La asamblea popular exige al gobierno federal garantías para la marcha que está por realizar
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) calificó de «maniobra» del gobierno federal el operativo que realizó el viernes la Policía Federal Preventiva (PFP) en las instalaciones de la procuraduría estatal, para desviar la atención pública de su demanda central: la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.
Florentino López Martínez, vocero de la APPO, señaló que la aprehensión de cinco agentes de la policía ministerial del estado por posesión de vehículos robados y de armas de fuego sin licencia demuestra las irregularidades «denunciadas desde hace tiempo».
Sin embargo, consideró insuficiente el operativo en el que también participaron elementos de la Agencia Federal de Investigación y del Ejército Mexicano, porque «no se detuvo a los sicarios y a los jefes de estas operaciones irregulares».
«Si bien es cierto que se llevaron a cinco policías, también debieron detener a Ulises Ruiz, a Heliodoro Díaz Escárraga (secretario general de Gobierno) y a Lino Celaya Luría (titular de Protección Ciudadana), quienes son los que ordenan a los policías y a los sicarios atacar a los simpatizantes de la APPO y al pueblo en general.»
Las fuerzas federales, agregó, pretenden ingenuamente encontrar pistas en las armas incautadas a la policía ministerial sobre los homicidios de seguidores del movimiento y de los recientes hechos vandálicos.
«No descartamos que exista esa posibilidad, pero las armas utilizadas en los asesinatos de nuestros compañeros seguramente no fueron encontradas en la procuraduría; no son tan tontos para guardarlas ahí», abundó.
Exigió garantías al gobierno federal para la octava megamarcha magisterial y popular, que se prevé realizar, ante los rumores de un eventual operativo para detener a otros miembros del consejo estatal de la APPO.
Mientras, Minerva Martínez Lázaro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, denunció que el libramiento de órdenes de aprehensión contra miembros de la APPO y de otras organizaciones civiles «es una clara muestra de la criminalización del movimiento social por parte de los gobiernos estatal y federal».
Añadió que las órdenes de arresto contra Aline Castellanos Jurado, integrante del organismo Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, y de Omar Olivera Espinoza, director de Radio Plantón del magisterio oaxaqueño, vulneran la labor de observación y defensa de los derechos humanos.
Por ello, exigió la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión, y garantizar el ejercicio de defensa de los derechos humanos, así como las acciones de las organizaciones civiles en la promoción de libertad, la no discriminación y la democracia en Oaxaca.
«Nuestro trabajo no es un delito, sino una lucha constante por la dignidad y la justicia social, en la cual las organizaciones civiles estamos comprometidas, pues es nuestra razón de ser.»
Reportero denuncia agresión
En tanto, Haniel Morgán Chávez, reportero de El Imparcial, denunció que fue agredido durante un encuentro del director de la policía ministerial estatal, Manuel Moreno Rivas ex guardaespaldas del anterior gobernador, José Murat, con unos 70 elementos de esa corporación en el estacionamiento de la procuraduría.
«Pensé que platicaban sobre el operativo de la PFP; al llegar me comenzaron a gritar que era oreja (informante)», relató.
Morgán Chávez aseveró que los hechos ocurrieron alrededor de las 11 horas de este sábado. Narró que después de ser agredido, los agentes lo despojaron de su equipo y lo llevaron a las celdas de la corporación, donde estuvo detenido ilegalmente durante 40 minutos.
Posteriormente, aseguró, fue llevado a las oficinas de Moreno Rivas, quien justificó la agresión al señalarle «que los ánimos estaban muy caldeados» por la operación de la PFP.