En su última declaración del año, los obispos argentinos reiteraron conceptos extremadamente conservadores y deformantes de la realidad. El 18 de diciembre los recibe la presidenta. La separación de Estado e Iglesia, una necesidad. La Conferencia Episcopal elaboró a principios de noviembre su documento «Creemos en Jesucristo, Señor de la historia», con motivo de la […]
En su última declaración del año, los obispos argentinos reiteraron conceptos extremadamente conservadores y deformantes de la realidad. El 18 de diciembre los recibe la presidenta. La separación de Estado e Iglesia, una necesidad.
La Conferencia Episcopal elaboró a principios de noviembre su documento «Creemos en Jesucristo, Señor de la historia», con motivo de la Navidad. Con un timming político envidiable, decidió postergar su difusión, para no superponerse con el cacerolazo del 8-N ni el «paro general» de centrales opositoras. Cualquier mortal habría podido descubrir las notorias coincidencias del enfoque de los popes con esa salvaje oposición.
Con oportunismo político, monseñor José María Arancedo divulgó su escrito el 29 de noviembre. No tenía mucho tiempo para seguir con esos cálculos políticos -de criticar al gobierno sin quedar pegado a la oposición- pues desde el 1 de diciembre habría un clima más beligerante a raíz de la puesta en marcha de la ley de medios de la democracia y la desesperada resistencia de Clarín por impedirla.
Apenas se conoció la declaración, el aludido monopolio quiso instrumentarla más de la cuenta. Consciente del alto perfil crítico hacia Cristina Fernández, mintió con que el enojo de ésta había frustrado una reunión solicitada por los firmantes. Estos debieron desmentir al diario con nombre y apellido.
El vocero del Episcopado, Jorge Oesterheld, puntualizó: «nosotros le mandamos a la Presidenta un documento y contestaron rápidamente para reunirnos. La idea es saludarla para Navidad y entregarle el documento». La cita será el 18 de diciembre, en la Casa Rosada, como en noviembre de 2011, cuando Arancedo reemplazó a Jorge Bergoglio en el Episcopado.
Lo que sí es cierto es que el clima de aquel encuentro y el de éste no será tan amable. Esa vez el obispado había bajado los decibeles porque un mes antes CFK había ganado un nuevo mandato con 54 por ciento de los votos. Y frenado, en coincidencia con la jerarquía católica, el tratamiento del proyecto de despenalización del aborto. Apenas un diputado del kirchnerismo se hizo presente en la Comisión y no hubo forma de aprobar dictamen. Los obispos, felices.
Ahora la atmósfera será diferente, aunque nadie debería aguardar una ruptura ni portazos. Los obispos tienen todo fríamente calculado: no quieren jugar de punta de lanza de la oposición. Ese papel lo desempeñan satisfactoriamente prefectos, gendarmes, caceroleros, moyanistas, michelistas, ruralistas, delasotistas y, sobre todo, los que tocan el Clarín. Lo suyo es más sutil. Dicen que también en sotanas pueden caminar en puntas de pie, en peregrinación a Teflón, «la virgen» de las cacerolas.
Otro país
La realidad muestra una polarización, por ejemplo, con motivo de la entrada en vigencia completa de la ley de medios, hasta ahora saboteada por Clarín.
Sin embargo la cúpula de la Iglesia entendió que esa división en «bandos irreconciliables» tendría su origen en el «excesivo caudillismo que atenta contra el desarrollo armónico de las instituciones». ¿Quiénes acusan a un supuesto caudillismo, a la prepotencia o soberbia de la presidenta de afectar la vida republicana? Son varios: Joaquín Morales Solá, Elisa Carrió, Hugo Moyano, Mauricio Macri y otros respetuosos del libreto de Héctor Magnetto.
Según la visión obispal, por culpa de tal caudillismo (léase Cristina)- «se extiende el temor a que se acentúen estas divisiones y se ejerzan presiones que inhiban la libre expresión y la participación de todos en la vida cívica».
El gobierno sería entonces culpable de «presiones» que afectan «la libre expresión». No hace falta ponerse los lentes para advertir que esa sesgada crítica es una defensa de Clarín, la supuesta víctima de un Estado que estaría suprimiendo la libertad de prensa.
La misión de la Sociedad Interamericana de Prensa llegará este jueves a Buenos Aires, solicitada por Magnetto para que ayudarle a apagar el incendio que lo afectaría. Los obispos ya estaban en el lugar, varios días antes, con sus mangueras.
La declaración «Creemos en Jesucristo, Señor de la historia» volvió a sentar en el banquillo al «excesivo caudillismo que menoscaba la autonomía de cada uno de los poderes del Estado». «Esto es particularmente delicado cuando se trata de la independencia del Poder Judicial», añadió, en otra notable coincidencia con el pulpo mediático.
