUNAL.
Ya que en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia, flexibilizar las relaciones laborales logró otra cosa que no sea aumentar el desempleo.
Sin embargo, con esos argumentos han presentado proyectos en el sentido de “eliminar las indemnizaciones por despido”.
Estos inaceptables proyectos, además de perjudicar al movimiento obrero y al conjunto de los trabajadores, contienen una enorme trampa.
Con la excusa de “ahorrarse” algún despido que eventualmente le debe abonar un empresario a sus trabajadores, LES INCORPORAN UN APORTE OBLIGATORIO MENSUAL a todos los empresarios, equivalente (según los proyectos) al 10 % del conjunto de la masa salarial para ser “invertido” en el sistema bancario.
Es decir que, para evitar pagarle a un trabajador una indemnización de dos o tres sueldos (eventualmente una vez cada 3 o 5 años) … le agregarían un aporte obligatorio del 10 % de toda la masa salarial para engordarle los bolsillos a las patronales banqueras… 

¡¡¡Solamente empresarios miserables y muy tontos pueden avalar estos proyectos!!!
En fin, ahora tal vez queda más claro por qué razón las usinas mediáticas insisten e insisten con el costo laboral argentino… y por qué aparecen proyectos que perjudican a los trabajadores y TAMBIÉN les imponen un nuevo aporte a los empresarios, engordando los negocios de un puñado de patronales del sector financiero…
(Cómo dice un personaje de un programa de televisión…) ¡¡¡Para eso era!!! 

Pronunciamiento de los aceiteros 

Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina rechazaron los proyectos legislativos, impulsados por la alianza Juntos por el Cambio, que pretenden eliminar la indemnización por despido y sustituirla por un “seguro de garantía”. 

En su comunicado expresan: 

«Según estas iniciativas, el nuevo “seguro” se conformaría con los aportes mensuales de los empleadores y al momento de la extinción del contrato de trabajo -por la causa que fuese- sería utilizado para el pago de una especie de remuneración mensual hasta que la persona obtenga un nuevo empleo. 

Desde nuestra organización gremial reafirmamos nuestro rechazo de forma contundente por los siguientes motivos: 

1) Implica la derogación de un derecho fundamental de la persona trabajadora, el derecho a ser -al menos- indemnizada, frente al ilícito patronal de segregación del empleo. 

2) El despido “sin causa” es un acto ilícito. Afecta la protección contra el despido arbitrario (artículo 14 Bis de la Constitución Nacional) y el derecho “al trabajo” (artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, entre otras normas internacionales con rango constitucional). La persona despedida no solo pierde su salario -derecho fundamental- si no que se le afectan todas sus dimensiones vitales y las de su familia (alimentación, vivienda, salud, educación, vestimenta, seguridad social, acceso al crédito, proyectos familiares y personales, entre otros). 

3) De todos los sistemas de despido posibles, la “tarifa” del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo no es el más protectorio. Por ejemplo, por la normativa de emergencia, desde hace un año y medio, los despidos sin causa o por falta de trabajo o fuerza mayor se encuentran prohibidos y son nulos. 

4) El proyecto de seguro de garantía de indemnización (SFI) viola la Constitución Nacional, con lo cual generaría una catarata de litigios, ya que no sería avalado por la justicia laboral. 

5) Los proyectos de Juntos por el Cambio no pretenden generar puestos de trabajo. Muy por el contrario, propician el despido libre, masivo y sin consecuencias económicas para el empleador. 

6) El seguro de garantía no solo afecta la indemnización del trabajador y la trabajadora, sino que implica que “sería gratis” despedir para las empresas. De este modo, no cumple una función esencial de la indemnización, que es el desaliento del despido. 

7) La potestad patronal de despedir sin causa es el máximo poder de disciplinamiento sobre los reclamos de las y los trabajadores y atenta contra el ejercicio de sus derechos colectivos. De esta manera, sería muy sencillo para las patronales sacarse de encima a las y los trabajadores “molestos” que participan, reclaman y se organizan en el lugar de trabajo. 

Por las razones planteadas y por nuestra conciencia de clase, rechazamos estos proyectos que pretenden hacernos retornar a los inicios del capitalismo, cuando la explotación de la fuerza de trabajo era ilimitada y no existían los derechos laborales conquistados a lo largo de siglos gracias a la lucha de nuestra clase trabajadora y al movimiento obrero organizado. 

