La Colonia.- En el México colonial el desarrollo de las ciudades estuvo estrechamente ligado a la producción minera. El Camino de la Plata (Real del Monte, Zacatecas, San Luis Potosí, Taxco, Santa Fe de Nuevo México) partía del centro hacia el Norte y en esa geografía se iban creando los centros mineros que serán más tarde las futuras ciudades.
Transformación y remodelación del territorio donde se fundan los presidios militares y las Misiones de la Compañía de Jesús a lo largo y ancho del Septentrión de la Nueva España constituyendo una cadena de fortificaciones para proteger el transporte de mercancías, la extracción de plata y las comunicaciones entre el centro y las explotaciones mineras recién descubiertas.
La línea de avance española se protegía con la creación de más presidios dentro de territorio chichimeca (nómadas), en la meseta central y en ambos lados de la Sierra Madre Occidental. Estas eran las directrices de la política para el poblamiento y colonización del Nuevo Reino de León (actual estado de Nuevo León) y de la colonia del Nuevo Santander (actual estado de Tamaulipas, una parte del estado de Nuevo León y una parte del sur de Texas). Misiones y presidios se volvieron polo de atracción de colonos para el establecimiento de nuevas misiones, pueblos, haciendas y villas.
La iglesia católica con sus diferentes Órdenes era la Institución más poderosa en la Nueva España, dueña de grandes propiedades, tenía un gran poder económico por la recaudación de diezmos, obtenciones parroquiales, donaciones piadosas y legados testamentarios; se calcula un capital disponible de 45 millones de pesos, empleados en realizar préstamos a agricultores, mineros y empresarios como hipoteca. Este poder junto con su adoctrinamiento evangelizador, se traducía en control político. Pero la tierra no existía aún como mercancía en sí misma; en el Antiguo Régimen dependía de los vínculos. Estaba vinculada a:
Los mayorazgos; el clero regular, secular y capellanías; las comunidades indígenas y los Ayuntamientos.
Las minas arrebataban la tierra a los pueblos, creando un entorno agrícola para la producción de alimentos. Destrucción del entorno para la creación de una economía monoexportadora y extractivista que, al entrar en crisis (siglo XVIII, hacia 1780), arrastró tras de sì la industria y el comercio de la Nueva España. En el siglo XVIII se volvió cada vez más difícil obtener “repartimientos de indios” y se favoreció el “trabajo libre”; el precio del trabajo aumentó. La extracción minera se realizaba cada vez a mayor profundidad y esto lógicamente encarecía los costos de producción; había un problema adicional: las minas frecuentemente se inundaban de agua. Cuando el movimiento insurgente contra el dominio español paralizó la producción minera (1811) la crisis de la minería mexicana ya arrastraba 30 años de decadencia y explotación extrema.
Perìodo liberal.- Entrado el siglo XIX el capitalismo moderno condiciona y regula las relaciones sociales; los latifundios implican el control de la propiedad, de la gente (ahora con una demografía en ascenso) y los mercados. La Hacienda posee la tierra y los pueblos la mano de obra.
El ideal de aquella generación de liberales (José María Luis Mora, Benito Juárez, Lerdo de Tejada, Gómez Farías…) era crear una clase de pequeños propietarios y emprendedores. En la concepción de aquellos líderes y gobernantes, la situación de miseria en la cual se encontraban los indígenas, se debía a su propia naturaleza, a su falta de espíritu empresarial y a su falta de individualismo. A principios del siglo XIX la tenencia comunal de la tierra denotaba un principio retrógrado, sobrevivencia de la época colonial, en la cual el indígena, segregado del resto de la población, había estado sujeto a una legislación especial. Consideraban que las tierras comunales de los pueblos eran las peor trabajadas y en las que no se aplicaba adelanto alguno ni en maquinaria ni en técnicas de cultivo. Era necesario pues un amplio proceso de privatización de la tierra y terminar así con el “vicio comunal”.
Desde la colonia el gobierno español otorgó a las comunidades indígenas la personalidad jurídica como propietarias y le concedió ciertas extensiones de tierra bajo la condición de ser usadas exclusivamente para el beneficio de sus miembros y no podían ser vendidas ni enajenadas. A pesar de esta protección legal en muchas ocasiones los campesinos perdieron el acceso a la tierra. La escasez de alimentos en épocas de malas cosechas o la necesidad de dinero por cualquier emergencia llevaba al campesino a ceder en arrendamiento su porción de tierra a cualquier cacique de la localidad a cambio de un préstamo que ya nunca le sería posible devolver.
Naturalmente el enemigo principal a tumbar era la Iglesia católica, por su condición de terrateniente y porque financiaba a los conservadores en sus agresivas pugnas contra la política liberal.
