La reforma laboral en tropiezos mientras continúa la pérdida del empleo formal y la caída del salario

En su resolución, el magistrado sostuvo que el control de constitucionalidad es un deber de los tribunales y que puede aplicarse incluso de oficio cuando se considera que una norma genera un perjuicio que solo puede corregirse mediante su declaración de inconstitucionalidad.
A partir de esa interpretación, el juez resolvió rechazar la validez constitucional del artículo 55 de la ley –que regula la forma en que deben actualizarse los créditos laborales en juicios que ya estaban en trámite cuando entró en vigencia la nueva ley– y estableció que los montos reclamados en el expediente deberán actualizarse según el criterio previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.
La sentencia se originó en la demanda de un trabajador que fue despedido de su trabajo en 2016. La empresa en la que se desempeñaba no quiso reconocerle faltas por un problema de salud.
De acuerdo con el fallo, la actualización de los créditos se realizará mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el indicador que sigue la evolución del índice de precios al consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ese mecanismo también es utilizado por el Banco Central de la República Argentina en distintas herramientas de cálculo vinculadas a la actualización de valores.
El planteo judicial se apoya además en antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establecen que los jueces deben garantizar que las normas aplicadas en cada caso respeten los principios constitucionales.
La resolución podría abrir la puerta a nuevas presentaciones judiciales contra distintos aspectos de la reforma laboral, en especial en lo que respecta al modo en que se actualizan los créditos derivados de conflictos de trabajo.

Rechazo al planteo judicial de la CGT

Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, rechazó la presentación que había realizado la CGT contra dos artículos de la reforma laboral que ordenan pasar el Fuero Laboral a la Ciudad de Buenos Aires.
Manifestó en su fallo que “teniendo en cuenta la sumarísima vía escogida –acción de amparo– por la actora y la inminencia de su decisión, en la cual se tratará el fondo del asunto y la ilegalidad y/o ilegitimidad de la conducta desplegada por la demandada, se descarta la existencia de un perjuicio irreparable que torne ilusoria la futura sentencia”.
Lavié Pico remarcó que “no se acreditaron los requisitos de urgencia o arbitrariedad necesarios para frenar o modificar” una ley sancionada por el Congreso. Y agregó: “Por otra parte, tampoco puede dejar de señalarse que no se advierte, en este estado del proceso, la configuración en la presente causa del peligro en la demora que justifique la tutela requerida y la alteración del orden natural del proceso, en la medida que los elementos aportados por la parte actora, no resultan suficientes para acceder a la tutela requerida, en el marco expedito de la acción de amparo formulada”.
El viernes 6, la CGT había pedido el dictado de una medida cautelar de no innovar que suspenda de inmediato la operatividad de los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral y del acuerdo de Transferencia aprobado por el art. 90 en cuanto disponen el cierre de treinta (30) Juzgados de Primera Instancia del Trabajo y de la Sala VII de la CNAT y la progresiva eliminación y cierre de la Justicia Nacional del Trabajo.

El Poder Judicial frenó el traspaso del fuero laboral

Se dio a conocer la resolución del Juzgado Nacional de 1ª Instancia del Trabajo Número 30, que hizo lugar a la demanda de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN).
El sindicato judicial reclamaba la nulidad e invalidez constitucional de los artículos de la denominada “Ley de Modernización Laboral”, incluidos por la ventana en el trámite exprés que tuvo en el Congreso, que establecen la transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
El juez nacional Herman Mendel hizo lugar al pedido gremial, que también reclamaba “la abstención respecto del dictado y/o instrumentación de cualquier acto que implique la transferencia de funciones judiciales de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires”.
De esta manera, el magistrado resolvió la suspensión de “la totalidad de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado Nacional y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, integrante como Anexo I de la ley 27.802, hasta el dictado de la sentencia definitiva sobre el mérito”.
La resolución se dio a conocer en momentos en que trabajadoras y trabajadores judiciales del fuero laboral estaban realizando una protesta ante el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que festejaron la noticia.

La CGT solicitó una cautelar frenar la aplicación de casi 70 artículos de la Reforma Laboral

La CGT, con la firma de sus triunviros, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, solicitó una cautelar en la justicia del trabajo para frenar la aplicación del grueso del articulado de la denominada Ley de Modernización Laboral.
La presentación reclama que se pronuncie sobre la invalidez constitucional de los artículos 1, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 79, 98, 100, 101, 107, 111, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 199, 207, 208, 211
Son en total 64 artículos y es un complemento de lo requerido previamente, sin suerte aún, en el Fuero Contencioso Administrativo en el que se reclama que se frene la aplicación de los artículos 90 y 91 que disponen el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires.
Para la central obrera, todos esos artículos contenidos en la Ley n° 27802 publicada en el Boletín Oficial del 6/3/2026 “vulnera derechos humanos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional”.
Según el escrito, que lleva el patrocinio legal de Pablo Topet, “la ley denominada “Ley de Modernización laboral” nº 27.802, revive el frustrado intento, de una modificación general del sistema normativo de las relaciones del trabajo, que impulsaba del DNU 70/23 (declarado de invalidez constitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en una decisión unánime)”.
Y se remarca que “A diferencia de aquel, ha intervenido el Congreso de la Nación, en un trámite exprés, sin la participación de todas las comisiones de las Cámaras que debieron hacerlo y con irregularidades de procedimiento”.
“Comparte, con el decreto mencionado el notorio desajuste entre las razones (Exposición de Motivos) con los medios escogidos para dar solución a los problemas identificados: falta de creación de empleo, existencia de empleo no registrado, litigiosidad excesiva, antigüedad de la ley de contrato de trabajo. Como se apreciará “la irrazonabilidad” de la ley (de sus diversos tópicos) es muy notoria”, añade.
Además sostiene que “La CGT RA cuestiona a los contenidos del texto legal traídos a su consideración por ser contrarios al Orden Público Constitucional, conforme la interpretación del Alto Tribunal tanto de la cláusulas de la Constitución Nacional que se han violentado como la de los Tratados, Pactos, Convenciones y Convenios Internacionales del Trabajo que para el Cimero Tribunal deben ser aplicados e interpretados conforme lo han hecho los órganos de supervisión y control de dichos instrumentos en sus particulares ámbitos de intervención”.

Nuevo fallo declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Reforma Laboral que limita las indemnizaciones

Un nuevo fallo declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Reforma Laboral que fija la fórmula de actualización de las indemnizaciones. El Tribunal del Trabajo Nº 2 de La Plata resolvió “declarar la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27.082 y hacer lugar a la demanda deducida por Daiana Belén Burguera contra Cristian Gabriel Peterlana y Lorena Elizabet Peñalva, condenando a éstos a pagarle a aquélla, mediante depósito en la cuenta sueldo de la actora (o, en su defecto, en la cuenta de autos) y en el plazo de diez días de notificada esta decisión la suma de $70.108.805 (pesos setenta millones ciento ocho mil cinco con veintiséis centavos) en concepto de diferencias salariales, integración del mes de despido e indemnizaciones por despido injustificado, vacaciones no gozadas y sustitutiva del preaviso”.
El pasado viernes 13 de marzo sucedió algo similar, cuando el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata también declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Reforma Laboral. En su fallo, el Poder Judicial señaló que el artículo viola los derechos de los trabajadores establecidos en los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional, por lo que el denunciante será indemnizado bajo las condiciones de la ley anterior.
En esta causa, el empleado se consideró despedido por la ausencia de registración del vínculo, la falta de tareas y el incumplimiento en el pago de salarios. “Es de toda evidencia que en los casos de ausencia de registración del contrato de trabajo, el infractor a tales obligaciones debe cargar con las consecuencias inmediatas y mediatas de su obrar derivadas de la trasgresión del deber de diligencia (art. 1728, CCyC; arts. 1 inc. b y LCT)”, explicaron los jueces en un fallo.
Para calcular la indemnización, los jueces señalaron que el nuevo sistema podía producir una actualización insuficiente de los créditos laborales frente a la inflación y esto vulneraría los derechos constitucionales del demandante.
El artículo 55 de la Ley de Reforma Laboral regula la manera en que deben actualizarse los créditos laborales en juicios que ya estaban en trámite cuando comenzó a regir la nueva normativa. El apartado hace referencia a los juicios laborales y establece qué se puede bajar entre un 20% y un 60% lo que terminaría cobrando un empleado respecto a los criterios que se aplicaban antes de la aprobación y entrada en vigencia de la nueva ley.
El artículo 55 define cómo deben actualizarse las deudas usando intereses del Banco Central (BCRA), pero siempre con un límite máximo de inflación + 3% anual y un monto mínimo del 67% de ese cálculo.

