La violencia desplegada por grupos paramilitares el viernes 29 de agosto contra sectores humildes en el departamento boliviano de Santa Cruz, en su mayor porcentaje migrantes del occidente, tiene una triple significación: muestra el racismo con el que la ultraderecha busca recuperar el espacio perdido, es una señal de que las clases subalternas le van […]
La violencia desplegada por grupos paramilitares el viernes 29 de agosto contra sectores humildes en el departamento boliviano de Santa Cruz, en su mayor porcentaje migrantes del occidente, tiene una triple significación: muestra el racismo con el que la ultraderecha busca recuperar el espacio perdido, es una señal de que las clases subalternas le van perdiendo miedo al dominio de la oligarquía y sus grupos paramilitares y, para finalizar, que las batallas definitivas de las que depende el curso de la revolución boliviana serán libradas en los departamentos de la Media Luna.
La afirmación no es una exageración. Es el resultado del cuadro política de fuerzas en el territorio boliviano: un occidente que se ha teñido de azul con un apoyo electoral cuyo promedio no es menor al 70 por ciento y un oriente en el cual el proyecto de cambio ha conquistado a la mayor parte de las provincias de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija.
Esto explica el por qué la ultraderecha boliviana, que el lunes 25 de agosto recibió el respaldo del embajador estadounidense, Philip Golberg, en una reunión reservada en Santa Cruz, esté perdiendo la poca calma que le queda desde que un indio, contra todo pronóstico y actuando contra el «orden natural» de la democracia boliviana de las últimas dos décadas, triunfó en las elecciones de diciembre de 2005 con un 54 por ciento y dos años y medio después vuelve a obtener una histórica victoria con el 67.41 por ciento en el referéndum revocatorio del pasado 10 de agosto.
Demasiado dosis para tan poco tiempo. El impacto de este radical cambio en Bolivia ha sobrepasado al más pesimista y ha sacado de su juicio a los sectores más conservadores de las clases dominantes, la mayor parte de origen extranjero, que encubriendo sus intereses de clase han apelado al discurso regionalista y racista, además de un violencia creciente, para responder a la insurgencia indígena-popular que se abre paso a pesar de sus contradicciones y limitaciones.
«Qué podemos esperar de un indio maldito, y lo digo de corazón, porque no le tengo miedo, un cocalero, un sindicalista, qué podemos esperar de un tipo que no sabe nada», gritaba eufórica Ruth Lozada, una dirigente del comité cívico femenino en la Plaza 24 de septiembre en la noche del jueves, minutos después de que el gobierno convocara por decreto a dos referéndum -constitucional y dirimitorio- para el 7 de diciembre.
Pero las palabras soeces de la «culta aristrocracia cruceña» de la noche del jueves 28 se suma a las decenas de insultos, como la de «macaco menor», que sus autoridades no se cansan de lanzar contra Morales y los «kollas» (indios aymaras y quechuas) rebeldes en tiempos de posmodernismo.
Sin embargo, el racismo como mecanismo de disciplinamiento social practicado por las clases subalternas y como instrumento para garantizar la reproducción simbólica y real del capital, ha dejado de formar parte del sistema de creencias predominante en Bolivia y ahora está profundamente cuestionado.
La llegada de Morales y los movimientos sociales al gobierno ha elevado la autoestima individual y colectiva de la mayor parte de los bolivianos, que en más de un 60 por ciento se reconocen como indígenas, y ahora ni los insultos ni la violencia física rinden los frutos que desde la conquista emplearon las clases dominantes.
Es por eso que las acciones ejecutadas por el paramilitarismo de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que solo acata las órdenes del presidente del comité Cívico, Branko Marinkovic y el prefectos Rubén Costas, constituyen una expresión de debilidad antes que de fortaleza. No se trata de subestimar la situación de la burguesía boliviana, cuya opción por la violencia irá aumentando en la medida que vaya perdiendo más territorio político, pero un proceso de expansión progresiva de las ideas transformadoras parece ser la tendencia en el oriente boliviano.
Un segundo dato significativo de los hechos de violencia registrados en Santa Cruz, que con seguridad continuarán y se ampliarán a otros departamentos de la Media Luna conforme vaya avanzando el proceso de cambio, es que los pobres, en su doble condición, de clase e idrntidad, le han perdido el miedo a las múltiples formas de violencia que la ultraderecha utilizó frecuentemente contra ellos.
La prueba más contundente de que a la oligarquía se le está perdiendo el miedo ha sido la marcha del viernes pasado. Los afiliados a la Central Obrera Departamental (COD) se dirigieron hacia la plaza principal de la ciudad de Santa Cruz, en una muestra de satisfacción por la convocatoria presidencial a los dos referéndum, a pesar de que estaban seguros de que los unionistas iban a caerles con todo.
Los palos, las patadas y las palabras cargas de odio y racismo, que chocaron violentamente contra los rostros de mujeres y hombres humildes, dejando incluso en estado de coma a un discapacitado, no ha doblegado la insurgencia popular en ese departamento que ha anticipado en redoblarse.
Si bien en estos dos años y medio el proceso de ascenso de la protesta contra toda forma de exclusión ha ido creciendo en el oriente boliviano, considerada una región políticamente atrasada, a partir de las elecciones generales de 2005 y sobre todo en las elecciones para la Asamblea Constituyente, la rebelión social pasó a un nivel superior en mayo y junio pasados, cuando las oligarquías encontraron resistencia a sus estatutos autonómicos en amplias zonas rurales y en las propias ciudades de esos departamentos.
Ese nivel de respuesta al carácter ilegal e ilegítimo de los estatutos autonómicos, que encontraron un promedio del 40 por ciento de rechazo por la vía de la abstención, fue la manifestación más contundente de una rebelión social en el corazón de los territorios de la burguesía agroexportadora y latifundista.
Y un alto porcentaje de los habitantes de los cuatro departamentos quiere volver a hablar en diciembre a través del voto. Pero, antes que llegue el 7 de diciembre, las clases subalternas en el oriente enfrentarán batallas más decisivas y de las que dependerá mucho el triunfo en el referéndum constitucional y el inicio de la transición a una Bolivia no capitalista.
En definitiva, entre agosto y diciembre próximos, las batallas estratégicas entre el insurgente bloque nacional-popular-indígena y el bloque imperial-burgués-colonial tendrán por escenarios principales a los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija.