Dueños de vidas y haciendas, cerca de 100 poderosos clanes familiares, que además controlan la agroindustria, el comercio exterior, la banca y los grandes medios de comunicación, dirigen desde el oriente y los valles de Bolivia la rebelión oligárquica contra el presidente indígena Evo Morales. Los clanes familiares ya se han apoderado de las tierras […]
Dueños de vidas y haciendas, cerca de 100 poderosos clanes familiares, que además controlan la agroindustria, el comercio exterior, la banca y los grandes medios de comunicación, dirigen desde el oriente y los valles de Bolivia la rebelión oligárquica contra el presidente indígena Evo Morales.
Los clanes familiares ya se han apoderado de las tierras más fértiles de Bolivia y han levantando gigantescos latifundios, sobre los que han edificado un creciente poder económico y político, manejando a su antojo las principales organizaciones empresariales, cívicas e incluso populares de las regiones orientales y del sur del país (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), desde donde conspiran para echar abajo al «indio presidente» e intentan armar su propio Estado, con su Parlamento y Policía propia y con el control absoluto sobre la tierras, los impuestos, la educación y los impuestos (ver «La oligarquía arma su propio Estado»).
Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), conocido por Econoticiasbolivia, este centenar de familias tiene en sus manos 25 millones de hectáreas, cinco veces más que dos millones de campesinos que trabajan en otras cinco millones de hectáreas y que subsisten a duras penas en los minifundios, degradados por la sobreexplotación agrícola y la baja productividad.
LOS DUEÑOS DE SANTA CRUZ
Su poder es enorme, especialmente en Santa Cruz, la región más próspera de Bolivia y donde se concentran las tierras más fértiles, los bosques y enormes yacimientos de gas, petróleo, minerales y biodiversidad. Allí, en el epicentro de la conjura secesionista, que tiene fuertes rasgos de racismo en contra de los altiplánicos y al amparo de bandas fascistas, los clanes familiares controlan la tierra, los negocios urbanos y el poder político (la prefectura y el comité cívico responden a su mandato).
Allí, según los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), tan sólo 15 acaudaladas familias disponen de medio millón de hectáreas de tierras fértiles y cercanas a los mercados, que equivalen, en superficie, a 25 veces el tamaño de toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es de 20 mil hectáreas y en las que viven un millón de personas.
Allí están los clanes de los Saavedra Buno, Monasterio Nieme, Justiniano Ruiz, Roig Pacheco, Rapp Martínez, Antelo Urdininea, Keller Ramos, Candia Mejía, Castro Villazón, Ovando, Fracaro, Sánchez Peña, Nielsen, Bauer y Elsner.
La familia Monasterios, por ejemplo, controla una superficie de tierras tres veces mayor a la ciudad de Santa Cruz. Mucha de esta tierra le fue entregada en calidad de dotación (gratuitamente) por los gobiernos militares y neoliberales, en un abierto tráfico de influencias, según la explicación del INRA y del Viceministerio de Tierras.
Otros que acumulan las tierras son los Gutiérrez (96 mil hectáreas), Paz Hurtado (76 mil), Gasser Bowles (72 mil). Los datos oficiales remitidos a Econoticiasbolivia apuntan que tan sólo los clanes de los Guiteras, Monasterios, Leigue, Yañez, Majluf, Antelo, Asbún y Salas Abularach se han apoderado de 3,1 millones de hectáreas en Santa Cruz y Beni.
En promedio, en Bolivia, una familia de terratenientes detenta un cuarto de millón de hectáreas (250 mil) de tierra fértil, en tanto que una familia campesina apenas posee una hectárea con poca capacidad productiva.
AMOS DE LA TIERRA Y DE LA VIDA
Entre estos grandes potentados también está el clan de los Marinkovic, que poseen, sin papeles legales, más de 26 mil hectáreas en la región oriental, seis mil hectáreas más que toda la superficie de la capital cruceña.