Derechos para las mayorías populares que deben ser ampliados en su alcance y contenido ya que se relacionan con el goce de una vida digna. 

Más cerca en el tiempo, la experiencia de nuestro país en la década del 90, en la que vivimos a la vez una profunda flexibilización de los derechos laborales y una destrucción masiva de empleos con cientos de miles de personas desocupadas, demostró la falsedad de los argumentos patronales que pretenden justificar nuestra precarización con una supuesta creación de trabajo. 

Por todo esto advertimos que como organización sindical llevaremos a cabo todas las acciones gremiales necesarias para defender nuestros derechos fundamentales. 

Nos pronunciamos por la continuidad de la vigencia de la prohibición de los despidos, la doble indemnización, y todas aquellas medidas que garanticen la efectividad de la protección contra el despido arbitrario y la estabilidad en el empleo. 

Reafirmamos que el único camino para salir de la compleja situación que atraviesa nuestro país es preservando y creando trabajo digno, con ingresos como dictan el 14 bis de la Constitución y el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. 

¡A la crisis se la enfrenta con pleno empleo, con salarios mínimos vitales de acuerdo a su definición legal, paritarias libres y la plena vigencia de los derechos laborales, sindicales y constitucionales para el conjunto de la clase trabajadora argentina! 

Comisión Directiva
Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina
F.T.C.I.O.D y A.R.A.»  

Carrió pidió eliminar las indemnizaciones 

Elisa Carrió dijo el martes 5 que hay que eliminar las indemnizaciones en Argentina. Así, la líder de la Coalición Cívica y Juntos se sumó a la campaña que vienen impulsando desde distintos sectores de la derecha para imponer una reforma laboral que recorte derechos a los trabajadores. 

En medio de una charla organizada por su partido con comerciantes en Villa La Angostura, dijo: «La revolución impositiva en la Argentina es parte de esta revolución republicana que empezó con el campo por la cuestión impositiva de las retenciones. Hay que simplificar impuestos, discriminar entre Nación, provincia y municipios, hay que bajar impuestos y tener programas sociales y universales como el ingreso ciudadano. Y hay que terminar con la indemnización que a las Pymes las funde». 

Así, la ex diputada intentó justificar, en nombre de las Pymes, una política que apunta a darles beneficios a los grandes capitalistas. Insólitamente, en el medio de su argumentación, Carrió contó su experiencia personal: «Tuve que pagarle una fortuna a una chica que trabajó conmigo como empleada doméstica un mes y diez días», soltó sin siquiera sonrojarse. No solo dice simpáticamente que dejó gente en la calle durante la pandemia, sino que además se queja de haber tenido que pagar lo que correspondía.  

La indemnización y la reforma laboral es uno de los temas que se vienen instalando en la campaña electoral, desde antes de las PASO, cuando el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó su apoyo a su eliminación para ir hacia un «sistema de seguros», como ya se utiliza en el gremio de la construcción. 

La iniciativa es similar a la que viene proponiendo Martín Lousteau, como parte de la reforma laboral que pide el FMI para el próximo período. No extraña de estos sectores políticos que gobernaron directamente para los dueños del país durante cuatro años y ahora, ante la disputa de votos con la ultraderecha de Javier Milei, se ven en la necesidad de endurecer su discurso. 

Desde el Gobierno nacional, el discurso oficial dice que se oponen tajantemente a una medida de este tipo. Sin embargo, en distintos hechos se ve cómo van avanzando con ataques contra los trabajadores. Un poco se pudo ver en estos días con la firma de un nuevo acuerdo en Toyota, que convierte a los sábados en jornadas obligatorias de trabajo y tiene todo el apoyo del SMATA, un sindicato oficialista. 

En el mismo sentido, Kicillof aumentó hace algunas semanas la jornada laboral de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, en un ataque que dejó en silencio a los sectores del Gobierno que tímidamente venían hablando de reducir la jornada laboral. 

El problema es que la crisis avanza, y con ella el desempleo. Mientras de un lado se va generando una masa cada vez más grande de trabajadores desocupados, del otro lado son millones quienes trabajan en jornadas cada vez más extensas, para poder llevar un plato de comida a la mesa de sus familias. 