El Colegio de Abogados de Córdoba pidió una cautelar

El Colegio de Abogados de Córdoba presentó una medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4 con el objetivo de suspender la aplicación de los artículos 20 y 277 de la Ley de Modernización Laboral. Según la entidad, estas disposiciones impactan de manera directa en el ejercicio de la abogacía y en el acceso efectivo a la justicia.
La acción judicial fue impulsada en conjunto con más de 25 Colegios de abogados de todo el país y forma parte de una estrategia institucional sostenida para frenar normativas que, advierten, alteran las condiciones del ejercicio independiente de la profesión.
Desde el tratamiento del proyecto en el Congreso de la Nación Argentina, el Colegio cordobés manifestó su rechazo a los artículos cuestionados. La entidad sostuvo que estas medidas representan un avance sobre garantías fundamentales del ejercicio profesional y afectan el sistema de acceso a la justicia.
Durante todo el proceso legislativo, la institución desplegó una agenda activa que incluyó reuniones con diputados y senadores, la organización de jornadas de debate y la difusión de pronunciamientos públicos.
Tras la sanción de la norma, el Colegio profundizó el análisis sobre su posible inconstitucionalidad mediante una jornada académica con especialistas, con el objetivo de consolidar fundamentos técnicos y jurídicos para avanzar en el plano judicial.
En ese marco, se resolvió la presentación de una medida cautelar autónoma como parte de una estrategia integral destinada a suspender la aplicación de los artículos cuestionados.
¿Qué artículos están en discusión?
El planteo judicial se centra en dos aspectos clave de la Ley de Modernización Laboral, particularmente los artículos 20 y 277 de la norma referidos a los siguientes puntos.
El pago de honorarios profesionales en cuotas
La imposición de responsabilidad solidaria objetiva en materia de costas
Ambas disposiciones -según la presentación judicial- vulneran derechos profesionales, afectan la independencia del ejercicio y podrían generar un impacto negativo en el acceso a la justicia.

Lácteos Mayol logró que sus trabajadores vayan a juicio oral

El caso de Lácteos Mayol fue muy conocido en 2021. Sus trabajadores, acompañados por el gremio ATILRA, denunciaron que la empresa tenía solo 8 trabajadores inscriptos en ATILRA, en la categoría más baja, y el resto en otros gremios como UATRE y Comercio. Además, una parte importante de la jornada laboral se pagaba en negro. Denunciaban que “hace trabajar a todos ellos entre 8 y 10 horas diarias y sólo le paga en blanco media jornada, o sea, 4 horas diarias”.
Tras las audiencias en la delegación del Ministerio de Trabajo, la empresa se negó a cumplir con la legislación laboral. Pero además iniciaron una campaña, con el naciente «Movimiento Empresarial Anti-Bloqueos».
El MEAB hizo actos, con la presencia de Patricia Bullrich, entre otras personalidades de la derecha. La abogada era María Florencia Arietto.
Arietto y Fontana (otro cuervo antiobrero), pidieron la detención de empleados y el delegado regional del sindicato, Guillermo Arregui porque existía «riesgo de fuga y entorpecimiento probatorio». Una persecución clasista brutal. Los acusaban no solo de bloquear la planta sino de robar un dulce de leche.
Finalmente, el Juzgado de Garantías N° 8 dictó el sobreseimiento de los acusados. La defensa pidió la nulidad y el cierre definitivo de la causa.
En los últimos días, los jueces Alejandro Gustavo Villordo, Fernando Jorge Mateos y Juan Alberto Benavides revocaron el sobreseimiento parcial y decidieron que las responsabilidades deben resolverse en la etapa oral. Toman la acusación de la fiscal: robo agravado por ser cometido en lugar poblado y en banda, daño y amenazas coactivas (artículos 54, 167 inciso 2, 183 y 149 bis segundo párrafo del Código Penal).
Está claro: quieren sentar en el banquillo de los acusados, ante el Poder Judicial y los medios, a trabajadores y delegados que reclamaban que se cumplan sus derechos.
Hay que repudiar este nuevo ataque al derecho de huelga. A poco de aprobarse la reforma esclavista, es un nuevo intento de atacar el derecho de huelga. La CGT, a la que pertenece ATILRA, debería convocar acciones para rechazar este juicio a la protesta.

24 de marzo: ¿quiénes atacaron y atacan el derecho a huelga y el salario?
Por: Daniel Yofra

Las consecuencias del golpe continúan hasta hoy. La dictadura modificó de raíz la matriz económica del país. Para los aceiteros estos 50 años son especiales: comenzó un juicio de lesa humanidad por la responsabilidad empresaria de Molinos Río de La Plata.
Vinieron por los salarios, vinieron a provocar una violenta transferencia de ingresos del bolsillo de los trabajadores al de los patrones, vinieron a cambiar la relación entre el capital y el trabajo y vinieron a modificar de raíz la matriz económica de un país industrial con la apertura indiscriminada de importaciones. Para poder hacer todo eso tuvieron que atacar a las y los trabajadores, que somos la mayoría de la población en la Argentina y en el mundo.
Porque quienes trabajamos, quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo para poder vivir (o sobrevivir) somos mayoría. Y por eso ilegalizaron la huelga, prohibieron las asambleas y convirtieron en blancos móviles a los sindicatos y a los cuerpos de delegados, que son las formas en la que los trabajadores nos organizamos. Todo eso pasó hace 50 años y sus consecuencias continúan hasta hoy.
Para nosotros, los aceiteros, este año es particularmente especial. No sólo porque se cumple medio siglo de ese ataque brutal contra quienes movemos la economía de un país, sino porque el 23 de abril comenzará el juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, gerente de la planta de Avellaneda de Molinos Ríos de la Plata durante la dictadura cívico-militar. 
La lucha por el salario
Llegar a este juicio es el resultado de la lucha que dieron las y los familiares de los trabajadores aceiteros detenidos y desaparecidos. Todos ellos participaban de la lucha sindical para mejorar los salarios y las condiciones de vida del resto de sus compañeros de fábrica. Las familias junto a los sobrevivientes, a los organismos de derechos humanos, a la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón y al Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA Capital y Gran Buenos Aires) lucharon para que se juzgue a los responsables. Llegar hasta acá fue el resultado de una lucha colectiva.
¿Pero qué representa Parodi en ese juicio? Representa el rol que cumplió el capital para poder aplicar todas sus políticas de reducción de salarios, extensión de la jornada laboral y precarización de las condiciones de trabajo. No solo aumentaron la ganancia de los patrones, también aumentaron los accidentes laborales que sufrimos las y los trabajadores.
Parodi era jefe de Personal de la planta de Avellaneda, en provincia de Buenos Aires, que en aquellos años tenía Bunge y Born. Está acusado de ser partícipe necesario del secuestro de tres obreros de esa planta: Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino. Se los llevaron el 7 de julio de 1976, entre las cinco y las ocho de la mañana, cuando estaban ingresando o terminando su turno de trabajo. 
Esto es un gran avance para hacer justicia por los crímenes cometidos por la dictadura para hacer pasar su plan de ajuste, destrucción de salarios y reformateo de la economía en beneficio del capital financiero. Sin embargo, no podemos no hacernos eco de la consigna que hicieron bandera las Abuelas y las Madres: “Juicio y Castigo a Todos Los Culpables”. Por eso, desde la Federación y el Sindicato Aceitero de Capital y Gran Buenos Aires pedimos que sean citados a indagatoria otros dieciséis jefes y personal jerárquico de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, que también fueron acusados de tener responsabilidad en el secuestro de los obreros.
Cincuenta años después de ese golpe de Estado y de esos crímenes volvemos a tener un gobierno, esta vez elegido en elecciones, que intenta aplicar una política económica similar. Otra vez vienen con la receta vieja de apertura de importaciones, de congelamiento de salarios, del negocio financiero por sobre la producción y con la transferencia del dinero del bolsillo de quienes trabajamos hacia los patrones. Y para consolidar ese modelo económico lograron que el Congreso aprobara una reforma laboral que retrocede un siglo en la relación entre el capital y el trabajo.
Esta reforma laboral -que limita las asambleas en los lugares de trabajo y prácticamente liquida el derecho a huelga- se monta sobre la que había hecho la dictadura, tan solo un mes después del golpe. Porque, junto a la represión, la Junta Militar recortó derechos que existían en la Ley de Contrato de Trabajo, que se había discutido en los sindicatos, en las asociaciones laborales y en el Congreso nacional y, finalmente, fue promulgada por el gobierno en 1974. 
Por eso, hoy vuelve a ser necesario -como lo fue siempre- que quienes trabajamos utilicemos la herramienta de la huelga para hacer valer nuestros derechos, para reclamar salarios dignos como lo establece la Constitución nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé un salario mínimo vital y móvil que permita cubrir nueve necesidades para vivir dignamente: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Hoy ese salario representa 2.706.923 pesos y vamos a pelear por eso junto al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU).
Esa es la decisión que tomamos cumpliendo lo que nos reclaman nuestros trabajadores, que necesitan tener un salario que les permita vivir con dignidad y eso significa: que puedan enviar a sus hijos a la universidad, que puedan irse de vacaciones, que puedan salir a comer a fuera con toda su familia, que puedan comprarse ropa donde quieran, que puedan tener un auto y también una casa. Y que, después de una vida de trabajo, puedan jubilarse y disfrutar de su jubilación.

