Desairada por el presidente Evo Morales, la dirección progubernamental de la Central Obrera Boliviana (COB) inició con escaso entusiasmo y muy poca fuerza la movilización popular para arrancar un nuevo sistema de jubilaciones, que beneficie a los trabajadores más pobres y supere el actual esquema neoliberal. La acción de los trabajadores, que intentan llevar adelante […]
Desairada por el presidente Evo Morales, la dirección progubernamental de la Central Obrera Boliviana (COB) inició con escaso entusiasmo y muy poca fuerza la movilización popular para arrancar un nuevo sistema de jubilaciones, que beneficie a los trabajadores más pobres y supere el actual esquema neoliberal.
La acción de los trabajadores, que intentan llevar adelante una huelga general indefinida y el bloqueo de caminos desde este martes, se da a 20 días del anunciado referéndum nacional que definirá si Evo, su vicepresidente Alvaro García Linera y ocho de los prefectos (gobernadores) se mantienen o no en sus cargos.
La lucha laboral se da tras que el proyecto de la nueva ley de pensiones, elaborado y presentado por la COB, fuera rechazado por el gobierno de Morales, que pretende, por el contrario, mantener parcialmente el actual sistema neoliberal de pensiones, aunque con modificaciones orientadas a lograr una mayor presencia del Estado en el manejo de los recursos y la extensión de los beneficios para los segmentos poblacionales excluidos del sistema.
Por lo menos, por ahora, la ruptura entre los sindicatos y el gobierno indígena-campesino se da parcialmente y a nivel de las cúpulas.
PROPUESTAS ENCONTRADAS
La propuesta de la COB plantea, en lo fundamental: i) reducir la edad de jubilación de 65 años a 55 para los trabajadores varones y de 60 a 50 años para las mujeres, ii) volver al sistema solidario para que los trabajadores activos aporten en una bolsa común para la jubilación de los viejos, y iii) eliminar la administración privada de los fondos de jubilación, hoy en manos de las AFPs Zurich Financial Services y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
El gobierno de Morales no acepta reducir la edad de jubilación en 10 años (aunque abre la posibilidad de disminuirla en 5 años), aprueba la salida de las AFPs Zurich y Banco Bilbao y quiere que los recursos sean manejados por el Estado, pero no acepta poner fin al sistema de aportes privados y quiere mantener un esquema mixto (uno solidario para la población de bajos ingresos y otro, manteniendo el actual, de beneficio individual según la cuantía de sus propios aportes).
UN SISTEMA PRIVATISTA
Los sectores empresariales y de derecha se oponen a ambos proyectos y exigen que el sistema privado, iniciado en el primer gobierno del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada en noviembre de 1996, mediante la Ley 1732 de Pensiones , se mantenga tal como está.
El actual sistema privatista, que reemplazó al solidario durante el neoliberalismo, se basa en la capitalización individual, donde cada trabajador realiza una contribución con destino a su propia cuenta individual, de la cual se beneficiará con una pensión de vejez cuando se jubile. Bajo este sistema, el trabajador aporta un 10 por ciento de su salario, además de 1,75 por ciento para un seguro de riesgo común que cubre accidentes ocurridos fuera del ámbito laboral y un 0,5 por ciento de comisión de las administradoras privadas. Además, existe un aporte de 1,75 por ciento patronal para un seguro de riesgo profesional, que cubre accidentes laborales.
PROTECCIÓN PARA POCOS
El sistema en vigencia beneficia a muy pocos. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan, en números redondos, que sólo el 10 por ciento de la fuerza laboral boliviana cotiza en el sistema de pensiones y está habilitada para tener algún día su jubilación, otro 10 por ciento ha dejado de cotizar y su situación es incierta, mientras que el restante 80 por ciento de la fuerza laboral está totalmente al margen del sistema de pensiones y, si todo sigue igual, nunca tendrá una jubilación.
En cifras absolutas, esto quiere decir que, en el actual sistema privado, 3,8 millones de ciudadanos, que hoy trabajan o buscan trabajo, no tienen derecho a la jubilación, que otro medio millón de bolivianos tendrán serios problemas a la hora de obtener una renta para la vejez y que sólo otro medio millón estará en condiciones de recibir un apoyo económico cuando ingrese a la tercera edad.
EXIGENCIA POPULAR
Por ello, la modificación del actual sistema es una demanda central de los trabajadores y de la dirigencia oficialista de la COB que confiaba en una respuesta positiva del gobierno de Morales, que había prometido, una y otra vez, eliminar el sistema privado de jubilación.
El proyecto de la COB plantea que todos los recursos que hoy están disponibles en el sistema sean transferidos a una cuenta común para atender a los trabajadores mayores de 55 años entre los varones y 50 entre las mujeres con una renta promedio que les permita vivir en condiciones dignas, en un nivel muy por encima del actual. Este fondo se consolidaría con los aportes de todos los trabajadores activos, aportes de los empresarios y una subvención de parte del Estado para otorgar más y mejores rentas para los asalariados.
El proyecto laboral sólo considera a los trabajadores asalariados e independientes que realizaron aportes y no toma en cuenta a los trabajadores por cuenta propia, comerciantes minoristas, sectores no asalariados y campesinos.
RESPUESTA OFICIAL
En cambio, la propuesta del gobierno, que aún está siendo afinada, plantea una renta mínima para los trabajadores que ganen y coticen muy poco, a través de un fondo solidario. El resto de los trabajadores asalariados e independientes obtendrían una renta de acuerdo a sus aportes individuales.
«Con el nuevo sistema de pensiones mixto (solidario y cuenta individual) propuesto por el gobierno, las personas que tengan bajos ingresos -por debajo de los Bs 1.400, equivalentes a 200 dólares- pasarán automáticamente al Fondo Solidario y podrán jubilarse con una pensión mayor a la que les correspondería por sus propios ahorros», dijo el viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, quien adelantó que esta semana el proyecto será presentado al Congreso Nacional.