Según el director del INRA, Cliver Rocha, la familia Marinkovic no posee los títulos de propiedad sobre las tierras que reclama como si fueran suyas, siendo ilegal su intención de alambrar 14 mil hectáreas del pueblo de los guarayos.
El clan croata de los Marinkovic ha colocado a uno de ellos, a Branco, a la cabeza del Comité Cívico de Santa Cruz, y es, junto al prefecto (gobernador) Rubén Costas (otro racista millonario ganadero y latifundista), la cabeza visible del movimiento secesionista y conspirador.
Todos estos clanes familiares se han apoderado de las zonas más fértiles y son, literalmente, dueños de tierras, ríos, bosques, haciendas y vidas en el oriente boliviano, a pesar de los tímidos reparos de las autoridades gubernamentales. «Los ríos, lagunas y caminos son servicios públicos, son del Estado, y por tanto no son susceptibles de apropiación privada», dice Rocha, a modo de reclamo.
EL EJE DE LA OLIGARQUÍA
El poder de los 100 clanes, que emerge desde la tierra, se ha desarrollado en los últimos años con el creciente control y dominio que ejercen en el conjunto de la agropecuaria exportadora, la industria, la explotación sin límite de la riqueza forestal, el comercio exportador, la banca y los grandes medios de comunicación.
Los Marinkovic, por ejemplo, junto al clan de los Cronembol y dos transnacionales, una peruana y otra norteamericana, controlan toda la industria del aceite de soya y girasol, uno de los ejes del agropoder oriental. Poseen, además, casi la quinta parte de las acciones del Banco Económico, según los datos de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, además de otros lucrativos negocios.
La ganadería cruceña está en manos de los Kuljis, Áñez y Monasterios, tanto por la magnitud de sus hatos ganaderos como por el control que ejercen sobre los mataderos, frigoríficos y cadenas de supermercados. Todos ellos ligados a los gobiernos neoliberales.
Los Kuljis son accionistas del Banco Económico, propietarios de la papelera Empacar y de una gran curtiembre, dueños de la cadena televisiva red Uno y de la Universidad cruceña Mateo Kuljis.
Los Monasterios son dueños de grandes frigoríficos, accionistas mayores del Banco Ganadero y propietarios de la red televisiva Unitel, desde donde dirigen el mayor ataque mediático contra Morales. Los datos del INRA, muestran que la familia Monasterio poseía en Santa Cruz 78.340 hectáreas en el departamento, y en la capital tenía otras 20.505 hectáreas.
Otros que tienen gran peso en la banca son los Saavedra Bruno, que controlan casi la quinta parte de las acciones del Banco Nacional de Bolivia, el más antiguo del país.
Los informes de la Superintendencia de Bancos confirman el enorme peso que tienen los latifundistas en el paquete accionario de los bancos nacionales y muestran, además, que usan estos mecanismos para potenciar sus negocios y consolidar su poder. No extraña, por ello, que más de la mitad de los créditos otorgados por toda la banca hayan sido destinados a pequeños grupos empresariales de Santa Cruz y menos de la mitad a los otros ocho departamentos del país.
ENLAZADOS AL CAPITAL TRANSNACIONAL
Todos estos clanes están fuertemente penetrados por el capital transnacional, no sólo por el origen de muchos de ellos que provienen de descendientes de inmigrantes europeos (alemanes, croatas y serbios), sino también por sus articulaciones con empresas extranjeras.
No es extraño, por ello, que un tercio de la producción y exportación de soya y oleaginosas esté bajo el control de empresarios brasileños, varios de los cuales alquilan y/o compran tierras a los latifundistas nacionales. Otro tercio de la producción y exportación de tierras está bajo el control de empresarios argentinos y rusos y de pequeños productores menonitas y japoneses.
DUEÑOS Y SEÑORES DEL BENI
Más al norte, en las ubérrimas llanuras del departamento del Beni, la situación no es diferente. Allí es el reino de los clanes de los Guiteras, Llapiz, Sattori, Bruckner, Quaino, Dellien, Avila, Nacif, Antelo, Salek. Allí, 10 familias tienen un poco más de medio millón de hectáreas (534 mil), que es, en extensión, 500 veces más grande que toda la ciudad de Trinidad, la capital beniana.
