Algunas de las ponencias realizadas durante el seminario internacional: «Transferencia de Tecnología y Apropiación Social del Conocimiento», llevado a cabo por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio (MINCOMERCIO), a través del SAPI, el pasado 09 y 10 de diciembre en Caracas, dejaron reflexiones en el marco del debate sobre la construcción de un […]
Algunas de las ponencias realizadas durante el seminario internacional: «Transferencia de Tecnología y Apropiación Social del Conocimiento», llevado a cabo por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio (MINCOMERCIO), a través del SAPI, el pasado 09 y 10 de diciembre en Caracas, dejaron reflexiones en el marco del debate sobre la construcción de un nuevo paradigma que reemplace al neoliberal basado en la propiedad privada del conocimiento (propiedad intelectual e industrial).
En las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo, el especialista argentino Fabián Pena realizó varias apreciaciones en torno a las limitaciones que presenta el actual modelo hegemónico de propiedad industrial y las consecuencias que esto genera en el acceso a la tecnología en los países latinoamericanos y caribeños.
Durante su exposición sostuvo que en Argentina, el proceso de industrialización transitó por varios momentos políticos inconstitucionales a lo largo del último siglo, acompañado de normativas en materia de propiedad industrial y transferencia de tecnología que tendieron siempre a beneficiar al capital extranjero, primero británico y luego estadounidense. La ley de patentes de 1864 (que no permitía el patentamiento de productos farmacéuticos) mantuvo su vigencia hasta 1995, cuando en pleno auge del neoliberalismo, se sancionó una ley a la medida de los laboratorios farmacéuticos transnacionales. Esta normativa fue impulsada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en toda la región con el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). En Venezuela y los países andinos se impuso una nueva normativa a través de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y en el resto de los países a través de la modificación de leyes nacionales. Los acuerdos ADPIC fueron impulsados por 13 empresas monopólicas mundiales, entre ellas la Pfizer y Monsanto.
Asimismo señalo que la última ley argentina de marcas, decretada durante el último gobierno de facto en 1981 y aún vigente, favorece a empresas de servicios de los países centrales que incorporaron las «marcas de servicios» que no existían hasta ese entonces. Con relación a la transferencia de tecnología en su país, afirmó que «cuando un gobierno constitucional dictaba una ley de transferencia de tecnología, era modificada luego por los gobiernos golpistas de turno apoyados especialmente por laboratorios extranjeros». «Por ejemplo, luego del tercer gobierno peronista de 1973, se modificó la ley a favor de las casas matrices estadounidenses».
Estas normas continúan beneficiando al capital extranjero que supuestamente transfiere tecnología a sus filiales en Sudamérica, pero ese conocimiento no se abre a la sociedad y sirve además como un mecanismo de fuga de divisas porque se inflan los gastos en materia de asistencia técnica, cooperación y transferencia de Know How. *»En realidad son las mismas empresas que se pasan a sí mismas su propia tecnología para lograr ventajas impositivas e inflar gastos para fugar divisas*», afirmo el experto en cuestiones de propiedad intelectual.
Fabián Pena mencionó en su ponencia que el capitalismo en su actual fase corporativa requiere cada vez de mayores inversiones en investigación y desarrollo para acumular ganancias, utilizando a la propiedad industrial para crear monopolios y no para promover innovaciones realmente novedosas sino haciendo «bio-piratería» o apropiándose de conocimientos ya existentes a través de sus empresas transnacionales. «*Las patentes bloquean la innovación nacional y en el caso de los medicamentos crean monopolios que encarecen los precios excesivamente. La revisión de todas las solicitudes de medicamentos e insumos agroquímicos, tal cual lo viene haciendo el SAPI, debiera realizarse en todos los países de la región*». La mayor parte de *las solicitudes de patentes medicnales no poseen novedad o altura inventiva ninguna.
Durante las dos jornadas en las que expuso sobre las limitaciones a la apropiación social de conocimiento y la transferencia tecnológica afirmó también que «a pesar de estas limitaciones, impuestas desde hace décadas, se está construyendo en la práctica y en paralelo un nuevo modelo de transferencia de conocimientos desde los Estados, con la participación de medianos empresarios nacionales. Es el caso de las empresas socialistas en marcha. Estas empresas se construyen de forma solidaria, complementaria entre la Venezuela y Argentina; también con Cuba y otros países. Es un nuevo modelo de apropiación social de conocimientos desde la creación, la transmisión y la aplicación de laos conocimientos tecnológicos con asistencia técnica y capacitación real que permite producir e intercambiar conocimientos desde una perspectiva no competitiva, si no colaborativa. Esta es un arma muy poderosa para terminar con el modelo tecnológico que opera el capitalismo corporativo y que crea dependencia».
Expresó además, finalizando el evento, que tanto la OMC-OMPI como los laboratorios farmacéuticos de Estados Unidos y Europa siguen muy de cerca las medidas e ideas que se manejan desde el MINCOMERCIO por su Ministro Eduardo Samán, y desde el SAPI por su Directora Arlen Piñate: «la política del gobierno bolivariano en el ALBA-TCP es considerada como una amenaza a los intereses comerciales transnacionales en materia de tecnología y medicamentos. La sola aplicación del concepto de apropiación social de conocimiento en materia de tecnologías en contraposición a la propiedad industrial o intelectual es considerado un «mal ejemplo» y pone en riesgo a todo el sistema mundial de prropiedad intelectual en el que se soporta el capitalismo. Es una grieta que se está abriendo. El modelo venezolano es el modelo a seguir para salir de la trampa de la propiedad intelectual».