Los resultados de las recientes elecciones llevadas a cabo en Bolivia mostraron la profundización del proceso político hacia una plena derechización en el control del gobierno y la Asamblea Nacional, la rama judicial ya estaba en sus manos y cumplió un estratégico papel replegando las resistencias ofrecidas por el movimiento Evo Pueblo donde se aglutinaron las fuerzas de izquierda en resistencia a la retoma oligárquica del régimen político.
¿Por qué y cómo se llevó a cabo la retoma del poder por parte de la derecha? En este artículo se propone la tesis que la recuperación del poder estatal por parte de la oligarquía está fundamentalmente determinada por la insostenibilidad del modelo rentista debido al contexto regional en materia energética. Es la caída de la renta gasífera desde 2014 la que compromete la disponibilidad de recursos financieros para continuar en pie las políticas asistencialistas y subsidiarias sobre las cuales se construyó la legitimidad del MAS. En este contexto las fuerzas oligárquicas avanzaron tomando el control de instituciones claves como el Tribunal electoral y el constitucional desde el cual maniobraron hábilmente para incentivar las pugnacidades en el seno del MAS con una sostenida estrategia dirigida a borrar el liderazgo de Evo Morales y del movimiento agrario en la dirección del campo popular.
El triunfo de Rodrigo Paz (partido Demócrata Cristiano) demuestran que la transición abierta por el gobierno Arce hacia la derechización del Estado continuará desarrollándose. Al tiempo, muestra que el campo popular atraviesa un proceso de depuración en el cual los liderazgos más urbanizados y próximos a los agenciamientos tecnocráticos quedan relegados, restituyéndose el reconocimiento al papel que puedan desarrollar las organizaciones de base (mineras, campesinas e indígenas). Estos sectores encabezados por Evo Morales lideraron, ante las condiciones de exclusión establecidas desde las autoridades judiciales y electorales, como forma de protesta el voto nulo, obteniendo 1.300.000 votos en la primera vuelta y 300.000 en la segunda vuelta. La presencia consciente del voto nulo significó no solamente el rechazo al actual gobierno sino también una denuncia de la democracia liberal en tanto que dimensión del poder de clase. En la primera vuelta el voto nulo triunfó en 133 municipios del país (40% del total).
En lo que sigue del presente artículo se repasa críticamente la trayectoria de los gobiernos de Evo Morales, se interpreta el gobierno de Luis Arce como un mandato antipopular de transición hacia la derechización, y finalmente se proponen algunos significados de la coyuntura electoral.
Los gobiernos de Evo Morales: las paradojas del rentismo y la democracia liberal
Evo Morales logró llegar al gobierno en 2006, luego de trasegar un difícil camino de luchas contra la oligarquía en el poder del Estado. Su gobierno fue el resultado de un largo proceso de acumulados organizativos de los movimientos populares, en especial del cocalero de la región del Chapare, el cual libró desde los años 1990 una férrea resistencia contra la injerencista política norteamericana en materia de cultivos de hoja de coca.
Apoyado en la existencia de una vasta red organizativa de carácter agrario aglutinada en torno de las Federaciones del Trópico de Cochabamba, el gobierno Morales mantuvo un dominio hegemónico del Congreso, las gobernaciones y alcaldías. Entre 2005 y 2019, el Movimiento Al Socialismo (MAS) obtuvo sostenidamente exitosos resultados electorales.
Las decisiones gubernamentales más importantes de Morales se orientaron hacia el rescate de la soberanía nacional, la relegitimación del régimen político, la ampliación del asistencialismo social (bono Juancito Pinto (2006) para escolares, renta dignidad (2008) para mayores de 60 años y bono Juana Azurduy (2009) para madres gestantes), y la inserción del país en las iniciativas latinoamericanistas (CELAC, ALBA y RUNASUR). La nacionalización de los hidrocarburos en 2006, la ruptura con la política injerencista norteamericana en materia del cultivo de hoja de coca, la expulsión de la DEA (en 2008) y USAID (en 2013), y la inscripción dentro del campo progresista emergido durante la primera década del siglo XXI en América Latina fueron determinaciones que confrontaron la hegemonía ejercida por los Estados Unidos en Bolivia. Sin embargo, un aspecto estratégico, el de la nacionalización del pensamiento de la Policía y las Fuerzas Armadas nunca logró llevarse adelante. Este pendiente se mostró caro en la coyuntura golpista de diciembre de 2019 cuando la cúpula militar encabezada por el general Kalimán estuvo de lado de la sedición. Si se tiene en cuenta que entre 2008 y 2019 más de 25.000 funcionarios (policías, fiscales, jueces) fueron “capacitados” en Estados Unidos (Lajtman-Bereicoa, 2023), es posible conjeturar el enorme poder que continúan ostentando las doctrinas norteamericanas al interior del aparato de Estado.
