El Tribunal Constitucional (TC), al determinar, el 7-4-05, que el Poder Legislativo DEBIO autorizar y aprobar los contratos petroleros, en cumplimiento del artículo 59, inciso quinto de la Constitución Política del Estado (CPE), y añadir que ahora DEBE autorizar y aprobar esos contratos, ha consumado, ni más ni menos, la tercera nacionalización de los hidrocarburos […]
El Tribunal Constitucional (TC), al determinar, el 7-4-05, que el Poder Legislativo DEBIO autorizar y aprobar los contratos petroleros, en cumplimiento del artículo 59, inciso quinto de la Constitución Política del Estado (CPE), y añadir que ahora DEBE autorizar y aprobar esos contratos, ha consumado, ni más ni menos, la tercera nacionalización de los hidrocarburos en la historia de Bolivia. La primera fue dispuesta por el general David Toro, el 13-III-37 (pionera en América Latina y el mundo) y la segunda por el general Alfredo Ovando, el 17-X-69. Ahora el Parlamento, al recuperar su condición de primer poder del Estado, arrebatada por el neoliberalismo, tiene que ratificar, modificar o desconocer los 72 contratos leoninos suscritos por los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), Hugo Banzer, Jorge Quiroga y Carlos Mesa con las petroleras, sobre quienes pesa un inminente juicio de responsabilidades. El requisito fundamental para la existencia de un contrato es el consentimiento y ese consentimiento no existió desde el momento en que los contratos no fueron autorizados por el Congreso Nacional, portador de la voluntad del pueblo boliviano. En consecuencia, al no existir contratos con las transnacionales, las que habían afirmado que son dueñas de los hidrocarburos, el TC ha dejado establecido que el país nunca ha perdido ese derecho propietario.
Las petroleras, al rechazarse los contratos, deberán pagar daños y perjuicios y devolver los beneficios que obtuvieron por la explotación de gas y petróleo, a partir de la Ley de Hidrocarburos de GSL, de 30-IV-96. Las decisiones del TC son inapelables y obligatorias. Por eso se dice que sus fallos sólo pueden ser reclamados ante la corte celestial. Por mandato constitucional, nadie, y las petroleras tampoco, puede alegar desconocimiento de la ley. Por tanto, tampoco es admisible que las compañías afirmen que «no sabían» que el Congreso debía aprobar los contratos. Con el fallo del TC, el Parlamento ha recuperado la facultad de revisar todos los contratos relativos a riquezas nacionales, lo que abarca a minerales, petróleo, bosques y agua. En el tema minero, por ejemplo, está a punto de iniciarse la explotación del yacimiento de plata de «San Cristóbal», el más grande del mundo, en el departamento de Potosí, a cargo de la Apex Silver, del multimillonario George Soros y de GSL. Pues bien, ese contrato también necesita intervención congresal, así como los anteriores contratos de arrendamiento y riesgo compartido mediante los cuales GSL se enriqueció ilícitamente en el último medio siglo.
Sería ingenuo, sin embargo, creer, que un país semi colonial, como Bolivia, recuperará fácilmente sus recursos naturales estratégicos. El Jefe de Estado Mayor Conjunto del Ejército de EEUU, general Richard Myrers, acaba de recordar el «derecho» de su país a intervenir directamente en países que perturban la región a través del terrorismo o narcotráfico. ¿Quién convencerá a la mafiocracia del norte que recuperar los recursos naturales, por la vía legal, no es terrorismo ni narcotráfico? Por otra parte, el gobierno de Carlos Mesa y los colaboradores de GSL están al borde de la histeria. El ex ministro de GSL y ahora senador, Guillermo Justiniano, ha dicho que el fallo del TC es contradictorio y que, en caso de cumplirse, generaría un caos jurídico, por la revisión de contratos vigentes. Otros piensan que el TC que se había convertido en protector de las petroleras, pretende ahora desestabilizar a Mesa, ya sea por exigencias de las transnacionales que no permitirán que se les arrebate sus privilegios o por la presión de un pueblo que siente que ha recuperado sus hidrocarburos.
Algunos parlamentarios pretenden ratificar los contratos existentes, olvidando que el país entregó, gratuitamente, 10.000 millones de dólares en reservas probadas de gas y petróleo, que enormes campos de gas descubiertos por YPFB fueron catalogados de «inexistentes» a fin de rebajar el pago de regalías del 50 al 18 %, que el 40 por ciento del gasoducto al Brasil fue transferido gratuitamente a la corrupta ENRON y que las petroleras admiten que han contrabandeado gas al Brasil y petróleo crudo a Chile, además de evadir impuestos y vender GLP a Paraguay a precios mucho baratos que los expendidos en el mercado interno. La vieja amenaza de las petroleras de enjuiciar a Bolivia ante tribunales internacionales no tiene validez y ya no asusta a nadie, ya que las supuestas perjudicadas, antes de iniciar su reclamo, tienen que mostrar sus contratos y esos contratos sencillamente no tienen existencia jurídica.