En entrevista con La Jornada Morelos, el abogado Luis Pérez de Acha analiza las implicaciones del amparo que presentó ante la Suprema Corte de Justicia, el 11 de marzo salió la sentencia que permitirá a los tribunales juzgar la corrupción y el peculado : «La Suprema Corte tiene que afinar la sentencia, dar el engrose, […]
En entrevista con La Jornada Morelos, el abogado Luis Pérez de Acha analiza las implicaciones del amparo que presentó ante la Suprema Corte de Justicia, el 11 de marzo salió la sentencia que permitirá a los tribunales juzgar la corrupción y el peculado : «La Suprema Corte tiene que afinar la sentencia, dar el engrose, corregir las erratas, añadir algunas ideas, puede tomar un par de semanas, después se notifica a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) para que cumpla la sentencia, la ASF tiene que informar a la Suprema Corte que ya comenzó a cumplir la sentencia, de lo contrario la ASF incurrirá en responsabilidades. Tiene que actuar en tres sentidos de manera inmediata y aplicar multas a funcionarios… La ASF tiene que pedirle a los funcionarios el resarcimiento del daño: regresar el dinero, que puede incluir a particulares. Y tiene que presentar denuncias penales por peculado, por indebido manejo de recursos públicos».
El doctor Luis Pérez de Acha presentó un nuevo juicio para aclarar los datos fiscales de Angélica Rivera de Peña: «Habrá una audiencia el 26 de marzo, admitieron el trámite, estamos recabando pruebas, no creo que pasen más de tres meses para resolver este asunto… detectamos que la señora Angélica Rivera incurre en contradicciones entre lo que manifestó públicamente y lo que aparece en el Registro público de la propiedad. A partir de ahí articulamos una estrategia, valoramos el derecho de petición como ciudadanos».
LJM.- Luis, ¿cuál es el significado del fallo a favor del amparo que ustedes presentaron?
LP.- En julio de 2011 se reformó la Constitución para que el juicio de amparo fuera una herramienta que protegiera de mejor manera a los ciudadanos. El primer amparo que presenté se conoció coloquialmente como Yo Contribuyente, lo encausamos con la figura del Interés legítimo, esta figura permite a las personas, organizaciones o agrupaciones, defender derechos colectivos -salud, educación o medio ambiente-, nosotros lo enfocamos a la educación y a combatir la corrupción, perdimos el primer juicio de amparo ante la primera sala de la Suprema Corte, pero aprendimos. El aprendizaje del primer amparo lo trajimos ahora, hoy se materializó, la lucha ES contra la corrupción y en favor de la educación de los niños. La sentencia tiene un doble efecto, son dos puntos generales: le da herramientas a los ciudadanos y asociaciones cuya finalidad sea la defensa de derechos colectivos, y se permite el combate a la impunidad.
LJM.- Tu despacho de abogados ha colaborado con «Mexicanos primero» y «Causa común», ¿fue una asociación por compatibilidad política?
LP.- Nada que ver con una compatibilidad política, absolutamente no. Tanto Claudio X. González y María Elena Morera me buscaron en función del primer juicio de amparo del Yo Contribuyente, nada que ver con política, somos abogados litigantes.
LJM.- En el contexto del fallo de la Corte Suprema y a nivel político, ¿qué opinión te merece el Sistema Nacional Anticorrupción?
LP.- Es una coincidencia, se alinearon los astros, nosotros presentamos el amparo en febrero de 2013, al año siguiente llegó a la primera sala de la Suprema Corte y el 11 de marzo de 2015 se resuelve. Estaba fuera del radar que existiera la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y la reforma constitucional. También se tuvieron que alinear los astros en la Suprema Corte, lograr convencer a cinco ministros -de forma unánime- sobre el interés legítimo para combatir la corrupción, esto marca un hecho histórico. Cuando iniciamos los trámites sonaba como una aventura, no sabíamos qué resultaría, a dónde llegaríamos, estábamos aprendiendo y explorando -tanto los tribunales como los abogados-, hoy se sabe más del interés legítimo, pero hace dos años no se conocían los antecedentes del interés legítimo.
LJM.- ¿Cuál fue el referente teórico del Interés legítimo?, ¿en qué países se aplica?
LP.- En México había antecedentes teóricos muy incipientes, incluso fue la tesis de uno de los ministros, la tesis del doctor Arturo Zaldívar -«Hacia una nueva ley de amparo»- aborda el interés legítimo. En otros países sí se aplica el concepto del interés legítimo: en España y Alemania, en algunos países de Sudamérica y en Estados Unidos con sus modalidades, al final se trata si los ciudadanos podemos combatir la corrupción y la impunidad.
LJM.- ¿Cómo funciona la instrumentalización del amparo de la Suprema Corte?, ¿cuándo veremos las primeras órdenes de aprehensión contra los funcionarios corruptos?
LP.- La Suprema Corte tiene que afinar la sentencia, dar el engrose, corregir las erratas, añadir algunas ideas, puede tomar un par de semanas, después se notifica a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) para que cumpla la sentencia, la ASF tiene que informar a la Suprema Corte que ya comenzó a cumplir la sentencia, de lo contrario la ASF incurrirá en responsabilidades. Tiene que actuar en tres sentidos de manera inmediata y aplicar multas a funcionarios o exfuncionarios.
