La Triple A, la CIA y la Operación Cóndor

La resolución del juez federal Norberto Oyarbide que ordenó el pasado 26 de enero la prisión preventiva de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón («Isabelita») y su extradición desde España, en la causa que investiga los crímenes de la parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) entre los años 1973-1976, creó en Buenos Aires una polémica política a todas luces falsa.

Esta causa está basada en «50 cuerpos de actuación y muchísimos legajos», según el magistrado y es una de las más importantes en la historia de la justicia argentina, después del juicio a las Juntas Militares de la pasada dictadura (1976-1983).

El juez rechazó que exista algún elemento que responsabilice al ex presidente Juan Domingo Perón, quien falleció cuando gobernaba por tercera vez el país en julio de 1974, pero en cambio considera que la ex mandataria prestó una colaboración «esencial» en los crímenes que cometió la Triple A entre los años 74 y 76, aunque el accionar de este grupo había comenzado en 1973, cuando el ex cabo de policía José López Rega, devenido en Ministro de Bienestar Social en el gobierno peronista, llegó al país.

La especulación política de diversos sectores parece destinada a detener este intento de hacer justicia sobre hechos y crímenes de lesa humanidad cometidos por la organización parapolicial, que como otros no pueden prescribir.

El juez Oyarbide sostuvo que existe «prueba muy puntual que habla de que los ex policías Juan Ramón Morales, Rodolfo Almirón y Miguel Angel Rovira, formaban parte de los grupos operativos» de la Triple A.

En este caso tiene responsabilidad la ex presidenta Perón, por el cargo que ocupaba, su relación directa con los implicados -que eran su propia custodia- y el hombre clave de su gobierno nada menos que López Rega el fundador de la Triple A. Y si no la tiene ella es quien mejor puede explicarlo.

A partir de su llegada al país en 1973 López Rega contó con el apoyo de sectores de inteligencia y hombres de las dictaduras anteriores, grupos de choque de la derecha peronista, entre otras organizaciones como las Milicias Nacionalistas, los grupos nazis, el Comando Nacional Universitario (CNU) que conformaron los equipos de inteligencia para ubicar a las víctimas, dar organicidad e impunidad a los secuestros, torturas y asesinatos.

Más allá de que Oyarbide hubiera actuado o no, la investigación de los hechos de la pasada dictadura llevaban inevitablemente a su más directo antecedente que es la Triple A, como se puede ver en el accionar del grupo. De hecho en todas las investigaciones sobre la Operación Cóndor -coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur- surge la presencia de los hombres de la Triple A, ex policías, integrantes de cuerpos de seguridad y delincuentes, en la mayoría de los casos, como su actuación en el Centro Clandestino de detención Automotores Orletti, clave en la historia del terror.

Así, el juez decidió la prisión preventiva contra Isabel y los ex policías federales acusados por los homicidios de la Triple A y estableció que si España no extradita a la ex presidenta, podrá ser juzgada en ese país, al que se remitirán los expedientes necesarios.

Sería imposible entonces esconder bajo la alfombra el antecedente básico de lo que sería Cóndor, cuando la llegada de la dictadura argentina el 24 de marzo de 1976 institucionalizó a esta operación contrainsurgente que ya estaba en marcha.

La actuación de la Triple A está encuadrada en acciones de terrorismo de Estado, porque en la ola de crímenes de lesa humanidad, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, amenazas, persecuciones, participaban funcionarios gubernamentales, jefes policiales, sectores militares y de seguridad, lo que garantizaba la impunidad.

El decreto firmado en los últimos días por el presidente Néstor Kirchner alcanza «a los hechos que de cualquier manera se vincularen con el terrorismo de Estado» y en esto queda encuadrada la Triple A, con causas dormidas en la justicia.

Por estos días, el Consejo de Ministros de España resolvió extraditar al ex sargento de la Policía Federal argentina, Juan Carlos Fotea Daneri, («Lobo») acusado por el asesinato y desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh en marzo de 1977, entre otras causas.

La extradición de Fotea fue solicitada por el juez federal Sergio Torres, que lleva adelante los juicios sobre la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde está acusado de integrar el grupo que secuestró y trasladó a ese lugar -además de Walsh – a tres madres fundadoras de Plaza de Mayo, dos monjas francesas y otras personas a fines de 1977.

El juez español Baltasar Garzón ya lo había imputado en Madrid en el marco de la investigación sobre los crímenes de las dictaduras de Argentina y Chile y estaba detenido desde el 23 de noviembre pasado.

Además el acusado está señalado como «oficial del sector Operaciones» en el grupo que encabezó Raúl Guglielminetti (alias Mayor Guastavino) quien en 1996 también fue imputado en España, y ahora detenido aquí por los crímenes cometidos en Automotores Orletti, una de las sedes de la Operación Cóndor durante la dictadura. Pero tanto Guglielminetti como Fotea habían actuado con la Triple A.

