Contextualización de la problemática Siendo una cuestión fundamental y estratégica en cualquier proceso de transformaciones, el problema de la tierra en Bolivia se ha convertido en un tema de interminable generación de conflictos que periódica y sistemáticamente sacude el país a lo largo de su historia, aunque especialmente desde de que se produce la […]
Contextualización de la problemática
Siendo una cuestión fundamental y estratégica en cualquier proceso de transformaciones, el problema de la tierra en Bolivia se ha convertido en un tema de interminable generación de conflictos que periódica y sistemáticamente sacude el país a lo largo de su historia, aunque especialmente desde de que se produce la reforma agraria en 1953.
Entendiendo la problemática como un proceso de larga data, puede sostenerse que la última etapa tiene como hito relevante la aprobación de la ley 1715 de 1996, conocida como ley INRA. Dicha norma (vista por algunos como expresión de una segunda reforma agraria), marca como hechos fundamentales el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a territorios colectivos, así como la voluntad de proceder en tiempo perentorio al saneamiento y la titulación de las tierras agrícolas en todo el territorio nacional, con el objeto de definir finalmente los derechos propietarios sobre la tierra, que se habían constituido desde siempre en el motivo esencial de graves conflictos, disputas y hasta enfrentamientos sangrientos.
Desde entonces y a lo largo de las más de dos décadas subsiguientes, los gobiernos que se sucedieron se empeñaron y comprometieron (al mismo tiempo de extender y fijar sucesivamente nuevo plazo de finalización que originalmente concluyó el año 2006), a dar cumplimiento de dicho propósito. Sin embargo, sin excepciones y regularmente también, el proceso seguido para cumplir la norma y las responsabilidades consiguientes, fueron manchadas por diversas irregularidades, actos de corrupción, tráfico de tierras y el mismo tipo de anomalías, como las que actualmente vuelven a develarse a propósito de lo ocurrido en la Reserva Natural de Tucabaca, Roboré, en la región chiquitana de Santa Cruz.
Después de la aprobación de la ley 3545 de reconducción comunitaria de la reforma agraria del año 2006, el actual gobierno, el año 2013, aprobó la ley 429, por la que se amplió una vez más el plazo de ejecución del saneamiento por 4 años. Es decir, hasta octubre de 2017, cuando la totalidad de las 106.2 millones de has. de la superficie del país deberían haber sido saneadas y tituladas.
A más de un año de haberse cumplido dicho plazo legal con el que supuestamente debía haberse finalizado el saneamiento y regularización de la propiedad agraria y, consiguientemente, dados por concluidos aquellos graves y violentos episodios que el país tuvo que atestiguar durante tantos años; sucede que dicho fantasma vuelve a resurgir con una inusitada furia. Dada la magnitud y gravedad de la situación, es claro que allí se manifiesta algo más que el desencadenamiento de la ira popular por la defensa de su territorio, la biodiversidad y su patrimonio natural amenazados y avasallados por asentamientos que habían provocado graves daños y destrucción en una área protegida del lugar.
El bloqueo de la carretera internacional y la vía férrea que conecta con el Brasil; la brutal represión ejercida y la posterior quema de las oficinas del comando de la policía nacional en Roboré (incluido un bus que trasladó contingente policial extraordinario); no solamente actuaron como catalizador y detonante de la enorme furia que se apoderó de la población, sino que puso en evidencia ante los ojos del país, un problema grave de asentamientos consentidos e ilegales, y el avasallamiento de tierras que se había ido acumulando los últimos años.
Aun cuando semejante reacción de bloqueo y movilización social (que inmediatamente logró el respaldo y la inminente amenaza de generalizarse a todas las poblaciones de la inmensa región Chiquitana de Santa Cruz), se la quisiese observar de manera aislada, como si se tratase de un asunto meramente departamental; entonces podría llegarse a la conclusión correcta pero solamente parcial, que tiene que ver con la ya evidente como insoportable situación de avasallamiento, tráfico de tierras y asentamientos ilegales que tienden a generalizarse en todo el país. La gravedad del asunto es que dicho fenómeno que ya venía produciéndose en diversos lugares, ahora se había extendido y concentrado en áreas protegidas, tierras forestales, reservas naturales y zonas estratégicas de enorme valor ecológico y cultural que NO constituyen áreas de libre disponibilidad, pero que además se canalizan nada menos que con la anuencia y la emisión de resoluciones y permisos de las principales entidades encargadas, como son el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).
