No podría comenzar este artículo si no es recordando aquel 1 de mayo de 2006, cuando se reunió el gabinete a la cabeza de Evo Morales para aprobar la nacionalización de los hidrocarburos. Eran las 6 de la mañana en Palacio, acababa de firmarse el decreto «Héroes del Chaco»; recuerdo que cantamos el himno nacional, […]
No podría comenzar este artículo si no es recordando aquel 1 de mayo de 2006, cuando se reunió el gabinete a la cabeza de Evo Morales para aprobar la nacionalización de los hidrocarburos. Eran las 6 de la mañana en Palacio, acababa de firmarse el decreto «Héroes del Chaco»; recuerdo que cantamos el himno nacional, nos abrazamos con esa sensación de que algo histórico estaba ocurriendo y luego salimos rumbo al aeropuerto militar de El Alto, desde donde en un avión Hércules viajamos al Chaco boliviano, para en el Campo San Alberto anunciar al país la medida.
Hoy se cumplen diez años de aquella patriada que cambió radicalmente nuestra economía, al punto que desde ese momento -con el enorme flujo de ingresos originado en la nacionalización del excedente generado en la industria hidrocarburífera- es que puede hablarse de la implementación de un nuevo modelo económico postneoliberal.
Eran tiempos en que las iniciativas más importantes (la convocatoria a la Asamblea Constituyente, las nacionalizaciones, la revolución agraria, las políticas sociales) las tomaba el gobierno de Evo, como depositario de la voluntad popular expresada en las urnas con el contundente triunfo del 54% de diciembre de 2005.
Este 1 de mayo de 2016 nos encuentra en otra situación, ya que ahora las iniciativas políticas vienen también desde los movimientos sociales que han fortalecido, como espacio para su convergencia unitaria, a la Coordinadora Nacional por el Cambio. Surgida el 2007 para respaldar el proceso constituyente, en la CONALCAM confluyen en la actualidad tres vertientes: 1) El movimiento indígena campesino originario, 2) El movimiento obrero estructurado en la Central Obrera Boliviana (COB), 3) El movimiento urbano-popular cuyas organizaciones tienen una matriz vecinal.
Las organizaciones de la primera vertiente acusan todavía el impacto del escándalo de corrupción en el Fondo Indígena, con la consiguiente pérdida de autoridad moral y política ante el resto de la sociedad. Por ello es que ha sido la segunda vertiente, constituida por los sindicatos obreros, que asume un protagonismo que ya no se limita a una actitud seguidista de todo cuanto hace el gobierno. En el último Congreso de la COB, efectuado en la ciudad de Tupiza hace 3 meses, se aprobó una Tesis Política elaborada en base a los documentos de la Federación de Trabajadores Mineros y la Confederación de Trabajadores Fabriles; el lineamiento ideológico define la defensa y la profundización del proceso de cambio como las principales tareas políticas de los movimientos sociales en la presente coyuntura nacional e internacional.
Una coyuntura internacional signada por la rápida restauración neoliberal en Argentina con el gobierno de Mauricio Macri, el golpe parlamentario en plena ejecución contra el gobierno de Dilma Roussef en Brasil, la desestabilización crónica del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y el triunfo de las derechas en las elecciones presidenciales en Perú. Este amenazador avance de las fuerzas contrarrevolucionarias en Sudamérica, está cohesionando en Bolivia al bloque indígena-obrero-popular que rápidamente se acerca al gobierno de Evo Morales, cuyo liderazgo sigue siendo uno de los factores de unidad de dicho bloque.
El resultado adverso a la opción por el SI en el referéndum del 21 de febrero configuró una derrota política de carácter táctico que rápidamente debe ser superada y sólo se podrá hacer preservando la unidad de las fuerzas revolucionarias. La COB y la CONALCAM interpretaron a la perfección esto al convocar, hace un mes, a la «Cumbre Nacional Política de los Trabajadores y los Movimientos Sociales de Bolivia», evento que en la ciudad de Cochabamba logró tomar cuerpo de multitud al reunir a 8.000 participantes, representantes de los movimientos sociales de todos los departamentos. Bajar a las bases, volver a escuchar al pueblo, redoblar la lucha contra la corrupción, aprobar desde el gobierno nuevas medidas revolucionarias, convertir a Bolivia en el referente de las luchas antiimperialistas, en síntesis, profundizar el proceso desde los movimientos sociales. He aquí la otra política, la que al nacer de las fuerzas colectivas y comunitarias adquiere potencial transformador, afirmando el liderazgo social sin caer en caudillismos individualistas.
Por cierto, esta política de los movimientos sociales cuestiona también a las orientaciones ideológicas que, de tanto teorizar sobre las «clases medias» y la movilidad social que -dicen- debe acompañar todo crecimiento económico, terminan dejando a un lado el anticapitalismo, el comunitarismo y el socialismo, pasando a llamarse «progresistas».
Hacer estas reflexiones de tono estratégico, en modo alguno significa no atender las demandas sociales inmediatas. Y es aquí que quiero resaltar el acuerdo Gobierno-COB sobre el tema salarial.
El impacto macroeconómico de la caída de los precios internacionales del petróleo (que arrastra al precio del gas que le vendemos a Argentina y Brasil), de los minerales, de la soya y la quinua, ocasiona que Bolivia perciba menores ingresos por exportaciones. La guerra monetaria entre un dólar estadounidense que por la especulación mundial sube su valor ocasionando que las monedas en Sudamérica se devalúen, tiene también efecto en nuestra economía interna, aunque no al punto de que ya no podamos soportar dicha presión. En este sentido la sugerencia de Samuel Doria Medina de efectuar «minidevaluaciones» inmediatamente fue repudiada por los trabajadores, que entienden que esa medida favorece a la burguesía exportadora pero va a generar inflación y por tanto pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
El modo como se arribó al acuerdo salarial ratifica que el gobierno de Evo Morales tiene una orientación favorable al pueblo trabajador, pues se hizo en diálogo directo con los obreros dejando a un lado la exigencia empresarial de un arreglo «tripartito». Dentro del sistema capitalista nunca habrá igualdad entre quienes detentan el capital y quienes venden su fuerza de trabajo. La COB por su parte no cayó en el infantilismo izquierdista que exigía romper con el gobierno. Furiosos, los analistas de derecha acusan ahora a esa dirigencia de genuflexa con el gobierno. Cuánto no quisieran esos opositores reeditar lo que pasó hace treinta años con la Unidad Democrática y Popular (UDP), cuando la dirigencia sindical cometió el error de poner contra las cuerdas a ese gobierno, abriendo así las puertas a la derecha y el decreto 21060 que en 1985 inauguró la era neoliberal en Bolivia.
Este será un 1 de mayo para reafirmar el apoyo de los trabajadores al proceso, pero eso sí, demandando nuevas nacionalizaciones en los sectores estratégicos de la economía, una nueva ley general del trabajo acorde con la Constitución Política del Estado, la sindicalización en los sectores en los que todavía predomina la flexibilización laboral, el reconocimiento de las empresas sociales comunitarias en las que los trabajadores toman el control directo de la producción ante el abandono empresarial.
Aún queda mucho por hacer.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.