Movilizaciones campesinas y el aumento de precio de la tortilla a fines de diciembre pusieron un freno temporal al Senado de México, que se aprestaba a levantar la prohibición nacional de emplear el maíz para producir alcohol carburante. La modificación legal está incluida en la reforma a la ley de bioenergéticos, impulsada durante dos años […]
Movilizaciones campesinas y el aumento de precio de la tortilla a fines de diciembre pusieron un freno temporal al Senado de México, que se aprestaba a levantar la prohibición nacional de emplear el maíz para producir alcohol carburante.
La modificación legal está incluida en la reforma a la ley de bioenergéticos, impulsada durante dos años por el ex senador Mario López Valdez, que gobierna desde el 1 de enero el noroccidental estado de Sinaloa. El dictamen fue aprobado en comisiones por todos los partidos políticos y presentado en primera lectura el 9 de diciembre.
La campaña no gubernamental Sin Maíz No Hay País lanzó una alerta contra la iniciativa, que finalmente quedó en suspenso mientras en los últimos días del año se disparaba hasta en 50 por ciento el precio de la tortilla de maíz, alimento básico de la dieta mexicana.
Frenaron el intento legal los senadores nacionales del Partido Revolucionario Institucional, que busca recuperar la Presidencia en 2012, en manos del conservador Partido Acción Nacional en los últimos dos períodos.
«El problema sigue latente, porque hay muchos intereses de empresas (productoras de etanol) de Estados Unidos, Colombia y Brasil», dijo a Tierramérica el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Víctor Suárez.
Según el gobierno federal, México importa cada año 10 millones de toneladas de maíz amarillo, empleado en la alimentación animal, para abastecer 30 por ciento de la demanda nacional a un costo de tres millones de dólares, indica la campaña Sin Maíz No Hay País.
La insuficiente producción nacional de maíz fue una de las razones para autorizar, en 2008, los cultivos de variedades transgénicas en este país que es la cuna de este cereal.
La ley prohíbe que el maíz se emplee para elaborar etanol cuando hay déficit de este alimento. La reforma plantea sustituir esa prohibición nacional por una regional, de manera que los estados que tienen excedentes de maíz, como Sinaloa –donde ya funciona una planta que procesa etanol a partir del grano importado–, puedan desviarlo de los mercados alimentarios a la generación de este biocombustible.
La exposición de motivos de la iniciativa argumenta que la reforma beneficiará a los campesinos en esas regiones, pues les permitirá vender sus granos, sin poner en riesgo la seguridad alimentaria. Además, alega, así se reduciría la dependencia de los combustibles fósiles, pues el etanol, empleado como sustituto o complemento de la gasolina en el transporte automotor, libera menos gases de efecto invernadero que ese derivado del petróleo.
Las autoridades federales serían encargadas de regular la producción de etanol de maíz en caso de contingencias, fluctuaciones y otros fenómenos que pudieran ocasionar un desabastecimiento o acaparamiento de maíz, revisando periódicamente la disponibilidad del grano.
«Es una locura que solo tiene como finalidad enriquecer a grandes productores», dijo Suárez. «Estamos en esa locura de que, habiendo en México 20 por ciento de población en extrema pobreza y con 45 por ciento de importación de alimentos, entremos en la lógica de querer producir etanol con alimentos básicos», opinó. «Además, el etanol sin subsidios no tiene ninguna rentabilidad económica».
Según el gubernamental Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los primeros cuatro años de gobierno de Felipe Calderón, iniciado en 2006, la proporción de gente que no puede satisfacer sus necesidades de alimentación aumentó de 14,4 por ciento a 18,2 por ciento.
Por otra parte, el Senado detuvo una reforma impulsada por organizaciones de la sociedad civil para incluir en la Constitución el derecho a la alimentación.
Pero, con el argumento de garantizar la seguridad alimentaria, el gobierno autorizó en marzo de 2009 la siembra experimental de maíz transgénico en cuatro estados del norte, a pesar de que todavía la ciencia no tiene aún evidencias concluyentes sobre los efectos en la salud y el ambiente de estos organismos genéticamente modificados.
«El tema central es el proceso de modificación genética», explicó a Tierramérica el investigador Javier Cruz Mena, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. «La célula se bombardea con micropartículas del gen que vas a introducir y nada garantiza en qué parte de la célula caerán» estas partículas.
El maíz no es solo el alimento principal de la cocina mexicana, también es un elemento cultural fundamental de los pueblos originarios. Según una leyenda maya, los dioses crearon a los humanos a partir del maíz, y la planta todavía se usa en algunos rituales religiosos nativos.
Pero ahora su precio depende de los mercados internacionales y las bolsas de granos están cada vez más influenciadas por compras e inversiones especulativas que van más allá de la oferta y la demanda de alimentos.
A eso se agregan otros factores externos, como la demanda de maíz para etanol en Estados Unidos, que absorbe más de 37 por ciento de la producción, el cierre de las exportaciones rusas de trigo, decidido en agosto por la ola de calor que arruinó las cosechas, o las actuales inundaciones en Australia.
La tortilla, que se elabora con maíz blanco, llegó a subir 50 por ciento en algunos estados, pasando de nueve pesos mexicanos (74 centavos de dólar) a 12 o 15 pesos (entre 99 centavos y 1,2 dólares).
Las autoridades anunciaron multas a los molineros y, en medio del escándalo, el Senado guardó en la cajonera la reforma a la ley de bioenergéticos.
«El gobierno se pone a decir que no podemos aumentar la tortilla y que abusamos, pero eso sí, nos aumentan el maíz y la gasolina y ahí sí no dicen nada», se quejó a Tierramérica el molinero Juan Martínez, de la Ciudad de México.
El productor agropecuario Víctor Suárez señala que este país puede producir lo que necesita para alimentar a sus más de 112 millones de habitantes. Pero el campo fue «abandonado» por una decisión de entregar la producción agrícola a Estados Unidos en el marco de acuerdos de libre comercio, bajo un «principio falso» del beneficio comparativo.
El rendimiento medio de los agricultores de maíz mexicano es de 3,3 toneladas por hectárea, pero la mayoría obtienen menos de una tonelada por unidad, cifras muy inferiores a la productividad estadounidense.
«No hay inversión ni investigación en el campo, y eso es una decisión política desde hace 25 años. Necesitamos tecnología, pero no transgénica, sino una tecnología que permita cuidar el ambiente y la biodiversidad, basada en investigación científica», insistió Suárez.
* Este artículo fue publicado originalmente el 15 de enero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
– Fuente: https://mail.google.com/mail/?hl=es&shva=1#inbox/12d9b5f7a7a39be3