Muy en contrario de lo que pudiera pensarse, la contundente movilización y bloqueo de los pobladores de Roboré en defensa de sus reservas naturales y áreas protegidas, no ha sido un acto improvisado o impredecible. Todo lo contrario, en realidad debería ser entendida como una reacción natural que habiendo sobrepasado los límites de una larga como angustiosa espera frente a las denuncias planteadas que fueron burladas o no tenían respuesta, termina explotando en razón de haberse llegado al colmo de los avasallamientos y asentamientos ilegales que se instalan imparablemente con la anuencia y permiso de las autoridades competentes.
Si bien es incuestionablemente entendible y justificable la realización de un proceso distribución de tierras y el asentamiento de nuevas poblaciones en áreas de libre disponibilidad y tierras fiscales que hubiesen quedado en tal condición como resultado del saneamiento y titulación; en cambio, también es completamente razonable y legalmente respaldado, el hecho de que se produzca una reacción de resistencia y rechazo, cuando dicho proceso de distribución y nuevos asentamientos, se producen irregularmente y al margen del cumplimiento de la ley, y mucho menos cuando adicionalmente existen prohibiciones expresas, cuando se trata de áreas de protección legalmente establecidas. Por eso es que el conflicto surgido en defensa de la Reserva Natural de Tucabaca y el Paquío, resulte absolutamente ilustrativo sobre las medidas y políticas reales de distribución de tierras que se están aplicando en el país. Una cosa es un proceso de distribución y asentamiento legal en tierras fiscales disponibles, y otra muy diferente la contemporización, respaldo e ilegal autorización de avasallamientos y asentamientos ilegales en tierras que cuentan con protección y/ o prohibición legalmente establecidas.
Se calcula por ejemplo, que desde el año 2006 ya llegaron a Santa Cruz al menos 1.000 comunidades del interior que, inclusive contraviniendo disposiciones expresas de prohibición establecidas en la ley 3545 del mismo año, con el tiempo lograron legalizar sus asentamientos. Como ejemplo de ese boom se señala al municipio de Concepción, capital de la Provincia Ñuflo de Chavez en la Chiquitanía, que en el año 2006 contaba con 25 a 30 comunidades y para el año 2017 habían subido a más de 180.
En lo que corresponde específicamente a las áreas protegidas, se ha denunciado que 5 de éstas en el oriente fueron avasalladas con el aval del INRA y la ABT. Se trata de El Paquío en Roboré, donde se han quemado, desmontado y deforestado 60 has. incluyendo la apertura de caminos con maquinaria pesada; la Reserva natural de Tucabaca, también en Roboré, afectada el 2013 en 1.700 has. con autorización de asentamiento para nuevas comunidades; Laguna Concepción en el municipio de Concepción, que siendo uno de los 11 humedales más importantes del país, fue afectado en 1500 has. para el asentamiento de la comunidad Che Guevara; el área protegida Espejillos en Porongo, donde se dotó 60 has. para el establecimiento de la comunidad Roca; y como si lo anterior no fuese suficiente, nada menos que el Fuerte de Samaipata, sitio prehistórico y patrimonio de la humanidad determinada por la UNESCO, donde se otorgaron 60 has. a terceros privados del total de 260 has. que conforman el espacio de protección patrimonial.
Las advertencias al respecto se remontan al año 2015, cuando desde la Alcaldía de Roboré se denunció varias veces la otorgación de permisos del INRA que autorizaban el asentamiento ilegal de comunidades en áreas protegidas de reserva natural y que no fueron respondidas. Posteriormente, el año 2016, el entonces director nacional del INRA autorizó la distribución de 450.000 has. para el establecimiento de al menos 90 nuevas comunidades que se asentarían en la región de la Chiquitanía cruceña. El año 2017, alcaldes de la Mancomunidad chiquitana denunciaron 800 asentamientos ilegales en áreas forestales. Al respecto, una denuncia sorprendente pero no menos importante, da cuenta que «las solicitudes de dotación locales no prosperan. En cambio sí las que son demandadas por gente que proviene del interior».
