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La página desdoblada

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El Presidente Carlos Mesa, en mensaje del 17 de mayo pasado, decidió doblar la página de la Ley de Hidrocarburos, ya promulgada por el Congreso. Sin embargo, la página se desdobla y no será arrancada de la preocupación ciudadana. Estas fueron sus palabras: «Después de ese largo camino (de discusión de la norma legal) cerramos […]

El Presidente Carlos Mesa, en mensaje del 17 de mayo pasado, decidió doblar la página de la Ley de Hidrocarburos, ya promulgada por el Congreso. Sin embargo, la página se desdobla y no será arrancada de la preocupación ciudadana. Estas fueron sus palabras: «Después de ese largo camino (de discusión de la norma legal) cerramos la página de la Ley de Hidrocarburos y nos ponemos a trabajar en temas que al país le importan y le interesan». ¿El gas y el petróleo no importan e interesan al país? A continuación expuso su plan económico y social, el que, al no estar basado en la rentabilidad de los hidrocarburos, tiene cimientos de arena.

Mesa, desde su arribo al gobierno, el 17/10/03, ha apoyado a las transnacionales. Al inicio de su gestión, proyectó una Ley destinada, en apariencia, a perdonar los impuestos al Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), cuando se trataba, en realidad, de lograr un perdón impositivo para las petroleras. En marzo del 2004, autorizó a Repsol-Bolivia vender gas a Repsol-Argentina, al precio «solidario» de $US 0.98 el millar de pies cúbicos (MPC), de los que el país apenas si recibió $US 0.18 por MPC. Esta transacción, respaldada por el Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales, fue autorizada con decretos cuyos anexos se mantienen en reserva.

Después del referéndum, pidió la aprobación de una «Ley Corta», redactada por el asesor norteamericano J. Sullivan, a quien se pagó $US 123.000, a fin de manejar la política de hidrocarburos mediante decretos y anexos. Elaboró otros dos proyectos prescribiendo la migración voluntaria de los contratos, por los que las compañías hubieran mantenido, durante 40 años, los privilegios que les otorgó Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL). El 24 de diciembre pasado, concedió a las petroleras, mediante decreto, la propiedad de la tierra sobre la que se asientan sus concesiones. La indignación pública hizo abrogar la norma. Mesa dijo que no se había dado cuenta de lo que firmaba.

El Presidente consiguió que el Senado aprobara el tratado de inmunidad para las tropas norteamericanas. El presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, reprochó a Mesa el haberlo dejado sin respaldo después de aprobar tan indigna medida, la que aún debe ser debatida por le Cámara de Diputados. El Senado introdujo en la Ley la devolución de impuestos por compras en el mercado interno y redujo a meros enunciados los proyectos de industrializar el gas.

Entre tanto, el Tribunal Constitucional determinó que los contratos para tener validez deben contar con la autorización y aprobación del Legislativo, lo que no ha ocurrido hasta el presente. Sólo después de aprobada la ley, el MAS plantea que el Estado fije los precios del gas y del petróleo en los mercados externo e interno, así como la eliminación del principio de «neutralidad jurídica», que beneficia a las transnacionales de manera directa.

La Ley necesita de vitales reglamentos, los que serán redactados por el Ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, ex Superintendente del sector designado por GSL, por el Presidente de YPFB, Carlos D`arlach, empleado de la Occidental Petroleum, y por el vicepresidente de YPFB, José Kreidler, ejecutivo de una empresa de servicios petroleros. Todos los ex Ministros de Hidrocarburos de Mesa han sido afines a las compañías. Ellos fueron Xavier Nogales, ex Banco Mundial, Antonio Aranibar, ex canciller de GSL y Alvaro Ríos, empresario de servicios petroleros.

En los últimos días, Gregorio Lanza, encargado de prevención de conflictos, acusó al «gonismo» de afanes conspirativos. Voceros de esa tendencia le recordaron que el Ministro Secretario, José Galindo, es diputado del MNR, que el Ministro de Gobierno Saúl Lara, fue abogado de GSL, y que sus viceministros Carlos Alarcón y Carlos Agreda ocuparon cargos relevantes en el anterior régimen. Lo anterior explica el por qué Mesa trata de doblar la página de una ley que la ciudadanía considera que no ha terminado de escribirse.