La controversial reforma al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero (irónicamente, fecha conmemorativa de la constitución de 1917, a la que transfigura radicalmente), como parte de un conjunto de 20 iniciativas de modificación a la Carta Magna y a otras leyes, ha sido atropelladamente aprobada. Es, con una sociedad en la que en una parte importante se ha hecho por varias décadas más crítica y participante, el proceso legislativo más complejo y salvaje que se haya visto. Su único antecedente memorable es el proceso de aprobación, a finales de 2013, de la reforma energética de Enrique Peña Nieto —también como parte de un racimo de cambios radicales que en su momento se llamaron reformas estructurales— a la que el PRD, López Obrador y sus seguidores se opusieron.
Para asegurar su reforma, Peña sobornó con carretadas de dinero a legisladores panistas y de su propio partido; pero tenía en cualquier modo una cómoda mayoría en las cámaras para lograrlo. Ahora, está bajo sospecha cómo el partido oficial, Morena, obtuvo para sí y sus satélites la ultra sobrerrepresentación en el INE y el Tribunal Electoral; y también cómo logró los votos de dos senadores de primera minoría votados a través del PRD, y cómo el del panista Yunes Márquez que fue decisivo. Hay muchos indicios para suponer esos cómo, y quizás más delante sepamos con más certeza del camino para obtenerlos.
Se trató de un proceso desde el inicio sostenido por un cúmulo de mentiras, algunas muy notorias, que sin embargo contribuyeron a formar una opinión pública a favor de la iniciativa presidencial. Entre ellas:
- “El Poder Judicial en su conjunto está podrido y al servicio de los oligarcas y conservadores”. Es una afirmación facilona y simplificadora, que tendría que ser sustentada con pruebas. Pero ya sabemos que en este gobierno el combate a la corrupción fue sólo discursivo, utilizado meramente como recurso de convicción a la sociedad; los procesados por delitos relativos se cuentan con los dedos, y no son los peces más gordos.
- “El pueblo votó el 2 de junio por todas las iniciativas del llamado Plan C”. Esto no está demostrado empíricamente, y no parece demostrable. Hay razones diversas por las que una mayoría de ciudadanos dio su voto a Claudia Sheinbaum y a los candidatos de la coalición oficialista, y no por las reformas. Lo anunciado el 5 de febrero por el presidente, y luego asumido sin reparos por la candidata Claudia Sheinbaum no estaba incluido en la plataforma electoral registrada con anterioridad por el Morena ante el INE (https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/164170/CGex202402-01-ap-3-7.pdf), ni se incluyó en su propaganda de campaña. Dicha plataforma ni siquiera incluía las palabras “Poder Judicial” ni otras relativas a las iniciativas presidenciales. Ulteriormente, la única encuesta difundida, en particular sobre la reforma judicial, del diario El Financiero, muestra otra cosa: opiniones divididas, desconocimiento de las iniciativas del 5 de febrero y de la judicial. El 53 por ciento de los encuestados sabe poco o nada de la reforma; el 41 por ciento está en desacuerdo con elegir juzgadores por votación popular, y sólo el 39 por ciento está de acuerdo (https://www.elfinanciero.com.mx/encuestas-ef/2024/09/03/solo-41-conoce-de-que-trata-la-reforma-al-poder-judicial/).
- “La iniciativa presidencial no afectará la independencia del Poder Judicial”. Pero ésta plantea que la mayor parte de las candidaturas a ministros, magistrados y jueces emanen de la presidencia de la República (Morena) y el Congreso (Morena), con lo que de antemano la elección de juzgadores estará partidizada. El gran engaño de la iniciativa, ahora ya aprobada en las cámaras y legislaturas locales, es que la elección de jueces, magistrados y ministros hará que éstos obedezcan al «pueblo». Toda la experiencia conocida aporta otros datos. Diputados, senadores, presidentes municipales son leales, en primer lugar, a quien los postula: el presidente, gobernador en turno o, en su caso, jefes de partido, no a quienes los votan. Ello no impide que, por otra parte, los electos asuman compromisos con los grupos de poder y poderes fácticos: grupos económicos, mediáticos, políticos o delincuenciales, de lo que también hay múltiples evidencias.
