En un contexto agravado por la pandemia de la COVID-19, siendo el cuarto país del mundo en número de muertes causadas por la pandemia, las víctimas de tortura en México aumentan.
Un nuevo informe publicado por la OMCT y la Red TDT revela un aumento de la población carcelaria, de la violencia a manos de los cuerpos de seguridad y el abandono de los derechos y necesidades básicas de los migrantes. Es más urgente que nunca que se establezca una política pública para hacer frente a las necesidades de miles de personas en una situación de alto riesgo de tortura y otros malos tratos.
A pesar de la aprobación Ley de Amnistía y otras figuras legales no se ha reducido la sobrepoblación carcelaria, por el contrario, esta ha aumentado de forma significativo en 2020 – más de 14,000 personas -. Entre las personas privadas de libertad, se han documentado 3456 casos de contagio por SARS-COV-2.
También preocupa la información sobre la falta sistemática de atención de las necesidades básicas de las personas migrantes y solicitantes de asilo en estaciones migratorias que continúan llenándose en un contexto de creciente securitización de las fronteras y controles migratorios. El uso recurrente de la fuerza dentro de dicho espacios, en los corredores y contra las caravanas de migrantes también ha sido constante y agravado.
Durante la misión, también se observó un recrudecimiento de la represión, por parte de fuerzas de seguridad civiles y militares, en el marco del cumplimiento de restricciones vinculadas a la pandemia (toques de queda, uso obligatorio de cubrebocas, restricciones a la circulación, etc.), así como en el contexto de acciones de protesta en diversas regiones del país, siendo las protestas en Jalisco en junio de 2020 un caso emblemático. En múltiples incidentes se registró que las personas manifestantes fueron detenidas de manera arbitraria, incomunicadas y sometidas a tortura (incluida tortura sexual) y otros malos tratos.
El informe que se publica hoy sintetiza los hallazgos de la misión virtual de seguimiento a la implementación de las Observaciones Finales (2019) del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) a México, realizada en febrero de 2021. Entre las recomendaciones clave del CAT, destaca la urgencia de adoptar y publicar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, pendiente desde la adopción de la Ley contra la Tortura de 2017.
“La particularidad de esta misión es que en vez de posponerla a causa de las restricciones derivadas de la COVID-19, fue llevada a cabo de forma virtual. Esta fue la primera misión virtual que realizamos”, destaca Olga Arnaiz Zhuravleva, representante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT). Fue positiva la apertura que tuvieron varias autoridades a la hora de concertar reuniones con la delegación internacional y agradecemos la oportunidad que tuvimos de hablar con sobrevivientes que quisieron compartir sus testimonios y frustraciones, así como el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil alrededor de esta iniciativa”.
El informe muestra que estas frustraciones están aumentando debido a la falta de mecanismos adecuados para asistir y proporcionar reparación a las víctimas así como para proteger a las personas en riesgo. Instamos a las autoridades a tomar medidas para abordar estas necesidades urgentes.
“Seguimos teniendo cifras ínfimas de sentencias condenatorias frente a las miles de denuncias que siguen sin avanzar, reconocemos que hay esfuerzos positivos, pero son insuficientes frente a la magnitud del problema”, dijo Gerald Staberock, Secretario General de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). “Solicitamos una explicación pública de las autoridades competentes sobre la situación del Programa Nacional para Prevenir Sancionar la Tortura. Este programa es un instrumento vital para retomar el diálogo con la sociedad civil, proteger a las víctimas y luchar contra la impunidad.”
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Publicado originalmente en Red TDT