Tanta fue la presión demográfica y los conflictos de avasallamiento y tráfico de tierras que se había desatado, que a fines del año 2013 se aprobó la ley 477, específicamente contra el avasallamiento y el tráfico de tierras. Dicha norma lo establece como delito que es tipificado e introducido en el Código Penal, incluyéndose penas de 3 a 8 años de privación de libertad a quienes fueran encontrados culpables de dichos actos. Sin embargo también hay que precisar, que su contenido está orientado preferentemente a proteger los intereses y derechos de propiedad de grandes empresas agroindustriales, cuyos titulares habían logrado presionar y persuadir al gobierno (junto a otras medidas, facilidades y garantías impuestas que se emitieron casi paralelamente), para que las ponga en vigencia con el argumento de conseguir seguridad jurídica para sus actividades.
Como se puede apreciar, hasta aquí se ha expuesto la punta del iceberg, así como suficientes hechos y razones que explican y fundamentan la turbulenta reacción de la población en Roboré. Sin embargo, el fenómeno no se reduce a esa región, y ni siquiera es solo departamental como veremos a continuación.
La lógica del entramado a nivel nacional y los ejemplos que destacan
A pesar del hermetismo existente y la total falta de transparencia e información debida, oportuna y sistemática sobre el proceso de saneamiento; junto a los hechos descritos más arriba, destaca e, boliviano.specialmente aquella declaración del Vicepresidente Alvaro García Linera, cuando el año 2017, en ocasión de un congreso internacional de petróleo y gas que se realizaba en Santa Cruz, sostuvo que «las áreas protegidas son un invento de grupos y dictaduras para apropiarse de los recursos nacionales (…) no porque eran amantes del medio ambiente, sino porque había información de empresas petroleras de que ahí había recursos (…) Ojo, las áreas protegidas fueron elaboradas por los gringos para guardarse nuestros recursos naturales». Es decir, se trata de declaraciones que no solo alientan, sino que terminan marcando una línea de conducta pública respecto de las áreas protegidas, puesto que claramente se induce a su incursión, intervención y aprovechamiento, con tal de dar un supuesto mejor uso de dichos recursos.
Esta lógica es plenamente coincidente con el modelo extractivista y desarrollista que el gobierno está empeñado febrilmente en llevar a cabo a toda costa. Es coincidente con la apertura de las áreas protegidas y territorios indígenas a la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos ya decidida. Es coincidente con la política de ampliación extensiva de la frontera agrícola aun a costa de aprobar y legitimar la ilegal quema y chaqueo de grandes extensiones de bosques y biodiversidad que aprobó hace años. Y es coincidente con todas las medidas que han permitido otorgar piedra libre a la explotación de minerales en las tierras y lugares más insospechados como los glaciares andinos, los yungas o los ríos amazónicos, aun a costa de contaminar y destruir tierras comunitarias, aguas superficiales y subterráneas, o inclusive territorios de estratégico valor ecológico, ambiental y de vida; todo con tal de extraer y agotar hasta el último centavo, la renta que proviene de la venta y enajenación de los recursos naturales.
Por eso, no es casual que en lo que corresponde a la distribución de tierras, que siempre constituyeron una demanda central y de primer orden para amplios sectores de campesinos y colonizadores (que por otra parte también representan una importantísima como codiciada fuerza electoral y de respaldo social); resulte que sean los territorios indígenas, las tierras forestales, las reservas naturales y las áreas protegidas, el recurso disponible a mano que más fácilmente podían ser sujetos de avasallamientos y asentamientos ilegales y descontrolados. Se trata de áreas donde no están permitidas las actividades agrícolas que afecten la vocación de la tierra, las normas vigentes, los derechos constituidos y un elemental criterio protectivo de la naturaleza, la biodiversidad y la vida que se resguardan en esos lugares.
