La revuelta de los latifundistas

El pasado 11 de abril, la Red Unitel informó sobre los conflictos de Camiri, donde el Vice-Ministro de Tierras, Alejandro Almaráz, era resistido y amenazado por belicosos grupos de latifundistas opuestos al saneamiento de tierras que se pretende ejecutar en la Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz.

¡No tenemos miedo..carajo!, gritaban desde las trincheras que armaron con troncos para defender las extensas tierras de las que se apoderaron sin más ni más. Entre ellos se destacaba el cow-boy, Ronald Larsen, que llegó a Bolivia como parte del Cuerpo de Paz, es decir, como empleado de la CIA y tras quedarse aparece poseedor de miles de hectáreas en varias haciendas.

Almaraz se encuentra realizando peritajes para proceder al saneamiento de tierras, pues se sospecha que los latifundistas tras recibir concesiones se apoderaron de otras miles de hectáreas, quitándoselas a los guaraníes a quienes de paso convirtieron en esclavos y mano de obra gratuita.

El Vice-Ministro, no solo es rechazado por estos señores feudales que prefieren autocalificarse como «productores», exigen su salida del lugar, pues no le permiten ingresar a estas tierras que son del Estado. ¿A qué le temen?, ¿Qué ocultan?, ¿No será que por esas alejadas zonas existen laboratorios y pistas clandestinas que sirven al narcotráfico?

Si son poseedores legales, deberían facilitar el saneamiento, para ser definitivamente reconocidos.

El actual gobierno, pretende acabar con la existencia de inmensos latifundios explotados con mano de obra esclava, porque eso existe, fue denunciado desde hace muchos años y en los siguientes días será puesto en conocimiento de Naciones Unidas.

Lo cierto es que desde la dictadura de Hugo Banzer, los latifundistas se han reorganizado y nuevamente se sienten amos de miles y miles de hectáreas del Estado, en tanto que otros miles de originarios sufren sin tierra para sobrevivir.

Esta situación hace urgente la necesidad de regular las actividades de la agroindustria y la ganadería limitando las tierras concedidas para su explotación. La nueva Constitución, propone entre 5.000 y 10.000 hectáreas.

A los latifundistas, les parecen muy «limitadas», porque seguramente sus vacas no podrán revolcarse a sus anchas en semejantes extensiones de tierras absolutamente ociosas.

En el pasado, los gobiernos dictatoriales, primero y neoliberales luego, protegieron a una pequeña clase de ricachones contra la inmensa mayoría de pobres. Ahora que llegó al gobierno un proceso de cambios para favorecer a los sectores que ni siquiera eran reconocidos como parte del Estado, los grandes hacendados están echando el grito al cielo y al infierno.

Los latifundistas se están armando hasta los dientes, organizando paramilitares a partir de sus comités cívicos y prefecturas. Se han contratado expertos extranjeros en terrorismo y soldados de fortuna como se los denomina a estos criminales desplazados del ejército norteamericano.

Los intereses de pocos gamonales, están a punto de precipitar al país en una confrontación que es atizada por el propio embajador norteamericano que tras descuartizar Yugoslavia, pretende hacer lo mismo en Bolivia, aprovechando la controversia existente con los latifundistas.

El enorme poder económico que poseen estos pequeños grupos gamonales, puede desatar el asesinato de dirigentes campesinos como ocurrió en el pasado reciente de Brasil, Colombia y Guatemala.

La situación es extremadamente peligrosa, porque la historia de nuestra América, nos recuerda claramente que estas abusivas castas latifundistas, provocaron a los originarios despojándoles de sus ancestrales tierras, los que no tuvieron otra alternativa que defenderse, originando en Colombia la aparición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ejército de Liberación Nacional (ELN).

En nuestro país, ya se produjo una experiencia de esta naturaleza en el norte cruceño, donde hace varias décadas apareció una organización denominada Unión de Campesinos Pobres (UCAPO), que se dedicó a reivindicar el derecho de los campesinos originarios a poseer alguna extensión de tierra para su sobrevivencia.

El pasado mes de marzo, la Fundación TIERRA publicó «Los barones del Oriente», una investigación que pretende esclarecer el poder de los latifundistas orientales. Según los datos que contiene, apenas 40 familias son el centro del poder económico regional con haciendas de más de 20.000 hectáreas.