Hace tres años que para preservar sus privilegios, esa empresa viene denunciando al gobierno nacional, últimamente en cabeza del ministro de Justicia, Julio Alak, de afectar supuestamente la independencia judicial.
Los que lograron sospechosas cautelares de jueces jubilados y vueltos al despacho como subrogantes, que financiaron viajes de camaristas que debían entender en el proceso, que operaron con representantes de la corporación judicial y legisladores de la oposición en el Consejo de la Magistratura, etc, dicen que el Ejecutivo «presiona» a los magistrados.
Cuando se repasan esos párrafos del documento clerical surge tan nítida la identificación con la plataforma de Clarín que se puede dudar si Magnetto no habrá estado como obispo trucho en la plenaria. El relato de los obispos sobre la ingente pobreza, el crimen del narcotráfico, la proliferación del delito y la consiguiente inseguridad, los jóvenes que no estudian ni trabajan, etc, se confunde de país. Debe hablar de Colombia, Honduras, México o de ciudades de Estados Unidos o España. No de Argentina, que no es la octava maravilla del mundo, pero donde se vive relativamente mejor que en ese infierno descripto por el púlpito opositor.
La educación pública, que tuvo mejoras evidentes, también fue blanco, al afirmarse que hoy los más pobres no son los principales beneficiarios. Apuntando a la demonizada La Cámpora, se clamó que «la necesaria preparación para la vida cívica de niños y jóvenes debe excluir la politización prematura y partidista de los alumnos». La politización debe ser sólo del Partido de la Iglesia, desde la primera comunión.
Separar la Iglesia del Estado
Los conceptos de los obispos, por erróneos que sean, hacen a la vida democrática y está bien que se debatan. La institución tiene numerosas vías de comunicación: sus parroquias, escuelas y seminarios; sus aliados políticos y empresariales, sus propios medios y la agencia AICA, los medios afines y el rebote comunicacional que tendrá sobre la opinión pública su entrevista con la jefa de Estado.
En cambio hay ventajas que goza la Iglesia católica que son legales pero no legítimas. Son lo primero, porque el artículo 2 de la Constitución Nacional asegura que el Estado sostiene el culto católico. Son lo segundo porque ese apoyo deja en desventaja a otras religiones y pesan sobre el conjunto de la sociedad, que puede profesar una de éstas o ninguna.
Lo razonable es que cada religión se sostenga con el aporte de sus miembros, pero no es el caso de la rama católica. ¿Cuánto pone el Estado? Según el secretario de Culto, Guillermo Olivieri, 32 millones de pesos anuales, afectados al pago de salarios de 122 obispos, pasajes, financiación de casi 500 institutos de vida consagrada, etc.
Una investigación de la revista Miradas al Sur estimó en 2.500 millones de pesos lo puesto por Nación, contando también el sostenimiento de 3.638 escuelas primarias y secundarias confesionales. Los obispos reciben 13.000 pesos mensuales del Estado, equivalentes al 80 por ciento del salario del juez nacional de primera instancia, que superaba los 17.000 pesos a principios de año. En la práctica debe ser más porque Eduardo Duhalde dispuso considerar el salario de un magistrado con 30 años de antigüedad.
Aquella remuneración estatal fue dispuesta en 1977 por la dictadura militar-cívica, cabría agregar eclesiástica, con las firmas de Videla, Martínez de Hoz y Pastor («Ley» 21.850). Otro tanto con la disposición de abonar a los obispos que se jubilaban el 70 por ciento del sueldo del presidente de la Nación, excluyendo los gastos de representación («ley» 21540). Lo firmó el dictador y sus ministros Bardi y Guzzetti.
Es desconcertante que un gobierno con visos de real progresismo no ponga distancia con la retrógrada maquinaria de la Iglesia. La alimenta no sólo de bebé sino de adulta mayor, con tantos curas como Julio Grassi y hasta obispos acusados de pedófilos, como Edgardo Storni. Con ese dinero estatal, ese aparato se aprovisiona y embiste contra el matrimonio igualitario (donde fracasó) y la despenalización del aborto, bloquea los programas de educación sexual y hace lobby en sentido ultra conservador en la proyectada reforma al Código Civil.
Tantos privilegios, intromisión y medievalismo, demanda el debate político y cultural de la sociedad, y de una Asamblea Constituyente que reforme la Carta Magna.
Justo cuando comenzaban dos mega juicios por derechos humanos -ESMA II y La Perla-, los obispos recordaron «la deuda pendiente de nuestra reconciliación para una comunión fraterna que nos permita reconocernos y tratarnos como hermanos, aborreciendo el odio y construyendo la paz». Videla y otros 330 condenados dijeron amén. 