En febrero de este año, el gobierno de AMLO, hace público su proyecto de reforma Judicial, cuyos objetivos son; reducir la SCJN de 11 a 9 Ministros; eliminar dos Salas y que la Corte sesione en pleno; quitar la pensión a ministros futuros; elección por voto popular de Ministros, Magistrados y Jueces; sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial con su Órgano de Administración; desaparición de Fideicomisos judiciales cuyo dinero será ingresado al Fondo de Pensiones para el Bienestar y; prohibición de otorgar suspensiones (provisionales y definitivas) contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Me parece la iniciativa de reforma tiene un comparativo semisólido, con un referente claro con la Justicia en Bolivia donde hay elección de Jueces, destacando en sus transitorios que, aprobada la reforma, los poderes judiciales de los estados tendrán 180 días para adecuar sus leyes a la reforma nacional, lo que equivale que en todo el país se elegirán, también Magistrados y Jueces del fuero común. Destaca la reforma que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores sin mencionar si solo serán los sindicalizados o incluye a los trabajadores de confianza, que, aunque no tienen estabilidad en el empleo, su causa de rescisión solo se puede dar por terminación contractual o rescisión laboral por falta de probidad en el servicio, lo que tiene a 53 mil trabajadores de base y de confianza del poder judicial federal en “ascuas” sin que nadie aún les aclare el tema y se los demuestre por convenio.
Al no sentirse escuchados los trabajadores del PJF y al considerar que la Consulta Nacional no tuvo sustento y es un distractor nada más, decidieron tomar la calle y realizar un paro nacional indefinido, aunque mantienen guardias de asuntos urgentes, pero al fin un paro. Se prevén 30 candidaturas (10 por cada poder de la Unión) para Ministros de donde surjan 9 y, 9 mil 398 candidaturas para renovar a los 1, 633 Magistrados y Jueces de Distrito existentes en el país, repartidos en 32 circuitos judiciales con campañas de 60 días con acceso a radio y televisión, sin intervención proselitista de partidos políticos (sic). La elección la realizaría el INE.
La Reforma ha causado tanta expectativa y zozobra, porque se ha visto envuelta de señalamientos de todo tipo y clase de actores políticos y gobernantes, unos acusando a todo el poder judicial federal (53 mil personas) de corruptos y vende patrias y, otros bajo el argumento de que la reforma es una venganza velada, sin que tenga certeza total –aunque si parcial- de corrupción al interior de este poder.
El 26 de agosto pasado la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, integrada por 40 legisladores aprobaron la Reforma en lo general, que abarca 14 artículos constitucionales, con 22 votos a favor y 17 en contra, aunque –en el procedimiento parlamentario- se han dejado artículos fracciones en reserva para su posterior análisis y aprobación.
Independientemente de cambios al Dictamen aprobado, lo que viene es que la próxima legislatura donde la mayoría es de MORENA y aliados, avalen la reforma al poder judicial, a partir del 1º de Septiembre, pasando al senado para su aprobación o cambios y su promulgación presidencial y su publicación en el Diario Oficial de la Federación , corriendo el plazo de 180 días pata hacer las adecuaciones constitucionales federales a las de los estados sobre el poder judicial local a cargo de sus legislaturas, por tratarse de estados libres y soberanos, donde tendrá que analizarse la composición de los gobiernos estatales y congresos y el partido en el poder.
No podemos pasar por alto, que los inconformes tanto trabajadores como miles de ciudadanos que se han sumado a esta resistencia de cambio constitucional por considerarla no refleja la solución de una mejor justicia pronta y expedita parta todos, han sido amenazados por legisladores del oficialismo actual, que de seguir en sus marchas y paros, enfrentaran la acción de la justicia, lo que debe causar una gran preocupación porque la amenaza que no exhorto, deviene de un poder que constitucionalmente NO procura o administra la justicia, equivaliendo a una evidente ignorancia jurídica o de plano a un a una consigna, que solo puede ser admitida, en regímenes autoritarios, despóticos y sin principios democráticos y republicanos, donde el dialogo y la concertación tienen un mejor efecto en la solución pacifica de los conflictos.
Por cierto, es lamentable que estas voces de legisladores en su papel de policías chinos, sean las mismas que antes del 2018, demandaban libertad de expresión, dialogo, libertad de tránsito, libre manifestación de las ideas, dando origen a partidos como el desaparecido PRD, que en su origen costó la vida de militantes por su decisión inquebrantable de terminar con régimen autocráticos de aquellos tiempos. Me refiero a Ovando y Gil en 1988.
Por lo pronto, ningún partido político ha tenido la decencia de acercarse a los dicen ser afectados de esta reforma, y el paro al corte sigue, esperando que los poderes de la unión sepan, que si bien es cierto habrá una reforma al poder judicial, sea en los mejores escenarios posibles para la justicia y democracia mexicana, en favor de los justiciables.
Rafael Marín Marín es Secretario General del Frente Nacional Jurídico en Defensa de la Constitución y el Estado de Derecho.
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