El Fondo Solidario, según Pérez, estará destinado a reforzar el ahorro de las personas, para que puedan tener una pensión mensual que puede estar entre los Bs 397 (56 dólares) y los Bs 1.077 (153 dólares), dependiendo de los años de aporte de los trabajadores.
Éstas, sin embargo, son consideradas por la dirigencia laboral como rentas miserables. «En el Gobierno sigue habiendo gente neoliberal. Dicen que la propuesta de la Central Obrera Boliviana no es sustentable, pero lo que los trabajadores estamos pidiendo hoy es una renta digna, y tenemos que hacer respetar el proyecto presentado», aseguró el principal dirigente de la federación proletaria de Mineros, Guido Mitma.
MOVILIZACIÓN LABORAL
Los sindicatos afiliados a la Federación de Mineros llevarán desde este martes sus asambleas para movilizar a los compañeros. «Los bloqueos están tomados en cuenta, y en la asamblea general serán organizados», advirtió Mitma.
Otros que comenzaron a movilizarse en varios distritos del país fueron los maestros y trabajadores en salud, que ingresan en huelga desde este martes.
«La huelga general indefinida estará combinada con el bloqueo de caminos a nivel nacional. Todas la organizaciones afiliadas a la COB deben organizarse», manifestó el dirigente del magisterio urbano, Miguel Gómez.
Este lunes los preparativos eran intensos en Oruro, mientras en Cochabamba, en el centro del país, una marcha de la Central Obrera recorría el centro urbano reclamando una pronta atención a la demanda laboral.
INSTRUMENTOS DEL IMPERIALISMO
Como era previsible, la movilización y amenazas de los sindicalistas no agradaron al presidente Morales, quien acusó a los sectores más radicales de la COB de ser «instrumentos del imperialismo» y de favorecer con sus acciones a la derecha y a la oligarquía que conspiran para tumbarlo del cargo.
En respuesta, el ejecutivo de la Central Obrera de Oruro, Jaime Solares, acusó a Morales de ser un instrumento de Hugo Chávez. » Los mineros no podemos jubilarnos a los 65 años y por eso se propuso que la edad de jubilación sea de 55 años, a fin que los aportantes perciban algún beneficio, porque el minero muchas veces no llega a los 50 años».
«Aplicar el nuevo sistema de pensiones es otorgar una justa distribución y garantizar el pago de las pensiones a todos los bolivianos, lejos de tener administradoras o entregar esos fondos a instituciones que permiten que se gasten esos dineros como «deuda interna», dijo al advertir que en las próximas horas se acrecentarán las movilizaciones sociales.
CANDADO NEOLIBERAL
Desde la trinchera gubernamental, el vicepresidente García Linera advirtió, sin embargo, que no se cambiará el sistema de ahorro individual y que no se utilizarán esos recursos, calculados en 3.200 millones de dólares, como base para otorgar rentas más altas para los jubilados.
«Los recursos individuales -dijo- nadie los toca. Nadie, que los maltrate y los use para otros fines. Esas cuentas estarán mejor protegidas que en la actualidad e incluso garantizando que las inversiones que ahora se tienen con ese dinero sean más rendidoras y más seguras que las que se están haciendo hoy. Es simplemente definir los mecanismos y los candados que hagan que ese dinero, nadie toque bajo ningún pretexto y la ley fácilmente puede garantizar esto».
Según informes de la gestión pasada, las AFP «Previsión», del español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), y «Futuro», del grupo suizo Zúrich Financial Service, controlan más de 3.200 millones de dólares de los aportantes en cuentas individuales. En la visión del gobierno, éstos fondos seguirán en las cuentas individuales.
RENTAS DIGNAS O MISERABLES
El vicepresidente también cuestionó otras limitaciones del proyecto laboral. «La propuesta de la COB no es incluyente porque sólo protege a los trabajadores asalariados, discriminando y marginando a los sectores más golpeados por el modelo neoliberal (…) campesinos, transportistas y sectores de la economía informal», dijo.
Este cuestionamiento también es compartido por algunos sindicatos obreros y campesinos que consideran que la jubilación para todos sólo sería posible si se gravan impuestos directos sobre las transnacionales y empresarios locales que están ganando a manos llenas en Bolivia explotando los recursos naturales no renovables.
El gobierno tampoco menciona cómo podrá dar una jubilación a estos sectores excluidos del sistema, aunque ya en el pasado mencionó que ese beneficio ya se estaba dando con el bono pagado por la explotación del gas y el petróleo. En la gestión de Morales se amplió y mejoró el denominado «bonosol», instituido por el derrocado presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada y que consistía en el pago anual de una renta para todos los mayores de 65 años equivalente a 17 dólares mensuales. Con Evo en la presidencia, este bono, denominado ahora «Dignidad», es de 25 dólares al mes y se paga a todos los mayores de 60 años. Aunque este dinero apenas alcanza para que cada anciano pueda pagar diariamente un vaso de leche, un plato de comida y dos marraquetas (panes), la propaganda oficial la presenta como una «jubilación justa y universal».
DIÁLOGO Y TREGUA
En las últimas horas, el gobierno de Evo convocó al diálogo a la dirigencia oficialista de la COB para tratar de llegar a un acuerdo, que por ahora parece bastante lejano. Aparentemente, la intención oficial es evitar un conflicto con los trabajadores por lo menos hasta la realización del referéndum revocatorio del 10 de agosto, que ratificaría en sus cargos al presidente Morales, a su vicepresidente y a sus principales opositores en las prefecturas , según la percepción generalizada que se tiene actualmente en el país.