La lucha contra la corrupción y por un mayor respeto de los derechos humanos, cambios en las fuerzas de seguridad no logrados por el Gobierno boliviano. El motín policial y el supuesto golpe de Estado contra Evo Morales visibilizó las bajas condiciones salariales de este cuerpo en Bolivia. Pero también la corrupción que caracteriza al […]
La lucha contra la corrupción y por un mayor respeto de los derechos humanos, cambios en las fuerzas de seguridad no logrados por el Gobierno boliviano.
El motín policial y el supuesto golpe de Estado contra Evo Morales visibilizó las bajas condiciones salariales de este cuerpo en Bolivia. Pero también la corrupción que caracteriza al cuerpo. Así, una de las primeras acciones durante el motín fue la quema de informes que investigan esta corrupción. En 2010, el propio presidente ya advertía de la necesidad de aplicar cambios profundos. «Yo ya tengo mi propio diagnóstico, estoy esperando [que] como institución pueda hacer profundos cambios, tiene también otras tareas, y si no hay cambio [estoy] obligado a cambiar la institución, cambiar en su forma de ser, eso será otra responsabilidad», enfatizó.
Es muy habitual escuchar a alguien que habla sobre alguna gestión que para poder aligerar su trámite ha tenido que pagar una coima (soborno). «Ganan poco, y necesitan más ingresos. Los agentes de tránsito siempre buscan un defecto para poder poner una multa. Sin embargo, es habitual que sea la ciudadanía quien ofrece la coima», denuncia a DIAGONAL Mabel Martínez Pabon, secretaria de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia.
«Hemos sido capaces de reconocer que nuestra institución tiene varios estigmas. El estigma de la corrupción, que es preocupante, y el estigma de que somos los primeros violadores de los derechos humanos y que la población desconfía de su institución», asegura el excomandante general de la policía, Óscar Nina. En 2011, Nina fue destituido al ser acusado por el propio Morales de no realizar esfuerzos suficientes contra la «corrupción». Después su sucesor también sería acusado de varios casos de corrupción y cesado.
«La policía sigue siendo lo que era antes, simplemente sus altos cargos se han cambiado de camiseta»
Entre las exigencias del último motín policial estaba la eliminación de la ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, que creó la figura del agente encubierto, para investigar hechos de corrupción y actividades delictivas. Pero esta ley no ha sido derogada. La ley 101 fue aprobada en 2010, cuando era ministro de Gobierno Sacha Llorenti, histórico abogado defensor de los derechos humanos, quien dimitió tras la represión a la VIII marcha en defensa del Tipnis. Eso sí, sus resultados tampoco han sido los deseados. «Se fueron de un extremo a otro. El anterior reglamento era muy permisivo y ponía en indefensión al ciudadano que denunciaba. Pero la 101 también es draconiana y vulnera el derecho a la defensa o a la presunción de inocencia», denuncia Martínez.
«La policía siempre ha sido un brazo de represión de todos los gobiernos. La policía sigue siendo lo que era antes, simplemente sus altos cargos se han cambiado de camiseta con el nuevo Gobierno», denuncia a DIAGONAL Mónica Apaza, activista de las Juntas Vecinales de El Alto. La Policía Nacional es catalogada habitualmente por la Defensoría del Pueblo como una de las instituciones que más viola los derechos humanos. «La intensidad en las actuaciones contra las movilizaciones sí ha bajado un poco», reconoce Mabel Martínez.
Donde no han cambiado mucho las cosas es en las comisarías y en las condiciones en que se encuentran las personas detenidas. «En las comisarías no se cumplen las formalidades de anotar a qué hora es alguien detenido y cuándo es puesto en libertad. Tampoco los ambientes son apropiados», denuncia Martínez, que matiza que sólo se refiere a lo que pasa en las grandes ciudades, ya que es mucho más difícil saber lo que ocurre en las comunidades rurales.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-reforma-policial-tarea.html