El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP) hizo pública una alerta nacional e internacional ante la pretensión del gobierno espurio de Felipe Calderón de agredir de nueva cuenta a los miles de afectados por el proyecto de construcción del megaproyecto hidroeléctrico, promovido por la Comisión Federal de Electricidad y apoyado por […]
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP) hizo pública una alerta nacional e internacional ante la pretensión del gobierno espurio de Felipe Calderón de agredir de nueva cuenta a los miles de afectados por el proyecto de construcción del megaproyecto hidroeléctrico, promovido por la Comisión Federal de Electricidad y apoyado por el gobernador perredista del estado de Guerrero para beneficio de empresas trasnacionales y socios locales. Dicho proyecto forma parte del renacido Plan Puebla-Panamá que pretende una integración subordinada de México y los países de Centroamérica para entregar sus enormes recursos naturales y estratégicos a la depredación capitalista neoliberal hegemonizada por Estados Unidos.
Como respuesta a este llamado, se integró la Misión Civil de Observación con 36 personas de 16 organizaciones y redes nacionales e internacionales, que estuvieron presentes en la suspendida asamblea agraria del 6 de mayo pasado en San Juan Grande, municipio de Acapulco, Guerrero, y que constataron la intención de legitimar la expropiación ilegal de tierras a los comuneros para poder iniciar fraudulentamente los trámites de construcción de la presa, y como reacción a la resolución positiva del Tribunal Agrario Unitario del 27 de marzo de este año en favor de los opositores.
Cabe señalar que el Tribunal Latinoamericano del Agua en su audiencia del 17 de marzo de 2006 resolvió que el proyecto hidroeléctrico de La Parota «debe cancelarse, ya que no demuestra los beneficios a la población local ni su contribución al desarrollo regional ni la protección del medio ambiente y los recursos naturales». Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU manifestó «su preocupación por los informes sobre comunidades indígenas y locales que se oponen a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, por violación de derechos a la alimentación, vivienda, salud, educación, derecho al agua, a la tierra, al territorio y al desarrollo».
La misión observó los procedimientos irregulares de la convocatoria a la asamblea referida por no cumplir con el artículo 25 de la ley agraria que especifica que ésta debe pegarse en los lugares más visibles de los bienes comunales, y porque el sitio de la reunión fue otro que el reconocido por usos y costumbres, que tradicionalmente se lleva a cabo en la cabecera del los Bienes Comunales de Cacahuatepec. Asimismo, los observadores refieren que la mesa no se instaló debido a que el comisariado no llevaba consigo el padrón oficial de comuneros, lo cual es también una violación a la referida ley agraria. Ante el fracaso, los funcionarios agrarios presentes se retiraron y en el camino firmaron y pegaron una nueva convocatoria (esta vez para el 20 de mayo), cuyo texto había sido elaborado con anterioridad y en el que se mencionaban supuestos «hechos violentos» que, según ellos, «evitaron el desarrollo de la reunión», mismos que son negados por los observadores que afirman que no existió violencia alguna o «conatos de agresión física por parte de los grupos presentes, como consta en los materiales fotográficos, videográficos y testimoniales recogidos por la Misión Civil de Observación.» De aquí se infiere que la intención de los oficialistas es proyectar a los opositores como proclives a la violencia para justificar la intervención de las autoridades.
En sus conclusiones y recomendaciones, la misión considera que este tipo de asambleas «no constituye un mecanismo de consulta adecuado en términos de lo dispuesto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que de acuerdo a la información con la que contamos de los bienes comunales de Cacahuatepec existen 43 mil habitantes y el padrón sólo registra a 7 mil 280 comuneros; por lo tanto, es claro que estas asambleas excluyen a la mayoría de la población que podía ser afectada».
Recordemos que el Convenio 169, firmado y ratificado por México, obliga a los gobiernos en su artículo 6 a consultar a los pueblos indígenas «cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente». Incluso en el segundo párrafo de este artículo se indica claramente que «las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas».
Ante el clima represivo y de militarización que vive el país, la adecuación de las leyes en contra de los movimientos sociales y las experiencias recientes en Atenco y Oaxaca, la misión advierte, con fundamento, sobre la estrategia de «desgastar el movimiento opositor, criminalizarlo y de esta forma justificar el posible uso de violencia y represión. Además con ello justificar la presencia de la fuerza pública en futuras asambleas para imponer el proyecto.»
El Consejo de Ejidos y Comunidades opositores a La Parota reiteró la alerta e invitó de nueva cuenta a la Misión Civil de Observación y a legisladores para la asamblea del próximo domingo 20. El CECOP afirma que ésta es fraudulenta desde su convocatoria y que los oficialistas tienen el acta escrita y firmada de antemano. Además, señala fundamentadamente, que los cuerpos represivos intentarán impedir el paso a los opositores a la presa y que llevarán personas a la reunión de Cacahuatepec que se harán pasar como comuneros para aparentar el quórum de 3 mil 642 más uno.
Es evidente que se trata de una provocación más del gobierno calderonista con la complicidad del gobierno estatal y las autoridades agrarias. ¡No a la presa La Parota! ¡Respeto al Convenio 169 de la OIT!