Como todos los 24 de marzo, Buenos Aires inunda sus avenidas de encarnada memoria sobre el más trágico horror del pasado reciente hasta converger en la histórica Plaza de Mayo. El domingo se conmemoró el 43° aniversario del último golpe cívico-militar que instauró el Terrorismo de Estado en Argentina, una de las sedes prácticas del […]
Como todos los 24 de marzo, Buenos Aires inunda sus avenidas de encarnada memoria sobre el más trágico horror del pasado reciente hasta converger en la histórica Plaza de Mayo. El domingo se conmemoró el 43° aniversario del último golpe cívico-militar que instauró el Terrorismo de Estado en Argentina, una de las sedes prácticas del Plan Cóndor. Los méritos del kirchnerismo resultan acotados y puntuales, pero entre ellos sobresale particularísimamente haber anulado las leyes de obediencia debida y punto final que legó la genuflexión de Alfonsín y -como si no bastaran de reaseguro de impunidad- los indultos con los que Menem benefició a los pocos condenados de entonces.
Esas revocaciones se acompañaron de una política enérgica y coherente, sostenida por un lado desde la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Eduardo Luis Duhalde y por otro de la Procuración General de la Nación, con Esteban Righi. Ambos amigos y compañeros fallecidos (el último muy recientemente) quienes fueron los principales responsables de la gran cantidad de juicios a los genocidas y de sus consecuentes procesamientos y encarcelamientos. Un verdadero ejemplo de alcance mundial ante la barbarie, que merece el más profundo reconocimiento. De este modo nos convocamos para reavivar la memoria y continuar avanzando hacia la verdad y la justicia. Y últimamente, año a año, venimos siendo cada vez más y el domingo no fue la excepción.
La principal razón del crecimiento en la convocatoria proviene del empoderamiento ciudadano que supone la vigencia de la justicia y el fin de la impunidad de los terroristas de estado, al menos de su fracción militar y policial es decir de los perpetradores directos, sin que se haya llegado aún a los sectores civiles y eclesiásticos, cómplices o partícipes directos del régimen. Algunas de las sinuosidades o retrocesos parciales en años previos, tuvieron que ver con la cooptación que el kirchnerismo ha hecho de algunos organismos de DDHH y las consecuentes divisiones que hasta llevaron a realizar dos o más marchas en el mismo día y en sentidos opuestos.
Pero en las últimas 4 ocasiones, fue el macrismo quien contribuyó a expandir la concurrencia, no por participar ni convocar a la movilización, sino por su política en el más amplio y ruinoso sentido: desde los DDHH, hasta la esfera económica, social, institucional, educativa, sanitaria, judicial, etc. Se recordará que Macri inició su mandato intentando designar por decreto a dos nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, algo inconstitucional hasta para la mirada de un ingresante a la facultad. Meses más tarde, y luego de los procedimientos previstos, el senado aprobó la designación de tales nuevos Ministros de la Corte. En el campo de los DDHH ese cuerpo ampliado acortó la pena de un represor condenado basándose en una ley llamada vulgarmente del 2X1 que existió en Argentina entre 1994 y 2001 con el objetivo de reducir la población carcelaria, compuesta en gran parte por personas con prisión preventiva y sin condena firme. El parlamento debió dictar una ley que restringe la aplicación de reducciones de condena para los delitos de lesa humanidad. Tampoco se privó el macrismo de provocaciones como la de un funcionario que puso en duda la cifra de 30.000 desaparecidos.
El amplio consenso social que tiene el desarrollo de los juicios contra los genocidas le impide al macrismo anularlos o siquiera -como en su momento propuso el ex Presidente Duhalde a quien no hay que confundir con el citado secretario de DDHH- un referéndum para suspender los juicios. Sin embargo, manipula y presiona a la justicia para lograr la lentificación burocratizada de su accionar y la bifurcación multiplicadora de causas y consecuentemente de testimonios. Tanto como logra que los jueces dispongan prisiones domiciliarias de los condenados, las que van en aumento en detrimento de los que se encuentran en diversas cárceles. De los 977 detenidos, 650 están bajo arresto domiciliario, 252 en penitenciarías federales, 74 en una unidad militar y sólo 1 en la gendarmería nacional. Al inicio del macrismo, había 439 en sus domicilios y 603 en las prisiones. La tendencia habla por sí misma.
Más allá de la magnitud incremental, se van ampliando los sectores sociales movilizados y con ellos las demandas, que exceden la esfera jurídica. Es que la política económico-social de Macri replica casi con exactitud la de la dictadura (habría que agregar que luego fue profundizada más aún por Menem). El documento consensuado por todas las organizaciones convocantes a la marcha unitaria habla explícitamente del «programa económico de miseria planificada» que pone en peligro hasta la propia «democracia (…) No tener derecho al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la vivienda, entre otros derechos fundamentales genera pobreza y hambre». Luego de reafirmar el carácter alarmante de las cifras se enfatizan los despidos masivos, «la entrega del país a los buitres, la persecución de los pueblos originarios, la persecución a militantes, las presas y presos políticos, la grave injerencia del gobierno sobre el Poder Judicial y retrocesos en el campo de memoria, verdad y justicia».
El futuro argentino no es alentador. Será muy largo y tortuoso el esfuerzo de reconstrucción, luego del derrumbe que deja Macri. Aunque es fundamental, como sea y con quien sea, que a alguien se lo deje.
Como entonces: Nunca Más.
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