La ausencia de los principales lideres opositores al gobierno del presidente Evo Morales Ayma en la reunión convocada por el primer Mandatario en el Palacio Quemado para firmar un Pacto Antiterrorista que permita luchar eficientemente contra toda actividad que intente dividir a Bolivia deja claro el sentido de responsabilidad y patriotismo que opera en las […]
La ausencia de los principales lideres opositores al gobierno del presidente Evo Morales Ayma en la reunión convocada por el primer Mandatario en el Palacio Quemado para firmar un Pacto Antiterrorista que permita luchar eficientemente contra toda actividad que intente dividir a Bolivia deja claro el sentido de responsabilidad y patriotismo que opera en las mentes de los prefectos de Beni, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. «Cuando se trata de la unidad debemos estar todos», recordó el presidente Morales.
La reunión fue convocada por el presidente Morales luego de que fueron revelados los verdaderos propósitos del grupo terrorista abatido en el Hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz, hecho que derivo en investigaciones que demostraron la intencionalidad separatista de esta célula que al parecer contó con el apoyo logístico y económico de algunos sectores opositores al proceso de cambio impulsado por el nuevo gobierno, entre ellos dos militantes de la ultraderechista Unión Juvenil Cruceñista, y organizaciones no gubernamentales como la Human Rights Fundation.
Sin embargo, en la reunión estuvieron presentes el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, los prefectos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Pando y Potosí que contribuyeron a fundamentar los cimientos de este Pacto Antiterrorista, además de contar también con la participación de organizaciones militares, policiales, sociales, políticas y empresariales. En el caso de estas últimas, fueron representadas por el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Rolando Villena, condenó que organizaciones no gubernamentales como la Human Rights Fundation financien a movimientos separatistas bajo la bandera de los derechos humanos. Dicha organización resultó no tener bases legales para operar en Bolivia.
Algunas de las conclusiones alcanzadas durante la reunión, que duró aproximadamente cuatro horas, fueron la necesidad de fortalecer las fuerzas armadas para que puedan potenciar sus capacidades para enfrentar el terrorismo, construir una comisión permanente para seguir los avances del pacto para contribuir a la unidad del país, el establecimiento de un programa educativo escolar y universitario que inculque una noción de unidad patriótica, y acelerar los procesos judiciales contra quienes atentaron contra instituciones del Estado.
Un gran número de representantes pidieron durante la reunión castigar con la mayor severidad a aquellos que atenten contra la unidad de Bolivia, sugiriendo la aplicación de la pena máxima de 30 años de cárcel. Así mismo, se estableció la necesidad de crear un marco jurídico que sancione el terrorismo fundamentándose en lo dispuesto por el artículo 124 de la Constitución Política del Estado que lo califica como un delito de traición a la patria. .
El ministro Quintana manifestó que otra de las conclusiones alcanzadas durante la reunión fue el fortalecimiento de la presencia del Estado en regiones históricamente abandonadas, posición criticada por la oposición que afirma que la reciente instalación del Comando Conjunto de La Plata en Santa Cruz es un «acto de amedrentamiento a la principal región opositora al régimen del MAS», según reclamo en su momento el jefe de gabinete de la Prefectura de Santa Cruz, Luis Alberto Alpire.
Finalmente, los presentes en la reunión pidieron al Congreso Nacional la aprobación de normas que, neutralizar toda fuente de financiamiento a estas actividades separatistas y terroristas», de acuerdo a lo expresado por el ministro de la presidencia, registrado por la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Señales
La lucha contra el terrorismo que el Gobierno lleva a cabo no ha contado con el apoyo de varios sectores de la oposición política, empresarial y cívica del país, llegando incluso a victimizar a los miembros de la célula con intenciones separatistas liderada por Eduardo Rozsa Flores, criticando el fortalecimiento de la presencia del Estado en regiones históricamente abandonadas y la obstaculización a las investigaciones para aclarar los hechos que amenazaban desestabilizar el país y que fueron revelados por un operativo policial el pasado 16 de abril.
La convocatoria hecha por el fiscal del caso de terrorismo, Marcelo Sosa, para que el ex presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz (CPSCZ), Branco Marinkovic, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y al presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Guido Náyar, declaren sobre sus supuestos vínculos con la célula terrorista que buscaba deliberadamente la secesión de Santa Cruz de territorio boliviano fue rechazada no solo por estas autoridades sino también por el CPSCZ.
El presidente de del CPSCZ, Luis Núñez, manifestó el pasado miércoles que se le habia dado la potestad para que, «se convoque (…) a una Asamblea de la Cruceñidad para tomar determinación en cuanto a la movilización que ya estamos en este momento realizando», con el fin de evitar que los citados por el fiscal Sosa declaren ante la Justicia boliviana.
La declaración de dichas autoridades cruceñas es para Núñez un, «montaje de este complot para destruir la institucionalidad democrática de Santa Cruz y acallar las voces disidentes». Días antes el fiscal Sosa había declarado a la prensa que de acuerdo a información suministrada por Ignacio Villa Vargas, alias «el viejo» y actualmente bajo la custodia de la policía, Marinkovic estaba entre los financiadores de la célula terrorista.