Allí, como en Santa Cruz y Pando, una vaca vale más que una familia campesina. Allí, el poder político y económico se reparte entre padres, hermanos e hijos. Unos son autoridades regionales, otros diputados y concejales, otros son jefes militares y dueños de empresas.
Allí también imperan los Gasser, Elsner, Carruty y los Bauer Elsner. Todos ellos, que provienen de familias europeas, son los dueños de los principales negocios, accionistas de la banca y manejan a su antojo los cargos públicos, la justicia, la prensa y la administración pública. No es casual, por ello, que el prefecto (gobernador) sea uno de ellos: Ernesto Suárez Sattori, un ganadero latifundista y ex parlamentario de la fascista ADN (Acción Democrática Nacionalista del ex dictador Hugo Banzer).
LOS AMOS DE PANDO
Más al norte, en Pando, es el reino de los Sonnenschein, Hecker, Becerra Roca, Vaca Roca, Peñaranda, Barbery Paz, Claure, Villavicencio Amuruz, que gobiernan de la misma forma que sus pares de Santa Cruz y Beni.
Estas ocho familias concentran cerca de un millón de hectáreas de tierras fértiles, que equivalen a dos mil veces la extensión de la capital Cobija, donde gobierna con ellos otro millonario ganadero, el ultraderechista Leopoldo Fernández.
El gobernador Fernández es uno de los amos y señores de Pando y su influencia es tal que incluso el propio Morales le ofreció, hace un año y medio, que sea candidato por su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), para gobernar la rica región fronteriza con Brasil. Fernández lo rechazó, él no quiere nada con los indios.
CLANES RACISTAS
Estos clanes son visceralmente racistas y están convencidos de que los campesinos, a los que explotan como en los tiempos del feudalismo, valen menos que sus vacas, por lo que no conciben que uno de ellos sea el actual presidente de Bolivia. Estos grupos oligárquicos han estado, desde siempre, imbricados con el poder político. Han cogobernado con las dictaduras militares y han lucrado al máximo con los regímenes neoliberales democráticos y saben, muy bien, conservar sus privilegios.
Por ello, tras estar arrinconados parcial y temporalmente desde octubre del 2003, cuando una insurrección popular derrocara al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, al que respaldaron hasta último momento, los latifundistas comenzaron a recobrar el poder político regional, mediante la abierta confrontación con el titubeante y conciliador régimen indigenista de Morales, que busca, en el fondo, que las rancias élites de oligarcas compartan el poder con las emergentes élites indígenas (ver García Linera: Las élites comparten el poder).
CON EL CONTROL DE LAS MASAS
Con gran perspicacia, la oligarquía se ha aprovechado en los dos últimos años de los genuinos y legítimos deseos de la población por mejorar sus condiciones de vida y ha levantado las banderas de la autonomía y en contra del centralismo. Al pueblo le dicen y le convencen de que ahora, con la autonomía, los recursos económicos de la región ya no se irán lejos y servirán para dar empleo, pan y progreso a todos los cruceños. Este discurso caló hondo en la población civil y las organizaciones cívicas y populares, dada la ambivalente posición de Morales sobre las autonomías y el reciente recorte de recursos que hace a la región (les resta anualmente casi 200 millones de dólares del impuesto de hidrocarburos para pagar un bono para los más ancianos. Hasta el 2007 este beneficio lo pagaba el Estado y la petrolera estatal).
En este proceso, la oligarquía también ha exacerbado al máximo el racismo y los sentimientos más bajos del regionalismo y de menosprecio hacia los altiplánicos, que siempre han estado latentes en las regiones del oriente y sur del país.
No es casual, por ello, que los clanes controlen y dirijan a las masas, metan palo y amedrenten a los opositores con sus bandas fascistas (ver: En Santa Cruz reina el fascismo) y aprovechen al máximo los errores del presidente Morales, que poco o nada hace para abrir una brecha entre los clanes y las masas empobrecidas a las que explotan y utilizan en beneficio propio.
