Con la ya bien conocida cantaleta de hacerle el juego a la ultraderecha, Morena y sus antecedentes llevan cerca de 20 años evitando cualquier crítica o demanda de rendición de cuentas, si en 2006 las críticas desde la izquierda eran un juego a la derecha, hoy en 2025, cualquier demanda de seguridad es hacer llamados a la intervención estadounidense.
Es innegable hoy, que el controvertido triunfo de Felipe Calderón representó el arranque de una sangrienta guerra que hasta la fecha no se ha revertido, así como que Donald Trump y sus caprichos representan un riesgo para la soberanía nacional; igual de innegable es la falta de compromiso de la izquierda electoral con las causas populares y progresistas.
Cuando en 2006 el neo zapatismo chiapaneco lideró la llamada Otra Campaña, en la que denunciaba a López Obrador como una continuidad disfrazada de cambio, que para entonces ya se había aliado con conocidos caciques de la vieja clase política mexicana; toda crítica fue acusada como un juego a la ultraderecha.
Pasados los años, es claro que Chiapas no sólo sigue sumido en la pobreza y la marginación, ahora además es presa de una violencia que mantiene el desplazamiento de comunidades enteras y que ha llegado a paralizar ciudades tan importantes como San Cristóbal de las Casas.
A ello habría que sumar que Manuel Velasco, segundo ex gobernador del mismo nombre en Chiapas, ahora es un célebre cuadro morenista. Pero esto no sería más que un simple dato, sino fuera porque a estas alturas Morena está lleno de antiguos priístas y panistas, como el más reciente fichaje de Miguel Ángel Yunes.
Yunes era considerado parte de una familia criminal -por decir lo menos- hasta el día que decidió apoyar a Morena.
Aunque los críticos más superficiales del actual gobierno y su antecesor no dejarán de responsabilizar a la inexistente política de “abrazos no balazos”, la realidad es que la estrategia se ha centrado en mantener al ejército en las calles, a pesar de su ya comprobada complicidad con los cárteles, a la vez que la procuración de justicia se mantiene como el gran pendiente.
Desde hace décadas la impunidad se ha mantenido en niveles cercanos al 99%. Del mismo modo, grandes problemas que se han denunciado desde hace años, como el aumento de la desaparición y recientemente de jóvenes que son citados en centrales camioneras para ocupar una vacante laboral, han sido ignorados por las autoridades.
Morena y la crisis de inseguridad
La decisión de Donald Trump de declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas definitivamente es un riesgo para la soberanía nacional. No es necesario echar a volar la imaginación, basta recordar la situación de los países que han sido intervenidos por EEUU, pero pretender culpar a quienes exigen justicia de provocarlo es insultante.
El gobierno ha sido indolente con la situación de violencia que pervive en todo el país, y debo insistir, la mayor prueba de ello es el poco compromiso que ha puesto en que la Fiscalía General de la República (FGR) sea por lo menos dirigida por alguien que muestre un poco de disposición con la impartición de justicia. Tan sólo hay que ver su historial.
Las madres buscadoras, un fenómeno relativamente reciente, es un claro testimonio de la falta de compromiso del actual gobierno ya no sólo con la impartición de justicia, sino siquiera con brindar atención a las víctimas de una violencia que va carcomiendo la totalidad de las zonas rurales y muchos de los suburbios urbanos del país.
Mientras que México se desangra y los vestigios del terror van saliendo a la luz, como lo ha sido el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco (a 64 kilómetros de Guadalajara), el gobierno lejos de mostrar decisión en su lucha contra las bandas criminales, quiere apostar por el silencio bajo amenaza de que de otro modo seremos responsables de lo que Trump opte por hacer.
Se nota que Morena y sus dirigentes son los principales interesados en que la “ultraderecha” nacional e internacional no se acaben, porque de otro modo no sólo se quedarían sin un acervo de donde sacar sus cuadros futuros, además, y esto es lo peor de todo, se verían obligados a hacer su trabajo y rendir cuentas al pueblo que dicen representar.
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