37 días de ocupación de Fate: audiencia en el ministerio provincial y acción en La Plata por la «ocupación temporaria»

El conflicto contra el cierre de Fate continúa. Los trabajadores siguen de pie, acompañados por sus familias y organizaciones solidarias.
Esta semana comenzó con la participación en la histórica jornada a 50 años del golpe. Recordemos que la familia Madanes se favoreció con la dictadura de Lanusse y durante la última los favorecieron con la estatización de su deuda privada. Los trabajadores y trabajadoras tuvieron 10 desaparecidos.
El miércoles hubo al menos dos actividades en la agenda. Por la mañana fue la primera audiencia en el ámbito del Ministerio de Trabajo provincial.
Luego el SUTNA y los trabajadores volverán a marchar a La Plata con el objetivo de insistir para que avance un proyecto de ley que permita la «ocupación temporal» de la planta.

Los salarios volvieron a perder contra la inflación en enero

Según publicó el Indec, los salarios de los trabajadores registrados solo subieron 2% en enero, mientras que la inflación fue de 2,9% en el mismo mes. Es decir, los salarios corrieron por detrás del incremento de precios en un contexto donde el Gobierno pisa las paritarias.
En enero los salarios del sector privado registrado mostraron una suba de 2,1% y el sector público registró un aumento de 1,8%. Ambos sectores perdieron contra la inflación mientras el Gobierno insiste con paritarias de 2% por debajo de la suba de precios. El derrumbe del poder adquisitivo empeoró las condiciones de vida de la clase trabajadora, así aumentó la mora de los hogares y el pluriempleo. Se trabaja más, pero igual no alcanza para llegar a fin de mes.
También, según los datos del Indec, los salarios de los trabajadores registrados en enero de este año perdieron un 7,9% en relación a noviembre de 2023, es decir bajo el gobierno de Milei.
Los salarios de los trabajadores registrados privados siguen por detrás de 2023. El poder adquisitivo de los trabajadores registrados privados cayó un 2,3% en enero en relación a noviembre de 2023, y aún está un 25,3% por debajo de 2015 (enero 2026 versus octubre 2015).
La motosierra avanzó sobre los trabajadores estatales con recorte salarial y despidos. En el sector público registrado el poder de compra se desplomó un 18% durante el gobierno de Milei (enero 2026 versus noviembre 2023). El derrumbe en relación a 2015 es de 42%. 
Por su parte, hay una brecha entre trabajadores estatales nacionales y provinciales. Según datos del organismo oficial, en la era Milei la caída del poder de compra de los trabajadores nacionales fue de 35,8% y del sector público provincial fue de 10,3%.
Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social (CTA Autónoma) advirtió en la red social X que “en el mediano plazo la caída salarial es dramática. Estamos en los niveles más bajos de las últimas dos décadas, sacando los primeros meses de 2024. Contra los picos de fines de 2017 el retroceso es de entre el 21% (sector privado) y el 35% (sector público)”.
Es necesario una suba de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales que ubique el mínimo al valor de la canasta básica familiar (la Junta Interna de ATE Indec calculó una canasta de consumos mínimos en febrero de $2.274.094.), la incorporación de cláusulas gatillo que actualice el salario mes a mes según la inflación y hay que pelear por recuperar todo lo que se perdió en los últimos años.

Abrazo a Trabajo

Con una masiva concentración de trabajadores y trabajadoras de Trabajo y organizaciones sindicales y sociales en apoyo, se llevó adelante un «Abrazo a Trabajo» en defensa de las políticas públicas históricas del organismo y de todos los puestos de trabajo.
“Ante el avance de una nueva estructura de achique, impulsada por el Ministerio de Destrucción del Estado de Federico Sturzenneger, nuestra ATE respondió en unidad y con una gran demostración de fuerzas para manifestar enérgicamente que ‘En Trabajo NO sobra nadie’”, plantearon desde la Junta Interna de ATE-Trabajo.
En el acto hicieron uso de la palabra la Secretaria Adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas; el Secretario Gremial de ATE Capital, Pedro Lynn y el responsable de Asuntos Nacionales de ATE Provincia de Buenos Aires, Dabel Roblin.
Por su parte, trabajadoras y trabajadores de las Agencias Territoriales del AMBA leyeron un documento elaborado desde la Coordinación Nacional ATE – Trabajo para poner de relieve la importancia fundamental que tiene el despliegue territorial federal de las políticas del organismo y hacer presente la voz de las AT de todo el país.
En el cierre, la Delegada General de la Junta Interna de ATE – Trabajo, Daniela Frencia, expuso el objetivo de destrucción de derechos laborales que tiene este intento de desmantelamiento de la STEySS, como complemento de la sanción de la reforma laboral regresiva y explotadora, señalaron desde la Junta Interna de ATE-Trabajo. Y exigió a la Ministra Sandra Petovello y al Secretario Julio Cordero la continuidad de las políticas de trabajo, empleo y seguridad social y de todos los puestos de trabajo.
La actividad culminó con el saludo de Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) a todos los trabajadores presentes y un emotivo Pañuelazo en memoria de las y los 30.000 detenidos desaparecidos, al cumplirse 50 años del golpe militar genocida, llamando a protagonizar el próximo 24 de marzo una enorme movilización a Plaza de Mayo y todas las Plazas del país por Memoria, Verdad y Justicia.
“¡En la STEySS NO sobra nadie! ¡Fuera la motosierra de Sturzenegger del Estado! ¡30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs, ¡PRESENTES!”, concluyeron desde la Junta Interna de ATE-Trabajo.

Cerró una histórica fábrica de Córdoba y ofrece $150.000 de indemnización

El sector industrial de la provincia de Córdoba recibió un duro golpe esta semana con el cierre definitivo de una emblemática fábrica ubicada en la ciudad de Alta Gracia.
Se trata de la empresa “La Texto Fabril”, dedicada a la confección de elásticos para ropa interior y vendas quirúrgicas, decidió cesar sus actividades justo antes de cumplir 80 años de existencia.
La principal fuente de conflicto radica en la liquidación final de los haberes. Según denunciaron los trabajadores, la firma pretende abonar únicamente el 50% de la indemnización correspondiente por ley. Esta postura generó una ola de indignación, especialmente al conocerse los montos concretos que se están manejando en las negociaciones.
Para trabajadores que cuentan con una antigüedad de 8 años, la empresa llegó a ofrecer sumas que oscilan entre los $150.000 y los $300.000. “Hemos ido al Ministerio de Trabajo donde se intimó a la empresa a que nos paguen el 100%, pero ellos se amparan en otro artículo legal para no hacerlo”, explicó Gustavo, uno de los ahora ex empleados de la planta. Ante la falta de respuestas satisfactorias, los damnificados ya se encuentran tramitando el Fondo de Desempleo para paliar la situación económica inmediata.
Desde la dirección de la empresa sostienen que el motivo del cierre es la crisis generalizada que atraviesa la industria textil en Argentina, acentuada por la apertura de las importaciones. Según testimonios de los operarios, la producción de vendas quirúrgicas se vio desplazada porque los clientes comenzaron a adquirir mercadería del exterior a menor costo. “Hace unos meses que se rumoreaba que la fábrica iba a cerrar por el tema de la producción, porque decían que no había ventas”, relató otro trabajador afectado.
Sin embargo, el cierre no está exento de polémicas. Existen versiones y denuncias que indican que la fábrica venía arrastrando situaciones irregulares con su personal desde hace varios años, lo que pone en duda que la crisis externa sea el único factor del colapso.
El impacto social en Alta Gracia es profundo, ya que son 30 familias las que pierden su sustento diario de manera imprevista. La fábrica era considerada un baluarte de la producción local y se encaminaba a celebrar sus 80 años este 2026.

