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En la vereda de las oficinas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), sobre la calle Rivadavia casi Santa Fe, en pleno centro de Posadas, un grupo de trabajadores se quedó parado en silencio, algunos llorando, otros mirando el piso. Acababan de ser despedidos. No hubo reunión ni aviso previo: a varios les llegó un correo electrónico. A otros, un mensaje administrativo. El ajuste llegó un día antes de fin de año.
Fueron alrededor de 15 las desvinculaciones en el INYM, un organismo que atraviesa una reconfiguración profunda desde la llegada de Javier Milei al poder. La decisión sorprendió por el momento elegido y por el contraste con lo ocurrido días antes: el Directorio había avanzado con una suba del valor de la estampilla yerbatera —la tasa de fiscalización que financia al Instituto— con el argumento de reforzar la recaudación. Aun así, el recorte de personal se ejecutó sin transición ni explicaciones públicas.
Los despidos se produjeron apenas semanas después de la Resolución 146/2025, que terminó de adecuar el funcionamiento del INYM al nuevo marco normativo nacional. Esa resolución fue la traducción administrativa de un proceso iniciado con el DNU 70/2023 y profundizado por el Decreto 812/2025, que recortaron de manera sustancial las funciones históricas del organismo. El Instituto dejó de intervenir en la fijación de precios, en el ordenamiento del stock y en la regulación de la producción, y pasó a concentrarse en tareas formales de control, trazabilidad y certificación de calidad.
Durante más de dos décadas, el INYM había funcionado no solo como un regulador económico, sino también como un amortiguador político y social en la principal economía regional de Misiones. Su rol permitía canalizar conflictos, contener crisis cíclicas y ofrecer una instancia de negociación entre productores, industria, provincias y Nación. La pérdida de esas atribuciones redefinió su lugar en la cadena yerbatera y, con ello, su estructura interna. Áreas que antes tenían un papel activo en el seguimiento del mercado quedaron virtualmente desactivadas, y el ajuste de personal aparece ahora como una consecuencia directa de ese vaciamiento funcional.
Puertas adentro, el impacto fue inmediato. Entre los trabajadores que permanecen en el organismo se instaló un clima de temor e incertidumbre. El método de comunicación, sin instancia previa de diálogo, funcionó como un mensaje disciplinador. El silencio posterior no fue casual: varios empleados evitaron hablar con la prensa por miedo a nuevas represalias o a quedar marcados en una estructura que se achica y se reordena bajo nuevas reglas. En un organismo históricamente atravesado por tensiones políticas y sectoriales, el ajuste introdujo un elemento nuevo: la sensación de que nadie está a salvo.
El contexto en el que se producen los despidos es particularmente sensible. La crisis yerbatera atraviesa su momento más crítico: los precios de la hoja verde no cubren los costos de producción, las cooperativas acumulan deudas y algunas ya suspendieron pagos, y la cadena productiva se concentra cada vez más en pocos actores con poder de compra. En paralelo, los productores sostienen protestas prolongadas y los tareferos sobreviven con ingresos atrasados y condiciones laborales precarias, sin un organismo con capacidad real para intervenir y equilibrar el mercado.
A mediados de diciembre, la nueva conducción del INYM quedó formalizada con la designación de Rodrigo Correa como presidente, tras casi dos años de acefalía. Contador público y dirigente de La Libertad Avanza, su llegada fue interpretada en el sector como el cierre de una etapa de transición y el inicio de una gestión alineada sin matices con la agenda libertaria de reducción del Estado y desregulación. En ese marco, el recorte de personal aparece como una de las primeras decisiones concretas de orden interno.
Pero la paradoja atraviesa todo el proceso. Mientras el Gobierno nacional celebra la desregulación del mercado yerbatero y el INYM pierde capacidad para ordenar la actividad, el organismo no solo sostiene sino que aumenta su esquema de recaudación a través de la estampilla. El ajuste no pasó por los ingresos, sino por las personas.
El recorte también tiene una lectura política más amplia. Los despidos en Posadas funcionan como una señal directa del Gobierno nacional hacia Misiones y hacia el conjunto de las economías regionales: la desregulación no es solo un cambio de reglas de mercado, sino una redefinición del rol del Estado, incluso en territorios donde históricamente cumplió una función de contención social. En un organismo que nació en 2002 tras una rebelión agraria, el ajuste ejecutado en silencio, por correo electrónico y en la antesala de fin de año, marca un punto de no retorno. No solo se achica una planta de trabajadores: se consolida un modelo en el que la mediación desaparece y el costo del reordenamiento cae, una vez más, sobre los eslabones más débiles.