La nacionalización de los hidrocarburos implicó la recuperación de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) empresa que había sido desvertebrada, igualmente significó la recuperación de la renta gasífera y la renovación de los contratos de exportación con Brasil y Argentina en condiciones más acordes al interés nacional. El ejercicio de la soberanía en política energética implicó una relativa demarcación geopolítica frente a los mercados especulativos y las corporaciones transnacionales euro-norteamericanas. A pesar de ello, Bolivia continúo atada al régimen primario exportador que implica la profunda dependencia frente a procesos y poderes exógenos.
La recuperación de la renta gasífera y la existencia de contratos de exportación con Brasil y Argentina estabilizaron las finanzas públicas proveyendo considerables recursos monetarios hasta 2015, cuando, como resultado de las políticas de autoabastecimiento energético desarrolladas por Brasil y Argentina, comenzó una tendencia declinante en el flujo de exportaciones. La caída de la renta gasífera -y el subsecuente incremento del endeudamiento y el agotamiento de las reservas monetarias- en el transcurso de los últimos diez años es la causa principal de la actual crisis económica expresada en problemáticas como la escasez de diésel, la especulación con los precios de los bienes básicos y los tipos de cambio y el incrementó de la inflación.
Otra realización significativa del gobierno fue la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en 2006/7 que culminó con la expedición de una nueva Constitución Política en 2009, la cual fue saludada desde el movimiento popular por sus apuestas democratizadoras. Paradójicamente dos aspectos del desarrollo constitucional; las autonomías regionales y la democratización de la rama judicial, han terminado yendo en contravía del “proceso de cambios”.
En el caso de las autonomías, la burguesía agroindustrial cruceña forjada por la dictadura del genocida Hugo Banzer mantuvo una constante oposición al gobierno siendo muy férrea en 2008, y posteriormente en 2019 cuando el fascista Comité Cívico de Santa Cruz encabezado por Luis Fernando Camacho participó protagonicamente del golpe de Estado contra Morales. La agresiva burguesía del Oriente incentivada en el autonomismo constitucional ha jalonado insistentemente un sedicioso proceso organizativo orientado a su separación del resto del país.
Un sentido negativo similar ha impregnado la democratización de la rama judicial. Actualmente las altas magistraturas de los tribunales judiciales se suplen mediante el voto popular. Sin embargo, una vez sus cargos fueron tomados por las fuerzas de derecha (que controlan la formación de jueces y fiscales y la producción del derecho) los magistrados que las ocupan procedieron a auto prorrogar sus mandatos todo bajo la actitud contemplativa del gobierno Arce y la Asamblea Nacional. Desde estas instancias se ha dirigido en los últimos años una estratégica acción encaminada a la “muerte por vía judicial” de Evo Morales. Como tal fue el Tribunal Constitucional el que determinó su proscripción electoral. La persecución judicial -incluida orden de captura- contra Morales configura toda una ironía para el “proceso de cambios”, pues en el empeño constitucional por ensanchar la democracia liberal las máximas instituciones de justicia terminaron siendo entregadas a las fuerzas de derecha.
El gobierno Arce: doblegar al movimiento popular
En octubre de 2019 Evo Morales fue electo para el mandato 2020-2025 pero fue derrocado tres meses después mediante un golpe de Estado dirigido por el gobierno norteamericano. Los golpistas, aunque impusieron “el orden” con masacres (como las de Sacaba y Senkata) y recibieron grandes préstamos (4.200 millones dólares) que incrementaron la deuda pública, no lograron consolidar su mandato y se produjeron nuevas elecciones en las que sin la presencia de Morales (quien fue exiliado a México) resultó vencedor Luis Arce con el voto de los movimientos populares.