Flybondi ofrece el retiro voluntario a todos sus empleados

Flybondi, la línea aérea que compró Leonardo Scaturicce hace un año, les ofreció este jueves el retiro voluntario a todos sus 1.500 empleados. La línea aérea fundada en 2016 atraviesa tiempos económicos difíciles, con permanentes cancelaciones de vuelos.
“La compañía puso en marcha un programa de retiros voluntarios”, anunció la firma de Scaturicce, amigo y consejero del asesor presidencial Santiago Caputo, que se hizo conocido hace un año por un vuelo de un avión suyo que no fue controlado por Aduana, después consiguió diversos contratos con el Estado y compró el correo Oca y el grupo logístico Flecha.
“Esta iniciativa forma parte de un rediseño organizacional que busca optimizar su capacidad y eficiencia operativa. El programa se desarrolla de manera voluntaria y en línea con la normativa vigente, contemplando condiciones acordes para quienes decidan adherir. La compañía continúa enfocada en fortalecer su operación y sostener sus compromisos con clientes, empleados y el entorno en el que opera”, agregó.
Los empleados tienen pocos días para decidir, según comentaron los que recibieron la propuesta de la empresa. El primer llamado a retiro voluntario fue hasta el 25 de marzo y equivale a un despido tradicional (un salario por año trabajado) más medio salario extra, a cobrarse en tres cuotas, con cobertura de salud por 6 meses y cuatro pasajes sin cargo. El segundo llamado es del 25 al 27 de marzo para firmar el 30 de marzo e incluye menos beneficios: un despido más un cuarto de salario extra, prestación sanitaria por tres meses y dos pasajes sin cargo.
En la empresa no aclararon cuánto personal planean retener. Pero la idea es seguir operando con personal propio. Sólo en temporada de verano utilizaron aviones alquilados en el extranjero con tripulación del exterior, sobre todo española, pero no prevén usarlos en lo que resta del año, según informaron en la empresa.
Flybondi se ha caracterizado en los últimos años por las cancelaciones y las demoras. Antes la excusa era que el gobierno anterior no le proporcionaba los dólares para pagar el alquiler de los aviones en el extranjero. Ahora expertos señalan las dificultades financieras derivadas de la acumulación de costos como los seguros, los alquileres, la tripulación y el combustible cada vez más costoso por la guerra de Irán. Sólo el 57% de sus vuelos sale puntual, según la consultora Adventus. En el caso de Aerolíneas llega al 89% y en el de JetSmart, el 78%.
Tras cancelar 150 vuelos y dejar en tierra a 22.000 pasajeros en enero, la provincia de Neuquén multó a Flybondi por $228 millones. En cambio, la Administracion Nacional de la Aviación Civil (ANAC) no la sancionó, ni siquiera cuando descubrió que el año pasado usó talleres no habilitados.
Atrás quedaron los anuncios de diciembre pasado, cuando la aerolínea low cost informó la firma de un acuerdo con las fabricantes de aviones Boeing y Airbus para la incorporación de aeronaves salidas de fábrica. Con una inversión aproximada de US$1.700 millones, preveía “consolidar la mayor expansión de flota de los últimos años tanto en Argentina como en Paraguay”.

«Paraguazo»

La convocatoria fue el jueves 19/3 a las 17:00 en Plaza Italia (CABA). El Centro Argentino de Meteorólogos denuncia que se prevén despidos a nivel nacional en el organismo dirigido por Antonio Mauad y dependiente del Ministerio de Defensa. Se habla de una reducción de hasta un 40% del personal de planta, abarcando a especialistas y técnicos.
La medida de visibilidad fue anunciada en las redes del Centro Argentino de Meteorología. Se trata de una convocatoria abierta a la comunidad en defensa del Servicio Meteorológico Nacional y la continuidad de las observaciones meteorológicas en todo el país, en riesgo tras los rumores cada vez más fuertes de despidos en el organismo.
En un comunicado difundido desde su cuenta de IG denuncian con preocupación que esta medida “no sólo desarticula una infraestructura técnica de 153 años, sino que destruye la previsibilidad meteorológica necesaria para el funcionamiento de la economía argentina, dejando al país vulnerable ante desastres naturales y sin el sustento de datos indispensable para la producción nacional”.
Esto derivaría en el cierre de estaciones meteorológicas en puntos estratégicos del territorio argentino, necesarias para la recolección de datos, previsión meteorológica y elaboración de informes y alertas ante eventos climáticos. Afectando así la generación de “información confiable para la toma de decisiones en sectores estratégicos como la aviación, la producción agropecuaria, la gestión del agua, la energía, el transporte y la protección civil”.
El ajuste en materia científica y ambiental ya tiene varios antecedentes durante el gobierno de Milei. Tampoco se pueden dejar de atar estas decisiones a las iniciativas legislativas que van contra el ambiente y los bienes naturales comunes como el sancionado RIGI (para flexibilizar la explotación ambiental y el uso de recursos como el agua), la avanzada por la reforma de la Ley de Glaciares (de la cual censuraron el proceso de audiencias públicas), o las modificaciones a la Ley de Bosques Nativos (26.331), Ley Nacional de Acuicultura (27.231) y la Ley de Manejo del Fuego.
Finalmente, en su comunicado desde el Centro Argentino de Meteorólogos advierten el riesgo inminente de colapso operativo y llaman a las autoridades a dar marcha atrás con este plan de despidos y recortes.

Ordenan la caída de sumarios a favor de los trabajadores del Garrahan

El viernes 20 de marzo, el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo N°32 hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la los trabajadores del Garrahan afiliados a ATEA y ordenó levantar los sumarios iniciados por la dirección del hospital a quienes lograron torcerle el brazo al gobierno en su lucha salarial.
Esto complementa el fallo conseguido el pasado 23 de febrero que alcanzaba a un grupo de trabajadores. En aquella ocasión, el pedido había sido realizado por la Asociación de Profesionales y Técnicos y comprendía a 12 sumariados. Con esta nueva medida, la Justicia termina de dar la razón a los 28 restantes comprendiendo a los 40 que inicialmente fueron perseguidos con este intento de disciplinamiento que incluye sanciones a 10 delegados.
Según los trabajadores alcanzados, en el documento cursado por el juzgado se puede leer que se admite «la medida cautelar solicitada por los actores y, por ende, disponer la suspensión cautelar del trámite del sumario administrativo» iniciado por la dirección del hospital a principios de febrero y que fuera anunciado en conferencia de prensa por el hoy cuestionado por toda la sociedad y fuera de cámara, Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Este nuevo fallo vuelve a golpear al gobierno de Milei y su ministro de salud, Mario Lugones, y es un reconocimiento para quienes dieron una enorme pelea durante largos meses con paros y diferentes acciones de visibilización y coordinación y apoyo a otros sectores y que conquistó un aumento del 61% y la Ley de Emergencia Pediátrica que ahora siguen reclamando.
Al respecto, Esteban Argañaráz, trabajador del hospital y Delegado de la Junta Interna de ATE, expresó: «Tenemos que seguir organizados y seguir luchando, contra la implementación de la reforma laboral, por la implementación de la Ley de Emergencia. Por la unidad de todos los trabajadores y el triunfo de todas las luchas como los docentes y Fate».

Furlán fue reelecto en la UOM

En medio de un fallo judicial, Abel Furlán fue reelegido al frente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) por un nuevo mandato de cuatro años, tras imponerse con el respaldo de 48 de las 53 seccionales en el congreso nacional del gremio, donde participaron 270 de los 276 delegados.
La votación se realizó pese a que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había ordenado suspender el proceso electoral. Desde el gremio señalaron que no fueron notificados de la resolución.
El fallo de los camaristas María Dora González y Víctor Arturo Pesino había dispuesto frenar la proclamación de autoridades en la seccional Zárate-Campana de la UOM, que se votaron entre el 2 y 4 de marzo. Pero, además, por la denuncia de presuntas irregularidades en esos comicios decidieron postergar la elección nacional.
Sin embargo, el congreso se llevó adelante en el hotel del Sindicato de Luz y Fuerza, en la Ciudad de Buenos Aires, donde Furlán obtuvo el 80% de los votos de los congresales, con 215 adhesiones de los 270 posibles, según informó el gremio en un comunicado.
Entre los cambios en la conducción de la UOM se destaca la designación de Daniel Daporta, titular de la seccional Avellaneda, como secretario adjunto, en reemplazo de Naldo Brunelli, que quedó fuera de la conducción después de distanciarse del secretario general.
Las únicas seccionales que rechazaron la continuidad de Furlán fueron Capital, conducida por Roberto Bonetti; San Nicolás, a cargo del mencionado Brunelli; Villa Constitución, encabezada por Pablo González; Santa Fe; y La Plata.
En este último distrito, la situación electoral permanece judicializada luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 14 dictara una medida cautelar que impide la asunción del candidato oficialista Antonio Di Tomasso, tras denuncias de fraude, manipulación de urnas y alteración de padrones impulsadas por la lista opositora encabezada por Maximiliano Pierdominico.
Un escenario similar se registra en Zárate-Campana, donde la Cámara laboral consideró acreditadas prima facie las presuntas irregularidades y advirtió sobre el impacto de esa situación en la elección nacional. Además, señaló que la falta de respuesta de las autoridades internas del gremio habilitó la intervención judicial.
La resolución establece que el proceso electoral nacional debía quedar suspendido hasta que se resolviera la validez de los comicios cuestionados, ya que el estatuto del sindicato prevé que el Secretariado Nacional sea elegido por un colegio electoral integrado por representantes de todas las seccionales. En ese contexto, la decisión de Furlán de avanzar con el congreso sin hacer referencia al fallo judicial deja su reelección bajo cuestionamiento.
El dirigente metalúrgico, además, enfrenta una causa judicial en la que se investigan presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita vinculados al manejo de fondos del gremio.
En ese expediente, el juez Julián Ercolini ordenó el allanamiento de la sede central del sindicato para secuestrar documentación.
La medida fue impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, quien investiga a Furlán y a María Soledad Calle por un contrato firmado entre la UOM y la empresa USEM, presuntamente vinculada a dirigentes cercanos a La Cámpora, que recauda más de 100 millones de pesos mensuales a partir de aportes de unos 200.0000.
Frente a estas acusaciones, Furlán realizó una presentación espontánea ante la Justicia en la que puso a disposición la documentación del sindicato y atribuyó la denuncia a “una burda operación de prensa” impulsada por sectores opositores que buscan afectar la designación de la conducción nacional, concretada pese al conflicto judicial

