En aprovechamiento de la inminencia del fin de año, el presidente Javier Milei emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el 31 de diciembre al atardecer. El mismo reforma la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), le asigna nuevas facultades y da nuevas posibilidades de interacción con las fuerzas armadas y de “seguridad”. Otro avance del poder represivo del Estado, que podría incluso saltearse leyes y hasta la Constitución Nacional.
El conjunto de la nueva normativa equivale a una sustantiva ampliación del alcance de las actividades de inteligencia. Para este rubro, como para los de “seguridad” y “defensa” no interesa el objetivo del equilibrio fiscal ni la finalidad de “destruir al Estado desde adentro”. Se amplían estructuras y ya se las dotará de presupuesto.
A la hora de dar espacio a futuras acciones represivas, los recursos siempre se hallan prestos.
Novedades peligrosas
Basta la enumeración de algunos puntos de la nueva norma y algún apunte crítico sobre los mismos para el justiprecio de su peligrosidad.
Se le da facultad al organismo para la detención de personas. Lo podrá hacer por orden judicial, y también frente a casos de “flagrancia”, lo que le da una discrecionalidad ominosa. Ser prisionero de la SIDE podría ser una de las peores pesadillas de cualquier militante popular, o simple crítico del sistema imperante.
Todas sus actividades pasan a ser “encubiertas”, ya no hay diferenciación entre lo que queda en secreto y lo que permite un acceso público. Un blindaje adicional para un organismo de por sí tenebroso. El argumento es su “sensibilidad” y la necesidad de minimizar el llamado «riesgo estratégico nacional». Concepto este último de contornos más bien vagos que podrían ampliarse de modo antojadizo.
Asimismo extiende sus facultades sobre lo que se denomina “comunidad de inteligencia”:
“La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de la Presidencia de la Nación establecerá la organización, el funcionamiento y los procedimientos técnicos mediante los cuales los miembros de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN) deberán suministrar la información“, dispone la norma y otorga así una superintendencia general al “señor 5” y sus subordinados.
Todo esto trae resonancias sombrías. La mayoría de los argentinos y argentinas que tienen la edad suficiente, recuerdan con claridad el inmenso y clandestino poder durante la última dictadura de los que eran conocidos como “los servicios”.
Así, en plural, porque, a veces coordinados, y en otras ocasiones compitiendo entre sí, todos los organismos represivos tenían su propia unidad de espionaje e infiltración. Entre ellas la SIDE.
La misma que perdió su nombre durante el actual régimen constitucional. Denominación que repuso el actual gobierno a mediados de 2024, como para la reintroducción de la herencia dictatorial también en el lenguaje administrativo.
A ello debe agregarse que le confiere facultades a las fuerzas armadas para inteligencia interna en concomitancia con la secretaría. La exclusión de los organismos militares de esa tarea fue un temperamento que acompañó a todo el itinerario del actual régimen constitucional. Otro rasgo de regreso a la lógica de la dictadura.
También puede requerir la colaboración de las fuerzas de “seguridad” federales y de la policía para sus actividades. Para mayor claridad, se agrega que a la entidad le corresponde la realización de tareas de contrainteligencia para evitar o reprimir “fugas” de información clasificada (lo que equivale a secreta).
Mención aparte merece la constitución del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un organismo descentralizado en jurisdicción de la Jefatura de Gabinete.
Tendrá como competencia “planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos (…) y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales”.
Una suerte de “superpolicía” del espacio digital de la que casi nadie tendrá garantías de estar a salvo.
A la hora del establecimiento de los potenciales destinatarios y víctimas de estas nuevas facultades cabe el señalamiento del conjunto de la población. Nadie estaría exento de una intromisión posibilitada por varias vías en el flamante decreto.
Entre los objetivos precisos podrían hallarse dirigentes y militantes en general de fuerzas de oposición. Y como siempre más si son de izquierda o pertenecen a espacios de organización.
También el periodismo en todas sus formas de vocación más o menos resistente. Además de las mujeres y varones “de a pie”. Estos últimos sin más motivo que algún desahogo por vía digital en las redes sociales.
A la búsqueda de la anulación
Legisladores de la oposición y organismos de derechos humanos ya se han puesto en movimiento con el objetivo de la anulación del DNU por vía legislativa. Procedimiento de invalidación que, como se recordará, requiere el rechazo de las dos cámaras del Congreso Nacional. Complejidad que se le debe a una disposición tomada durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, todo hay que decirlo.
Ya circulan declaraciones públicas. Entre quienes salieron al paso se cuentan los diputados Christian Castillo y Esteban Paulón, quienes han convergido en general en sus críticas punzantes a este nuevo paso hacia la restricción arbitraria de las libertades
Como paso previo habrá que constituir la Comisión Bicameral de Inteligencia, instancia de control parlamentario que en la actualidad no está activada.
Una vez más no corresponde el depósito de entera confianza en las acciones del poder legislativo.
En primera instancia parecería que los bloques de La Libertad Avanza (LLA) no tienen los votos suficientes para el impedimento de un sendero de rechazo del D.N.U por ambas cámaras. Lo que no quita que la oposición “amigable” decida una vez más guardarse su “republicanismo” en el bolsillo y se las componga para dar su aval a la iniciativa.
Se verá, una vez más, quienes son auténtica oposición y quienes conforman un cuasioficialismo que respalda el grueso de las decisiones que el gobierno considera relevantes para sus intereses.
Que haya protesta activa y movilización en contra del atropello es fundamental. También lo será que se impulse la actividad del poder judicial por medio de acciones múltiples y concordantes en ese espacio.
Dista de ser secundario que este nuevo decreto constituye una renovada muestra de avanzada del poder ejecutivo por sobre quienes se supone son los representantes del pueblo. Y la única fuente legítima de las normas generales y obligatorias
Como en otros casos aquí no hay necesidad ni urgencia. Y se suma la maniobra implícita en la espera a que terminaran las sesiones extraordinarias para colar esta disposición. Y la artería de hacerlo en uno de los momentos más bajos de cada año en cuanto a la atención de la ciudadanía a cualquier novedad en la esfera pública.
Si se lo dejara librado a su voluntad, la actual administración impondría su poder por una combinación de decretos de sustancia legislativa y vetos permanentes a las decisiones parlamentarias que no tengan origen en el ámbito del ejecutivo.
La democracia parlamentaria le es indiferente en el mejor de los casos. En el peor, su apuesta a mediano plazo puede ser su atenuación al mínimo. La soberanía popular resulta disfuncional a la hora de imponer la entera voluntad del gran capital local y extranjero y del gobierno de EE.UU.
Ya todos sabemos que para el actual Jefe de Estado, los deseos de esos factores de poder son órdenes de cumplimiento perentorio.
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