Hace unos días, el economista Pablo Anino llegó a una conclusión mediante unos cálculos sencillos: si se redujera la jornada laboral a 6 horas en las grandes empresas, manteniendo como mínimo un salario que permita cubrir la canasta familiar, se podrían generar en el acto 900.000 puestos de trabajo. 

Un puente al empleo 

Días atrás, el gobierno nacional presentó en el Congreso el Proyecto de ley “Programa de generación y fortalecimiento del empleo argentino ´Un puente al empleo´”, iniciativa desde la que buscan transformar los planes sociales en empleo formal. 

La propuesta busca, a partir de beneficios y exenciones impositivas, que el empresariado local contrate a personas que posean un plan social. En el artículo 3 de la potencial norma se estipulan dos tipos de beneficios; 1) reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino para “las relaciones laborales que se inicien e incrementen la nómina laboral por cada empleador o empleadora a partir de la entrada en vigencia de la presente ley” (una duración máxima de 24 meses); y 2) el acceso a un esquema de “protección y regularización de situaciones laborales precarias, permitiendo acceder a beneficios”. En principio la “extinción de la acción penal prevista por la Ley N° 24.769”, es decir borrar de un plumazo aquellas multas, sanciones o penas dispuestas por la legislación que sanciona los delitos tributarios. Algo así como un plan de amnistía a los empleadores, algo que se buscó hacer con la reforma laboral impulsada durante el macrismo. 

Además, el empresario que se integre al programa podrá lograr la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (siempre y cuando se registren la totalidad de los trabajadores/as hasta entrada la vigencia de la ley) y varias condonaciones de deudas de capital e intereses por la falta de pago de aportes y contribuciones de la seguridad social. 

¿Qué se le pide a la empresa a cambio? La regularización de las relaciones laborales dentro de los noventa días corridos. A su vez, la persona contratada podrá percibir el beneficio del programa hasta un año después, siempre y cuando cumpla con las capacitaciones laborales dispuestas por los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo, a cargo del “empalme”. 

La propuesta impulsada por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, es un reciclado de viejas leyes o disposiciones que se impulsaron desde el 2002 y han fracasado. 

Duhalde fue el primero en plantear el empalme dentro del esquema del plan “Jefes y Jefas”, el cual contenía a su interior un registro de empleadores destinado a empresas, instituciones públicas y privadas “dispuestas a incorporar a los beneficiarios del PROGRAMA para el desarrollo de actividades laborales”. 

En enero de 2003, lanzaba el programa Componente Solidario de Inserción Laboral que planteaba restar al salario básico que pagaba el patrón los 150 pesos correspondientes al “jefes y jefas”. Tras seis meses, las empresas podían contratar de manera efectiva a la persona o rescindir su contrato. En caso de tomar de manera definitiva al empleado pasaría a tener más “crédito” para nuevas incorporaciones. 

Con el decreto 1506 que prorrogaba la emergencia ocupacional, Néstor Kirchner agregaría el artículo 4 por el cual los beneficiarios de planes podían reinsertarse en el trabajo formal a través de “programas específicos y/ o acciones de empleo transitorio, formación profesional y promoción del empleo privado”. 

Desde la secretaría de Trabajo se analizarían las “condiciones de empleabilidad” de los y las beneficiarias del plan “Jefes y jefas” y serían destinados a la órbita del ministerio de Trabajo (programas de capacitación y promoción del empleo) para su reinserción en el sector privado. ¿Qué beneficios se les otorgaba a las empresas? El aporte estatal de $150 para el sueldo durante seis meses, y la excepción del 50% de las contribuciones patronales por un año. 

El 3 de mayo de 2017, se publicó en el Boletín Oficial el “Plan Empalme”, versión macrista. El mismo remitía en su artículo 3 a la adhesión al programa de inserciónlaboral, creado en 2006 y que proponía subsidiar a las empresas con parte del salario a través de los fondos concernientes a los planes sociales. Al igual que en el proyecto actual se fijaba a los ministerios de Desarrollo y Trabajo como la autoridad de aplicación. El subsidio al empleo se estimaba “durante un plazo de hasta VEINTICUATRO (24) meses, siempre que continúe vigente la relación laboral, en las condiciones que fije la Autoridad de Aplicación”. 