La estrategia de los responsables de los asesinatos, secuestros, torturas, que era la forma de actuación de la Triple A, es tratar de imponer mediáticamente que se trata de una «venganza» de la izquierda peronista en el gobierno actual, perseguida en el pasado por estos grupos paramilitares.

Estas argucias de la ultraderecha peronista y de otros sectores encuentran eco en algunas figuras políticas de la oposición en el marco de la carrera electoral.

Sin embargo la causa de la Triple A se iba a investigar más temprano que tarde por las consecuencias de su accionar y su involucramiento en los crímenes de la dictadura militar.

En Argentina hubo ya algunas desapariciones en los años 70, 71 y en 1972-entre otros hechos graves- se produjo la matanza de detenidos políticos en la base naval de Trelew al sur del país. El aparato represivo ilegal «comenzó a estructurarse a partir de 1971 en torno a la figura del comisario general (de la Policía Federal) Alberto Villar» quien era entonces Director General de Orden Urbano, como declaró en 1983 en Holanda ante una Comisión de Derechos Humanos el ex policia Rodolfo Peregrino Fernández en 1983.

Señaló el mismo testigo, «desde sus funciones oficiales (Villar) comenzó a desarrollar en torno suyo una estructura paralela para la realización de acciones violentas ilegales» y por eso «fue después un de las principales vertientes de la Triple A».

Estos hechos indican que cuando subió al gobierno Héctor Cámpora en mayo de 1973, terminando con un largo período de proscripción del Partido Peronista, estaban armadas las estructuras de represión, control y contrainsurgencia de las dictaduras anteriores y la organización de Villar, ligada a grupos nazi, fue clave para los proyectos que trajo el ex cabo policial José López Rega.

Introducido en el entorno de Perón en el exilio, López Rega manejaba a su antojo a Isabelita y armó un cerco alrededor del ex presidente que perduró hasta la muerte de este en julio de 1974.

Gracias al renunciamiento de Cámpora, Perón fue electo el 22 de septiembre de 1973 por tercera vez en la historia nacional. En el lapso entre la renuncia de Cámpora y la llegada de Perón estuvo como presidente interino nada menos que Raúl Lastiri, yerno de López Rega.

Todas las investigaciones sobre la Triple A ubican que López Rega había tenido «contactos de trabajo» con la embajada de Estados Unidos en España, y especialmente con el embajador Robert Hill, quien había participado en forma activa en la invasión estadounidense a Guatemala en 1954.

Así además de los lazos que ya tenía López Rega con la Internacional Fascista con base en España, la Organización del Ejército Secreto (OAS) de Francia, Hill posibilitó su encuentro con los jefes de los escuadrones de la muerte que actuaban en Guatemala y otros lugares de América Latina.

Con todos esos antecedentes en sus manos y lo que ya estaba andando en Argentina López Rega, que acudió además a sectores marginales, pudo construir un reino de terror solventado en la corrupción, la mafia y el crimen. La banda parapolicial que formó tenía como objetivo acabar con los dirigentes más activos de la izquierda peronista y figuras izquierdistas en general.

Fue López Rega quien volvió a llamar a las filas policiales a dos oficiales que estaban castigados por delitos, como Morales y Almirón, cuya extradición desde España está en marcha ahora y convirtió al Ministerio de Bienestar Social en una virtual sede de la Triple A. También nombró jefe de la policía federal al comisario Villar e introdujo al ex comisario Héctor García Rey, denunciado por represión feroz en Tucumán, en su momento y figura importante luego en la Operación Cóndor.

Asimismo ya había conexiones de la Triple A con organismos de represión especial de otras dictaduras. Villar era viejo amigo del ya fallecido dictador de Bolivia Hugo Bánzer Suárez.

De modo que el tema de la triple A quedó ligado al esquema de contrainsurgencia que la CIA estadounidense trabajó con varias de estas figuras en la región como antesala de las dictaduras y entre 1973 y 1976 también extranjeros desaparecieron aquí o fueron devueltos sus países de origen que era como entregarlos a la muerte.

Durante el tiempo en que actuó la parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y otras organizaciones complementarias (1973-1976), varios extranjeros perseguidos políticos que buscaron asilo en el país después del golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet, fueron desaparecidos aquí o en sus países de origen, a los que fueron entregados.

Dos equipos de investigación del Comité de Defensa de los derechos de los Pueblos de Chile (Codepu) lograron reconstruir el destino de varios asesinados y desaparecidos chilenos aquí o entregados a la dictadura de Pinochet.

