Por medio de una campaña mediática muy bien coordinada con los medios de comunicación empresariales en Bolivia, que para remontar a nivel internacional cuenta con el apoyo de asesores que pasan por periodistas, como es el caso de Fernando Molina que escribe para “El País” de España, el gobierno de Luis Arce intentó mostrar el bloqueo de carreteras en Bolivia como si nada más se tratara de una lucha motivada por las ambiciones políticas del expresidente Evo Morales.
Molina es un hábil operador que el año 2002 fue asesor de comunicación del ex presidente de derecha Gonzalo Sánchez de Lozada (impulsor del modelo neoliberal en Bolivia) y que hoy se ha reacomodado como difusor de oficio de los planteamientos de Arce. Lamentablemente no es el único derechista reciclado en el esquema de gobierno en Bolivia. El vocero de Palacio, Jorge Richter, quien fue militante y candidato a diputado del partido del ex militar Manfred Reyes Villa, hoy es parte de la elite palaciega. Iván Lima, abogado que públicamente ha dicho que nunca fue militante del MAS ni le interesa serlo, se ha convertido en el consultor de cabecera de Luis Arce y el encargado, desde su oficina de ministro de justicia, de articular una red de tráfico de influencias con el poder judicial. El MAS es el “Movimiento al Socialismo”, partido que dirige Evo Morales y con el que Luis Arce fue elegido presidente en las elecciones de octubre del año 2020.
Hoy el MAS se ha alejado por completo del presidente Arce. Ya lo había decidido en su Congreso Nacional efectuado hace seis meses y por si quedaban dudas quedaron completamente disipadas con el bloqueo nacional de carreteras que efectúan las organizaciones de campesinos y mujeres campesinas, con el apoyo de trabajadores mineros, desde hace dos semanas. Por 15 días Bolivia tiene bloqueadas sus principales rutas que conectan La Paz con Santa Cruz, las dos principales regiones del país, ubicadas al occidente cerca de la frontera con Perú la primera y en el oriente yendo hacia la frontera con Brasil la segunda. En estas dos regiones vive el 60% de la población y entre ambas concentran el 80% del transporte de pasajeros y carga. No es poca cosa.
¿Y por qué es el bloqueo? En demanda de la realización de elecciones judiciales, en las que el pueblo elige con su voto a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esas elecciones judiciales se instauraron con la Constitución Política del Estado del año 2009, y desde entonces ocurrieron dos procesos electorales: el 2011 y el 2017. El pasado 2023 debía efectuarse la tercera elección.
Pero el gobierno de Luis Arce, a través de su ministro de justicia, el ya mencionado Iván Lima, y de parlamentarios afines como el diputado Juan José Jáuregui, que preside la estratégica “Comisión de Constitución y Justicia”, por donde debe pasar la ley de convocatoria a las elecciones judiciales, fueron frenando tal proceso, retardándolo hasta que se cumplieron los plazos constitucionales. En ese momento, cuando los magistrados del TC y el TSJ acabaron sus períodos de mandato (el 31 de diciembre de 2023) se autoprorrogaron de forma inconstitucional.
Eso motivó la protesta campesina. La propaganda del gobierno trató de mostrar el bloqueo de carreteras como una acción política que sólo buscaba relanzar la candidatura presidencial de Evo Morales. Pero es mucho más que eso: demanda que se cumpla un derecho constitucional, el derecho del pueblo a elegir con su voto a los jueces.
En estas dos semanas de bloqueo el gobierno no intentó ningún diálogo con los movilizados, y fracasó ordenando a la policía desbloquear las carreteras. Escenas de violencia se vieron cuando la policía actuó con la prepotencia que se espera de un gobierno de derecha, pero que no se esperaba de un gobierno que se dice progresista. Con tales actos represivos, Luis Arce ha terminado perdiendo el apoyo campesino a su presidencia. Podrá, si quiere, seguir pronunciando frases izquierdistas en sus discursos, pero en los hechos ya no cuenta con el apoyo de uno de los sectores sociales fundamentales para las transformaciones sociales en Bolivia y para la recuperación de la democracia luego del golpe de Estado del 2019.
¿Por qué el gobierno postergó las elecciones judiciales? Para llegar a un gris acuerdo, gestionado en mucho tiempo por el ministro Iván Lima con las máximas autoridades de la justicia, un acuerdo que podría resumirse de la siguiente forma: “les permitiremos que se prorroguen en sus mandatos, si colaboran no objetando judicialmente los contratos sobre el litio y los hidrocarburos”. El Litio y el Gas son las mayores riquezas naturales de Bolivia y en el último tiempo las negociaciones con empresas extranjeras han sido muy poco transparentes, al punto que uno de los hijos del presidente, Luis Marcelo Arce Mosqueira, un temperamental negociador de 31 años, ha sido señalado públicamente de participar en esas gestiones sin ser autoridad de gobierno. El ex presidente Evo Morales ha denunciado este trato ilegal de los gobernantes con los magistrados, un trato que ahora queda debilitado, luego que la presión social campesina está obligando a la Asamblea Legislativa a acelerar la convocatoria a elecciones judiciales, que deben realizarse en los próximos meses.
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