Según Tiempo Argentino “el programa impulsado por Mauricio Macri proyectó 80.000 ´empalmes´ por año, pero según las presentaciones hechas al Congreso por el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, funcionó solo para 12.000 personas entre 2017 y 2019. 

Cabe preguntarse: ¿por qué los empresarios contratarían más personal sin mayor productividad? ¿Hay condiciones para reactivar el empleo con la caída del consumo y el desplome del salario real de la clase trabajadora? 

«Este plan (empalme) serviría si el mercado interno estuviera reactivado, porque uno tomaría, para pasarlo al mercado formal, a aquel que tiene un subsidio», había señalado en 2007 el entonces presidente de la UIA, Juan Sacco. 

También se refirió el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja: “(Hay que trabajar sobre los) costos laborales no salariales, los impuestos al trabajo, los sobrecostos que hoy existen y que se hacen más gravosos cuando se trata de actividades mano de obra intensiva y de baja calificación”. 

En este caso se intenta interpelar a un empresariado que, por sus declaraciones públicas, se encuentra más preocupado por dar de baja la doble indemnización y sepultar definitivamente el decreto contra los despidos y suspensiones que en ver cómo sumar nuevos empleados/as a su planta. 

Fuerte crítica de la UTEP al proyecto del Gobierno nacional para convertir los planes en trabajo «genuino» 

Ante la inminente presentación en Diputados del proyecto de Ley que convierte los planes en empleo «genuino», desde la UTEP salieron a criticar la iniciativa ya que estigmatiza y desmerece el trabajo de las organizaciones sociales. 

Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular dijo que, con este proyecto, el Gobierno nacional «le está dando argumentos a la derecha para que siga avanzando sobre la organización popular». 

“Si el presidente no entiende que la Economía popular es parte del trabajo organizado, que es una economía que llegó para quedarse, que es una economía que necesita derechos, herramientas, lo que está haciendo es invisibilizar nuestro trabajo y le está dando argumentos a la derecha para que siga avanzando sobre la organización popular”, expresó la dirigente social. “La realidad es que sin el laburo que hemos hecho en la pandemia, que se triplicó, la pandemia hubiera sido catastrófica”, remarcó. 

“Se enfocan en las organizaciones, pero ¿qué nos dicen de los municipios que también tienen Salario Social Complementario? (Sergio) Massa (presidente de la Cámara de Diputados) también pretende trabajar con el Salario Social Complementario en las empresas. No nos sigan estigmatizando más diciéndonos planeros, cuando en realidad estamos laburando y estamos laburando muchísimo”, manifestó y le recordó al Gobierno nacional que si quiere transformar la Argentina debe empezar por dejar de llamar “vagos” a los trabajadores de la Economía popular. 

La secretaria general adjunta de la UTEP aseguró que “en los barrios hay mucho enojo” y que “se visibilizó en las PASO”. “Estamos trabajando fuertemente porque sabemos qué significa que vuelva el macrismo al gobierno. Nosotros venimos de una pandemia que se llama macrismo, que nos duró 4 años, que estuvimos en la calle, que toda su política la llevó para un solo sector”, aclaró. 

Y continuó: “El presidente se está equivocando, está escuchando a personas que tienen la vida solucionada, que no están como nosotros, que no llegamos a fin de mes, que nos estamos cagando de hambre”. 

El presidente firmó el DNU para convertir los planes sociales en empleo genuino 

Saldrá publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial. La iniciativa del Gobierno apunta a capacitar a titulares de planes sociales, con el objetivo de que ingresen al mercado formal de trabajo: prevé que el subsidio se transforme en un ingreso formal y de acceso a obra social. 

El presidente firmó un decreto para convertir los planes sociales en empleo, a un día de la veda que no permitirá realizar más anuncios de gestión antes de las elecciones del 14 de noviembre, el decreto saldrá publicado en el Boletín Oficial a las 00 del martes. 

