Cacho Ribeiro en México, obliga a pensar en el clima de violencia que se vive. Lydia, defensora de derechos humanos, escritora y directora de un refugio para mujeres en Cancún, es testimonio de la vulnerabilidad que sufren quienes denuncian abusos en México. En su caso el pecado fue proteger mujeres abusadas por sus parejas y […]
Cacho Ribeiro en México, obliga a pensar en el clima de violencia que se vive. Lydia, defensora de derechos humanos, escritora y directora de un refugio para mujeres en Cancún, es testimonio de la vulnerabilidad que sufren quienes denuncian abusos en México. En su caso el pecado fue proteger mujeres abusadas por sus parejas y particularmente a niñas abusadas sexualmente. En su discurso en el Foro Mundial sobre Libertad de Expresion Lydia reflexiona sobre el costo personal de pronunciarse en « un país controlado por 300 hombres poderosos, corruptos y ricos…y donde 9 de cada 10 crímenes no son investigados nunca.» La escritora entiende que se viven tiempos críticos y renueva en público su compromiso con la defensa de los derechos de mujeres y niños, y la verdad. Comparte la sabiduría de un dicho yoruba que hace eco en su corazón: «una mentira puede durar veinte años pero la verdad rompe su hechizo en sólo un día.»
Ultimamente se habla de México en conexión a su gubernabilidad, en medio de atentados, secuestros, desapariciones y asesinatos. El narcotráfico tiene su propio ejército, armados en un 90% con armas provenientes de los EEUU; los empresarios tienen su séquito de mercenarios, que entran armados a oficinas de la corte para amenazar periodistas; y la gente identifica en casos de desapariciones de luchadores por los derechos humanos a hombres armados sin uniforme que creen están al servicio de las autoridades o escuadrones de la muerte. En México se juega arriba y abajo de la mesa, lo que transforma al país en lugar peligroso para periodistas con una treintena de ellos muertos al año -son acosados en la corte y amenazados por matones allí mismo en la casa de la Ley. A raíz de comentarios que desde EEUU definen a México como «estado fallido», Patricia Espinosa, Secretaria de Relaciones Exteriores de Calderón, explicó que la situación es grave y afecta a 6 de los 32 estados que componen el país, pero no ha todo el país. Se trata de Baja California, Chihuhua, Sinaloa, Durango, Michoacán y Guerrero. Argumentó que «de cada 10 asesinatos, 9 son de personas vinculadas con las bandas del narcotráfico,» la mayor parte menores de 30 años, esto, dijo, ha sido resultado de décadas de dejación de gobiernos anteriores.
El descalabro económico mundial que llaman crisis, oportunidad de robo y enriquecimiento para algunos y empobrecimiento para la mayoría, complica todo. Alberto Nájar, de BBC Mundo, da una muestra cuando comparte la experiencia de una mexicana pobre, Leticia Hernández, trabajadora doméstica en ciudad de México con sus padres viviendo en Tlaxcala, al oriente de la capital, quien explica que ellos completan su dieta con hierbas y frutos que recogen del campo pues el dinero no les dá. Datos oficiales denuncian que entre el 2006 y el 2008 la pobreza extrema en el país pasó de 14.4 a 19.5 millones de personas, cifras conservadoras del Consejo Nacional de Evaluación de Política Social (Coneval). Son personas con ingresos de menos de U$S 65 al mes, el valor de una canasta básica. Coneval reconoce que 31 millones de mexicanos con ingresos superiores a U$S 65 dólares mensuales no alcanzan a cubrir necesidades básicas de transporte, vivienda o salud. Para Juan Manuel Bueno Soria (Rebelión, Vecinos distances: México-ALBA) hay 80 millones de pobres este año, dos tercios de la población total. Es una situación cruel para los más vulnerables -entre quienes un 92% no tiene acceso a seguridad social, que limita su acceso a la salud.
Gilberto Calderón, en su libro La pobreza en México (2007), explica que si bien la pobreza es inherente al capitalismo y sus niveles aumentan o decrecen en relación a la acumulación de dinero, esta ha sido una constante en México desde tiempos de la Colonia. El papel del estado: «manejarla» garantizando la viabilidad del sistema. « La administración pública tiene los límites estructurales establecidos por el propio capitalismo que le impiden eliminar la pobreza, por lo que sólo interviene en los efectos y no en las causas, y sus políticas, planes y programas…institucionalizan esos efectos.. .»