Despidos discriminatorios en Cerámica Fanelli

Compartimos el comunicado de prensa de los trabajadores de Cerámica Fanelli que denuncian despidos discriminatorios contra sus compañeros que se postularon como delegados y exigen la inmediata reincorporación de los despedidos.
FANELLI: DESPIDOS PERSECUTORIOS Y ATAQUE A LA ORGANIZACIÓN SINDICAL
Denunciamos públicamente el despido con causa de tres trabajadores de Fanelli, en lo que constituye un grave caso de persecución gremial y un nuevo ataque de la patronal contra la organización de los trabajadores dentro de la fábrica.
Dos de los despedidos se habían presentado como delegados y habían notificado formalmente a la empresa. Lejos de respetar ese derecho, la patronal respondió con despidos persecutorios, en una clara represalia contra quienes vienen denunciando hostigamiento y defendiendo los reclamos de sus compañeros.
Hace apenas quince días, los trabajadores habían presentado una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires por hostigamiento y persecución laboral y gremial. A su vez, la empresa se encuentra actualmente en etapa de conciliación hasta el 20 de abril por esas mismas denuncias. En ese contexto, los despidos muestran con total claridad el carácter antisindical del accionar patronal.
No se trata de hechos aislados, sino de una maniobra para amedrentar, disciplinar y golpear a quienes se organizan. Por eso exigimos la inmediata reincorporación de los tres trabajadores despedidos, el cese de la persecución gremial y la intervención urgente del Ministerio frente a esta conducta ilegal y antisindical.
Llamamos a las organizaciones sindicales, políticas, sociales y de Derechos Humanos a solidarizarse con esta pelea.
Convocamos a todas las organizaciones gremiales, estudiantiles, de Derechos Humanos, a una concentración y protesta en frente de la fábrica a las 16:00 en Avda. 66 entre 177 y 179.

Conflicto petrolero en Comodoro Rivadavia

El martes 17 de marzo los trabajadores y las trabajadoras petroleras de empresas contratistas que prestan servicios en las áreas de la Operadora Pe.Com (Pérez Companc) se concentran en el yacimiento Manantiales Berh ubicado a unos 40 kilómetros de la ciudad chubutense.
Hubo manifestación y entrega de petitorio en las oficinas de Barrio Industrial y se realizó una asamblea esperando respuestas al rechazo de no perforaciones y falta de un plan de inversión en el área que genere puestos laborales y estabilidad.

Alerta por despidos: movilizaciones y asambleas en los centros atómicos de la CNEA

La Comisión Nacional de Energía Atómica vive horas dramáticas por las consecuencias del ajuste y la motosierra ejecutada por el gobierno de Javier Milei. El organismo, que cuenta con más de 70 años de historia en el desarrollo del sector nuclear argentino, se encuentra en una emergencia presupuestaria y salarial que ha llevado a una pronunciada fuga de cerebros en los últimos años. A este cuadro se suma una agudización de la crisis por la situación de los más de 300 contratos que se vencen el próximo 31 de marzo. Se trata de trabajadores que desempeñan las mismas tareas que el personal de planta, entre administrativos y técnicos, pero bajo la modalidad de precarización de contratos a plazo fijo.
La preocupación creció a fines del año pasado, cuando en primer lugar no se dio ninguna comunicación oficial al respecto de la renovación y luego se redujo el plazo de contratación a tres meses (habitualmente eran anuales), lo cual fue comunicado oficialmente recién a fines de enero.
En el Centro Atómico Bariloche, luego de masivas asambleas en las últimas semanas, el lunes 16 se realizó una improvisada reunión con las autoridades del organismo. Dicha reunión se dio luego de una concentración espontánea por parte de los trabajadores al enterarse de la presencia de los funcionarios en el lugar. Tras meses de negativa para recibir a los gremios, el presidente Martin Porro, se limitó a responder con evasivas sobre la situación salarial y con más chicanas persecutorias sobre el conjunto de los trabajadores. Así lo detallaron los representantes gremiales en un informe posterior. Al momento, no se emitió ninguna comunicación oficial sobre la renovación de los contratos.
En este contexto, el martes 17 de marzo, se realizaron reuniones en los Centros Atómicos de Constituyentes y Ezeiza, mientras que en Bariloche tuvo lugar una nueva movilización interna.
En Constituyentes la asamblea fue masiva y reunió a 200 trabajadores. La nutrida convocatoria fue consecuencia de semanas de organización en los sectores de forma autoconvocada. Allí confluyeron también organizaciones gremiales como ATE y APCNEAN.
Los intentos de amedrentamiento a través de comunicaciones vía mail para todo el personal no hicieron más que echar nafta al fuego y lograron que se triplique la cantidad de asistentes. La bronca por los bajos salarios, el vaciamiento y la incertidumbre por la continuidad de los puestos de trabajo pudo más. Las críticas hacia los sindicatos colaboradores del gobierno no tardaron en llegar. El repudio a las paritarias firmadas por UPCN y la imposición de los copagos en la obra social de Union Personal, fue uno de los reclamos que llevaron a la asamblea desde los distintos sectores.
En la asamblea se hizo presente una delegación de trabajadores de la fábrica Fate, quienes fueron calurosamente recibidos con aplausos. La defensa de los puestos de trabajo en la industria y en el Estado se cristalizó en la difusión del fondo de lucha que impulsan los obreros y los familiares de la fábrica de neumáticos que pelean contra el cierre. También estuvieron presentes los docentes de la escuela técnica de la UNSAM quienes se encuentran de paro por aumento salarial. Horas más tarde, en una asamblea realizada junto a trabajadores no docentes en la universidad, votaron por unanimidad la coordinación de las luchas en defensa de la educación y los organismos científicos.
El plan de lucha contra el desguace del sector nuclear, contra la privatización de Nucleoeléctrica, la Planta Industrial de Agua Pesada y en defensa de los puestos de trabajo continuará en las próximas semanas con jornadas de visibilización y protestas en todo el país. También tendrá lugar el próximo 24 de Marzo, a 50 años del golpe genocida, donde se movilizará en memoria de los 22 trabajadores de la CNEA detenidos desaparecidos.
En la CNEA, como en otros organismos del Estado Nacional (como el INTI, ANMAT, INTA, Senasa, Economía, INDEC y Trabajo), los estatales comienzan a dar muestras de que resistirán la motosierra de Sturzenegger y Milei. En ese sentido, el pronunciamiento fue contundente: para parar los despidos es necesario que las conducciones sindicales convoquen al paro general y una asamblea unificada de todos los trabajadores estatales.

Residentes del Hospital Posadas: paro y acción en Acceso Oeste

Reclamaron por el incumplimiento de la Ley de emergencia pediátrica, que implicaba también la derogación del sistema de becas que precariza aún más sus condiciones de trabajo, el pasado martes 17.