LJM.- Varios funcionarios brincan de puesto en puesto…
LP.- Pensemos en los funcionarios estatales responsables del dinero en la época que se detectaron los desvíos. La ASF tiene que pedirle a los funcionarios el resarcimiento del daño: regresar el dinero, que puede incluir a particulares. Y tiene que presentar denuncias penales por peculado, por indebido manejo de recursos públicos; el peculado no implica sólo que se roben el dinero, sino que no lo habían destinado a los fines autorizados.
LJM.- Después del encarcelamiento de la presidenta «vitalicia» del sindicato de maestros, ¿terminó el desvío de recursos públicos?
LP.- No lo veo así, no es mi especialidad. Lo que sí te puedo decir es que en 2011, 2012 y 2013 la ASF sigue detectando las irregularidades en el manejo del Fondo de Aportaciones Federales a la Educación Básica. El gasto educativo de 2015 será de un billón de pesos, 75% se lo lleva la educación básica. Un billón de pesos equivale a toda la renta que el Servicio de Administración Tributaria [Impuestos Internos] espera recaudar este año, el SAT trabaja para la educación pública y es una cueva de Alí Babá por sus manejos irregulares, está en juego el futuro de México.
LJM.- ¿El dinero pudo pasar a las campañas electorales del sindicato y su plataforma Nueva Alianza?
LP.- Un billón de pesos puede ir a muchos lados: casas, yates, joyas, y campañas electorales; cuando no hay control, todos meten mano.
LJM.- Una vez que ganaron por voto unánime, ¿qué recurso presentarán?, ¿en qué instancia va el litigio para esclarecer la Casa Blanca de la esposa de Peña Nieto?
LP.- Pensé que te irías sin preguntar sobre la Casa Blanca. Ya presentamos el amparo, habrá una audiencia el 26 de marzo, admitieron el trámite, estamos recabando pruebas, no creo que pasen más de tres meses para resolver este asunto.
LJM.- ¿El caso no se cierra con la venta de la Casa Blanca de Angélica de Peña?
LP.- No, si hay delito, el delito está cometido, con o sin venta.
LJM.- ¿Aplicarán el recurso del Interés legítimo?
LP.- No, aquí es otra aproximación.
LJM.- ¿Con qué dinero se compró la Casa Blanca?
LP.- Es lo que no sabemos, detectamos que la señora Angélica Rivera incurre en contradicciones entre lo que manifestó públicamente y lo que aparece en el Registro público de la propiedad. A partir de ahí articulamos una estrategia, valoramos el derecho de petición como ciudadanos.
LJM.- ¿Hicieron la petición al Instituto Federal de Acceso a la Información?
LP.- No, enderecé la estrategia para darle la vuelta al IFAI, para sacarle la vuelta al secreto fiscal.
LJM.- Un dirigente del PRD dijo que la Casa Blanca es un conflicto entre particulares…
LP.- Está bien, respeto las opiniones del PRD [Partido de la Revolución Democrática], yo me voy por mi lado. Cada vez que presenté un juicio de amparo sonaba como una bravuconada nuestra como abogados. Fue un experimento, pero el interés legítimo ya es una realidad.
LJM.- ¿Cuándo tendría que confirmar o aclarar el SAT los datos fiscales de la esposa de Peña Nieto?
LP.- La primera sentencia del juez de distrito tiene que estar en tres meses, a partir del 26 de marzo.
LJM.- Finalmente, ¿Angélica Rivera de Peña tendrá que declarar ante el juez de distrito?
LP.- No tiene caso que la señora se siente en un banquillo, ella no es autoridad responsable. Es un tema que nosotros estamos ventilando frente al SAT, es un cuestionamiento al SAT sobre los datos fiscales de la señora Angélica Rivera son verídicos o estamos frente a un caso de corrupción. Es un «tiro» más parejo, el SAT tiene la información que queremos, lo único que pedimos en el amparo es que el SAT nos confirme si la información fiscal es correcta, es una petición muy simple.
Nota del E.- Entrevista publicada originalmente en La Jornada Morelos (12/03/2015). La «Casa Blanca» hace referencia a una propiedad valorada en 7 millones de dólares, registrada a nombre de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto. La «Casa Blanca» fue construida por el Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren bala México-Querétaro en 2014; el dueño del Grupo Higa -Juan Armando Hinojosa- se benefició con varios contratos millonarios en «licitaciones» públicas durante la administración de Enrique Peña Nieto en el Estado de México (2005-2011). Después de la denuncia periodística del equipo de investigación de Carmen Aristegui en MVS Radio: «La casa blanca de Enrique Peña Nieto» (09/11/2014), el gobierno de México revocó la licitación del tren bala, y la señora Angélica Rivera anunció que pondría a la venta la lujosa propiedad (18/11/2014). El 26 de marzo comenzará la audiencia ante un juez de distrito para investigar -a nivel fiscal- los detalles detrás de la «Casa Blanca», y aclarar si hubo conflicto de interés, o desvío de dinero público en la construcción de la propiedad que habitó el matrimonio Peña-Rivera. Mientras tanto, el jueves 12 de marzo, MVS Radio despidió a los dos periodistas que descubrieron y denunciaron «La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto».
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