LA DEFECCIÓN DE MORALES
Atrapado por su política conciliadora y de respeto a la propiedad privada, Morales no apunta a quebrar el poder económico de los latifundistas, no va a expropiar la tierra de los latifundistas ni a redistribuirla entre los campesinos y pequeños productores urbanos.
Tampoco se orienta a quebrar la extrema explotación de la fuerza de trabajo que hace el gran capital. No quiere, por ejemplo, triplicar el salario mínimo a 1.800 bolivianos (el previsto para el 2008 es de apenas 577 bolivianos), tal como prometió en las elecciones del 2005 y con el que podría dejar a la oligarquía sin respaldo obrero y de gran parte de las clases medias. El gobierno tampoco ofrece acciones concretas para apoyar a los trabajadores del oriente en su lucha contra el capital (legislación laboral protectiva, prohibición de despidos, control sobre los empresarios, control de precios, etc).
En rigor, los dos años del gobierno de Morales no han significado un cambio positivo para los más pobres del oriente. Los pobres siguen igual o peor que antes, y Evo no les ofrece nada tangible: ni tierra ni salarios, no pone freno a la explotación laboral en el agro y menos en las ciudades y no contribuye a quebrar la hegemonía política e ideológica que tienen los clanes familiares sobre la población del oriente y los valles de Bolivia.
CONTROL SOBRE LAS TIERRAS
Por ahora, los clanes usan el respaldo de las organizaciones sociales, cívicas, empresariales e incluso sindicales para defender sus privilegios y organizan a los más pobres para enfrentar al gobierno indígena de Morales y su nueva propuesta de Constitución Política del Estado.
Esta nueva norma, que debe ser sometida a un referéndum nacional en el 2008 para tener validez jurídica, plantea la posibilidad de restringir la propiedad individual de la tierra a un máximo de 5 mil o 10 mil hectáreas (equivalentes a la cuarta parte o la mitad de la extensión de la ciudad de Santa Cruz que tiene 20 mil hectáreas).
Esta restricción lastima los intereses de los latifundistas y los obligaría, en caso de aprobarse, a redistribuir sus haciendas entre los miembros del clan familiar, tal como lo hacen desde los últimos años (las propiedades se subdividen a nombre de los hijos, hermanos, primos y otros familiares) para burlar la ley y evitar la denuncia pública de acaparamiento.
FRENO A LA INDIADA
El propósito principal de la oligarquía es retomar el poder político en la región y tomar el control total sobre la tierra, además de frenar a Morales y a la indiada, que a pesar de la promesas de Evo, quiere y pugna por eliminar a los latifundistas para acceder por fin a la tierra y a las posibilidades de una mejor vida para sus familias.
Con tres millones y medio de campesinos pobres sedientos de tierra y justicia, la posibilidad de una radical reforma agraria está más latente que nunca. El pasado 10 de septiembre del 2007, por ejemplo, la denominada «Cumbre de organizaciones sociales de pueblos y naciones indígenas originarias campesinas y organizaciones populares de las ciudades», con masiva presencia de dirigentes del MAS, aprobó una declaración que en su punto 9 establece la necesidad urgente de «expropiación sin indemnización del latifundio y su distribución inmediata entre productores y del campo y la ciudad que estén dispuestos hacerla producir en beneficio de la sociedad».
DOBLE PODER
Hasta ahora, la oligarquía ha logrado gran parte de sus objetivos. Ejerce, en los hechos, el poder político y gobierna cuatro de las nueve regiones de Bolivia (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, donde arrincona y persigue a palo a los disidentes), avanza en su propósito de moderar al máximo la tímida propuesta de Constitución de Morales e intenta legalizar, aunque sea parcialmente, sus estatutos autonomistas. Este lunes, en el inicio de un diálogo nacional con Morales ha logrado la doble promesa presidencial para que el Estado devuelva parcialmente los recursos a las regiones (200 millones de dólares) y para que se articule la nueva Constitución con los reclamos de autonomía regional.