Se promulga la Ley Lerdo (1856) que decretaba la venta a particulares de las propiedades rurales de la iglesia católica y de las corporaciones civiles. La idea era fomentar la actividad económica para crear una clase media rural. Además de la iglesia la desamortización también aplicaba para las comunidades indígenas. En definitiva se trataba de una confrontación radical entre pasado y modernidad y de poner las bases para el fomento de una conciencia nacional y un Estado moderno (en el marco de reglas capitalistas). No hay que olvidar que la invasión norteamericana (1846-1848) y la pérdida de más de la mitad del territorio fueron el origen de una toma de conciencia por parte de los liberales en cuanto a la necesidad de transformar y modernizar a México o desaparecer como país.
Los liberales tenían el concepto de la tierra como fundamento de la vida económica y política de la nación y el impulso de sus ideas en la práctica desorganizó la vida de las comunidades y proletarizó a sus miembros favoreciendo el establecimiento de haciendas. La afectación continua por parte de los grupos de poder locales se tradujo en rebeliones de gran calado, como las que se produjeron en el Istmo de Tehuantepec, en la Sierra Gorda de Querétaro y en la península de Yucatán.
En 1824 se expide la Ley General de Colonización que invitaba a inversores extranjeros a establecerse dentro del territorio nacional, a condición de respetar y acatar las leyes mexicanas. Se autorizó a las Compañías deslindadoras para delimitar y redistribuir la tierra entre quienes carecían de ella o lo solicitaban. El resultado fue al revés. De los 58 millones de hectáreas deslindadas, un tercio quedó en poder de las Compañías deslindadoras como pago por sus trabajos. Los dos tercios restantes fueron adquiridos a bajo precio por las mismas empresas o por individuos vinculados a ellas. Un individuo utilizando los nombres de sus familiares podía concentrar varias fincas de enorme extensión. En Baja California se otorgaron 12 millones de hectáreas a cinco concesionarios y en Chihuahua las Compañías deslindaron 14 millones de hectáreas que se repartieron entre 4 familias. Una fiesta que se prolongó todo el Porfiriato y que terminó en noviembre de 1910.
Extenderme en todo el siglo XX sería exceder los límites de este artículo y alejarme de la idea original, que es anotar algunas semejanzas entre aquella situación histórica que enfrentaron con decisión, pero con resultados contradictorios, los liberales encabezados por Benito Juárez y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador en su concepción de desarrollo para México con un enfoque que deja de lado la importancia de recuperar la soberanía alimentaria y apoyar a los ejidos y la producción campesina local. Esto es compatible con la aplicación de modernas técnicas de cultivo, el aprovechamiento racional de los recursos y la defensa de una economía campesina. Pero parece claro que la apuesta del actual gobierno mexicano es por los megaproyectos.
Nomás apuntar la importancia del siglo de las drogas, como le llamó el sociólogo mexicano Luis Astorga al siglo pasado, en la redistribución del uso de la tierra en amplias regiones de México para la siembra de enervantes en perjuicio de la producción de alimentos. La aprobación en 1994 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y la reforma al Artículo 27 de la Constitución, que desmontaron agresivamente la economía familiar campesina y provocaron un éxodo masivo de mexicanos en busca de altos salarios a cambio de explotación laboral, racismo y discriminación en los Estados Unidos.
Por último y muy importante, resaltar que la declaración de guerra contra las drogas y su impulso mediante la llamada Iniciativa Mérida aplicados durante el calderonato (2006-2012) y el sexenio siguiente (2012-2018) fueron el equivalente de la guerra contra México lanzada en 1846 por los Estados Unidos. López Obrador se sienta en la silla presidencial de un país destrozado en lo social, saqueado en lo económico por una deuda que compromete las necesidades básicas de varias generaciones y condicionado por presiones internas (el ejército) y externas (renovación del TLC, inversiones condicionadas y corrupción a derecha e izquierda, arriba y abajo).
Tercera etapa del proceso expropiatorio.- El siglo XXI presenta en México un panorama semejante para todos los países de economía dependiente, suministradores de materias primas y condicionados por Tratados de libre Comercio que son los nuevos instrumentos de imposición colonial para impedir el desarrollo de la investigación y la tecnología necesaria para beneficio de sus poblaciones.
Ligado con la exposición inicial sobre la minería en la colonia es necesario conocer el dato: Según cifras oficiales al mes de mayo de 2010 se habían otorgado 26 mil 559 concesiones mineras que abarcaban una superficie aproximada de 21.1 millones de hectáreas equivalentes al 13.8 % del territorio nacional. La Ley de Inversiones Extranjeras permite inversiones foráneas en minería del 100%. Las empresas mineras extranjeras y las nacionales pagan al erario mexicano cantidades simbólicas no en función del mineral extraído sino por hectárea de tierra concesionada (más de la cuarta parte del territorio nacional está concesionado a las mineras. El presidente López Obrador declaró en agosto de 2019 que durante su gobierno no se entregarían más concesiones mineras.
También se ha pronunciado contra el fracking, pero la Alianza Mexicana contra el Fracking confirma que continúan las actividades de perforación hidráulica. Según datos de Cartocrítica, Investigación mapas y datos para la sociedad civil, al menos 924 pozos han sido perforados mediante esta contaminante técnica, en los estados de Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas y Tabasco.
