LA SITUACION SOCIAL: CONCLUSIONES DE UN ESTUDIO PRIVADO SOBRE DATOS DEL INDEC Aunque la economía crece, baja la porción que reciben los asalariados La participación de los trabajadores en el ingreso nacional equivale a 21,5% del producto. Pero en 2001 era de 24,3%. Los salarios y el empleo crecieron, pero menos que el resto de […]
La participación de los trabajadores en el ingreso nacional equivale a 21,5% del producto. Pero en 2001 era de 24,3%. Los salarios y el empleo crecieron, pero menos que el resto de las actividades.
Ismael Bermúdez
A pesar del repunte que registró la actividad económica y de las mayores ganancias que tuvieron las empresas, la participación de los asalariados en el ingreso nacional es cada vez más chica: alcanza al 21,5% del Producto Bruto Interno, cuando en 2001 era del 24,3 por ciento.
Si se agregan los ingresos de los jubilados y pensionados la participación en el PBI sube al 25,1%. Pero respecto al 28,7% que tenían en 2001, el registro actual marca un retroceso aún superior.
Estas son las conclusiones del estudio sobre «El Actual Perfil Distributivo. Análisis nacional y metropolitano», que confeccionó la consultora Equis, que dirige el sociólogo Artemio López. Lo hizo junto con el Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
El trabajo señala que «la presente dinámica económica, lejos de mejorar la situación distributiva, la ha empeorado. Y eso se debe a la sencilla razón de que a pesar de que el número de ocupados y el monto de ingresos crecen, su crecimiento es inferior al del Producto Bruto Interno».
López aclara que, aun con este panorama, la participación de los asalariados en la torta nacional «está sobreestimada». La razón que invoca el experto es que entre los ocupados los datos del INDEC incluyen a los patrones.
El estudio analiza también el impacto sobre los ingresos de la suba en el haber mínimo de los jubilados y el aumento del 10% otorgado este año a las jubilaciones y pensiones de hasta 1.000 pesos. Y llega a la siguiente conclusión: «La masa de ingresos que se distribuye es, nuevamente, cada vez menor».
Y atribuye este fenómeno a que incluso con más gente ocupada (dos millones y medio de personas), los ingresos totales en términos reales (descontada la inflación) son menores a los que había en 2001. Y también a que las jubilaciones subieron bastante menos que la inflación.
En contrapartida, sostiene el informe, «las ganancias empresariales crecieron en conjunto más que el producto».
López afirma también que el deterioro distributivo posterior a la devaluación del peso se debió primero a la inflación, al crecimiento del desempleo y la pobreza. Pero destaca que con la recuperación económica iniciada a fines de 2002 el proceso regresivo no tuvo mayores cambios porque se agrandó la torta pero los ingresos de los sectores bajos y medios quedaron rezagados con relación a las nuevas condiciones del proceso económico.
Y remarca que si bien se redujo la desocupación, el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones siguió por debajo de la inflación. Y se agregó como factor adicional que la gente que consiguió empleo recibió como retribución salarios muy bajos.
Claudio Lozano, director del Instituto de la CTA, agregó que «la creación de puestos de trabajo no logró alterar sustantivamente el deterioro de la fuerza laboral». Esto habría sido resultado de «una fuerte rotación de empleo», lo que muestra la precarización laboral. Esto se traduce en un elevado nivel de ocupación «en negro», que según los últimos datos del INDEC asciende a 48,5%.
Las últimas medidas que adoptó el Gobierno para mejorar los ingresos de los sectores más postergados -como el aumento en el salario familiar y los pagos extras a jubilados y beneficiarios de planes sociales- representan una mejora en la distribución. Pero como no son permanentes (salvo la suba del salario familiar por hijo) su efecto se diluye.
Como conclusión del estudio, López plantea que se requieren medidas permanentes y estructurales porque se trata de modificar un perfil distributivo regresivo que ya cumple 30 años.
Ismael Bermúdez
La mitad de los argentinos que tienen trabajo como empleados, obreros, profesionales o cuentapropistas, gana menos de 435 pesos por mes, según los datos del primer semestre del año que dio a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Así, 6 millones de argentinos ganan menos de 15 pesos por día y es una de las causas que explican por qué casi la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza.
Entre esos 6 millones, se encuentran 2 millones de personas que reciben actualmente la ayuda de los planes sociales de 150 pesos por mes. Una gran parte de los 4 millones de asalariados que están en negro y que, en promedio, ganan 418 pesos. Y un gran segmento de los 3,5 millones de cuentapropistas con ingresos medios de 541 pesos mensuales.
El dato oficial marca que la gente ocupada de menores recursos es la que se encuentra más castigada por el aumento de los precios que sobrevino a la devaluación de 2001.
En ese momento, el INDEC registró que la mitad de los ocupados ganaba menos de 400 pesos. Como desde entonces la inflación superó el 50%, para mantener el mismo valor real, hoy esos 400 pesos deberían ubicarse por arriba de los 600 pesos, cuando apenas suma 435 pesos. La diferencia representa una pérdida adquisitiva del 27,5%.
