Que la policía boliviana tortura no es un secreto para nadie. Basta ver los moretones con los que a menudo aparecen los detenidos que son presentados a los medios para mostrar el éxito de la fuerza del orden. Por eso, la decisión del Gobierno de enviar al Ministerio Público a los siete policías acusados de […]
Que la policía boliviana tortura no es un secreto para nadie. Basta ver los moretones con los que a menudo aparecen los detenidos que son presentados a los medios para mostrar el éxito de la fuerza del orden. Por eso, la decisión del Gobierno de enviar al Ministerio Público a los siete policías acusados de tortura y asesinato del supuesto atracador Olorio Apaza en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de El Alto es inobjetable. Sirve de advertencia contra la impunidad.
Pero también es cierto que este hecho logró previamente un impacto en la opinión pública a través de los medios, lo que no suele ocurrir con muchos casos de «pinches» rateros que acaban molidos a palos en las comisarías bolivianas, como un «eficiente» método para conseguir confesiones. Después, en muchos casos, quedarán en un limbo judicial en la cárcel, sin ser juzgados durante años.
Por eso es importante que este caso no quede solamente como la acción de siete «malos policías» sino que sirva de impulso a la reforma policial que el ministro Sacha Llorenti se propone realizar pero, como sabemos por otros casos en América Latina, resulta enormemente difícil. Lo mismo vale para la corrupción. Como señalan muchos conductores, la nueva ley que quita la licencia a los ebrios lo que hizo en verdad fue subir el precio de las coimas. Ya no bastan cinco pesitos para seguir camino: ahora el «cariño» hacia los uniformados se multiplicó varias veces. Y, finalmente, está la cuestión de la seguridad: subir penas a los reincidentes puede ser útil o no, pero si nos quedamos ahí no nos diferenciamos mucho del discurso de la «tolerancia cero» de las derechas conservadoras continentales. En muchas reuniones, dirigentes del MAS y funcionarios gubernamentales se quejan que el Estado colonial está blindado a los cambios. Es cierto, aunque el problema es más complejo. No cabe duda que en Bolivia hubo y hay colonialismo interno. Pero no basta con esa constatación: todos los estados -coloniales o no- están blindados para la izquierda. Por eso el «problema del Estado» (como maquinaria de dominación de la burguesía, como espacio de lucha hegemónica…) fue el núcleo de las discusiones en la izquierda radical y no radical. Max Weber ya advertía en Alemania que a la larga, no es la socialdemocracia la que se adueña de las municipalidades o el Estado, sino que, al revés, es el Estado el que se adueña del partido.
La democratización radical debe incluir, sin duda, el problema del colonialismo interno, pero en el marco de una perspectiva más amplia sobre la emancipación. Si se transforma en el «núcleo obsesivo» de todos los debates, limita más de lo que amplía las discusiones. En un proceso de cambio como el boliviano, la policía simplemente no puede torturar. Pero tampoco pueden seguir ganando salarios miserables, ser humillados por los superiores ni seguir careciendo de la más mínima formación. La reforma policial no puede ser solamente un asunto del Ministerio de Gobierno, ni siquiera de todo el Gobierno, sólo es posible mediante un debate nacional amplio, y sin dejar de lado otras experiencias internacionales que lograron buenos resultados. Pero esto es en teoría, en la práctica ¿hay realmente interés en discutir estos problemas?