4 de cada 10 trabajadores son informales en el país

Laura Muñiz

En el caso de los asalariados la informalidad volvió a niveles de 2008. El trabajo informal afecta con más fuerza a la juventud. Los sectores con más trabajadores informales son Servicio Doméstico y Construcción. Mientras tanto las patronales quieren aplicar la reforma laboral, que eliminará más derechos.
Bajo el gobierno de Milei se destruyen puestos de trabajo registrados y avanza la precarización laboral. A fines de 2025, 4 de cada 10 trabajadores eran informales.
El dato surge del informe “Panorama del empleo informal y la pobreza laboral” elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en base a datos del Indec. El pasado miércoles el organismo oficial confirmó un salto de la desocupación en el último trimestre de 2025.
El informe señala que “la incidencia de la informalidad laboral difiere por categoría ocupacional. En el cuarto trimestre de 2025, la tasa de informalidad entre los asalariados fue de 36,3%, la de los trabajadores por cuenta propia de 63,4% y la de los patrones de 28,7%”.
En el caso de los trabajadores asalariados la tasa de informalidad fue 36,3% en el cuarto trimestre de 2025. Es decir, que casi 4 de cada 10 trabajadores en relación de dependencia no estaban registrados en la seguridad social. En la comparación interanual se observa una suba de aproximadamente 0,2 puntos porcentuales.
La precarización laboral no es exclusiva de este Gobierno. “La mirada de largo plazo (desde 2003) ubica a la tasa de informalidad asalariada en un valor idéntico al observado en el segundo trimestre de 2008. Asimismo, se encuentra 1,5 puntos porcentuales por debajo del valor más alto desde ese momento, con la única excepción del segundo trimestre de 2022”, advierte el documento.
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“Más allá de las fluctuaciones (y excluyendo el período de la pandemia), la tasa de informalidad asalariada se ha mantenido en valores muy elevados desde hace 17 años”, alerta el informe.
Para los trabajadores informales el ingreso es inferior. El informe advierte que “en promedio, la penalidad por informalidad en el tercer trimestre de 2025 fue del orden del 38%. Esto quiere decir que si un trabajador asalariado formal obtiene un ingreso mensual de $100 mil, uno informal con igual nivel educativo, igual edad, igual sexo, en la misma región, trabajando en la misma rama de actividad, misma categoría ocupacional y en una empresa de igual tamaño obtendrá una remuneración mensual de $62 mil”.
Jóvenes informales
El documento de EDIL pone la lupa en la informalidad por género, por tramos de edad, por tamaño de empresas, entre otras correspondientes al tercer trimestre de 2025 (últimos microdatos de la EPH disponibles para elaborar este análisis).
Los datos muestran que la informalidad es más elevada para la juventud. En el tercer trimestre de 2025, la tasa de informalidad para los jóvenes fue de 67,4%, casi 24 puntos porcentuales más alta que la tasa global. Esto significa que casi 7 de cada 10 trabajadores con edades entre los 16 y los 24 años son informales.
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El documento señala que “le sigue en incidencia el grupo de entre 25 y 44 años (42,2%) y el de 65 años (60 años en las mujeres) y más (57,8%)”.
En el tercer trimestre de 2025 la tasa de informalidad total fue 43,3%, siendo 42,5% entre los hombres y 44,4% entre las mujeres.
Las tasas de informalidad también varían según la rama de actividad. “En un extremo se ubican el Sector Público (que incluye tanto la Administración Pública como los Servicios de Educación y Salud Públicos) y los Servicios Financieros y Profesionales, con una incidencia de la informalidad de 6,9% y 22,5%, respectivamente”, indica el documento. Mientras los sectores con informalidad más alta se concentran en el Servicio Doméstico (79,8%), un sector feminizado, y la Construcción (72,6%).
Las patronales quieren esclavos
En este contexto crítico las patronales quieren aplicar la reforma laboral esclavista de Milei que aprobó el Congreso Nacional. Contrarreforma que no generará más empleos con derechos. En los 90 también aplicaron una reforma laboral y se trató de una década que dejó un incremento de la desocupación y más precarización laboral.
Por el contrario, a esta perspectiva de pauperización estructural, hay que poner en debate la reducción de la jornada laboral a 6 horas y 5 días a la semana sin reducción salarial, con un salario mínimo equivalente a la canasta familiar y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados.
Esto implica también seguir luchando por empleo con plenos derechos, contra la precarización laboral, y que nadie gane por debajo de lo que cuesta la canasta familiar.
Si la disminución de la jornada se aplicara a las 12 mil grandes empresas se podría crear un millón de puestos de trabajo en dichas firmas del país. Es necesaria la amplia movilización de la clase trabajadora con la perspectiva de la reorganización de la producción articulada no en función de la ganancia privada sino de las necesidades del conjunto social.

Una familia necesita un ingreso mínimo de $2.192.608 para vivir

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) presentó este jueves 12 un informe propio sobre el costo de vida de los hogares trabajadores y reclamó que el salario mínimo vital y móvil se eleve a $2.706.923 para cubrir las necesidades básicas de una familia en Argentina.
El estudio, difundido durante una conferencia de prensa realizada en la sede nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), sostiene que un hogar necesita un ingreso mensual de bolsillo de $2.192.608 para vivir, cálculo elaborado a partir de datos oficiales pero ajustados según el consumo real de las familias trabajadoras.
El informe forma parte de una serie de indicadores alternativos que el frente sindical comenzó a publicar con el objetivo de cuestionar las mediciones oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y aportar herramientas para los reclamos salariales en paritarias.
El costo de vivir para una familia trabajadora
El documento detalla cómo se distribuyen los gastos básicos de un hogar. Según el relevamiento, la mayor parte del ingreso se destina a alimentación ($618.583) y vivienda ($533.942), seguidos por transporte, vacaciones y esparcimiento ($554.511), salud ($329.582) y previsión ($297.762).
También aparecen rubros como educación y cultura ($233.852) y vestimenta ($138.693), componentes que el informe considera indispensables para garantizar condiciones de vida dignas.
Desde el FreSU remarcaron que el cálculo se basa en las mismas estadísticas oficiales relevadas por el organismo estadístico nacional, pero con una ponderación que refleja el consumo real de las familias.
“La recuperación del salario es la principal demanda”
Durante la conferencia de prensa, dirigentes sindicales de distintos sectores coincidieron en que la pérdida del poder adquisitivo se convirtió en el principal problema para las y los trabajadores.
El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán , afirmó que “ desde que Milei es presidente, los patronales se quedaron con 54 billones de pesos que nos sacaron a los trabajadores ”. En ese sentido, sostuvo que “la recuperación del salario es la principal demanda para las y los trabajadores para que puedan vivir con dignidad”.
Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió sobre la magnitud de la brecha entre el salario mínimo actual y el ingreso necesario para vivir: » hoy se necesitan más de ocho salarios mínimos vigentes para poder vivir ”, afirmó el dirigente estatal, quien también planteó la necesidad de discutir la distribución de la riqueza: “este frente, integrado por sindicatos y trabajadores que somos quienes generamos la riqueza, quiere discutir cómo se distribuye ”.
En tanto, el secretario general de la Federación Aceitera, Daniel Yofra , planteó que la discusión salarial no se limita a cubrir gastos básicos sino a garantizar condiciones de vida dignas: » prevé que cada trabajador y su familia puedan comer las cuatro comidas diarias, que puedan irse de vacaciones, que puedan vestirse donde quieran y que puedan salir a comer con la familia . Por eso peleamos con la huelga como herramienta fundamental”.

Condiciones de vida y endeudamiento

El informe también advierte sobre el creciente endeudamiento de los hogares trabajadores. Según los datos presentados, hace un año los trabajadores destinaban alrededor del 10% de su salario al pago de deudas, mientras que actualmente ese porcentaje trepó al 26,3% del ingreso mensual.
Esto significa que más de un cuarto del mes de trabajo se destina exclusivamente a pagar préstamos, tarjetas o créditos, una situación que, según el documento, refleja el deterioro del poder adquisitivo.
Un frente sindical amplio
El FreSU reúne a más de 120 organizaciones sindicales provenientes de distintas centrales obreras, entre ellas, ATE, la UOM, Aceiteros y Aeronáuticos, entre otras. Entre los dirigentes que participaron de la conferencia de prensa estuvieron también Hugo Godoy (CTA), Graciela Aleñá (Viales), Clara Chevalier (CONADU), Ricardo Peidro (Visitadores Médicos) y Mercedes Cabezas (ATE), entre otros representantes gremiales.
El informe presentado por el FreSU se inscribe en una disputa creciente con el gobierno nacional en torno a la evolución de los salarios y el costo real de vida, un debate que se proyecta hacia las próximas negociaciones paritarias y la discusión sobre el salario mínimo en el país.