- “La elección de los juzgadores existe en otros países, señalaron Sheinbaum, Arturo Zaldívar y Mario Delgado, y afirmaron que en los EUA 43 de los 50 Estados la hacen”. Fueron desmentidos por el embajador estadounidense Ken Salazar. También lo hicieron algunas investigaciones periodísticas sobre el tema (https://expansion.mx/mundo/2024/08/23/como-se-eligen-los-jueces-en-estados-unidos; también puede verse https://www.animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/fact-checking/sheinbaum-eleccion-jueces-eu-enganoso).
- “Se escucharon las opiniones de quienes quisieron manifestar sus desacuerdos con la iniciativa en los foros de consulta realizados en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión”. Sí se realizaron los foros; pero participantes y observadores señalaron que ninguna de las críticas o propuesta alternas, fue tomada en cuenta. La iniciativa del presidente llegó a las comisiones de la Cámara de Diputados intacta, sin cambiarle una coma.
- Desde la presidencia, y difundida ampliamente luego en las redes sociales, se ha señalado como prueba de los privilegios de los integrantes del PJF que los ministros ganan un sueldo mensual de “más de 700 mil pesos”. Un dato falso. El sueldo neto anual de la ministra presidenta es de $ 3’709,512,45, esto es, aproximadamente $ 285, 347.00 mensuales, los mismos que ganaba, por cierto, Arturo Zaldívar, a quien no le reprochan esas prerrogativas. Los otros ministros (como en su momento la hoy pensionada y diputada morenista Olga Sánchez Cordero) reciben $ 3’ 624,958 anuales o $ 278,884.00 mensuales (https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/marco-normativo/disposiciones-caracter-gral-expedidas-scjn/acuerdos-administrativos/documento/2016-12/1-1_ANEXO_IyIII.pdf). ¿Sueldos muy altos? Sí, y conviene reducirlos para los futuros integrantes de la Corte; pero no con base en calumniosas campañas de desprestigio.
- “La reforma no afecta los derechos laborales de los trabajadores del PJF”. Ellos, empero, han señalado que la elección de juzgadores por voto popular anulará la carrera judicial, que es una forma de promoción a la cual hoy tienen acceso si aspiran a ascender conforme a sus capacidades y preparación. También habrá afectación en las percepciones económicas de los magistrados y ministros, que es uno de los objetivos explícitos y justificación de la reforma. Una vez en funciones, el nuevo y santoficioso Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal, podría remover juzgadores de sus cargos, atentando contra su estabilidad laboral y constituyendo una presión constante sobre su desempeño.
- Los trabajadores del Poder Judicial en paro están “manipulados” y son “paleros”, acusó López Obrador en una de sus mañaneras. Son “carne de cañón” agregó en entrevista banquetera el diputado Leonel Godoy. Son calificativos, además de insultantes contra los trabajadores, muy aventurados. Se trata, por lo contrario, de trabajadores que cotidianamente tiene como materia laboral el derecho, y que conocen por lo mismo el fondo de la iniciativa y sus implicaciones jurídicas. Son personal que tiene fundada conciencia del porqué se opone.
- “Los estudiantes de Derecho (y otras carreras) de la UNAM, Ibero, Escuela Libre de Derecho y más instituciones en diversos puntos del país, que han protestado contra la reforma son derechistas manipulados por sus profesores, que tienen intereses”. Esto también es insultar y menospreciar a los futuros abogados de las universidades del país. Igual que los trabajadores del Poder Judicial, se trata de estudiosos de las leyes, que en muchos casos han recibido enseñanzas de reconocidos juristas. Habría que agregar que también desde la academia los expertos en derecho constitucional, administrativo u otras ramas, así como colegios y barras de abogados, han externado críticas fundamentadas al proyecto del presidente.
- “La reforma no traerá producirá retracción en las inversiones ni afectará la economía”. La American Society of Mexico, la Cámara Americana de Comercio y la calificadora Moodys tienen otros datos (https://dondinero.mx/notas/empresas-de-eu-deciden-pausar inversiones/?fbclid=IwY2xjawFHcy9leHRuA2FlbQIxMQABHQ9gLdg8C6UaklHdSYHymkwAvuAOHY157wmcXDHVDkB6S5ez1co37XCOWA_aem_zjrF_iExy4c7tFYiDlvYcw; https://aristeguinoticias.com/1109/dinero-y-economia/reforma-judicial-deteriorara-la-calidad-crediticia-soberana-de-mexico-moodys/).