Al interior de la oligarquía son visibles dos tendencias. Una, encarnada en el prefecto Rubén Costas y los clanes vinculados a los sectores productivos de la agroindustria, el comercio y la banca, que creen que deben seguir presionando a Morales para lograr un «gran acuerdo nacional» que preserve la vigencia de dos gobiernos en Bolivia, el de ellos en el oriente y el sur y el de Morales en el altiplano (ver En Bolivia hay dos gobiernos). La otra tendencia, representada por los clanes que mantienen para el engorde y la especulación inmensos latifundios improductivos y que tienen tierras sin sanear, y en la que se inscriben los Marinkovic, con fuerte peso en el Comité Cívico de Santa Cruz, son partidarios de avanzar con más fuerza hacia una autonomía más radical y con mayor confrontación con el poder central. Unos quieren consolidar lo que hoy ya han conquistado, los otros pretenden aún más.
EL ROL DE LA EMBAJADA
Unos como otros aguardan, sin embargo, los resultados del diálogo que los prefectos iniciaron con Morales y esperan nuevas señales de las diplomacias de Brasil, Argentina y Estados Unidos, que son vitales para ver hasta dónde avanzan en sus propósitos de construir su propio Estado al interior de Bolivia.
Según ha denunciado el gobierno, la Embajada de Estados Unidos es la que promueve y financia los intentos separatistas de la oligarquía. Las estrechas relaciones del embajador estadounidense Philip Goldberg con Costas y Marinkovic, y el financiamiento de la agencia norteamericana de cooperación Usaid a los políticos derechistas de oposición son prueba de ello y marcan la evolución de la política de Washington con relación al presidente Morales.
Hasta el 2002, el dirigente cocalero Evo Morales era considerado como el enemigo número uno de Washington. En ese entonces, el embajador Manuel Rocha amenazaba abiertamente a los bolivianos con suspender la ayuda económica y cortar relaciones diplomáticas si éstos se animaban a votar por Evo, al que consideraban ligado al narcotráfico.
Sin embargo, en el periodo 2003 – 2005, cuando el levantisco pueblo boliviano derribó a dos gobiernos neoliberales (Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa) y amenazó con expulsar a las transnacionales petroleras y mineras que saqueaban Bolivia, nacionalizando el gas, las minas y las tierras, Washington revalorizó el papel de Morales y decidió, aunque de mala gana, convivir con él, más aún cuando éste ganó las elecciones de fines del 2005 con el 54 por ciento de los votos. Ya en el poder, Morales atemperó los ánimos populares sobre la expulsión de las transnacionales y logró nuevos acuerdos con las petroleras, legalizando sus contratos y garantizando sus propiedades, sus inversiones y ganancias. Otorgó también amplias garantías para la propiedad y la inversión privada que cumplan con las normas y leyes.
Todo ello agrada a Washington, aunque no es suficiente para anular el creciente apoyo estadounidense a la causa de la oposición oligárquica. El alineamiento de Morales con los regímenes de Cuba y Venezuela, su tolerancia al cultivo limitado de coca, su permanente y estridente retórica antiimperialista y la amenaza de que los sectores radicales de indígenas y trabajadores desborden al presidente indígena (Ver: Mineros en pie de combate) hacen que la Embajada no confíe en Evo y busque, por el contrario, limitar su poder al altiplano, tal como actualmente ocurre.
La administración Bush fogonea contra Morales y ha enviado a su mayor experto en el separatismo como Philip Goldberg, que ya trabajó entre 1994 y 1996 como asistente especial del embajador Richard Holbrooke, uno de los estrategas de la desintegración de Yugoslavia y de la caída en 2000 del presidente Slobodan Milosevic. Goldberg promovió la separación de Serbia y Montenegro y también estuvo en Kosovo, generando conflictos entre serbios y albaneses. Ahora está en los andes bolivianos, alentando la rebelión de los 100 clanes.