En Comercio acuerdan suba del 5% y un refuerzo no remunerativo

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) firmó un nuevo acuerdo paritario junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), que regirá para los meses de abril, mayo y junio de 2026.
El entendimiento contempla un incremento del 5% trimestral, distribuido en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. Según se informó, la suba se aplicará sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT 130/75, tomando como base los valores de marzo de 2026, junto con las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha.
De esta manera, el principal gremio del sector y las Cámaras empresarias volvieron a optar por un esquema de actualización escalonada, con vigencia desde el 1° de abril de 2026, en medio de una negociación que busca seguir de cerca la dinámica de precios y evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo en el arranque del año.
El acuerdo establece que el aumento del 5% se abonará en forma de asignación remunerativa y no acumulativa, repartida en tres etapas. A eso se suma el otorgamiento de una suma fija no remunerativa de $20.000, que se adicionará a la suma no remunerativa que los trabajadores ya percibían hasta ahora y que continuará manteniendo ese carácter.
En la comunicación difundida por FAECYS también se indicó que se estableció el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores de todas las categorías. En los hechos, el entendimiento combina una mejora porcentual sobre las escalas y un refuerzo fijo para sostener el ingreso durante el trimestre.
Con este esquema, el nuevo salario de los empleados de comercio no queda expresado en un único monto general, ya que dependerá de la categoría y de la escala correspondiente. Lo que sí fija la paritaria es el mecanismo: una suba del 5% sobre la base salarial de marzo, más el componente no remunerativo acordado para los próximos tres meses.
Uno de los puntos centrales del acuerdo es que las partes mantendrán una dinámica de monitoreo constante sobre la situación económica, con el objetivo de que los salarios no pierdan contra la evolución de los precios durante el primer semestre.
Ese punto deja abierta la puerta a nuevas conversaciones una vez transcurrido este tramo trimestral. En otras palabras, la negociación no queda cerrada para todo el año, sino que se vuelve a atar a la marcha de la inflación, el nivel de actividad y la situación de las empresas, especialmente de las pymes y los comercios de cercanía.

Hugo Moyano firmó un aumento del 10,1% para marzo-agosto alineado con la pauta del Gobierno

El sindicato de Camioneros cerró su nueva paritaria con las cámaras empresarias del sector. El acuerdo establece un aumento salarial del 10,1% para el semestre que va de marzo a agosto de 2026, con incrementos mensuales escalonados.
El convenio fue firmado por el gremio que conduce Hugo Moyano, pese a que en las semanas previas había advertido que buscaba cambios en la modalidad de negociación y reclamaba una compensación mayor por la inflación.
La suba se pagará de manera progresiva: 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio, y 1,5% tanto en julio como en agosto. Además, los trabajadores recibirán una suma no remunerativa de $53.000 en marzo, que se abonará por única vez.
El entendimiento quedó en línea con la política salarial que impulsa el Gobierno de Javier Milei a través del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. La estrategia oficial apunta a acuerdos salariales más largos y con subas moderadas, con el objetivo de evitar que las paritarias presionen sobre la inflación. Las negociaciones del gremio estuvieron monitoreadas por la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, que ahora deberá homologar el convenio.
Además del aumento salarial, el acuerdo contempla otros beneficios para los trabajadores del sector. Desde abril se pagará un premio mensual de $60.000 por presentismo y puntualidad, destinado a empleados de las ramas Clearing, Carga Postal y Operaciones Logísticas. Ese monto absorberá lo que ya estén abonando las empresas por ese concepto. También se incrementará la contribución patronal destinada a la Obra Social del gremio. El aporte empresarial subirá de $22.000 a $25.000 por trabajador.
El convenio incluye una revisión durante la primera quincena de junio de 2026. En esa instancia se analizará si hubo diferencia entre la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los aumentos otorgados. En caso de existir una brecha, las partes evaluarán una actualización para compensar ese desfase.
Antes de cerrar el acuerdo, Camioneros había adoptado una postura más dura en la negociación. El gremio había planteado la necesidad de revisiones salariales más frecuentes y propuso pasar de acuerdos semestrales a paritarias trimestrales.
Además, el sindicato reclamaba una compensación del 8% por la pérdida frente a la inflación registrada en el período diciembre de 2025 a febrero de 2026.
Finalmente, tras varias reuniones con las Cámaras empresarias —la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC)— se alcanzó el acuerdo que ahora deberá ser homologado por el Gobierno.

La Justicia ordenó a Vialidad actualizar los salarios luego de un año de congelamiento

El plan motosierra del Gobierno nacional sobre los entes autárquicos acaba de chocar contra un dique judicial. Porque en un fallo de fuerte contenido institucional, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Lanús hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) la actualización inmediata de los haberes del personal que están congelados desde hace más de un año.
La resolución judicial expone una situación de «desigualdad y asfixia»: los trabajadores viales bajo el Convenio 827/06 “E” no percibían aumentos desde octubre de 2024, quedando marginados de las actualizaciones que sí recibieron otros sectores del mismo organismo y de la administración pública centralizada.
En los fundamentos de la decisión, el magistrado destacó el «carácter alimentario del salario» y consideró acreditado el perjuicio provocado por el prolongado congelamiento en un contexto de alta inflación. Además, la Justicia subrayó la «falta de una negociación colectiva efectiva», ante la ausencia de propuestas formales por parte de las autoridades en las audiencias paritarias.
De esta manera, la sentencia dispone que Vialidad Nacional debe aplicar a este sector las mismas pautas salariales establecidas para el Convenio 214 de la administración pública, con retroactividad a noviembre de 2024. La decisión de la Justicia ordena de este modo la actualización inmediata, porque los salarios deberán ajustarse según las Decisiones Administrativas de 2024 y 2025 que rigieron para el resto del Estado; un pago retroactivo: la deuda acumulada y los bonos otorgados desde mediados de 2024 tendrán que abonarse en tres cuotas bimestrales; y por último el juez estableció la suspensión de plazos procesales para impugnar la medida, asegurando que los trabajadores perciban la actualización de forma urgente.
«Este fallo representa un paso fundamental en la defensa de nuestros derechos y confirma la legitimidad de nuestro reclamo», afirmó Graciela Aleñá tras conocerse la noticia. Para la dirigente, la resolución no solo repara una injusticia salarial, sino que también pone de relieve el intento de desmantelamiento de Vialidad Nacional. Para la Casa Rosada, esta dirección judicial puede sentar un precedente relevante, y complicado, para aplicar su plan de ajuste salarial a los empleados de la administración pública.
El Congreso, en 2025, ya había advertido que el Gobierno no puede recortar funciones ni desfinanciar al organismo por su rol estratégico en la conectividad y seguridad vial del país. Sin embargo, la gestión libertaria ha mantenido una política de parálisis operativa y salarial que ahora la Justicia comienza a revertir.
Hay más: este revés para el oficialismo podría disparar presentaciones similares en otros entes autárquicos que atraviesan situaciones de «congelamiento selectivo», debilitando la premisa libertaria de que la paritaria estatal puede ser utilizada como una herramienta de ajuste fiscal unilateral.