El lunes fue un día cargado de medidas: por la mañana Fernández presentó en el Museo del Bicentenario la extensión por 15 años del régimen industrial de Tierra del Fuego y la creación de un fondo destinado a obras de infraestructura para el desarrollo de un Polo Tecnológico e Industrial en la provincia. Por la tarde, la titular de Anses, Fernanda Raverta, y el ministro de Desarrollo Social notificaron que el monto de la Tarjeta Alimentar pasará a depositarse en la cuenta de la AUH y que ampliará sus usos. Y pasadas las 18, el mandatario se reunió con el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, con quien informó que habrá un aumento salarial del 10 % para los investigadores del Conicet.  

Mientras eso sucedía en Casa Rosada, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, presentaba en Santa Cruz la creación de la zona franca. El oficialismo, de ese modo, busca mejorar su imagen y tener una performance superadora en las provincias patagónicas donde, a diferencia de elecciones anteriores, los resultados de las PASO fueron negativos para el FdT. 

Según consigna el decreto que se publicará a primera hora del martes, uno de los objetivos principales del Gobierno es que «los distintos programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo socio-productivos destinados a personas desempleadas o con trabajos precarizados se transformen en mecanismos que incentiven la incorporación de estos trabajadores al empleo asalariado registrado«. Para cumplir ese objetivo, explican que será necesario modificar los programas Potenciar Trabajo, del ministerio de Desarrollo Social, y de Inserción Laboral, del ministerio de Trabajo. También subrayan que el Estado deberá propiciar la formación necesaria para que las personas adquieran las capacidades exigidas por los nuevos empleadores. 

El Gobierno especifica que ambas carteras –de Desarrollo Social y Trabajo– «deberán efectuar las modificaciones necesarias en sus programas con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia en incentivos para la contratación de sus beneficiarios bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado». El monto del plan, señalan desde el oficialismo, se considerará parte del salario «en forma total o parcial en el plazo y condiciones que se determinen para cada sector».  

Además, el Gobierno establece que los beneficiarios de los planes sociales podrán incorporarse a una «trayectoria formativa ocupacional», a través de cursos específicos y de prácticas en ambientes de trabajo. En estos casos, aclaran, el beneficiario podrá seguir cobrando el plan mientras dure la capacitación. 

• Podrán acceder al programa los trabajadores y las trabajadoras de cooperativas municipales y de organizaciones sociales. 
• Podrán mantener por 12 meses el plan social como complemento al salario. 
• Accederán a la obra social y ART. 
• Tendrán la posibilidad de capacitarse y completar cursos de formación de oficios en el marco de “Un Puente al Empleo”. 

El acuerdo del gobierno con hoteleros y gastronómicos 

Alberto Fernández encabezó en la tarde del jueves 14, en la sede central de la UTHGRA (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina), la firma de un convenio con representantes de Cámaras empresarias y sindicatos del sector gastronómico y hotelero. 

Asistieron los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; Desarrollo Social, Juan Zabaleta; Turismo y Deportes, Matías Lammens; y Mujeres, Géneros, y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Suscribieron el acta José Luis Barrionuevo por la Unión de Trabajadores del Turismo y representantes de las Cámaras y empresas del sector. 

El objetivo, según el discurso oficial, es compatibilizar una serie de programas sociales con empleo registrado en esas áreas. Fernández aseguró que su gobierno está empeñado en “formalizar a la Argentina”. 

“Tiene que haber sido el turismo el sector que más ha padecido” por la pandemia, aseguró el presidente y celebró los números que arrojó el turismo nacional “este fin de semana largo”. 

“Estamos buscando un mecanismo por el cual el Estado no lo haga elegir a alguien entre el plan y el empleo por el riesgo a perder una cosa y quedarse sin la otra”, aseguró el presidente. Según dijo, hace poco también firmaron un acuerdo similar con las empresas de la construcción para que les den un cupo a beneficiarios de planes. 

La política es la misma que anunció recientemente, en plena campaña electoral, en la localidad de Concordia, Entre Ríos. Allí, la “compatibilización de los planes sociales con el empleo formal”, era algo que pedían a gritos los empresarios del citrus y del arándano, las economías regionales fuertes de esa región. 

¿Por qué lo pedían? Según el relato patronal y del mismo Fernández, era difícil conseguir personal para trabajar en las cosechas, porque el trabajo que ofrecen estas empresas es temporal. Los trabajadores se arriesgaban a perder el plan que estaban cobrando por un empleo que no duraría más que la cosecha. 