Así da cuenta de que el 27 de octubre de 1973 tres ciudadanos chilenos que habían llegado huyendo desde Coyhaique a la localidad de Río de Mayo en la provincia argentina sureña de Chubut, fueron entregados a militares de su país.

Ellos eran Juan Vera Oyarzún, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda y José Rosendo Pérez Ríos detenidos en un escuadrón de gendarmería argentina, después de ser entregados por el dueño de una finca en la que pidieron ayuda.

Los militares chilenos los asesinaron en el camino de regreso y nunca se encontraron sus cadáveres.

El 30 de septiembre de 1974 se produce uno de los casos más impactantes como es el atentado en esta capital que costó la vida al general chileno Carlos Prats y su esposa Sofía, marcado por la complicidad de la DINA, la CIA estadounidense, la Triple A, otras organizaciones afines y sectores policiales y de inteligencia en el poder local. Precisamente el espía de la Dina que participó en el crimen, Enrique Lautaro Arancibia Clavel está condenado y detenido, pero nada ha sucedido con los responsables locales, a pesar de que se conocen varios nombres.

El 2 de noviembre de 1974 fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza Guillermo Roberto Beaussire Alonso, ingeniero chileno-británico, cuya hermana estaba casada con Andrés Pascal Allende, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionario chileno (MIR). Tres días después de mantenerlo encerrado allí mismo, lo entregaron a militares de la Dina que lo llevaron a centros clandestinos, en su país, donde fue desaparecido.

En ese mismo año se registra también la desaparición de Leandro José LLacaleo Calfulén, quien había llegado desde Chile en 1974 a Mendoza, provincia del noroeste.

En enero de 1975 fue asesinado en Buenos Aires Sergio Eduardo Montenegro Godoy, refugiado bajo la protección de la ONU. Sus asesinos podrían ser chilenos pero contaron con apoyo y protección local.

Ya en mayo de ese año se producirá uno de los hechos más graves entre las llamadas acciones conjuntas con la Operación Colombo, antecedente de Cóndor, la coordinadora de las dictaduras del Sur.

Codepu ya había investigado y escrito sobre la Operación Colombo, armada para que Pinochet justificara ante Naciones Unidas la desaparición de 119 personas. Fue una acción criminal coordinada de DINA, Triple A, sectores de seguridad y policiales de Argentina, que involucró también a cierta prensa y consistió en hacer aparecer cadáveres quemados y decapitados a los que colocaron documentos falsos de algunos de los chilenos que figuraban en la lista de la ONU para fundamentar que los desaparecidos en realidad «se estaban matando entre ellos fuera del país por diferencias políticas».

El caso fue documentado por los informes- recuperados- que enviaba el espía Arancibia Clavel desde Buenos Aires a sus jefes, donde figuran los nombres de los apoyos locales.

Pero el escándalo no detuvo la ofensiva. El 2 de junio de ese mismo año en Buenos Aires fue detenido y desaparecido Juan Carlos Martín Zuñiga y sólo un mes más tarde secuestrado en Bahía Blanca , al sur del país, otro chileno, Víctor Eduardo Oliva Troncoso, quien estaba refugiado bajo amparo de la ONU. Su cuerpo fue encontrado con 35 impactos de bala como era la marca de la Triple A entonces.

La saga de la muerte se cobraría otras víctimas con la desaparición el 5 de julio de Francisco Eduardo Gotschlils Cordero y de Jaime Manuel Gomez Roger el 19 de septiembre.

El primer día de noviembre de 1975 en el hotel Liberty, en esta capital, fue secuestrado Jean Ivet Claudel, químico franco-chileno, militante del MIR, y asesinado a fines de ese mes, según consta en las informaciones que envió a sus jefes Arancibia Clavel desde Buenos Aires el 8 de enero de 1976 donde aclaraba que el detenido ya estaba «rip» (muerto) desde 40 días antes.

Otro caso que cita Codepu es el de Ismenia del Rosario Hinostrosa Arroyo, detenida y desaparecida entre el 10 y el 15 de diciembre de 1975, en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, constatando «que es la primera mujer chilena desaparecida en Argentina».

Las investigaciones sobre lo sucedido con extranjeros refugiados en Argentina, muchos de ellos procedentes de Chile entre 1793 y 1976, indican que también ciudadanos brasileños, uruguayos y de otros países desaparecieron aquí, antes de la Operación Cóndor.

Después del golpe militar de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, una cantidad de brasileños refugiados en Chile llegaron a la Argentina con la esperanza de una segunda salvación.

Pero poco tiempo después fueron víctimas de persecuciones y también de desapariciones forzadas.

