Aunque en teoría el artículo constitucional 123 pretende establecer «un equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital», en la realidad concreta el peso aplastante del capital inclina la balanza totalmente a su lado. Son tan pocos los derechos de los trabajadores que cuando estos existen […]
Aunque en teoría el artículo constitucional 123 pretende establecer «un equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital», en la realidad concreta el peso aplastante del capital inclina la balanza totalmente a su lado. Son tan pocos los derechos de los trabajadores que cuando estos existen se transgreden constantemente por el capital, a veces de manera violenta.
Según declaraciones de las autoridades de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) la reforma a la Ley Federal del Trabajo aprobada en la Cámara de Diputados y actualmente en revisión en la de senadores no pretende de ninguna manera transgredir el Artículo 123. Dicho artículo constitucional establece claramente que «Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.» Lógicamente debemos suponer que cuando se habla de trabajo digno se sobrentiende que debe haber un salario remunerado digno. Salario digno es el ingreso monetario que cubre satisfactoriamente las necesidades básicas como la de la vivienda, vestuario, alimentación, energía, atención a la salud, educación, agua potable, cuidado de niños, transporte y ahorro; incluida la necesidad de la recreación o esparcimiento, que aun cuando no se considera una necesidad básica la debemos considerar como tal. Sin duda, las tres primeras necesidades son vitales, en cualquier orden que las pongamos.
Pues bien, todo mundo sabe -hasta los líderes de la COPARMEX, diputados y senadores, líderes charros y no tan charros, y hasta periodistas y analistas; bueno, hasta los economistas oficialistas u oficiosos- que el grueso del trabajador mexicano no percibe ningún salario digno, suficiente para cubrir sus necesidades básicas; de otra manera no podría entenderse la pobreza y la miseria extrema del grueso de la población nacional. El grueso de la población económicamente activa (PEA) tiene salarios miserables. Hace algunas décadas la masa salarial en el Producto Interno Bruto (PIB) era aproximadamente del 40 por ciento, hoy se ha reducido dentro del rango del 20 por ciento. Es partir de las políticas neoliberales que se ha venido dando tal disminución salarial dentro de la producción de la riqueza social nacional.
Algunos analistas afirman que el problema de México no es tanto la pobreza misma sino la extrema desigualdad social que implica la extrema concentración del ingreso. Pero ¿qué está detrás de la distribución desigual del ingreso? Lo que está detrás es la relación desigual entre el capital y la fuerza de trabajo (la explotación del trabajador por el capital), y detrás de ello la apropiación privada de la producción social de la riqueza. El problema, en un primer momento, es cómo revertir la reducción de la masa salarial en la redistribución del ingreso total, en la masa de riqueza social del país. Pero esto no es el propósito de la nueva Ley Federal del Trabajo, sino todo lo contrario. De ahí que tras la retórica de que el artículo 123 es intocable, lo cierto es que con esta reforma neoliberal se le transgrede directa y violentamente. Con la susodicha reforma la relación entre salario, precio y ganancia se inclinara más hacia el lado de las ganancias capitalistas y éste el verdadero propósito de la «bondadosa» reforma pripanista. El artículo 123 establece que «los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.» En los hechos reales esto es una verdadera entelequia jurídica, aún más ilusoria con esta iniciativa de Calderón y de Peña Nieto. La reforma laboral del poder y del dinero no está asociada a ningún proyecto económico, político y social justo y equitativo.
La titular de la STPS, Rosalinda Vélez, aseguró ante los senadores integrantes de la Comisión de Trabajo que la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados «representa un parteaguas, beneficiará a patrones y a trabajadores, brindará mayor certeza jurídica a los sectores productivos, trabajos dignos y mejor pagados, y no modifica ni violenta el artículo 123 Constitucional». Lo anterior es totalmente falso, esta ley no puede beneficiar por igual a patrones y a trabajadores. Será un parteaguas, sí, porque inaugura una época de mayor explotación de la mano de obra. Esta reforma está aderezada con la demagogia de la democratización sindical y de la trasparencia de las cuotas sindicales; pero en todos los años del poder panista con su corrupción nunca hubo ninguna intención real de ninguna democratización de la vida política, social ni sindical. A su vez, hablar de la democratización sindical por el lado del priísmo es un chiste de mal gusto.
La generación de trabajos dignos y, por ende, de salarios dignos, si contribuye de manera decisiva a una mejor distribución del ingreso nacional. Mientras esto no suceda la degradación social (pobreza, violencia, etc.) seguirá inexorablemente. Se requiere de un cambio a fondo del modelo de desarrollo social neoliberal, a pesar de los corifeos patronales y del poder.
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