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La propiedad intelectual farmacéutica y su amenaza para la salud pública

Fuentes: Viento Sur

La gran pandemia de nuestro siglo ha provocado una crisis de salud pública sin precedentes, evidenciando radicalmente problemas estructurales inherentes a la sociedad capitalista.[1]

Una de sus muchas consecuencias es que discursos y reivindicaciones hasta el momento minoritarias hayan llegado con fuerza al debate público. Defensores del ecosocialismo como Rob Wallace, Andreas Malm o Mike Davis,  han ganado visibilidad a través de publicaciones o actualizaciones de sus escritos, reafirmando la relación entre las pandemias que acosan a la humanidad en los últimos años y el sistema de producción global capitalista.[2]

Otra de estas luchas, a la que antaño apenas dábamos espacio en la agenda pública, es la lucha por el acceso justo a la innovación farmacéutica, especialmente a medicamentos y vacunas. Actualmente nos encontramos en un momento crucial, en el que varias vacunas están a punto de empezar a utilizarse. El Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna de Pfizer / BioNTech, y también el primero en empezar a vacunar. A pesar de ello, aún queda mucho trabajo por hacer antes del previsible control de la pandemia mediante la vacunación.

Mascarillas, respiradores, pruebas de detección, fármacos como Remdesivir o vacunas que aún se hallan en fase III se han convertido en mercancías de especulación rápida, y cabe esperar que así siga, como mínimo, hasta alcanzar la preciada inmunidad colectiva. El afán por asegurar el suministro de vacunas ha empujado a los países ricos a acaparar más del 50% de las compras anticipadas de las vacunas no autorizadas, y según la organización británica Global Justice Now, el 80% de las vacunas que podrá elaborar Pfizer para el año 2021 están comprometidas para países ricos, cuando estos estados solo representan el 14% de la población mundial. Recientemente la OPS ha denunciado que, para los países latinoamericanos, la vacunación del 20% de su población supondría cuadruplicar el presupuesto actual en vacunas, mientras que vacunar al 100% de la población conllevaría un gasto 12 veces mayor. El egoísmo y la competitividad que caracterizan el sistema han quedado al descubierto.

Por su parte, la Unión Europea ha pasado de un “nacionalismo de un solo país” en la primera ola, a un “nacionalismo europeo”, comprando millones de dosis de vacunas a través de contratos opacos, condenando a los países empobrecidos a listas de espera y problemas de desabastecimiento graves.

Salud pública y acceso a medicamentos en la era de las patentes

David Harvey acuñó el concepto ‘acumulación por desposesión’ para denominar el proceso de mercantilización de bienes comunes que los adeptos a la teoría neoliberal promocionan desde finales del siglo XX. Por supuesto, el conocimiento científico médico, que por definición es un recurso que por su naturaleza indivisible e inmaterial, y cuya replicación y distribución forma parte claramente del interés público, sufrió su propio proceso de privatización en los años 1980. Coincidiendo con el auge del neoliberalismo, se multiplicaron a lo largo del mundo las leyes relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Daniel Bensaïd, recuperando a James Boyle, llamó a este proceso “los nuevos cercamientos”, comparándolo con las expropiaciones de los bienes comunales durante la acumulación originaria del capital.[3]

Quizá la más famosa, y la que más impacto tuvo para la industria farmacéutica, sea la ley Bayh-Dole (1980), que autorizó a instituciones financiadas con fondos públicos a patentar sus investigaciones, algo prohibido previamente, con lo que el contribuyente se movilizaba económicamente dos veces: como contribuyente y como inversor.[4]

Este proceso de privatización de la propiedad intelectual cristaliza a nivel internacional con las sucesivas rondas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que terminan con el Acuerdo de Marrakech de 1994. Este acuerdo significó la conversión del GATT, fundado en 1947, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), nacida el 1 de enero de 1995. Supuso una reforma radical del sistema global de intercambio, con una consecuente liberalización enmarcada en el proceso de  globalización. La creación de la OMC supuso también una profundización de la desigualdad Norte-Sur global, ya que leyes que beneficiaban a los países ricos tuvieron que ser aceptadas por los países más desfavorecidos como requisito para poder participar en la OMC.

En este mismo acuerdo se incluye el anexo 1C, o Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que desarrolla los pilares fundamentales de la propiedad intelectual, incluidas las patentes farmacéuticas. En este anexo se especifica qué se puede patentar y qué no, los derechos que confiere una patente a su titular, la duración de la exclusividad de producción, comercialización y distribución de la innovación patentada (el plazo de vigencia de la patente), y también las normas jurídicas que regulan el incumplimiento de patente.

