El Protocolo de Protección a Migrantes del Gobierno de Estados Unidos y la falta de asistencia humanitaria del Gobierno de México ponen en peligro la vida de los solicitantes de asilo en el estado de Tamaulipas. El Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados Unidos y la […]
El Protocolo de Protección a Migrantes del Gobierno de Estados Unidos y la falta de asistencia humanitaria del Gobierno de México ponen en peligro la vida de los solicitantes de asilo en el estado de Tamaulipas.
El Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados Unidos y la falta de asistencia humanitaria del Gobierno de México ponen en peligro la vida de los solicitantes de asilo en el estado de Tamaulipas, advierte Médicos Sin Fronteras (MSF). El MPP obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se procesan sus casos, quedándose en ciudades como Matamoros, donde la infraestructura deficiente y los altos niveles de violencia, incluidos el secuestro, la extorsión, el robo a mano armada y la violencia sexual, ponen en riesgo su salud y sus vidas.
«Es inaceptable que personas vulnerables, mujeres, niños, familias y hombres sean forzados a vivir en condiciones de riesgo debido a la violencia de las redes criminales y también al trato inhumano al que son sometidos por parte de México y Estados Unidos», advierte el doctor Marcelo Fernández, coordinador general de MSF en México.
Esta política migratoria enfrenta a los solicitantes de asilo a secuestros, extorsiones, asaltos armados y violencia sexual, sin ningún tipo de protección. Sumado a esto, ciudades como Matamoros no están preparadas para recibirlos debido a la falta de albergues y condiciones salubres.
Desde que el MPP se implementó en Matamoros, en agosto de 2019, MSF ha sido testigo del retorno obligado de cien solicitantes de asilo al día y la falta de infraestructura para recibirlos. Algunos pasan la noche a la intemperie en tiendas de campaña, expuestos a los contextos de violencia que desencadenan los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, que se disputan el control de actividades criminales en la ciudad.
Actualmente, MSF ofrece asistencia médica y psicosocial a migrantes y refugiados en varios albergues -saturados- de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas, considerado uno de los estados con mayores niveles de peligro más altos de México, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Desde que la organización médico humanitaria denunció, a principios de julio, que Tamaulipas no es un lugar de recepción seguro para quienes solicitan asilo en Estados Unidos, la situación no ha cambiado, al contrario, ha empeorado al incluir a Matamoros, como uno de los puntos de recepción para estas personas.
«Me llevaron de vuelta a Matamoros con mi hija y las autoridades mexicanas no me dieron ningún tipo de información sobre los albergues, o sobre dónde podría pasar la noche. No sabía dónde ir. No conozco este lugar, pero sé que es peligroso», dice Mónica*, solicitante de asilo originaria de Honduras y paciente de MSF.
Además del alto grado de vulnerabilidad al que están siendo expuestas estas personas, a MSF le preocupa que una de las medidas más recientes que el Gobierno de México ha comenzado a implementar sea el traslado de estos grupos de solicitantes de asilo hacia el sur del país. Esto pone de nuevo en peligro sus vidas, porque obliga a las personas a volver a su punto de partida, condenándolas a reiniciar sus trayectos hacia el norte por rutas altamente peligrosas.
Entre junio de 2018 y junio de 2019, el 45% de los 2.315 pacientes de salud mental (migrantes, solicitantes de asilo, refugiados o retornados) atendidos en Reynosa y Matamoros, manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia durante la ruta migratoria. De ese 45%, el 33% aseguró haber sido agredido físicamente y el 19% sufrió violencia sexual.
MSF pide al Gobierno de los Estados Unidos que deje de enviar a los solicitantes de asilo a lugares donde se enfrentan a violencia y persecución. También solicita a los Gobiernos de Estados Unidos y México que detengan estas políticas de migración dañinas que ponen en peligro la vida de las personas. Ambos Gobiernos deben implementar medidas que protejan a las personas desplazadas y garanticen la asistencia humanitaria que se necesita con urgencia.