James Petras parece haber encontrado un «nicho» de mercado como crítico del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) que acaba de asumir en Bolivia. Luego del artículo «Gestos populistas con fondo neoliberal» publica ahora «Presidente Morales: peculiar comienzo en Bolivia», donde, como en el texto anterior, no se propone contribuir al proceso de cambio que […]
James Petras parece haber encontrado un «nicho» de mercado como crítico del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) que acaba de asumir en Bolivia. Luego del artículo «Gestos populistas con fondo neoliberal» publica ahora «Presidente Morales: peculiar comienzo en Bolivia», donde, como en el texto anterior, no se propone contribuir al proceso de cambio que vive el país andino, sino que se conforma con denunciar las «traiciones» de Evo Morales. En su texto anterior había elaborado la lista de traiciones que ahora se confirmarían con los primeros pasos del gobierno del MAS.
No se trata de defender acá, de forma apologética, al nuevo presidente indígena, sino intentar visualizar las potencialidades y límites de un proceso de cambio que esta vez se presentó en «envase electoral» y no como «toma del palacio», y que depende de un conjunto de condiciones «objetivas» y «subjetivas» de las cuales el propio Evo Morales es, hasta cierto punto, producto. En todo caso: ¿la tarea de un intelectual de izquierda es excomulgar a los dirigentes de los actuales procesos de cambio o contribuir, mediante una crítica firme pero constructiva, a la profundización de esos procesos? El sociólogo estadounidense parece haber elegido el primer camino. En esa línea denuncia que Evo Morales «ha abrazado la agenda de los banqueros, de las corporaciones transnacionales y de los propietarios de la industria del agro», anticipa un «profundo desencanto» de los movimientos sociales e, incluso, «una temprana jubilación» del mandatario boliviano, siguiendo los pasos de sus antecesores neoliberales.
Lo cierto es que el gobierno de Evo Morales ha tenido un comienzo muy diferente al del resto de los gobiernos de centroizquierda de la región, pero Petras insiste, contra toda evidencia, que los ministerios importantes quedaron en manos de neoliberales. A tal punto que la nueva administración boliviana contribuyó al derrumbe de las acciones de Repsol-YPF en las bolsas en un contexto de precios récord del petróleo.
En Hidrocarburos, quizás el ministerio más importante en el actual contexto boliviano, aterrizó no un «neoliberal» sino un crítico de izquierda del MAS, que denunció el referéndum sobre hidrocarburos de Carlos Mesa y se opuso a los precios «solidarios» de venta de gas a Argentina. Incluso, ya como ministro, desconoció a la Cámara Boliviana de Hidrocarburos -organización corporativa que agrupa a las petroleras transnacionales- y anunció que negociará por separado con cada una de ellas.
Tampoco Planificación Económica -que tiene parte de las funciones que Petras le atribuye a Finanzas- cayó en manos de un neoliberal, ni tampoco las carteras de Gobierno o Presidencia, esta último en manos de Juan Ramón Quintana, quien declaró a la prensa que «las FF.AA. y la Policía bolivianas deben dejar de ser un apéndice de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos». En el viceministerio de Defensa Social -ahora de la Coca y del Desarrollo Integral- Morales nombró a un ex cocalero y el embajador de Bolivia en Washington será, si lo aprueba el Senado, Sacha Llorenti, ex presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDH) con la misión expresa de conseguir la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada por la masacre de octubre de 2003. Una misión de difícil cumplimiento pero que emite algunas señales claras.
El caso de los ministros cruceños que menciona Petras merece algunas precisiones. Se trata de Hugo Salvatierra (Asuntos Campesinos), de origen trotskista y con una larga trayectoria en la izquierda boliviana, y Salvador Ric (Obras Públicas), un empresario acaudalado pero no «orgánico» de las corporaciones empresariales cruceñas y que apoyó al MAS antes de su victoria electoral. Petras se queja de que Salvatierra carece de «vínculos con los movimientos sociales de Cochabamba o el altiplano», justo cuando uno de los principales desafíos de la izquierda es extender hacia el oriente del país la hegemonía que ya posee en el occidente. Además, el nombramiento de Salvatierra (vinculado a la lucha por la tierra) emite una señal política en un contexto en el que las elites cruceñas intentan colocar el tema tierras bajo jurisdicción regional.