Es importante recordar que este anexo fue una imposición de EE UU, Japón y algunos países europeos, que presionaron para incluir todas las propuestas del Comité de Propiedad Industrial de los EE UU, integrado entre otras por las empresas Dupont, General Motors, IBM, Merck, Monsanto, Pfizer, y Johnson & Johnson.[5] Las normas del derecho internacional en materia de propiedad intelectual fueron redactadas según los intereses de estas grandes multinacionales, provocando una redistribución de riqueza y poder hacia ellas. En cuanto a medicamentos y vacunas se refiere, supone una derrota histórica de la salud pública en detrimento del derecho al acceso a medicamentos.

Recientemente conocíamos como los mismos países que crearon este sistema se han puesto una vez más del lado de las farmacéuticas, negándose a liberar los derechos de propiedad de las vacunas y medicamentos contra el virus.[6] La historia se repite y pierden las de siempre.

La propiedad intelectual como herramienta de acumulación de capital

Gracias a los cambios en el sistema de patentes, la industria farmacéutica prospera significativamente, siendo en la actualidad una de las industrias más rentables,[7] con márgenes de beneficio que superan el 30%. La evolución de las leyes internacionales de propiedad intelectual, especialmente las relacionadas con las patentes, son responsables de la progresiva pérdida de las salvaguardas que antaño garantizaban una alianza mutuamente beneficiosa entre la industria farmacéutica y la sociedad. Vamos a analizar una por una las fallas más graves del sistema:

Financiación pública y beneficio privado

La ley Bayh-Dole abrió el camino a la privatización de los beneficios del conocimiento científico, un proceso que no ha dejado de crecer desde entonces. A pesar de que una gran parte de la inversión necesaria para crear nuevos medicamentos o vacunas proviene del sector público, ya sea en Universidades o Centros de Investigación, éstas suelen salir al mercado a precios muy altos, debido a la falta de competencia que provoca la exclusividad del derecho de patente.

Esta situación se ha repetido durante la pandemia. Se han producido enormes esfuerzos e inyecciones de dinero público en investigación y desarrollo (más de 4000 millones de euros), y aún así las vacunas no saldrán al mercado a precio de coste, ni siquiera las desarrolladas con 100% de financiación pública como la vacuna de Moderna. Sólo AstraZeneca se ha comprometido a comercializar su vacuna a 3 o 4 euros la dosis, afirmando que ese es el coste de fabricación. Como explicaremos más adelante, el coste real de fabricación es secreto, por lo que no sabemos si este es un precio justo.

Mercado oligopólico: grandes beneficios y escasez de innovación

El derecho de patente otorga la exclusividad de desarrollo, producción y comercialización del invento durante al menos 20 años. La mayoría de medicamentos, vacunas, o principios activos, están protegidos por lo que se conoce como arquitectura de patentes: no se patenta solamente el producto final, sino todos los procesos y modificaciones moleculares que utilizan para su desarrollo, por lo que al final un medicamento está protegido por decenas o cientos de patentes. Esto impide el desarrollo de genéricos a precios reducidos durante muchos más años. Un ejemplo claro de oligopolio es el mercado de las vacunas, en el que el 80% se concentra en tan sólo 4 empresas: Sanofi, Merck, Pfizer y GlaxoSmithKline (GSK).

La gran rentabilidad que esta exclusividad supone, no se ha traducido en un mayor gasto en innovación por parte de la industria farmacéutica. De hecho, apenas han dedicado parte de sus ganancias al desarrollo de moléculas innovadoras. En los últimos años se han especializado en desarrollar y vender medicamentos muy parecidos a moléculas antiguas, los llamados fármacos yo-también.[8] Estos medicamentos no suponen un beneficio terapéutico, pero son patentables, por lo que se utilizan para darle más vida a los oligopolios. Esto provoca una inflación constante de los precios de los nuevos fármacos, sean o no mejores que sus predecesores. Según un estudio alemán, publicado en la prestigiosa British Medical Journal, más del 50% de los fármacos y moléculas comercializados en Alemania entre el 2011 y el 2017 eran copias que no aportan ningún beneficio clínico.[9] La industria farmacéutica de hoy en día dedica gran parte de su facturación a campañas publicitarias para promocionar el uso de los fármacos yo-también.

En países como la India, con leyes de patentes más avanzadas, este tipo de moléculas no son patentables, ya que existe la obligación de demostrar un beneficio cuantificable de la innovación.