El mapa de ingresos de la Argentina muestra que de las 28 regiones que mide el INDEC, en 21 aglomerados la mitad de la gente que trabaja gana todavía menos. Corrientes encabeza el ránking: por allí la mitad de la gente cobra menos de 288 pesos, según la Consultora Equis. En otras nueve ciudades, es inferior a los 300 pesos. Y en el resto se está ubicando por debajo de 400 pesos. En el Gran Buenos Aires, la región más poblada del país, la mitad de la gente gana menos de 400 pesos.
En la otra punta, Ushuaia encabeza el tablero salarial ya que allí la mitad de los que trabajan gana 900 pesos por mes. Pero no hay que olvidar que en Tierra del Fuego, y en la Patagonia en general, los precios son más altos por el sobrecosto de la distancia respecto de los grandes centros de producción y consumo.
En la Ciudad de Buenos Aires, la mitad de los porteños ocupados gana menos de 680 pesos.
Según Artemio López, director de Equis, «este mapa de ingresos es una consecuencia del deterioro de la calidad de vida, resultado de un prolongado proceso de transferencias de ingreso del conjunto de la sociedad a la cúpula de la pirámide social».
Otro cambio en el mapa salarial es la relación entre los empleados privados y los estatales. Los trabajadores privados registrados gana más que los estatales cuando en el pasado era al revés. Eso se produjo porque los estatales tuvieron solo una suba del 10%, mientras los sueldos privados en blanco, por los aumentos por decreto, cambios en los convenios de trabajo y mejoras dadas por algunas empresas, subieron el 34%. Así, descontada la inflación, los estatales perdieron un 28% del poder adquisitivo.
Rige desde el 1º de enero. Alcanza a todos los trabajadores del sector privado. Pero sólo a lo agentes públicos que cobran menos de $ 1.250 por mes. En total, la suba llegará a 4,3 millones de asalariados.
Ismael Bermúdez
En el contexto de una creciente conflictividad sindical, el Gobierno anunció ayer un aumento salarial de 100 pesos -que tendrán carácter de «no remunerativos»- para todos los trabajadores privados y para los estatales nacionales que ganan hasta 1.250 pesos.
La medida -que beneficia a 4,3 millones de personas- regirá a partir del pago de los sueldos de enero. Y se complementará en abril de 2005 con la incorporación a los sueldos privados de los 50 pesos no remunerativos otorgados en enero de este año.
El anuncio fue realizado en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández y los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Trabajo, Carlos Tomada, tras un encuentro con el presidente Néstor Kirchner.
Se interpreta que la medida busca descomprimir la oleada de reclamos salariales que tuvieron su epicentro en los gremios telefónicos, subtes, estatales y a través de decenas de negociaciones entre sindicatos y empresas. El anuncio fue bien recibido por la CGT pero fue criticado por los gremios estatales. Y anticipa un reclamo de los empleados provinciales, que reclaman un aumento por lo menos similar al nacional.
Tras reunirse con la CGT y los empresarios, el titular de Trabajo señaló que este aumento «no invalida la negociación entre las partes. Al contrario, le quita obstáculos ya que impulsa un mejor ejercicio de esa negociación en los sectores más débiles. Insistimos que las paritarias son la mejor herramienta». El otro argumento oficial fue que la medida responde a una mejora en la productividad.
Tomada agregó que «la medida alcanza a todos los trabajadores en relación de dependencia». Esto incluye al personal «en negro» que -dijo- «tienen derecho a percibir el aumento».
Sin contar a los que están en negro, el aumento engloba a 4,3 millones de trabajadores. De ese total, 4.129.927 son asalariados privados. Y 140.004 son estatales que cobran menos de 1.250 pesos. Tomada destacó que la suba «se traduce en un aumento de la masa salarial total de 6.425 millones de pesos anuales». De ese total, 182 millones anuales los afronta el Estado y el resto (6.243 millones) los privados.
Aunque todavía no está listo el decreto, Tomada precisó:
– Entre los estatales, el aumento es para los que ganan hasta 1.250 pesos. Esto significa que quien cobra 800 pesos, recibirá los 100 pesos, pero quien gana 1.240 pesos cobrará un adicional de 10 pesos. De los 140.004 beneficiados por esta medida, la mayoría es personal policial, de FF.AA. y de Seguridad, explicó Tomada.
– El personal estatal comprendido incluye a los organismos descentralizados y entes, como las radios nacionales. Está en estudio si abarcará al personal contratado (por el decreto 1184). No alcanza para los contratados por proyectos internacionales.
– Al ser «no remunerativos», para el trabajador, los 100 pesos no tienen descuentos de jubilación y salud, pero no se toma en cuenta para el cálculo del aguinaldo u otros beneficios. En tanto, los empleadores no abonan las contribuciones patronales.