Cuando Morales regresó a Bolivia en noviembre de 2020, Arce ya había endosado su mandato a su ministro de gobierno Eduardo del Castillo quien fue “un aparecido” en el MAS. El gobierno de Arce administró la crisis económica, se mantuvo expectante ante una renta del litio que nunca despegó y dio patente de corso a Del Castillo para criminalizar y reprimir al campesinado del Chapare (en la última ocasión, septiembre de 2024, hubo más de 320 detenidos), un mes después hubo un atentado contra Morales.
En estos términos fue la persecución del gobierno Arce la que dividió al MAS, no la obvia postura de Morales en contra de las pérfidas ejecutorias gubernamentales. Cuando Morales reclamaba en contra del incoherente rumbo gubernamental, el exvicepresidente García Linera advertía que los cuestionamientos al gobierno dividían al partido. Los llamados de García Linera a “la unidad orgánica” tenían como revés su soterrado respaldo a la candidatura presidencial de Andrónico Rodríguez.
Bajo este contexto es absurdo pensar que el movimiento popular hubiera ido presto tras las figuras respaldadas por quienes hoy son juzgados como traidores. La proscripción judicial impuesta a la candidatura de Morales fue dignamente respondida por la corriente histórica del MAS convocando al voto nulo como forma de protesta.
La fractura masista, aunque presentada como un asunto de disputas personales, expresa las diferencias existentes entre los sectores de la pequeña burguesía tecnocrática (Arce, García Linera, Rodríguez), prestos a gobernar para la burguesía[1], y los movimientos populares interesados en el desarrollo de reformas conducentes a la justicia social, la soberanía nacional y la democratización social.
Las elecciones y el horizonte de las contradicciones sociales
En las elecciones de 2025 la burguesía irrumpió con frenesí presentando varios candidatos acordes a sus intereses, entre los que destacan; Jorge Quiroga, quien fuera vicepresidente del genocida Hugo Banzer, el capitán retirado Manfred Reyes, hijo de Armando Reyes quien fuera ministro de defensa del también genocida; Luis García Meza, Samuel Doria, propietario de la otrora privatizada industria cemento, quien, en plena época de los derechos de “la madre tierra”, ha aumentado su fortuna mediante la explotación de los recursos naturales, y el descendiente de la jesuítica saga de los Paz (Víctor Paz Estenssoro y Jaime Paz Zamora), y a la postre ganador, Rodrigo Paz Pereira, quien a pesar de su publicitada “infancia clandestina” de los años 1970 coincide en que la crisis del capitalismo dependiente la tienen que pagar los asalariados, el campesinado y los desposeídos. El gobierno de Paz estará plenamente comprometido con el restablecimiento del neoliberalismo, el Estado securitario, y la agenda norteamericana de injerencia y agresión contra Nuestra América.
Más allá de la derrota del progresismo los resultados de las elecciones contienen otras significaciones, entre ellas, que la vertiente histórica del movimiento popular se ratifica en su organicidad con los votos nulos obtenidos, que este voto no representa meramente un ritual democrático sino otra forma de protesta y movilización, que los bastiones del movimiento popular siguen estando en la ruralidad y las periferias urbanas, especialmente en los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, que los sectores de la pequeña burguesía urbana que se prendieron al MAS en su fase de ascenso fueron depurados quedando bastante mal parados políticamente hacia el futuro, que el voto nulo puede convertirse en instrumento de crítica del régimen político con potencialidades altamente corrosivas, que las posibilidades de la democracia liberal para continuar dando aliento al capitalismo dependiente tienden a agotarse, y que la apuesta restauradora de la burguesía enfrentará una dura oposición popular, en especial del movimiento agrario el cual ha madurado su consciencia para las batallas futuras.
Nota:
[1] Ver: Molina Fernando, Modos del privilegio: alta burguesía y alta gerencia en la Bolivia contemporánea, CIS, La Paz 2019.
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