El aluvión noticioso suele confundir a la población. La mayoría de los medios de comunicación social ponen similar énfasis a la escasez de garrafas, la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la terminación del contrato del Estado con la italiana Euro Telecom, la pugna regional por la distribución de escaños parlamentarios, las elecciones […]
El aluvión noticioso suele confundir a la población. La mayoría de los medios de comunicación social ponen similar énfasis a la escasez de garrafas, la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la terminación del contrato del Estado con la italiana Euro Telecom, la pugna regional por la distribución de escaños parlamentarios, las elecciones del 4 diciembre, el posible adelanto de la asamblea constituyente, la interminable internación de vehículos de contrabando, la hojarasca de los programas de la partidocracia, la presencia del «gonismo» en el Tribunal Constitucional y la Corte Electoral, la inminente ampliación de ventas de gas al Brasil y la Argentina, la frustrada «refundación» de YPFB. etc., etc., etc., sin relacionar estos hechos tienen entre si.
Al tener en cuenta que un trillón de pies cúbicos de gas (TCF) genera un valor mínimo de 3.000 millones de dólares y que los 48 TCF que existen Bolivia, en reservas probadas y probables, movilizarán 144 mil millones de dólares, sin contar sus reservas de petróleo, se toma conciencia de los esfuerzos del capital transnacional por impedir que el país se beneficie de semejante negocio. Este es marco en el que los cerebros de la anti nación se congratulan por los enfrentamientos fratricidas y alientan la desintegración del país.
Lo paradójico es que las regiones se dan de dentelladas no por los beneficios del gas o del petróleo o de los recursos mineros, que, sin tomar en cuenta el hierro del Mutún, generarán exportaciones, en los proyectos «San Cristobal», «San Bartolomè» y «Kori Kollo», por 1.000 millones de dólares al año y sólo 20 millones para Bolivia, sino porque Santa Cruz y Cochabamba tendrán seis diputados más, a costa de La Paz, Oruro y Potosí. No se entiende que el tema de los escaños, magnificado por la miopía de dirigentes cívicos y parlamentarios de Potosí, La Paz y Oruro, está siendo utilizado como pretexto por las petroleras y dirigentes cívicos de Santa Cruz y Tarija para la auto convocatoria a la elección de prefectos y la «promulgación de una Constitución Política del Estado de carácter regional.
La fragmentada realidad hace que las ciudades del occidente del país estén bloqueadas por la escasez de garrafas de gas natural. Pero no surge la respuesta lógica: La expulsión de las transnacionales Chaco (Amoco y British Petroleum) y Andina (Repsol-YPF), que han recurrido a un planificado chantaje para lograr que el Parlamento derogue una Ley de Hidrocarburos que no ha cambiado casi nada, pero que se ha atrevido a aprobar mecanismos de fiscalización de la producción e incremento mínimo de impuestos, permanentemente evadidos hasta ahora.
Tampoco se ha denunciado que la «re fundación» de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha quedado en letra muerte, al impedirle contar, como mandó el referéndum del 18 de julio de 2004, con el 50 por ciento del capital accionario de Chaco, Transredes (Enron-Shell) y Andina, que detentan de manera ilegal las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), manejado por bancos suizos y españoles. Las compañías han impedido que YPFB se una a los emprendimientos que están realizando PDVSA de Venezuela, Petrobrás de Brasil y ENARSA de Argentina.
Y mientras Bolivia se desintegra, el enorme gasoducto del noreste argentino (NEA) avanza implacable hasta la frontera, a fin de incrementar las exportaciones de 7 millones a 30 millones de MCD. Petrobrás, asociada a empresas europeas y norteamericanas, exigen que las ventas bolivianas al mercado brasileño se incrementen de 30 millones a 100 millones de MCD, a través de un gasoducto que tendrá un diámetro 150 veces mayor que la ridícula cañería que transporta gas a La Paz y Oruro, donde la lucha por las garrafas de GLP se torna dramática para la subsistencia cotidiana.
Las agresiones mutuas impiden diferenciar a aliados y adversarios. Nadie reclama a la Federación de Empresarios de Santa Cruz por albergar en sus filas a las transnacionales petroleras. Empleados de las petroleras tuvieron y tienen cargos de ministros en los regímenes de Sánchez de Lozada, Bánzer, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez. Pero Bolivia carece, además, de un instrumento político, con presencia nacional y con la lucidez de preservar la existencia de un país, al que se le va terminando el oxígeno.