La lenta agonía de los pequeños productores yerbateros
El 18 de noviembre de 2025 , mediante el decreto 812/2025, el gobierno de Javier MIlei modificó las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), quitándole entre otras cosas, la posibilidad de interferir en el precio que se le paga a los productores.
Según el gobierno, la norma permitiría más libertad en las operaciones económicas del sector. El INYM se encargaba, hasta esta gestión, de poner el precio mínimo al inicio de cada cosecha, lo que les permitía a los pequeños productores no quedar tan desprotegidos frente a la industria, que es la que impone los precios. Hoy las industrias yerbateras pagan lo que consideren incluso por debajo de los costos de producción de los yerbateros.
El último informe de Centro De Economía Política Argentina (CEPA) sobre el sector indica que «si el INYM y las regulaciones asociadas al mismo buscaban darle herramientas al sector con menor poder relativo en un claro escenario de mercado imperfecto, su eliminación agrava el estado de cosas».
Mayra Llopis Montaña, investigadora del CEPA, dice: «La desregulación del sector hizo que el precio de los productores variara considerablemente. Entre octubre de 2024 y marzo del 2025, lo que se le pagaba por kilogramo de hoja verde se mantuvo congelado y, más allá de las protestas de los productores en mayo de 2025 que hicieron que el precio que les pagaran aumente, desde junio de 2025 hasta octubre el precio mínimo pagado estuvo 8% por debajo de lo que se estaba pagando en mayo de 2025».
Si la comparación se hace con el período previo a la llegada de Milei al gobierno, la caída es más pronunciada. «En términos reales, el precio que recibe el productor por la hoja verde cayó 45,9%, mientras que el precio en góndolas bajó 31,8%, entre diciembre de 2023 y junio de 2025. Esto sugiere que el mayor ajuste en la cadena de valor ,lo sufrió el productor», indica el ya citado informe.
«Los productores no cobran la totalidad de lo producido al contado sino que una parte se paga con cheques de 30, 20, 90 y 120 días. Esto hace que no puedan tener previsibilidad al momento del cobro».
La situación generó una caída de la producción. «En los primeros nueve meses de 2025, indica Llopis Montaña, hubo una retracción de 10,3% respecto a 2024. Esta caída tie que ver principalmente con la baja en rentabilidad del productor, que a veces piensa que no tiene sentido producir en la medida que va a pérdida».
El complejo yerbatero se encuentra principalmente en Misiones y algo en Corrientes. Tiene entre 12.000 y 12.500 pequeños productores, con 228 establecimientos que operan como secaderos registrados a nivel nacional y 105 industrias molineras y fraccionadoras. Las diez empresas más grandes de producción industrial acumulan 75% del mercado de consumo. Las tres más importantes (Las Marías, Liebig y Santa Ana) concentran el 47%. «La desregulación genera mayor concentración en pocas empresas, hacen que ellas tengan más posibilidades de presionar a los productores pagándoles precios a la baja», expresa Llopis Montaña.
«De acuerdo a los datos publicados por Indec, las importaciones de yerba mate provenientes de Brasil y Paraguay alcanzaron en 2024 11,9 millones de kilogramos, 80,1% más que en 2023», indica el informe del CEPA.
«Otro de los problemas que establece el nuevo decreto es que hay una liberalización total del calendario de cosecha. Antes en los meses de octubre y noviembre estaba prohibido cosechar para cuidar los yerbadores y permitir la regeneración de las plantas. Ahora se puede en cualquier momento y eso generará un problema en la baja de la calidad y los yerbales», comenta Llopis Montaña.
Sobre el futuro pronostica un cuadro de «conflicto de los productores», que ya suspendieron el inicio de la cosecha de verano, y de «mayor concentración de ventas y riquezas en pocas firmas».
Aumento del consumo y nuevos mercados
En 2025 hubo una desaceleración de la caída del poder adquisitivo de los salarios y además una política de las empresas que comercializan la yerba de sostener los precios para mejorar las ventas. En los primeros nueve meses de 2025 el consumo interno aumentó 7,1% interanual, aunque este acumulado cae 2,3% frente al mismo período del 2023.
También se abrieron paso en el mercado desde 2024 exportaciones a Siria, principal destino de nuestra yerba mate. En 2025, de enero a setiembre, las exportaciones aumentaron 26,5% respecto al mismo período de 2024. Hay un mayor interés de nuevos mercados en Europa y Medio Oriente.
Fuentes: Perfil, Tiempo Argentino
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