La tensión que no cesa en el Estrecho de Ormuz (ese pequeño paso por donde transita la quinta parte del petróleo del planeta y una porción similar del gas “natural” licuado), se encuentra bajo un bloqueo que no termina de quedar claro si lo está haciendo Irán o Estados Unidos, independientemente de ello, lo que esto nos demostró es lo frágil que es la “seguridad” energética que creíamos tener en el mundo. Para quienes seguimos de cerca el devenir de los bienes naturales, este evento no es simplemente una crisis de precios, sino que es el momento exacto en el que la lógica de las cadenas energéticas globales se rompe sin que parezca que exista vuelta atrás, incluso aunque esta guerra se terminará hoy mismo, y eso si consideramos que recientemente han surgido intentos de negociación que buscan reabrir parcialmente el flujo energético, estos no eliminan la vulnerabilidad estructural del sistema
La situación actual en Medio Oriente, marcada por la invasión a Irán y la parálisis parcial en el estrecho, ha generado un efecto dominó que afecta a todo el mundo, incluido México, lo que en nuestro país reabre el debate sobre nuestras decisiones energéticas estratégicas, pues lo que vemos en las noticias sirve para preguntarnos si independientemente de los motivos por la apuesta a la autosuficiencia nacional, es un esfuerzo suficiente en un mundo que cada vez se hunde más en el caos o si hay espacio para otros esfuerzos
Ante la volatilidad extrema que vemos hoy debido a los ataques directos a infraestructura energética y una escalada militar sostenida en Medio Oriente afectando la posibilidad de normalizar la situación en pocos meses, cabe la probabilidad de que se utilice esta situación en México para legitimar las inversiones masivas en refinación propia y desarrollo de proyectos de gas, aunque en realidad funcionemos sólo como plataforma de exportación, lo que además se nos presenta como un acto de defensa nacional y no como proyectos económicos cuestionables. Bajo esta lógica, la refinería de Dos Bocas y la modernización de los complejos de Tula y Salina Cruz, así como los proyectos de gas Amigo LNG y Saguaro, ya no se van a juzgar por su rentabilidad financiera inmediata o por los efectos ambientales y sociales que puedan generar, sino por su capacidad de blindar al país frente a lo que podría convertirse en una de las crisis energéticas globales más graves si este conflicto escala.
Esta narrativa de colapso le otorga al gobierno mexicano -y no nada más al nuestro sino a todos los que están impulsando proyectos extractivos profundamente destructivos-, una victoria retórica que da paso a justificar la profundización en la lógica fósil casi sin resistencia, justo como lo vimos hace unos días cuando se anunció que se estaba retomando la idea de validar el fracking como una estrategia energética nacional y fueron pocas y muy localizadas las voces que mostraron su rechazo al tema, pues bajo esta supuesta lógica de emergencia ¿quién podría oponerse a buscar seguridad energética?
El problema es que estas soluciones se presentan bajo la falacia del falso dilema, en la que si el país no promueve proyectos fósiles monumentales nacionales o regionales entonces “estamos contribuyendo a la crisis energética”. Así como si no permitimos el fracking “quedamos vulnerables ante los precios internacionales o el desabasto eléctrico”. Son discursos sumamente efectivos porque logran desplazar las preocupaciones ambientales de mediano y largo plazo a favor de una urgencia inmediata, ya que la presión por explotar las reservas de gas no convencional del país podrían impulsarse como un sacrificio necesario frente a la emergencia. El argumento de que no hay otra opción más que profundizar en el extractivismo fósil oculta el verdadero talón de Aquiles de nuestra matriz energética, que es precisamente la falta de una diversificación real que no dependa de recursos finitos y conflictivos.
Esto es la securitización en la que un bien se traslada de la lógica comercial hacia la esfera de la supervivencia nacional convirtiéndolo en un bien que va más allá de lo estratégico, lo que facilita este tipo de dinámicas gubernamentales. El problema es que cuando la energía se coloca en ese terreno, cualquier cuestionamiento técnico, ambiental o social puede ser descalificado como ingenuo o irresponsable frente a la urgencia, algo que ya hemos visto cuando se ataca a ambientalistas y defensores de la tierra frente a proyectos extractivos.
Aceptar esto implica renunciar a pensar en otras salidas, pues en lugar de abrir la discusión sobre cómo reducir la dependencia estructural de los combustibles fósiles importados o volátiles, estamos enfocando el debate hacia cómo extraer más rápido, transportar más lejos y procesar más hidrocarburos. Es como intentar tapar una fuga de agua aumentando la presión en vez de repararla.
Lo que generalmente queda fuera de esta conversación es que existen alternativas energéticas que no necesariamente son megaproyectos corporativos y tampoco se trata de nuevas fronteras extractivas. En distintas regiones del mundo, incluyendo a América Latina, hay múltiples experiencias de generación renovable descentralizada que buscan responder a la crisis energética desde una lógica distinta, no se trata de asegurar flujos globales de mercancías energéticas, sino de garantizar condiciones materiales para la reproducción de la vida en los territorios. Cooperativas eléctricas locales, comunidades que gestionan pequeños sistemas solares o eólicos, redes de generación distribuida en barrios o ejidos o proyectos agroenergéticos vinculados a economías locales, son ejemplos de que la transición energética puede tomar caminos menos concentrados y que no sean dependientes de grandes corporaciones.
Este tipo de iniciativas no suelen aparecer en periódicos o noticieros porque no prometen miles de millones de dólares en inversión ni volúmenes gigantescos de exportación. Su importancia radica en reducir la vulnerabilidad energética desde abajo, ya que cuando una comunidad produce parte de su propia electricidad con sistemas solares comunitarios o cuando un municipio impulsa esquemas de eficiencia energética y generación distribuida, la dependencia frente a choques geopolíticos globales disminuye, pues aunque no resuelven por sí solas la escala del problema energético nacional, sí muestran que la seguridad energética también puede construirse mediante redes locales resilientes y no únicamente con infraestructuras fósiles cada vez más grandes.
Es importante pensar en alternativas y no en securitización, reconocer que la transición energética no es únicamente un cambio tecnológico, sino también político y social, por lo que si se deja exclusivamente en manos de grandes empresas energéticas, es probable que se reproduzcan las mismas dinámicas de concentración económica y de presión sobre los territorios que caracterizan al modelo fósil. En cambio, si se abren espacios para cooperativas, empresas públicas locales, proyectos comunitarios y esquemas de generación distribuida, la transición puede convertirse también en una oportunidad para democratizar el acceso a la energía y redistribuir sus beneficios. Como sociedad, debemos de evitar caer en la trampa de la dependencia fósil una vez más.
Aleida Azamar Alonso. Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, México. Integrante del grupo: Nuestro futuro, nuestra energía; de la red de Energía y poder popular en América Latina, así como de la Colectiva Cambiémosla Ya.
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