El resistido Vice-Ministro de Tierras Almaraz, reveló hace poco que apenas 17 familias, empresas y personas individuales, poseen en conjunto nada menos que medio millón de hectáreas en Santa Cruz.

Un ejemplo, la familia Saavedra Bruno, recibió el Consejo de Reforma Agraria 16.129 hectáreas, pero en el saneamiento se comprobó que se había apoderado de 73 mil, por lo que se sanearon solo 17 mil. Otro ejemplo: La familia Monasterio Nieme, consiguió 13.533 hectáreas, pero se mensuraron 78.340, terminando saneadas algo más de 50 mil.

En Santa Cruz, cuatro beneficiarios tienen predios con más de 50.000 hectáreas y en conjunto poseen casi 803.000 hectáreas. En Beni 10 familias son dueñas de otro medio millón de hectáreas. En Pando 9 familias acaparan unas 800 mil hectáreas. Entonces estos potentados, tienen sobradas razones para invertir grandes cantidades de dinero para subvertir el orden establecido, porque son protagonistas de una desigual tenencia de tierras.

Un pretexto: La autonomía

Los ladrones de tierras, están poseen actualmente la dirigencia de comités cívicos y otras organizaciones empresariales con gran influencia, porque además son dueños de medios de comunicación, adecuadamente utilizados para embaucar a la ciudadanía.

Al no tener razón para defender la fraudulenta posesión de tierras, estos grupos apelaron al pretexto de las autonomías departamentales, que claramente apuntan, no a una descentralización, ni siquiera federalización del país, sino a su secesión hasta rematar en una presunta «independencia» de Santa Cruz.

El 11 de diciembre de 2008, el periódico La Razón publicó una fotografía en la que aparecía un manifestante luciendo un gran billete de «Cien Cruceños», la supuesta moneda de la futura República de Santa Cruz.

El espía de la CIA Ronald Larsen, se apoderó ilegalmente de numerosas, tierras que ahora «defiende» exigiendo la salida del Vice-Ministro Almaráz, quien se encuentra en Camiri.

El propio paladín del Comité Cívico cruceño, Branko Marinkovic, se apoderó de extensas tierras de originarios guarayos y la Laguna Corazón. Estas cosas ocurren únicamente por la existencia del tráfico de influencias y la circulación de los dineros de la corrupción que pueden poner de rodillas a abogados y autoridades estratégicamente situadas en la cadena que conduce a la concesión de tierras.

Estos delincuenciales gamonales feudales, pretenden ahora convertirse nada menos que en «defensores de la democracia y la libertad», olvidando momentáneamente que financiaron golpes militares.

Alejandro Saravia, en su artículo «La mascarada autonomista: Los intereses detrás de Marinkovic, Costas y Quiroga», preguntaba: ¿No fue acaso en Santa Cruz, donde los grandes narcotraficantes ofrecieron en 1980 un financiamiento de cuatro millones de dólares al golpista García Meza? ¿No estaba en esa reunión Edwin Gasser, dueño del mayor ingenio azucarero del país y dirigente de la Liga Mundial Anticomunista, además de Pedro Bleyer, presidente de la Cámara Industrial de Santa Cruz?

Medios de Comunicación

La revuelta de los latifundistas, está adecuadamente apoyada y sobretodo manipulada por los grandes medios de comunicación que en conjunto son propiedad del poderoso clan gamonal poseedora de enormes extensiones de tierras.

La Red Uno de la familia de Ivo Kuljis, tiene intereses en la Cabaña Agropecuaria Modelo, además de inversiones en plantaciones de soya, sorgo y maíz, es propietaria de la incubadora Avicruz S.A., la Cabaña Kupel, dedicada al ganado de raza Nelore. Le pertenece también el Grupo Ganadero «K de Oro».

Al margen tiene intereses en el Banco Económico, la Fábrica de papel Kupel, FexpoCruz y numerosas otras empresas.

Cadena «A», propiedad de Luis Miguel, Mario Mercado Rocabado, Mauro Bertero y familia. Todos ellos ligados además a la minería, la hotelería y otras empresas.