Protestas masivas de estatales en cuatro provincias aliadas de Milei

En jornadas de intensa movilización sindical que arrancaron hace dos semanas, cuatro provincias argentinas cuyos gobernantes mantienen abierto su apoyo al presidente Javier Milei vieron a sus empleados estatales salir a las calles para reclamar mejoras salariales y denunciar la falta de recursos provenientes del Gobierno nacional. Los conflictos en Catamarca, San Juan, Jujuy y Santa Cruz pusieron en evidencia la creciente presión social sobre los mandatarios provinciales que respaldan la gestión nacional pese a que la Casa Rosada retacea los fondos federales para educación, salud, asistencia social y la obra pública.
En Catamarca, gobernada por el peronista Raúl Jalil –uno de los gobernadores más cercanos a Milei en el norte–, el conflicto docente escaló el miércoles 11, durante la noche, cuando las columnas de maestros y profesores se concentraron frente a la Casa de Gobierno en una marcha de antorchas. La movilización tuvo réplicas en las ciudades más importantes de esta provincia, como en Santa María. “El Ejecutivo liderado por el gobernador Raúl Jalil tiene literalmente un plan sistemático de destrucción de la educación pública”, aseguró el docente Marcos Castro durante la movilización. Su colega Bruno Corzo, también referente del sector de los autoconvocados, apuntó contra el reciente viaje de Jalil a Estados Unidos junto a la comitiva presidencial de Javier Milei: “Es muy grave lo que hace con la situación que hay acá. El gobernador pide prudencia en la política salarial para los trabajadores pero él se va de gira con la comitiva presidencial”.
Pese a que el gobierno no tenía en sus planes abrir el diálogo, el mandatario catamarqueño bajó la orden de reiniciar las negociaciones. La primera reunión se concretó el jueves 12 al mediodía, en la que estuvo la Intersindical Docente, que integran los gremios ATECa, SADOP y SIDCa, pero terminó sin acuerdo, lo que profundiza la crisis que ya lleva semanas.
Mientras las conducciones gremiales mantenían el encuentro con funcionarios en el interior de la Casa de Gobierno, los docentes autoconvocados permanecieron en la calle frente al edificio, rechazando de antemano cualquier propuesta que no cumpliera con sus exigencias. El Ejecutivo de Jalil había ofrecido llevar el salario básico docente a $800.000 por cargo (posteriormente mejorado a $850.000), más un bono extraordinario de $80.000 por inicio de clases y actualización bimestral del punto índice según la inflación. Sin embargo, los docentes exigen $1.300.000 de salario básico, denunciando que Catamarca tiene el tercer salario docente más bajo del país, solo por encima de Misiones y Mendoza, según el último Informe Indicativo de la Secretaría de Educación de la Nación.
Los docentes autoconvocados –que no participaron de la reunión– convocaron a una nueva marcha el viernes y advirtieron que no aceptarán cualquier acuerdo que surja de la paritaria sin su participación directa.
En Jujuy, gobernada por el radical Carlos Sadir, afín a la Casa Rosada, la actual ola de protestas estatales se originó en un conflicto salarial policial que estalló con violencia días atrás y terminó por contagiar a todo el sector público provincial. Comenzó cuando efectivos de la Policía iniciaron reclamos por mejoras salariales, exigiendo la actualización del salario básico y mejores condiciones de trabajo. La situación se agravó cuando trascendió que la plana mayor de la fuerza había recibido aumentos del 70%, mientras que sectores como los custodios de autoridades de Gobierno y el CEOP (Cuerpo Especial de Operaciones Policiales) accedían a beneficios excluyentes. Este trato diferenciado profundizó el malestar entre los agentes de menor rango, que se sintieron discriminados. La reacción oficial fue dejar sin efecto los aumentos pero el enojo ya se había instalado.
El conflicto escaló hacia disturbios frente a la Casa de Gobierno, con una manifestación que derivó en ataques al edificio gubernamental. Las autoridades presentaron denuncias penales contra los responsables y el Ministerio Público de la Acusación inició una investigación de oficio, calificando los hechos como parte de una estrategia “coordinada y premeditada” por sectores “sin representatividad” en la fuerza. Lejos de calmar los ánimos, estas decisiones no amedrentaron al sector rebelde y se incrementó el malestar.  
Ante la gravedad de la situación, el gobierno provincial se vio obligado a presentar una propuesta que incluía aumentos escalonados y un piso salarial de $1.150.000 para agentes recién incorporados desde marzo, más adicionales por presentismo y mejoras en títulos y posgrados, en un intento de calmar las aguas internas. Cuando trascendió el contenido del ofrecimiento, el grupo de policías activos que protagonizó los reclamos lo rechazó por insuficiente y cuestionó a los interlocutores que eligió el gobierno por “no contar con el aval para tomar decisiones”. La tensión interna escaló tanto que presentó su renuncia el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro. El militar retirado ya se había desempeñado como ministro de Seguridad en Salta, durante la primera mitad del mandato del gobernador Gustavo Sáenz.
Como efecto dominó, el conflicto policial encendió los reclamos del resto de los gremios estatales. Los docentes jujeños, encabezados por el gremio combativo Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), marcharon para reclamar la restitución del abono docente y una nueva negociación salarial. “Hay una situación económica asfixiante, con $800.000 no puede vivir nadie en este momento. La canasta básica ya está casi llegando al millón quinientos”, expresó en la marcha Mercedes Sosa, secretaria general del CEDEMS y sostuvo que “debemos ser recibidos en paritaria, no se puede poner un 10% en cuotas”.
La presión en las calles, a la que se sumaron estatales enrolados en una decena de sindicatos de la Administración Pública, obligó al gobierno provincial a reabrir las paritarias, aunque la situación permanece tensa. El secretario de Trabajo y Empleo, Andrés Lazarte, indicó que se retomarán las mesas de diálogo con los representantes de los distintos sectores. “Queremos llevar tranquilidad para todos los ámbitos de la administración pública y comunicar que van a ser convocados los días lunes y martes. Se generará una agenda de trabajo para dialogar con cada sindicato”, precisó.
La paradoja salarial en Jujuy resulta llamativa: mientras el gobierno ofrece 30% de aumento a la policía, los docentes y empleados estatales denuncian que se les impone un porcentaje inferior, lo que genera una brecha creciente entre las fuerzas de seguridad y resto de los trabajadores públicos.
San Juan. La provincia cuyana gobernada por Marcelo Orrego, que integró Juntos por el Cambio como diputado nacional y hoy cultiva sintonía fina con la Casa Rosada, vivió este miércoles por la noche horas de alta tensión porque los gremios docentes marcharon con antorchas en reclamo de mejoras salariales, en una potente demostración de fuerza.
La columna multitudinaria estuvo encabezada por la secretaria general del gremio educativo UDAP, Patricia Quiroga, y contó con la participación de distintos sindicatos docentes y estatales. Se sumaron los sindicatos UDA, AMET y SADOP, y también adhirieron trabajadores de otros sectores, entre ellos ATE, la Unión Judicial y referentes del sindicato SUTE, que viajaron desde Mendoza para expresar su apoyo. Durante la protesta se pudieron ver banderas argentinas, pancartas y carteles con consignas como “sueldo digno”, mientras los manifestantes sostenían velas encendidas en una marcha simbólica que rodeó la plaza principal.
El conflicto en San Juan había escalado con cuestionamientos al paro médico por parte de funcionarios provinciales, quienes aseguraron que los salarios “le ganan a la inflación”, una afirmación que contrastaba con la realidad que denunciaban los trabajadores en las calles. Sin embargo, la presión de la movilización docente logró revertir la intransigencia inicial del Ejecutivo. Como resultado directo de las protestas en las calles, el gobierno accedió a sentarse a negociar el jueves 12 con los representantes gremiales, abriendo una instancia de diálogo que busca destrabar el conflicto salarial. La apertura de la mesa representa una victoria parcial para los docentes, que lograron forzar al gobierno aliado de Javier Milei a escuchar sus reclamos.
La situación evidencia la dificultad del gobierno de Orrego para sostener simultáneamente el apoyo al presidente y la paz social en su territorio, mostrando que incluso las manifestaciones más tradicionales pueden doblegar la resistencia inicial de administraciones que intentan aplicar austeridad fiscal, de igual modo que la Casa Rosada.
En Santa Cruz, provincia gobernada por el gremialista Claudio Vidal –quien si bien pertenece al PJ no kirchnerista se muestra cercano a la gestión de Milei–, los gremios montaron un acampe frente a la Legislatura desde el pasado miércoles para repudiar que la Legislatura debata un Proyecto de ley de emergencia económico-financiera y administrativa que presentó el Poder Ejecutivo.
La presión en las calles, con momentos de tensión, provocó que el proyecto sea devuelto al Ejecutivo por los diputados, decisión que fue votada por unanimidad. La iniciativa contemplaba facultades extraordinarias para el gobierno provincial. Según los artículos claves, la emergencia alcanzaba a toda la estructura estatal, incluyendo la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes autárquicos, institutos, organismos de previsión social, tribunales de cuentas y la Legislatura misma. Pero lo que encendió la chispa de los reclamos fue que el texto también establecía que durante la vigencia de la emergencia, prevista hasta el 31 de diciembre de 2026, “no podrán aplicarse aumentos salariales automáticos, ni mejoras remunerativas, si no existen recursos financieros disponibles para afrontarlos”.
El rechazo de los diputados a avanzar con la ley –en medio de un acampe gremial– evidenció las dificultades para implementar medidas de ajuste estructural, en un contexto de creciente conflictividad social. Los trabajadores estatales temen que la “emergencia” se traduzca en despidos, suspensiones y reducción de derechos laborales, mientras el gobierno provincial busca herramientas para cumplir con las metas fiscales que exige la coordinación con la Nación.
Las cuatro provincias comparten una característica común: sus gobernadores han manifestado en distintos grados apoyo o alineamiento con la gestión de Javier Milei, en términos de coordinación fiscal y, sobre todo, un respaldo político que permitió la aprobación de proyectos libertarios en el Congreso, como fue la reforma laboral. Sin embargo, esta alianza con la Casa Rosada les presenta un desafío creciente: el Gobierno nacional ha reducido significativamente el envío de fondos federales a las provincias, lo que les impide atender las demandas salariales de sus empleados estatales.
La situación genera una paradoja política porque mientras los mandatarios respaldan al jefe de Estado, son precisamente quienes más sufren las consecuencias sociales de sus políticas de ajuste. En Catamarca, Jalil fracasó en la mesa de negociación; en Jujuy, Sadir tuvo que ceder ante la presión policial para evitar un colapso institucional; en Santa Cruz, Vidal no logró avanzar con su ley de emergencia; y en San Juan, Orrego se vio obligado a abrir el diálogo tras las protestas.
Los conflictos docentes y estatales en estas cuatro provincias evidencian que el costo político del apoyo a Milei está comenzando a cobrarse en las calles, con gobernadores aliados obligados a enfrentar la ira de sus propios trabajadores mientras la Casa Rosada retiene los recursos necesarios para calmar las aguas. Las protestas de las últimas horas sugieren que la tensión social podría profundizarse en los próximos días, con mandatarios atrapados entre su lealtad al Presidente y la necesidad de garantizar la gobernabilidad en sus territorios.

Fuentes: Indymedia Argentina, Perfil, InfoGremiales, La Izquierda Diario, Karne de Máquina

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