Lanzamiento secuencial, falta de transparencia y desabastecimientos

Las cadenas de producción globalizadas, basadas en procesos de deslocalización, y utilizadas como mecanismo de aumento de la explotación, provocan desabastecimientos en países vulnerabilizados, ya que la industria farmacéutica tiene una política de ventas conocida como lanzamiento secuencial: sus productos llegan primero a los mercados más dispuestos a pagar por ellos. Esto hace que las existencias puedan acabarse antes de llegar a los países más empobrecidos. Los precios son negociados primero en países con gran capacidad de gasto, como Estados Unidos, garantizando un precio de partida muy alto, para después negociar secuencialmente país por país. La pandemia no ha sido una excepción, y el ejemplo más claro son las declaraciones de Paul Hudson, CEO de Sanofi, que en mayo afirmaba que, si conseguían la vacuna, su primer receptor sería EEUU gracias al dinero invertido por Trump en investigación.

Además, los Estados firman con las empresas acuerdos de confidencialidad muy estrictos, por lo que resulta muy difícil saber cuánto están pagando realmente competidores estatales cercanos por los mismos productos. Esta situación provoca un desequilibrio a favor de la industria farmacéutica, que gana mucho poder de negociación, y conlleva una especulación al alza de los precios. Esta falta de transparencia, amparada en el secreto comercial y tolerada por los Estados, no sólo causa un aumento de los precios, sino que hace más difícil la tarea de obtener evidencia científica sólida sobre los nuevos fármacos. Esto reduce la capacidad de las Administraciones y organismos públicos de tomar decisiones informadas y provoca que la industria se beneficie de grandes operaciones que podríamos llamar directamente estafas, como fue el caso del Tamiflu (Oseltamivir) en 2009-2010, un fármaco contra la gripe A. El Estado español gastó 333 millones de euros y posteriormente se demostró completamente ineficaz.

Rentabilidad por encima de la salud pública

La actual agenda de investigación de la Big Pharma responde únicamente al beneficio privado. Esto provoca situaciones nefastas, como que la inversión en medicamentos para la disfunción eréctil supere con creces a la inversión en nuevos antibióticos o antivirales.

Además, la financiación pública se ha rendido a los intereses de las empresas, por lo que áreas de investigación que no resultan rentables simplemente no se financian. A pesar de los ejemplos recientes de epidemias y pandemias como el SARS, el MERS, el H1N1, el Ébola o el Zika, la investigación en enfermedades víricas y bacterianas no era considerada, hasta la pandemia actual, un área rentable para la industria, por lo que inmediatamente superados esos brotes de enfermedades emergentes se detuvo en seco su investigación.

Es particularmente sangrante el caso del Ébola, cuya vacuna se descubrió en 1999, pero al no ser rentable nunca fue desarrollada. Cuando la pandemia asoló el continente africano, era demasiado tarde.[10] Otro ejemplo es FAV-Afrique de Sanofi, retirado del mercado en 2010. Era el antídoto más potente contra las mordeduras de serpiente, un problema de salud pública en muchos países africanos. La pobreza de estos países hizo que no fuese rentable su comercialización, a pesar de afectar gravemente a más de medio millón de personas al año.

La consecuencia más evidente: precios abusivos

No sólo la falta de rentabilidad condiciona la investigación y el desarrollo, sino que la fijación de precios en las fases de comercialización está profundamente afectada por el sistema de patentes. A partir de la fundación de la OMC en 1995 y la aplicación mundial de las leyes de propiedad intelectual, los precios que los Estados pagan por los fármacos no han dejado de crecer, y han provocado crisis de salud pública en varias partes del mundo. Ejemplos claros son el VIH/SIDA en África, la hepatitis C en Brasil (caso que también afectó directamente al Estado Español), o la Insulina en EEUU.

Lejos de lo que podría parecer, estos precios abusivos también afectan de forma directa a los países más favorecidos por el sistema. En el Estado Español, la llegada de medicamentos muy caros, como los anti-cancerígenos de nueva generación, han provocado que se dispare en los últimos años el gasto en productos farmacéuticos y sanitarios del Sistema Nacional de Salud. El gasto ha aumentado de 2014 a 2019 un total de 4727 millones de euros, un 25% más (de 18.888 millones a 23.615 millones).[11]

Este fenómeno de fijación de precios basado en los oligopolios farmacéuticos provoca escasez y desabastecimientos en el Sur global, y supone una amenaza para los sistemas públicos de salud en los países del Norte, que podrían estar invirtiendo este dinero en reforzar la atención primaria o las estructuras de salud pública.