La Red Unitel de alcance internacional y con diez repetidoras, propiedad de Osvaldo Monasterio Añez y familia, está ligada a intereses en el Banco Ganadero, Gaseosas Mendocina, Zona Franca de Puerto Suárez, Empresa Ceibo, productora de Alcohol y derivados, Estancia Monasterio dedicada a la cría de ganado de raza Nelore, la Cabaña Sausalito y otros.

La Red PAT que recientemente paso a manos de la familia Daher igualmente ligada a fuertes intereses comerciales y de la agroindustria.

La Red Bolivisión, anteriormente propiedad de Ernesto Asbún, está ahora en manos de un empresario mexicano que lo adquirió aparentemente sin la autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Todos estos medios y otros escritos, respaldan y apoyan activamente el ilegal proceso autonómico liderado por los cívicos cruceños presentando informaciones sesgadas, manipuladas intencionadamente por periodistas que resignaron su profesionalidad en razón de la «necesidad» de trabajar.

Hay que revertir siglos de despojo

Los campesinos originarios, suelen llamar «Pachamama» a la tierra porque la respetan y reconocen en ella su valor sagrado. Para ellos la tierra es vida, lugar sagrado y centro integrador de la vida y su comunidad. En el Chaco, los guaraníes con mayor razón saben que la madre tierra alimenta a sus hijos y que por ello mismo es preciso cuidarla, pidiendo permiso para sembrar y no maltratarla.

Pero en la colonia, la conquista llegó marcada por el saqueo a favor de los vencedores. De la noche a la mañana, los que habitaban estas tierras, se enteraron que las tierras que habitaban desde sus ancestros le pertenecían en adelante a los conquistadores y por lo tanto tuvieron que pagar tasas, tributos y trabajar en las minas de Potosí a donde eran llevados por fuerza.

Muy pocos de ellos pudieron «recomprar» sus propias tierras, los más las perdieron a favor de los recién llegados. Los originarios comenzaron a sentirse «extranjeros en su propia tierra». A fines del siglo 19 un levantamiento de guaraníes en las tierras donde ahora es resistido el Vice Ministro Almaraz, provocó una terrible matanza que casi terminó con los originarios.

Apiaguaiqui Tumpa, había encabezado los levantamientos, al igual que tres hermanos Katari en Chayanta, Julián Apaza (Tupaj Katari) y Bartolina Sisa en La Paz, Ignacio Muiba y Andrés Guayocho en Moxos.

Pero esos levantamientos terminaron con dolorosas masacres, porque los más pobres jamás cuentan con armas para defender lo que sus ancestros les dejaron. Así mismo está ocurriendo en estos momentos en el Chaco, donde latifundistas que no logran explicar cómo obtuvieron las tierras que detentan, pretenden que las cosas sigan igual.

Exigen que no se lleve a cabo el saneamiento de tierras, que sus esclavos sigan en las mismas condiciones y que el Estado no diga nada y el Vice Ministro se vaya del lugar.

El actual gobierno, aparentemente encamina sus políticas agrarias hacia un nuevo orden, como consecuencia de numerosas y masivas concentraciones que desembocaron en la Marcha por el Territorio y la Dignidad de los pueblos orientales en 1990.

Esperamos que los pueblos originarios de nuestras tierras encuentren verdadera justicia, frente a la que pretenden imponer los ladrones de tierras, atrincherados en los comités cívicos y organizaciones empresariales, ahora dispuestos a provocar hasta el descuartizamiento de la patria, para imponer sus intereses.

¿Qué títulos tienen los latifundistas?

En Alto Parapetí, el saneamiento es resistido. ¿Entonces cómo probarán su derecho, los que dicen ser dueños de esas tierras?. Quizás es adecuado terminar esta nota, citando una arenga del asesinado presidente Manuel Isidoro Belzu en 1865, cuando otro gobierno sensible a su cargo, pretendía devolver las tierras a sus legítimos dueños.

Belzu decía en uno de sus populares discursos: «Ha sonado ya la hora de pedir a la aristocracia sus títulos y a la propiedad privada sus fundamentos… La propiedad privada es la fuente principal de la mayor parte de los delitos y crímenes en Bolivia, es la causa de la lucha permanente entre los bolivianos, es el principio dominante de aquél egoísmo eternamente condenado por la moral universal. ¡No más propiedad, no más propietarios, no más herencias! ¡Abajo aristócratas! ¡La tierra sea para todos! ¡Basta de explotación del hombre por el hombre!.