La ética pública en disputa
Walter Benjamin sostenía que la ética es memoria histórica, un compromiso con los vencidos para evitar la repetición de las catástrofes del pasado. Advertía que el acto ético consiste en detener el tiempo y escuchar el reclamo de quienes han sido silenciados. Karl Marx, por su parte, entendía la ética no como una doctrina moral abstracta, sino como praxis transformadora, una acción concreta para abolir la explotación y las relaciones de poder que perpetúan la injusticia.
Ambas perspectivas convergen en un punto crucial: la ética pública no se reduce a normas jurídicas, sino que es el fundamento de la responsabilidad y la emancipación. Cuando las instituciones abandonan esos principios, el abuso de poder se naturaliza y la justicia se convierte en instrumento del privilegio.
Privilegios judiciales y blindaje institucional
El caso Lago Escondido exhibe sin filtro la connivencia entre jueces, empresarios y políticos. En octubre de 2022, magistrados como Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Juan Bautista Mahiques, fiscal general porteño, junto al exministro Marcelo D’Alessandro, viajaron a la estancia de Joe Lewis sin que jamás se explicara el motivo de la invitación con el patrocinio del Grupo Clarín. Facturas falsas emitidas después del viaje intentaron encubrir los gastos, y los chats filtrados de Telegram revelaron estrategias para frenar la difusión del escándalo.
Sin embargo, el juez Sebastián Ramos cerró la investigación con el argumento de que las pruebas fueron obtenidas de manera ilegal, evitando cualquier revisión sobre el posible delito de dádivas. Como corolario, el Consejo de la Magistratura, con el voto clave del senador Eduardo Vischi (quien había cambiado de postura en la investigación de la estafa de la criptomoneda $Libra), archivó el sumario disciplinario contra los jueces involucrados.
La invitación a Lago Escondido, lejos de ser un simple encuentro social, refuerza la sospecha de intercambio de favores entre la justicia y los sectores económicos concentrados. Pero la estructura judicial prefirió clausurar la causa antes que exigir explicaciones.
Espectáculo y doble vara
En contraste con la inacción frente a Lago Escondido, el caso de la jueza Julieta Mackintach fue castigado con rapidez y dureza. Autorizó la filmación del documental Justicia Divina en plena causa por la muerte de Diego Maradona. La Corte Suprema bonaerense la apartó en 24 horas (con una licencia por 90 días) y el periodismo exigió su juicio político.
Aquí, la ética judicial se aplicó con aparente rigurosidad, porque no afectaba intereses corporativos. Mientras Mackintach fue presentada como un ejemplo de corrupción, los jueces que aceptaron un viaje privado financiado por empresarios siguen ejerciendo sin rendir cuentas. La justicia se vuelve selectiva: si la falta no perjudica al poder, se castiga con fuerza; si amenaza intereses empresariales o políticos, se archiva sin consecuencias.
Operadores al resguardo
La lógica del blindaje judicial también se verifica en el caso de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador del macrismo prófugo en Uruguay desde 2020, evadiendo una orden de captura por asociación ilícita. La Corte Suprema y la Cámara Federal han dilatado su extradición, dejando su situación en un limbo legal.
Un escenario similar ocurrió con el
espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, donde la
entonces AFI realizó seguimientos a periodistas, jueces y opositores
políticos, incluyendo a los familiares de las víctimas del submarino ARA
San Juan.
Se los fotografió en misas y marchas, y los informes
generados por la inteligencia estatal se usaron para anticipar sus
reclamos.
En 2021, el juez Martín Bava procesó a Macri por seis
hechos de espionaje, pero la Cámara Federal porteña lo sobreseyó,
argumentando que las tareas de inteligencia fueron necesarias por
seguridad presidencial.
En cada uno de estos casos, la justicia actuó como un escudo protector, asegurando que ciertos sectores operen con absoluta impunidad.
Represión sistemática y silencio judicial
Mientras la justicia protege a jueces, operadores políticos y empresarios, guarda silencio absoluto frente a la represión sistemática comandada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cada miércoles frente al Congreso. Las fuerzas federales ejecutan operativos con golpes, uso de gas pimienta y detenciones arbitrarias, fuera de su área de competencia. Periodistas, jubilados y manifestantes han sido agredidos, sin que haya una intervención judicial para limitar el abuso de poder.
La pregunta es inevitable: ¿dónde están los jueces y fiscales que deberían frenar el uso ilegal de la fuerza estatal? En contraste con su inmediatez para sobreseer a los jueces de Lago Escondido, no hay investigaciones ni pronunciamientos sobre el accionar represivo del Gobierno.
Este silencio judicial no es casualidad. Es parte del mismo sistema que protege los privilegios de la corporación judicial y económica, mientras criminaliza la protesta social.
La performatividad del poder y la pedagogía crítica
Cada acción del poder comporta una gestualidad performativa (tiene un efecto sobre las conductas), que no solo afecta a los implicados directos, sino que educa a la sociedad sobre lo que es aceptable, legítimo o inevitable. Cuando jueces blindados viajan a Lago Escondido y la causa se archiva sin debate, el mensaje implícito es que ciertas alianzas quedan fuera de la indagación. Cuando el espionaje a los familiares del ARA San Juan se justifica como seguridad presidencial, se instala la idea de que la vigilancia estatal puede ser legítima si se administra con discreción. Cuando la represión semanal frente al Congreso se trata como protocolo habitual, el derecho a la protesta queda reducido a una excepción.
La pedagogía de la crisis ética impone la naturalización del abuso de poder. La justicia deja de ser un instrumento de equidad y se convierte en un mecanismo de reproducción de privilegios. Pero esto no es un accidente, sino una lección estructurada: una educación tácita sobre quiénes pueden ejercer poder sin restricciones y quiénes deben someterse a él.
Frente a este escenario, la única vía para desmontar esta pedagogía del sometimiento es construir una pedagogía crítica, capaz de revelar los dispositivos de encubrimiento y desafiar la construcción de la impunidad. La justicia no puede limitarse a ser una maquinaria que administra leyes: debe sustanciarse en su capacidad de transformación. Como planteaban Walter Benjamin y Karl Marx, la ética no es una mera formulación normativa, sino el resultado de una memoria activa y una praxis liberadora.
Solo si la justicia actúa como herramienta de emancipación podrá garantizar su función esencial: no la de preservar el orden existente, sino la de quebrar las estructuras que sostienen la desigualdad.
Nuestra lucha colectiva debe apuntar a democratizar el Poder Judicial, para que deje de funcionar como la casta aristocrática que perpetúa privilegios en el siglo XXI.
Referencias:
Benjamin, W. (1940). Tesis sobre el concepto de historia.
Marx, K. (1845). Tesis sobre Feuerbach.
Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/06/01/la-pedagogia-de-la-crisis-etica/
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