Conclusiones: acabar con un sistema nefasto

La carrera por la vacuna para la Covid-19 ha puesto de manifiesto que necesitamos una industria farmacéutica que vele por el interés público. Las patentes se idearon para proteger a los inventores y evitar la competencia desleal a través de estrategias de ingeniería inversa, pero en los últimos años hemos presenciado un viraje hacia un uso fraudulento de las mismas en medicina. Como hemos visto, nuestra estructura legal permite patentar casi cualquier cosa, condenando a las arcas públicas a invertir indefinidamente una parte cuantiosa del presupuesto público en medicamentos que apenas aportan innovaciones significativas respecto a sus predecesores. Los gobiernos deben ser una herramienta que evite los abusos de la industria farmacéutica, velando siempre por los intereses del pueblo y por garantizar su derecho a la salud. Para ello, es fundamental cambiar las reglas del juego.

En primer lugar, acabar con los secretos comerciales y la falta de transparencia, obligando a la industria a hacer públicos todos los datos de los ensayos clínicos, y no sólo presentarlos a las agencias reguladoras o a los altos cargos estatales. También debe existir transparencia en los costes de la investigación, y en los precios que pagan los Estados por los medicamentos y vacunas, además de los criterios de coste-efectividad tenidos en cuenta para aceptar la financiación y la compra.

Debemos caminar hacia un escenario de eliminación del sistema de patentes, sustituyéndolo por fórmulas de colaboración y de creación colectiva de valor público, que aseguren el acceso a la innovación con precios justos a todas las capas de la población.

La innovación debe seguir criterios de salud pública por encima de criterios de rentabilidad. Para asegurarse de que esto ocurra, necesitamos herramientas estatales de desarrollo de esta innovación, por lo que será fundamental una gran inversión pública en investigación, y la creación de una industria farmacéutica nacional, además de explorar fórmulas de gobernanza europeas y mundiales.

Así como la desafección por la política tiene sus causas en que el poder está cada vez más alejado de las instituciones públicas, y más cercano a las multinacionales y al capital, la reticencia vacunal y el movimiento antivacunas beben de la constatación de que el sistema que las produce es un sistema podrido, y que la ciencia y la tecnología han sido profundamente privatizadas y mercantilizadas.

En definitiva, la única forma de asegurarnos que tenemos un sistema de innovación y desarrollo justo y equitativo, que consiga que los logros de la ciencia pasen a beneficiar a todas y todos, es aumentar el control estatal frente a las lógicas empresariales, y democratizar todos los eslabones de la cadena. Esto sólo será posible desmantelando completamente el sistema actual.

Jorge Luis Díaz es MIR de salud pública y máster en salud pública. Álvaro Arador es sociólogo y máster en salud pública.

Notas:

[1] https://www.anticapitalistas.org/textos-de-combate/la-crisis-sanitaria-de-la-covid-19-una-perspectiva-anticapitalista/

[2] https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/entrevista-rob-wallace-grandes-granjas-grandes-gripes

[3]  El dominio público contra la privatización del mundo. Daniel Bensaïd. Viento Sur. http://danielbensaid.org/El-dominio-publico-contra-la-privatizacion-del-mundo?lang=fr

[4] Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model: https://kenney.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/332/2018/03/reconsidering-the-Bayh-Dole-Act-and-the.pdf

[5] Bergel S, Bertomeu MJ. Medicamentos esenciales, patentes y licencias obligatorias: Doha no es la respuesta. Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason. 2020.

[6] https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/espana-paises-ricos-patentes-covid-farmaceuticas-compra-vacunas

[7] Salvaguardas, deriva institucional e industrias farmacéuticas. Abel Jaime Novoa Jurado; Juan Gérvas Camacho; Carlos Ponte Mittelbrunn. (2014).

[8] Derechos de propiedad intelectual e innovación. Benjamin Coriat y Fabienne Orsi. CEPN-IIDE, UMR CNRS 7115, Université Paris 13. 2007

[9] New drugs: where did we go wrong and what can we do better? https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4340

[10] https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-06-18/rino-rappuoli-vacunas-antivacunas-tosferina_1399987/

[11] https://www.diariofarma.com/2020/04/14/el-gasto-en-productos-farmaceuticos-y-sanitarios-del-sns-en-2019-alcanzo-los-23-616-millones-un-45-mas#:~:text=El%20gasto%20p%C3%BAblico%20en%20medicamentos,5%25%20con%20respecto%20a%202018.

 Fuente: https://vientosur.info/la-propiedad-intelectual-farmaceutica-y-su-amenaza-para-la-salud-publica/

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