Lo extraño del asunto y sospechosamente perverso (puesto que inclusive ya se había deslindado el riesgo por el cual las grandes propiedades de terratenientes y empresas agroindustriales podrían haber sido el atractivo principal en vista de que ya se los había protegido con la ley 477 contra los avasallamientos y el tráfico de tierras); es que se haya volcado la mirada codiciosa sobre tierras y territorios que legal y legítimamente cuentan con protección y respaldo normativo. Es decir, la misma normativa que podía contribuir en su defensa para evitar esos extremos indeseables, y siendo además que ya se disponían de millones de hectáreas de tierras fiscales que podían haber sido utilizadas para una distribución y asentamiento ordenado, legal y justo.
En otras palabras, las circunstancias para la distribución de tierras habían cambiado sustancialmente. Si para el año 2005 solo se habían saneado 9.3 millones de has. de las cuales prácticamente eran inexistentes las superficies disponibles para su redistribución; con el avance del proceso de saneamiento que se produjo en años subsiguientes, el año 2017 ya se había saneado más de 83 millones, de las cuales se tenían identificadas como tierras fiscales nada menos que 26,8 millones de has., de las cuales 8 millones estaban disponibles y 3 millones se encontraban en proceso de consolidación, según información oficial del propio INRA.
Bajo esas circunstancias la extrañeza no es para menos, inclusive a pesar de que para importantes dirigentes campesinos y colonizadores (mal llamados interculturales), los territorios indígenas y las tierras de vocación forestal son catalogadas como «ociosas», y a los pueblos indígenas que las detentan y protegen, como «terratenientes».
Al respecto y como desdiciendo aquella posibilidad de encarar un proceso de distribución de tierras ordenado, legalmente justo y atinado, y opcionalmente más pertinente; para el mismo año 2017, la directora nacional del INRA, daba cuenta que en todo el país se habían avasallado 332.361 has. en 8 departamentos del país, sin incluir Oruro, donde no se reportan dichos actos. De ese total, sólo en los departamentos de Santa Cruz, Pando y Beni se sumaban 327.191 has. avasalladas.
Ahora bien, teniendo en mente esos datos, pasemos a revisar aquellos otros casos denunciados a nivel nacional.
· Nación Qhara Qhara de la marca Qhila Qhila en la Provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, que denuncio enfrentamientos con heridos de gravedad producidos en la comunidad Umaca. Se rechaza el saneamiento de tierras del INRA, en vista de que se estaría otorgando derechos a terceros afines al gobierno en tierras originarias. Solicitan retirar a 400 «forasteros» que habrían sido trasladados de Maragua y otros sindicatos aledaños para provocar enfrentamientos.
· Territorio Indígena Multiétnico (TIM), en el departamento del Beni, donde a su interior se han establecido avasallamientos ilegales de terceros (ganaderos, colonizadores o madereros), que se instalaron en lugares de exconcesiones forestales que ya caducaron el año 2011. Se trata de un caso emblemático de muy larga data, en vista de que a pesar de estar vigente el D.S. 22611 de 1990, donde se define la restitución de las ex concesiones forestales ubicadas en el Bosque de Tsimanes a favor de los pueblos indígenas , así como la ley 3545 del año 2006 que expresamente reitera y especifica la obligación de titular este territorio; sucede que hasta el presente dicha obligación legal es incumplida y no se procede al desalojo de los avasalladores ilegales, para dar curso a la consolidación de sus derechos. Ello sucede a pesar de que el propio gobierno (por medio del ministro de gobierno), ya ha reconocido la legalidad y justeza de sus derechos y la demanda planteada, como se puede establecer en un acuerdo firmado en el mes de Septiembre en un encuentro extraordinario de corregidores efectuado en Santa Rosa del Apere, y que no se pude concretar hasta ahora.