Entre los casos más importantes en 1973-74 figura el secuestro y desaparición del mayor Joaquín Cerveira. Gracias a una fuerte presión internacional fue ubicado tiempo después con vida en una prisión de Río de Janeiro, después de haber sido entregado a los militares de su país.

En tanto Edmur Pericles y Joao Batista continúan desaparecidos. En 1974 mediante un anónimo la esposa de Batista se enteró en Brasil de su muerte, pero no supo nada más.

También en 1974 figuran como desaparecidos Sidney Fix Márquez dos Santos, Luis Do Logos Farfa y Jorge Alberto Basso.

El 18 de marzo de 1976, a sólo seis días del golpe militar en Argentina, el músico Francisco Tenorio Juniors que acompañaba a Vinicius de Moráes y Toquinho en gira por Buenos Aires, fue secuestrado al salir de un hotel.

Sus compañeros nunca lograron respuestas de las autoridades argentinas. El 20 de mayo de 1986 la revista brasileña Senior relató que Tenorio fue visto por Marcos Cortés de la embajada de Brasil en Buenos Aires cuando estaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) ya en plena dictadura.

Al parecer lo confundieron y después de duras sesiones de torturas lo ejecutaron y algunos testimonios señalan al ex capitán Alfredo Astiz como uno de sus asesinos.

Esto indica que antes de Cóndor había una cooperación de la inteligencia de ambos países y también con la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) que participó en esos operativos.

Por su parte en el informe cronológico de Madres y Familiares de Uruguayos detenidos desaparecidos, en el período 1973-1976 antes del golpe militar en Argentina, se citan varios casos similares.

Entre estos, Darío Gilberto Goñi Martínez que se había radicado en Paraguay fue detenido en ese país en agosto de 1970, junto a tres argentinos por la dictadura de Alfredo Stroessner y entregado a autoridades argentinas.

En los años 1973-74 fue visto en el penal de Villa Devoto aquí por otro detenido y hasta hoy permanece desaparecido.

Washington Javier Barrios Fernández llegó a refugiarse en Argentina, después que su esposa Silvia Reyes junto a Laura Raggio y Diana Maidanick fuerron asesinadas en Montevideo en un operativo militar.

El 17 de septiembre de 1974 fue detenido en un barrio de Córdoba con cinco argentinos vinculados al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que luego serían liberados.

Pero Barrios Fernández fue trasladado el 11 de octubre de ese año a La Plata. De allí debía ser llevado el 20 de febrero de 1975 de regreso a Córdoba adonde nunca llegó.

En tanto, Natalio Abdala Dergan Jorge que había estado detenido en su país y estaba viviendo en Chile cuando el golpe militar de Augusto Pinochet, se refugió en la embajada argentina en Santiago y obtuvo asilo político el 18 de enero 1974. Pero la muerte lo esperaba en Argentina. El 28 de noviembre 1974 fue secuestrado en la calle por un grupo de civiles armados que a la medianoche lo llevaron a su casa con evidentes signos de torturas y allí destruyeron todo, detuvieron a su esposa Ana María Barbozza, chilena y a otra ciudadana uruguaya con niñas pequeñas. Ambas mujeres fueron terriblemente torturadas, pero sobrevivieron e identificaron a uruguayos y chilenos junto al grupo de argentinos que las secuestró y torturó. Abdala Dergan nunca apareció.

El 17 de marzo de 1975, José Luis Barboza Irrazábal fue secuestrado en Buenos Aires también por civiles y desde entonces está desaparecido. Lo mismo sucedió con Eduardo del Fabro De Bernardis detenido el 27 de agosto de 1975 en Guernica, provincia de Buenos Aires. Años después se confirmó que un cadáver NN encontrado el 10 de septiembre de ese año, envuelto en una manta con los ojos vendados y signos de torturas era de Fabro.

En diciembre de 1975 se registran las desapariciones de Roberto Waldemar Castro Pintos y Juan Micho Michef Jara, en distintos operativos.

El 8 de febrero de 1976 Nebio Ariel Melo Cuestas y Wisnton Mazzuchi Frantchez, quienes escribían un periódico que enviaban clandestinamente a Uruguay, fueron detenidos por una comisión policial que allanó un bar en Buenos Aires y nunca más aparecieron.

Por entonces los sobrevivientes de muchos de estos hechos hablaban de la presencia de los militares uruguayos como José Nino Gavazzo, y otros miembros del Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCOA) de ese país que tanto protagonismo tuvieron luego en la Operación Cóndor. También se mencionó a interrogadores de Brasil.

En esa ronda del crimen aún se investigan casos denunciados de ciudadanos de otros países desaparecidos en los tiempos de la Triple A y durante el desarrollo del Operativo Independencia del ejército argentino en Tucumán en 1975, todo lo cuál constituyen acciones de terrorismo de Estado.