En aquella oportunidad, el anuncio estuvo destinado a trabajadores y trabajadoras rurales, a quienes se conoce como “golondrinas”, porque van de un punto a otro del país detrás de las ofertas de trabajo ultra precario y semi esclavo.  

El Gobierno, lejos de obligar a los empresarios a regularizar su situación, pone a disposición el pago de los planes como parte de los salarios que deberían pagar las empresas. Es decir, lo que se presenta como un beneficio para trabajadores, es un subsidio a las empresas. Esto es lo que Fernández replica ahora con gastronómicos y hoteleros. 

Hablan de empleo genuino y formal, pero a la vez sostienen que la compatibilización de los planes sociales tiene que ver con el temor de los trabajadores a quedarse sin una cosa o la otra. Eso es un reconocimiento claro de que el empleo del que tanto hablan no sería para nada estable. 

“Días atrás estuve en una fábrica de autos que tomó en agosto 700 nuevos empleados y que habilitó un segundo turno como hacía años no había en esa fábrica. Hace un par días estuvimos lanzando el plan de electromovilidad y vi lo que está pasando en todas las automotrices que están moviéndose a un ritmo de producción increíble”. 

Alberto pone la industria automotriz como ejemplo, pero no es el único. Este miércoles, la presidenta del Coloquio de IDEA y CEO de Schneider Electric, Paula Altavilla, también sostuvo que lo que se está logrando en esta industria, es lo que hay que replicar “con un traje a medida” para cada sector. Con este eufemismo, pide extender la reforma laboral que avanza de hecho, a través de la flexibilización de los Convenios colectivos de trabajo, sector por sector. 

En el mismo coloquio de IDEA que reúne a los CEOS y referentes de la política tradicional más importantes, también se escuchó el reclamo de “formalizar a la Argentina” e incorporar al esquema productivo privado a los trabajadores de la Economía popular. Los empresarios están deseosos de servirse de la mano de obra barata y con salarios subsidiados vía planes sociales, como acaban de lograr los hoteleros y gastronómicos con el anuncio del jueves pasado. 

Fake news 

En los últimos días circuló por distintos medios como Clarín e Infobae la supuesta “noticia” de que los patrones gastronómicos en teoría no consiguen personal, lo que es poco creíble en un país donde crece la desocupación. La fake news toma como fuente a empresarios, CEOs, burócratas de Uthgra, y hasta referentes del negocio inmobiliario. Buscan instalar la falsa idea de que “no trabaja el que no quiere”, cuando basta ver que hay miles que buscan empleo y no consiguen. Ahora bien, ¿en qué condiciones se trabaja en el rubro gastronómico?  

“En este momento los salarios, y no solo en gastronomía, quedaron por debajo de la inflación y ni que hablar en dólares”, dijo Alejandro Fluriach, dueño de Lucciano’s y Tea Connection. 

Evidentemente los patrones son conscientes de que los sueldos que ofrecen no alcanzan para vivir. 

“Es complejo no solo contratar personal sino también después poder mantenerlo. Hay mucha rotación en el sector”, dijo Fernando Goijman, CEO de Tostado Cafe Club. 

“El personal formado gana mal, entonces se va afuera. En una parrilla en España, a un parrillero le pagan 3.500 euros por mes. Eso acá es imposible”, dijo Dante Camaño, titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). 

Mientras los grandes medios le dan aire a los discursos de los empresarios que plantean que falta “cultura del trabajo” y los candidatos de los partidos tradicionales aprovechan las elecciones para instalar la agenda de una reforma laboral que quite derechos a los trabajadores, la legisladora Noel Argañaraz denuncia las condiciones en las que trabajamos miles en toda la provincia y el país, así como denunció hace algunos meses el armado de listas negras en gastronomía y otros rubros. 

“Cerrado por falta de personal dicen los mismos patrones que arman las #LISTASNEGRAS persecutorias, imponen los horarios rotativos con jornadas larguísimas y la extrema precarización”, Noel Argañaraz, legisladora por el FIT en Córdoba. 

Historias de Instagram de @noel.arganaraz 

Fuentes: Anred, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Clarín, www.canalabierto.com.ar, Télam, www.infogremiales.com.ar, La Tinta, Radio Gráfica 

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