· Asentamiento ilegal de una colonia menonita en Rio Negro, en una superficie de 34.744 has. del bosque del municipio beniano de San Javier efectuado el año 2006. Dicho avasallamiento ilegal tiene una instrucción de desalojo desde el año 2008 que no se cumple, y muy en contrario de procederse al desalojo que manda la norma en estos casos, sucede extrañamente que la colonia menonita ha solicitado varias veces la realización del saneamiento de esas tierras. Además, contraviniendo todas las disposiciones legales que lo prohíben expresamente, pero sobre todo favoreciendo grandes intereses de extranjeros que avasallaron y desmontaron ilegalmente grandes extensiones de tierras y bosques a pesar de prohibiciones expresas de la ley, llama profundamente la atención de que el año 2016 los dirigentes de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), hayan solicitado la legalización de 23.000 has. de la comunidad Rio Negro en favor de los menonitas. En 2018, también se ha denunciado que la Central campesina 16 de Julio vuelve a insistir y otorga plazo de 190 días para que el Viceministerio de tierras regularice la situación de Rio Negro. A todo ello se suma el caso del hermano del Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, quien ha sido enviado a la cárcel, acusado de cobrar 600 mil dólares a esta misma comunidad menonita con la que se había comprometido a sanear sus tierras y no cumplió. Este caso muestra un eslabón adicional en las irregularidades, en una cadena de lazos que tienden a otorgar visos de legalidad a avasallamientos, tráfico de tierras y asentamientos ilegales que, precisamente por su carácter anómalo, debían haber sido resueltos hace tiempo, con la sanciones que manda la ley.
· 11 de agosto de 2018, la Federación de campesinos Tupac Katari de La Paz, emite voto resolutivo pidiendo la abrogación de decreto supremo que declara al Parque Nacional Madidi como área protegida y TCO, además de que se elimine la categoría de TCO al territorio Leco de Apolo, con el objeto de introducir y realizar actividades mineras. Los comentarios son por demás innecesarios, habida cuenta de las previsibles como graves consecuencias e impactos negativos que ello contraería, ya no solo en lo que corresponde al avasallamiento ilegal de tierras, sino de su contaminación, destrucción y pérdida.
· Parque Nacional Tunari que abarca las provincias Ayopaya, Cercado, Quillacollo, Chapare y Tapacarí en el departamento de Cochabamba. En el año 2017, el asambleísta departamental Freddy Gonzales denunció el saneamiento irregular de avasallamientos ilegales que se producen dentro del área protegida, que es compartida por 11 municipios en una superficie de 328.000 has. No hay que olvidar que se trata de un caso estratégico para la captación y acumulación de agua de la que posteriormente dispone todo el valle cochabambino para abastecerse y regar la cada vez menor extensión de cultivos que todavía persiste. Allí se sitúa el área estratégica más importante de precipitación, recarga y almacenamiento acuífero, así como los bosques que prestan este servicio ambiental tan importante para la vida en Cochabamba.
· El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), ubicado en la frontera de los departamentos de Cochabamba y el Beni. El mismo que, como es de público conocimiento, desde hace muchos años viene siendo sujeto de graves presiones, asedio y, sobre todo, de sistemático desmantelamiento de todas las disposiciones que impiden la ampliación y generalización de los avasallamientos ilegales ya delimitados, que permitieron la conformación de lo que se conoce como el polígono 7 dentro del territorio. De concretarse esos extremos, indudablemente tendrían una válvula de escape y extensión, sobre todo si procede la construcción de aquella carretera que invadiría y partiría por el núcleo este territorio indígena y parque nacional.
Finalmente, no es posible dejar de mencionar hechos que aunque aparecieron aislados al conocimiento e información pública, sin embargo constituyen datos de enorme significación a la hora de comprender integralmente toda la problemática que hace a la distribución de tierras, cuyas expresiones más condenables como perversas son el tráfico de tierras, la corrupción, los avasallamientos y asentamientos ilegales, y una tácita anuencia de autoridades e instituciones competentes del gobierno, que ha llevado a legalizar y legitimar semejantes irregularidades.