- Ya con la iniciativa y el dictamen de la Cámara de Diputados en el Senado, y ante las dificultades para asegurar la requerida mayoría constitucional de 86 senadores (dos tercios de los 128), el conductor de los senadores morenistas, Adán Augusto López Hernández, luego secundado por el presidente de la Mesa Directiva Gerardo Fernández Noroña, especuló que “bastaría con 85 votos a favor para tener la mayoría calificada necesaria para reformar la Carta Magna”. Fue, nuevamente, una falacia lanzada a los medios para condicionar una opinión social favorable en caso de que no lograran el senador 86. Y aunque fue por otras vías que el oficialismo consiguió ese número de votos en favor del dictamen, tales declaraciones indicaron hasta dónde ese bloque estaba dispuesto a llegar para sacar adelante, a como diera lugar, la aprobación de la malhadada reforma.
Más allá de ese rosario de falsedades con las que se buscó especialmente generar una opinión social favorable a la reforma, el proceso legislativo ha estado viciado de algunas irregularidades. La jueza Martha Eugenia Magaña López concedió una suspensión provisional, primero, en juicio de amparo promovido por otros tres jueces que sienten amenazada su situación laboral. La juzgadora solicitó a la Cámara de Diputados y al presidente de la República un informe al respecto; como no lo rindieron, resolvió otorgar la suspensión definitiva para evitar que se continuara con el proceso legislativo. Que se sepa, ni la presidencia ni la cámara baja respondieron a los requerimientos judiciales para defenderse, los ignoraron, por lo que se encuentran en desacato. El caso tendrá que resolverse en un tribunal colegiado de circuito.
¿Y qué decir de las votaciones con que en ambas cámaras fue aprobada la iniciativa? Aun dejando de lado las artificiales mayorías que el INE y el Tribunal concedieron a Morena y sus aliados en ambas cámaras, hubo incidentes trascendentes. Ante el bloqueo de la sede de la Cámara de diputados por trabajadores y estudiantes, la sesión se trasladó a un gimnasio, en el cual no se facilitó el control de los diputados asistentes. Las bancadas de la oposición señalaron (lo que está en curso de revisarse, según el líder morenista Ricardo Monreal) que en las votaciones a mano alzada participaron personas que no eran legisladores.
En la Cámara de Senadores, sin contar con una mayoría calificada, como lo esperaban, la bancada oficialista recurrió a presiones a legisladores de la oposición (https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/asi-fue-la-persecucion-a-los-senadores/) y a la atracción (¿a cambio de qué?) de los dos senadores de primera minoría que habían llegado a través del PRD en Tabasco y Michoacán, prestos a traicionar a sus votantes. Según denuncia el Movimiento Ciudadano, el padre del senador Daniel Barreda fue detenido en Campeche, lo que llevó a ese legislador opositor a ausentarse de la sesión en que se votó la reforma en lo general. Finalmente, el único voto que faltaba al oficialismo para contar con mayoría calificada, lo obtuvo por el diputado del PAN Miguel Ángel Yunes Márquez, quien está acusado penalmente por el gobierno morenista de su Estado, Veracruz, y tiene una orden de aprehensión de la que lo salvó un amparo —obvia y curiosamente concedido por un juez federal— y el fuero de legislador. No fueron obstáculo los antecedentes de corrupción, trapecismo político y antilopezobradorismo de su padre Miguel Yunes Linares, además senador suplente de su hijo, para que fuera recibido con aclamaciones por la bancada del Morena y sus partidos coadjutores.
En fin, para sacar adelante una reforma que sin duda se demostrará oprobiosa para la nación en nada se reparó por parte del oficialismo. Ya el presidente del Morena, Mario Delgado lo había expresado en reunión con legisladores del PT: la aprobación de la reforma no era por el país ni por fortalecer la democracia, sino un «regalo de jubilación» para el presidente López Obrador. Sin comentarios.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
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