Se trata de «administrar la pobreza para que el sistema funcione sin irrupciones sociales » dice Gilberto Calderón, por eso se combate en particular la pobreza extrema en el campo, donde históricamente se han dado los levantamientos. Se evita la radicalización de la población entregando desde el estado una asistencia mínima. Durante el neoliberalismo, explica, se hablaba de una «cultura de la pobreza» culpando al «derrotismo y la pasividad» de los mexicanos por su situación. Luchar contra la pobreza significaba no transformar el sistema dominante ni crear oportunidades para los pobres, sino cambiar la «actitud» de los pobres para que alcanzaran el «triunfo personal.» La meta: creer en trabajar duro y desarrollar espíritu de empresa, una ideología neodarwiniana en la que sólo «los más fuertes salen adelante, dominante también en Canadá y EEUU. Atender al logro del supuesto «éxito personal» hace invisible el contexto, la historia y la opresión estructural.
La pobreza indígena
En México, como en el resto de América Latina, y en Canadá, los más pobres son indígenas. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, fue creado el 2003 y ha recibido millones de pesos cada año con pocos resultados visibles. De hecho, la mayoría de los 9 millones y medio de indígenas registrados por el Instituto Nacional de Estadísticas del país, ni sabe que CONAPRED existe. Erika Ramirez, en su artículo en Contralinea, Conapred discrimina indígenas , ilustra la prevalencia del racismo en su propio seno:
El caso de Ramiro Diaz Baltasar, que se acerca a Conapred para obtener apoyos que el gobierno promete a organizaciones campesinas a través de programas de desarrollo social lo muestra: «¡Quítate el sombrero cuando entres, indio!» Fue la orden que un funcionario público de la agencia municipal de Huahutla, Hidalgo, espetó a Ramiro Díaz Baltasar, un indígena nahua que apenas había pisado las oficinas gubernamentales.» Nadie supo explicarle los trámites ni su derecho a una queja por el maltrato que recibió alli mismo.
Pedro Hernández Flores, preso y sin las garantías mínimas de traductor y defensa, sufriendo maltratos racistas ( De huaraches y sombrero.- «¡Pata rajada!», «¡pinche indio!», son, por lo menos, dos de los motes escuchados por Pedro a lo largo de su vida, originario del municipio de Atlapexco, Hidalgo) dice : «Ésos son los menores agravios que conozco». Pedro es presidente del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental. Cuando los cargos por homicidio en su contra no se probaron, preso sin justificación, no recibió indemnización ni disculpas por el maltrato físico y verbal que sufrió en el penal por ser indígena: « Afuera no es tan diferente. Cuando llegamos a las dependencias de gobierno y nos ven con nuestros huaraches o sombreros, nos hacen hasta atrás, de plano no nos atienden. En los centros de salud pasa lo mismo. Mientras, en las fuentes de empleo no hay seguridad social y se cometen muchos abusos relacionados con la jornada laboral, el salario y la agresión verbal». Y el caso de Juana Guadalupe Gómez ilustra este abuso: Llegó de la región indígena de Oventic al único hospital de los Altos, en Chiapas, y después de tres días de estar en una cama de hospital, murió sin ver un médico. « El reportero Hermann Bellinghausen del periódico La Jornada dio a conocer -el 27 de abril de 2008- que «racismo y negligencia» en el hospital coleto causaron la muerte a la indígena de 72 años» . 1
El Precio de Participar
Será por todo esto que las comunidades indígenas no creen en el «indigenismo» del estado mexicano. Gilberto López y Rivas (El Indigenismo siempre será política de estado, La Jornada) lo define como paternalista, autoritario y enajenante -con planes para a) una integración asimiladora de las comunidades indígenas o b) un separatismo que las aisla, políticas ambas que niegan las culturas indígenas. Nunca se ha considerado el autogobierno indígena como alternativa, dice. Frente a un estado que no los respeta, agrega, el movimiento indígena mexicano ha optado por una estrategia válida: « continuar fortaleciendo sus instituciones colectivas, redes comunitarias, regionales y estatales horizontales que reconstituyan a los pueblos y desarrollen los procesos autonómicos que establecen el poder de mandar obedeciend o.»