El año 2017, en una situación por demás fortuita e inesperada que surge como consecuencia de la persecución de ladrones que habían atracado un cuantioso botín a la empresa Brinks, se descubrió que los mismos se habían ocultado en dos propiedades agrícolas ilegales que habían sido avasalladas, ubicadas en Carmen Rivero Torres, de la provincia Germán Busch en Santa Cruz. Una de las haciendas tenía una superficie superior al tope máximo legal permitido, y la otra alcanzaba al límite de 4.988 has. Lo adicionalmente sorprendente del asunto, es que una de ellas era detentada como propiedad nada menos que del cabecilla de la banda delincuencial buscada. Es decir, que de no haberse producido la detención de los malhechores en ese lugar, nunca se hubiese sabido que se trataba de propiedades ilegales, producto de un avasallamiento, pero que inclusive a tiempo de realizarse el proceso de saneamiento correspondiente, tampoco se tomaron las medidas de desalojo y reversión que correspondían, dejando que esas tierras sean usufructuadas ilegalmente. Este último extremo solo sucedió al momento de descubrirse semejante irregularidad, y una vez declaradas inmediatamente tierras fiscales, ambas haciendas fueron entregadas con 194 resoluciones de asentamiento a comunarios, con la recomendación presidencial de » no vender sus tierras, sino trabajarlas para garantizar la soberanía alimentaria del país». En referencia a la extensa superficie de las tierras revertidas, no es de ninguna manera un dato menor y sin importancia, aquella denuncia planteada por la Fundación Tierra, respecto de que el gobierno hubiese violado las normas, saneando y titulando propiedades que excederían las 5.000 has. permitidas por la Constitución y que fueron refrendadas por Referéndum nacional expresamente consultado al respecto.
A propósito del proceso de distribución de tierras que se encaró oficialmente, en el mes de abril del año 2016, el país tomo conocimiento de que el INRA, por medio de una resolución administrativa emitida el año 2015, se encontraba en proceso de adjudicación de 50 has. en Pailón, Santa Cruz, a un ex jugador de futbol de la selección boliviana, y que solo faltaba el pago de 10 mil bolivianos en total para que se concrete la adjudicación de las tierras. La noticia daba cuenta que otros dos ex jugadores más, que habían expresado públicamente un fuerte respaldo al gobierno de Evo Morales, también se encontraban entre los potenciales beneficiarios. En este caso, al margen del inocultable vínculo evidenciado públicamente, lo anómalo de la situación tiene que ver con los destinatarios de la adjudicación de tierras. Las normas señalan expresamente, que las tierras fiscales identificadas como resultado del proceso de saneamiento, deben ser destinadas a la dotación (por encima de la adjudicación), y preferencialmente a comunidades campesinas y pueblos indígena originarios que no dispongan de tierra o la tengan de manera insuficiente. Tratándose de casos de adjudicación (que no tienen la prioridad legal), las tierras fiscales disponibles identificadas deben ser adjudicadas preferentemente a personas que residan en el lugar y de acuerdo a la vocación del suelo. Es decir, condiciones que los ex jugadores muy difícilmente podrían haber demostrado, dado el lugar de localización de los predios.
A fines del año 2016 el director nacional del INRA no solo admite la existencia de irregularidades (estafa, defraudación y tráfico de tierras) cometidas por funcionarios de dicha repartición, sino que el propio ministro de Desarrollo Rural y tierras denuncia la existencia de una red de corrupción en el INRA, pidiendo al ministerio público que se hagan cargo de la investigación.
En el mes de septiembre de 2017, se descubrió y allanó oficinas que habían sido instaladas en la ciudad de El Alto en La Paz; las mismas que se dedicaban a estafar y organizar listas y grupos de personas que luego eran trasladadas a la Provincia Abel Iturralde del norte del departamento de La Paz, donde se les ofrecía tierras y se pretendía asentar ilegalmente comunidades. También se conoció, por información proporcionada por la directora nacional del INRA, que en el departamento de Santa Cruz, en las provincias Guarayos, Ñuflo de Chaves y Chiquitos, también se había procedido a efectuar acciones legales, sobre la base de una querella que el ministro de Desarrollo Rural y Tierras había iniciado en contra de 2 funcionarios, por los delitos de estafa y conformación de red de tráfico de tierras.