Desde su primera frase, el texto comentado presenta varias imprecisiones: las organizaciones sociales y sindicales mayoritarias no cuestionaron el gabinete, que incorporó a varios de sus dirigentes. Pero Petras sólo parece acordarse del «currículum» de los dirigentes sociales cuando estos se incorporan al gobierno. Así Abel Mamani, nombrado ministro de Aguas, es un «antiguo dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve)… criticado por malversación de fondos y por su fracaso a la hora de conseguir satisfacer la demanda general de nacionalización de los derechos de distribución de agua en El Alto» y Walter Villarroel, ministro de Minas y dirigente de los cooperativistas mineros, «desertó de la derechista UCS para subirse al carro de Morales» y, con anterioridad, «apoyó Presidente neoliberal Carlos Mesa, quien antepuso las cooperativas privadas al fortalecimiento de las empresas estatales bajo control de los trabajadores».
Pero estos son los dirigentes de los movimientos sociales idealizados por Petras hasta que pegan el salto al Estado. La realidad es que el MAS es una federación de corporaciones populares y una sociología política más fina debería abordar las potencialidades y límites de este tipo de agregación de demandas populares. El carácter sui generis de la izquierda boliviana -alejada de las formas partidarias tradicionales y con fronteras ideológicas más difusas- obliga a hacer ese esfuerzo, al que poco contribuyen las «listas de traiciones» y las excomuniones apresuradas para mantener una supuesta «pureza» doctrinaria.
El ministro que sí desató críticas es Walker San Miguel, de Defensa, por su actividad como síndico en varios procesos de capitalización (privatización) de empresas públicas. San Miguel habría sido propuesto por el alcalde paceño y aliado del MAS, Juan del Granado, pero más que como parte de un «gabinete neoliberal» fue percibido por muchos como una «mancha» en un gabinete que marcha en línea con las propuestas de campaña del MAS…. La excepción más que la regla.
Para forzar el análisis, Petras menciona promesas que nunca existieron, como la de reforma agraria. Como señalamos en un artículo anterior («Los límites de la sociología doctrinaria. Una respuesta a James Petras») la posición del MAS frente al tema de la tierra siempre fue ambigua y ensayamos una respuesta «sociológica» a esa cuestión, indicando, por ejemplo, la debilidad de los Movimientos Sin Tierra. Por otro lado, el MAS siempre planteó «redistribuir tierras improductivas» y respetar el resto. Y nunca propuso una nacionalización «radical» de los hidrocarburos, sino un mayor control estatal con aumento de la carga impositiva. El actual vicepresidente, Álvaro García Linera, habló de una «salida pactada» entre el movimiento popular emergente y las elites empresariales de Santa Cruz y de un modelo de «capitalismo andino» en caso de llegar al gobierno.
Y no se trata aquí de defender esa perspectiva sino de echar algo de luz sobre un proceso político concreto que no ha avanzado en dirección socialista sino nacionalista y, en menor medida, indigenista, que recupera parte de la matriz populista que sustentó la Revolución Nacional del ’52. Esto es lo que votó el 53.7% de los bolivianos, cifra que llegó hasta el 70% entre las «masas» de El Alto a las que Petras asigna un radicalismo a toda prueba, sólo matizado por la supuesta capacidad disciplinadora de Evo Morales… ¿por qué, por ejemplo, no hubo candidaturas a la izquierda de Evo Morales y quien que se postuló para ese espacio, Felipe Quispe, no llegó al 3% de los votos?
Algo similar ocurre con el TLC, parte de la potencial lista de traiciones de Evo Morales. Pero aquí vale otra precisión «sociológica»: uno de los «baluartes» de la demanda del TLC es la «combativa» ciudad de El Alto, donde la exportación de textiles, joyas y muebles hacia Estados Unidos está entre sus actividades económicas más importantes. El anterior alcalde alteño, José Luis Paredes, ganó con más del 50% de los votos defendiendo no sólo el TLC sino el ALCA y, hace pocos meses, una masiva marcha organizada por los empresarios textiles congregó alrededor de 10.000 personas ante la embajada de EE.UU. para reclamar la firma del acuerdo de libre comercio.
Quizás uno de los puntos relevantes del artículo de Petras es el referido a la reserva minera del Mutun, que constituirá sin duda un desafío para el gobierno del MAS dada la presión de las elites cruceñas para que avance la licitación. Se trata posiblemente de un tema que definirá parte del rumbo de la agenda de cambio que la izquierda indígena pretende llevar adelante y en el que aun no está dicha la última palabra… del MAS… sí de Petras, que sigue escrutando lo que pasa en Bolivia a través imágenes distorsionadas por unos dogmas que no dejan ver los avances de las fuerzas populares que, en una experiencia inédita, lograron transformar las movilizaciones sociales en potencia electoral.