Fortalecer los procesos autónomicos ha costado, para Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía, líderes de la Organización para el Desarrollo de los Pueblos Mixtecos (ODPM) el precio fue la muerte. Fueron encontrados muertos en febrero de este año en Tecoanapa, en Guerrero, secuestrados una semana antes en Ayutla de los Libres del mismo estado. Fueron secuestrados mientras participaban de una actividad pública marcando la futura construcción de una escuela secundaria, frente a las autoridades presentes en el acto, y por dos hombres armados que gente del lugar cree conectados al gobierno. Nada hicieron las autoridades para evitar se los llevaran en una camioneta sin licencia y con vidrios oscuros. Sus cuerpos, con signos de tortura, fueron hallados una semana después en Las Cazuelas -a treinta minutos de donde los secuestraron. Desde entonces sus familias han sido amenazadas. Anmistía Internacional denuncia que fueron asesinados por su trabajo en defensa de los derechos humanos de los mixtecos y teme por sus familiares y otros defensores. La viuda de Ponce, Margarita Martín de las Nieves, sufrió un atentado en junio de este año, le dispararon a la salida del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, en Ayutla de los Libres. En un acto de Amnistía Internacional ella y la viuda de Lucas dijeron:
« Somos mujeres indígenas que con trabajo entendemos español. Nuestra vida ha sido traumática…Porque somos indígenas se nos hace sentir inferior…Somos los niños de la lluvia, como decían nuestros abuelos…Las autoridades nos ven como enemigos…no nos dejan vivir en paz, dicen que somos delincuentes y traficantes. Nos toman presos y matan a nuestros esposos por defender los derechos humanos….hemos experimentado momentos amargos, han violado a nuestros amigos, esterilizado a treinta miembros de nuestro pueblo, han masacrado a 11 de los nuestros en la comunidad El Charco…nos arrestan arbitrariamente, nos desaparecieron, torturaron y mataron a Raúl Lucas y a Manuel Ponce en febrero 13…Demandamos justicia, que el gobierno deje de perseguirnos y que en vez de soldados no envíe doctores, maestros, medicinas y alimentos para que podamos vivir, con dignidad y en paz, con nuestros niños.»
La situación de abusos no es nueva, en enero del 2007 el consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Raúl Javier Gatica Bautista, indígena mixteco de Oaxaca, pidió refugio en Vancouver (Canadá) por temor a que lo desaparecieran. Fue detenido y torturado varias veces antes de refugiarse. « A todo aquel que sea pobre y se oponga al modelo dictatorial le quedan las cárceles, el panteón o la desaparición…Calderón (presidente de México) ha manifestado siempre su voluntad de dialogar pero no se puede con una pistola en la cabeza…» dijo Gatica Bautista (Mas represión respuesta a demandas de la APPO, www.voltairenet.org ).
Corrupción y Saqueo
En su artículo reciente, Mexico Increible, el periodista y autor mexicano Teodoro Rentería Arróyave informa sobre un « nuevo escándalo de corrupción y saqueo » que esta vez involucra a Petróleos Mexicanos, PEMEX, la primera industria del país. Se hizo público a fines de julio de este año días después del escándalo del programa del gobierno Procampo (diseñado para ayudar campesinos y que terminó beneficiando funcionarios públicos, sus familiares y amigos, incluso presuntos narcotraficantes) . Con Procampo se desaparecieron más de 171 mil millones de pesos (1300 millones en dólares americanos). El caso de PEMEX, más sofisticado, se trata de una privatización por medio de la creación de una empresa paralela de servidores públicos coludidos con «mafias de ordeña» de combustible. Se creía que le ha costado al erario público unos 12 mil millones de pesos anuales pero según Armando Subirats Simón (ex subgerente de Coordinación Estratégica de PEMEX) se trata de 30 mil millones de pesos anuales (240 millones de dólares americanos).