– Los 100 pesos quedan absorbidos por los aumentos otorgados por las empresas en los últimos 3 meses (salvo decisión en contrario de los empleadores) o porque así lo dispongan los acuerdos salariales. Por ejemplo, no se aplican entre los metalúrgicos porque el acuerdo del sector fijó que los 100 a 150 pesos acordados a partir del 1º de noviembre absorben los aumentos que pudiera dar el Poder Ejecutivo.
– Para que la incorporación en abril de los 50 pesos no remunerativos no reduzca el ingreso de bolsillo del trabajador (por los descuentos de jubilación y salud), las empresas deberán agregar al sueldo bruto 64 pesos.
Según Trabajo, en promedio, para los trabajadores estatales que ganan menos de 1.250 pesos los 100 pesos representan un aumento del 13%. Y es del 11% para los 4,1 millones de asalariados privados.
Kirchner eligió con cuidado el momento político para lanzar una medida prevista. La CGT gana espacio y sale fortalecida. Y los empresarios prefieren acompañar.
Julio Blanck
Clarín, 10-12-04
Kirchner eligió con cuidado el momento político para anunciar el aumento de $ 100 que alcanza a los trabajadores privados y a dos tercios de los estatales nacionales. Lo hizo justo cuando la efervescencia de la pelea salarial se extendía a centenares de sindicatos y la CGT había advertido que necesitaba resultados concretos que le permitiesen mantener controlado y sin desbordes el flujo de esa discusión.
La Casa Rosada, y el Presidente en especial, han hecho gestos políticos en favor de la CTA de Víctor De Gennaro, con fuerte influencia en sectores de los trabajadores estatales. Pero ahora, como cada vez que se trató de hacer apuestas fuertes, jugaron con la estructura sindical tradicional, que es la que domina el universo del sector privado.
La CGT sale fortalecida por este aumento de sueldos, que apunta además a limitar los márgenes de reclamo en las discusiones salariales abiertas. El Gobierno asegura que los incrementos que se discuten por gremio oscilan entre los $ 80 y los $ 150. Y que los $ 100 anunciados ayer podrán ser absorbidos por incrementos mayores que puedan pactarse, o ser trasladados sólo en forma parcial a los básicos de convenio si así lo acuerdan sindicatos y empresarios por sector.
El Gobierno sostiene además que el anuncio no abre un frente de conflicto con los dueños de las empresas, porque éstos ya descontaban este aumento de suma fija por decreto.
La puja por salarios era previsible, y sobre todo inevitable, en un marco de recuperación de la economía, superado ya lo más profundo de la crisis. Pero además de esta conclusión casi obvia, a los empresarios les preocupa -tanto como al Gobierno y la CGT- la proliferación de conflictos salariales que puedan desmadrarse de los carriles orgánicos.
Los que sí se encontrarán con un horizonte turbulento son los gobernadores. Sin necesidad de acudir al oráculo puede esperarse una cadena de demandas de los empleados públicos provinciales, que reclamarán aumentos como el de los estatales nacionales.
Para tener una idea de la magnitud del problema, basta señalar que la provincia de Buenos Aires tiene 320.000 empleados en condiciones salariales similares a las de los estatales que reciben el aumento. Sólo que los estatales nacionales beneficiados son menos de la mitad (casi 150.000) y la tesorería de Kirchner disfruta de un superávit que Felipe Solá está muy lejos de alcanzar.
«No todo lo que hace la Nación lo pueden hacer las provincias, y eso se lo deben explicar a su gente los propios gobernadores», sostenían anoche cerca del Presidente. Se dice fácil, pero se sobrelleva con esfuerzo: cuando Kirchner dio el aumento anterior, en agosto, Solá tuvo que digerir un mes de conflicto con los estatales bonaerenses antes de llegar a un acuerdo precario.
Pero Solá no parece hoy dispuesto a una confrontación con la Casa Rosada. Mascullará su contrariedad, como tantos otros gobernadores, pero no quiere perturbar una negociación delicada: está tratando mano a mano con Kirchner la posibilidad que la Nación le refinancie a la Provincia los 1.600 millones de pesos adeudados que vencen el año próximo.
No sólo en ese frente el gobernador bonaerense hace un equilibrio delicado entre política y economía. En pocas horas pondrá a prueba la decisión del duhaldismo de respaldar su gestión, tal como lo ordenó el propio Eduardo Duhalde.
Solá enviará a la Legislatura provincial cinco proyectos de ley claves. Cuatro de ellos podrían progresar sin más contratiempos que los normales: el presupuesto 2005, un proyecto impositivo y otro de endeudamiento, y la adhesión a la responsabilidad fiscal.
Pero la quinta ley ya provoca algunos escozores: se trata del aumento del canon que deben pagar las máquinas tragamonedas. La Provincia recauda hoy 360 millones de pesos al año por este rubro y Solá quiere cobrarles 120 millones más para destinarlos a seguridad. Dicen que demasiados legisladores están inquietos con la idea.
Correspondencia de Prensa