En lo que a ganadería se refiere la llamada “revolución ganadera”
llegó a México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(1994), aprovechando las facilidades que se otorgan en México con
salarios bajos y poca o ninguna regulación ambiental y acaparamiento
de tierras rurales. El crecimiento de la demanda de proteínas animales
fue aprovechado por las corporaciones trasnacionales que controlan la
producción mundial de ganado. En 2017, 99% de las granjas familiares
que producían carne habían desaparecido en favor de las granjas
industriales propiedad de grandes corporaciones. La comunidad de Homún
(Yucatán) con menos de 8 mil habitantes recién ganó la batalla
contra la empresa Producción Alimentaria Porcícola que no cuenta con
la planta de tratamiento de aguas residuales prometida a la gente.
Este viernes 6 de noviembre las magistradas que integran el Tribunal
Colegiado en materia del Trabajo y Administrativa de Yucatán,
determinaron mantener la suspensión de las operaciones de la mega
granja (más de 49 mil cerdos), por los riesgos que su funcionamiento
representa para el medio ambiente, la salud y la niñez de las
comunidades mayas de la zona.
Conflicto de intereses: la empresa Enerall fundada por Alfonso Romo, hasta hace unos días Jefe de la Oficina de la Presidencia destruyó impunemente un cenote de 5 mil 500 metros cuadrados y apenas en marzo de este año utilizó la expresión “muertos de hambre” para referirse a los pobladores de Yucatán que no saben ni manejar sus propias tierras y a los que la empresa Enerall, que ahora administra su familia, les llevará el progreso. Para ello además del cenote destruido hubo que deforestar la zona, acabar con la fauna y obtener grandes márgenes de ganancias a costa de pagar sueldos miserables a los trabajadores en el acuífero más importante de México cuya disponibilidad ha disminuido en un 43%.
Los monocultivos de soya transgénica, la producción de cereales con agrotóxicos, la palma aceitera son un capítulo aparte (o integrado) a esa concepción del desarrollo que López Obrador comparte con los liberales del siglo XIX. Sí, López Obrador es pragmático e ideológicamente incoherente tal y como señalan en entrevista publicada en el diario La Jornada el 30 de noviembre pasado, el académico de la Facultad de Economía en la Universidad Autónoma de México Enrique Rajchenberg y Nicolás Loza Otero investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso.
TREN MAYA: Un pragmatismo e incoherencia que se concretan en el proyecto estrella denominado TREN MAYA, que cambiará para siempre la fisonomía de una de las últimas selvas de México y de América Latina, impulsará el turismo de masas y utilizará la mano de obra barata con trabajos de baja cualificación a los pobladores de la zona. El proyecto está ligado al gigantesco movimiento de mercancías que, a nivel mundial se conectará con la transformación del Istmo de Tehuantepec para construir modernas vías de comunicación que faciliten las exportaciones e importaciones hacia Asia y América del Norte. Se calcula que el 70% de los ingresos de este mega negocio será por transporte de carga. Participan en esta transformación radical del territorio en el sureste mexicano y de los usos agrícolas del suelo empresas de Carlos Slim, la española FCC Construcción, S.A., la china Communications Construction Company Ltd. y también la Secretaría de la Defensa Nacional a la que se le ha asignado la construcción de los tramos 6 y 7. Pero la mega corporación que destaca como interesada en el proyecto es la banca de gestión de inversiones Blackrock, con sede en Nueva York, y considerada la banca más grande del mundo en gestión de activos. Controla 7.8 billones de dólares, o sea, el equivalente a más de 6 veces el PIB de México. Además de su participación en el Tren Maya, Tiene inversiones en 12 proyectos energéticos en la península de Yucatán.
López Obrador le apunta a una recuperación económica de México y a retomar la función del Estado como agente de desarrollo. Se mueve con las reglas del capitalismo y tiene unos claros límites de acción impuestos por el ejército mexicano y la oligarquía internacional.
El sociólogo de Flacso Loza Otero remata en la entrevista:
“Tiene apego a una economía mixta que se practicó después del
cardenismo en México y que implica cierta intervención del Estado,
cierta regulación de la actividad de la empresa privada. No tiene
realmente una ideología coherente, sólida; puede parecer un
señalamiento muy crítico, pero en realidad tampoco deberíamos pensar
que la gente anda por la vida con una ideología muy coherente y sólida”.
Fuentes:
- La agricultura en tierras mexicanas desde sus orígenes hasta
nuestros días. Teresa Rojas y María de los Angeles Romero Frizzi.
Editorial Grijalbo - Ana de Ita. Directora del Centro de Estudios para el Campo Mexicano
(La Jornada 5 de junio 2020) - Silvia Ribeiro. Investigadora del grupo ETC (La Jornada 5 de
diciembre 2020) - Greenpeace.org México. Los costos de una industria muy puerca en
la península de Yucatán. - José Luis Ríos Vera. La superexplotación del trabajo en México en
el corazón de BlackRock. Revista Rebelión.