Como si los hechos se ensañaran en confirmar la existencia de una red de corrupción que se ha instalado en las mismas entrañas de las instituciones responsables del saneamiento, distribución y fiscalización de tierras, debe recordarse que no existe el menor atisbo de una institucionalización transparente e idónea, que asegure un desempeño irreprochable en el cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones. Por ejemplo, los directores nacionales del INRA, han sido cambiados intempestivamente casi cada año en las últimas gestiones de gobierno. Desde el año 2006 no se da cumplimiento al proceso de selección y nombramiento que manda la ley para este tipo de autoridades nacionales. En fin, existe una desinstitucionalización crónica y el recambio permanente y discrecional de autoridades es un asunto frecuente que no solo le ha quitado el prestigio y la confianza que adquirió en algún momento; sino que por toda la serie de hechos conocidos, empaña y se convierte en sujeto de fundamentadas sospechas de corrupción. Al respecto, no ha dejado de llamar la atención pública el último nombramiento efectuado por el gobierno, nombrando como director nacional del INRA, a quien fuera magistrado de aquel Tribunal Constitucional Plurinacional que aprobó sentencia que favorece la habilitación indefinida de las candidaturas que hubiesen excedido el periodo y las reelecciones constitucionalmente establecidas y fijadas. Es decir, se toma una decisión que trasluce el beneficio y retribución por los favores recibidos, replicando lo que anteriormente ya se hizo con otros magistrados del mismo tribunal al que se les nombró en otros cargos jerárquicos dependientes del Poder Ejecutivo.
Teniendo como base todos estos hechos y casos descritos tan escuetamente, no se puede llegar a otra conclusión que no dé cuenta de un entramado realmente peligroso que funciona, sin lugar a dudas, transformando la realidad agraria del país. Los elementos de juicio disponibles nos hacen ver que no se trata precisamente de un cambio favorable y esperado; todo lo contrario. La pregunta es cómo y quién será capaz de poner el cascabel al gato, puesto que el gobierno solo se ha limitado a minimizar la problemática y sofocar los conflictos de manera aislada, sobre la base de acuerdos dilatorios, que no hacen al fondo de la problemática, o que sencillamente la continúan alentando y socapando, solo por hacer prevalecer intereses electoralistas y de conservación del poder.
Las consecuencias
Para finalizar y a modo de conclusiones preliminares, sea oportuno señalar lo siguiente.
El proceso de distribución de tierras en el país está transitando hace años un peligroso camino de condescendencia y respaldo a actos ilegales de avasallamiento, asentamientos ilegales y hasta tráfico de tierras; los mismos que suele respaldarlos con algunos visos de legalidad. De esa forma, es cada vez más probable la conformación de redes de corrupción y tráfico de tierras que comprometen tanto a las autoridades y entidades encargadas, sujetos particulares que se organizan para delinquir, y organizaciones sociales que se prestan y/o respaldan los actos ilegales.
Es lamentablemente irrefutable, que este tipo de actos de asedio, avasallamiento, asentamientos ilegales y tráfico de tierras que han puesto sus ojos especialmente en los territorios indígenas, las tierras forestales, las reservas naturales y las áreas protegidas, muy a pesar de que las mismas cuentan con protección legal que prohíbe y sanciona dichos actos; corresponde a la misma lógica del modelo económico desarrollista y salvajemente extractivista que defiende el gobierno, con el añadido de que en este caso (cuando logran prosperar los actos ilegales), se afectan y destruyen zonas estratégicas de enorme valor ecológico, natural y cultural, que entrañan el atentado contra la naturaleza y la propia vida.
El avasallamiento, los asentamientos ilegales y el tráfico de tierras en áreas de extrema vulnerabilidad que se efectúan inclusive con el consentimiento de las instituciones encargadas, no solo implican el despertar de una codicia indetenible que contribuye a la rápida y creciente pérdida de biodiversidad, áreas estratégicas de conservación y protección, y zonas fundamentales para la vida; sino que suponen la agudización del modelo extractivista y destructor de la naturaleza.
Arturo D. Villanueva Imaña es sociólogo de Cochabamba