Rentería explica que el robo « ha financiado a un PEMEX paralelo» que ha empobrecido a PEMEX que ha acumulado pérdidas de 219 mil millones de pesos en los últimos seis años, mientras, en ese mismo período, la ordeña llegaba a más de 100 mil millones (la mitad de las pérdidas financieras). «La industria paralela…opera según información…desde hace una década y la misma se ha desarrollado y vigorizado hasta formar una docena de bandas, que ahora sustrae crudo que refina artesanalmente en sitios clandestinos e inclusive en Estados Unidos; además controla el mercado negro de los mismos .» El saqueo de PEMEX se estima por un monto « superior al presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México.» Armando Subirats Simón plantéa que esto demuestra que el enemigo no está fuera sino dentro…el mercado ilícito de combustibles se empezó a detectar desde 1998…el robo a oleoductos se disparó brutalmente a partir del 2003, en el gobierno de Vicente Fox Quesada.». 2
Eje: EEUU, México, Colombia
Más inquietantes son las aseveraciones sobre la «Colombianización» de México que hace Libardo Hernández. El padre Javier Giraldo, ya en 1994, argumentaba en Colombia que un atentado narco recibía mucha más atención de la prensa que las desapariciones forzadas seguidas de homicidios que se daban en el país, aunque el número de estas últimas era mucho mayor. Para Hernández la situación de violencia creciente en México se ha vuelto justificación para imponer en el país un plan similar al Plan Colombia. El Plan México, existe en la práctica y se llama Iniciativa Mérida. Además hay un creciente acercamiento entre México y Colombia, la implantación de un plan similar al de aquel país en México facilitaría cualquier futura intervención militar de los EEUU en la región. La guerra contra el narcotráfico, plantéa Hernández, ha sido aprovechada para ocultar acciones de terrorismo de estado, crear pretextos para iniciar un proyecto de intervención americana y militarizar la sociedad. El término «estado fallido» aplicado a México, es inquietante a la luz de lo que ha explicado Noam Chomsky: este término ha sido usado por los EEUU para justificar intervenciones en el pasado. 3
Hernández habla de un EJE Colombia-México para la intervención en Latinoamérica, que involucra además la iniciativa del Proyecto Mesoamericano -que integra a los países centroamericanos en un mega proyecto de supuesto desarrollo sustentable patrocinado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El Proyecto Mesoamericano incluye planes como el Corredor Pacífico de carreteras de Puebla a Panamá, integración energética desde Colombia a México somo SIEPAC y planes de integración en las comunicaciones. Incluye además al Corredor Biológico Mesoamericano, CBM, (que en México incluye a las áreas más ricas en petróleo y recursos de energía hydroeléctira). El CBM es presentado como protector de la biodiversidad, argumento cuestionado pues al facilitar rápido acceso al área la pondrá en mayor peligro. 4
Los pueblos indigenas son afectados y han protestado tambien. « Existe una clara y abierta pretensión del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para finiquitar la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, y así poder implementar megaproyectos destructivos y lograr incentivar mecanismos migratorios para los pueblos indígenas, los que por supuesto perderán su territorio, cultural y pasaran a conformar parte de los cinturones de miseria urbana. » 5
Para Hernández la creciente violencia, los acercamientos entre Colombia y México y la guerra contra el narco, son pretexto para la militarización de la zona y la formación de un «eje de contención» de procesos de transformación» que se vienen dando en Latinoamérica: « Van tejiendo una institucionalidad de la refundación neoconservadora que impulsa el imperialismo norteamericano, cuyo objeto fundamental es el de recuperar su hegemonía erosionada.»
Andrés Mora Ramirez plantéa que somos testigos de « un reacomodo histórico de las élites centroamericanas en función de los grandes ejes de la geopolítica y los intereses económicos de los EE.UU .» Las élites dominantes son «progolpistas» como se mostró en Honduras, dice, o buscan soluciones que de aceptarse limitan toda posibilidad de transformación social, y por las que los poderes militar y económico, no los ciudadanos, «determinen el rumbo y los límites de los procesos sociales y políticos en la región.» El caso del presidente panameño Ricardo Martinelli es un ejemplo: « un magnate de los negocios, egresado de la cuna del neoliberalismo centroamericano (el INCAE Bussines School, en Costa Rica), que ha ganado simpatía entre los poderosos al proclamar en sus discursos que está dispuesto a hacer todo lo que sea preciso para «cambiar a Latinoamérica (…) desafiando el péndulo ideológico» (La Nación, mayo 23 y junio 2, 2009) que hoy favorece a la centroizquierda y lo nacional-popular.» 6
La última reunión de Tuxtla ratifica este reacomodo de las élites, ahora mesoamericanas, cuando los gobiernos de Calderón (México), Arias (Costa Rica), Martinelli (Panamá) y Uribe (Colombia) impulsaron de nuevo el Proyecto Mesoamérica y la Iniciativa Mérida, « componentes vitales de la geopolítica estadounidense en la región. » Ni Colom (Guatemala) ni Funes (El Salvador) pudieron hacer mucho debido a la ausencia de Zelaya (Honduras) y Ortega (Nicaragua). Y sin embargo, agrega Mora Ramirez, cualquier informe serio reconoce la necesidad de «profundas transformaciones sociales y económicas» en Centroamérica, vinculadas a un desarrollo humano sostenible y responsable con el mundo natural. Para implementarlas falta un trabajo político y cultural monumental que implica terminar con injusticias y privilegios que , «a lo largo de la historia, se han asentado en los grupos de poder, nuestras inefables élites.» 7
Ya en junio del 2008 Carlos Fazio denunciaba el Plan México desde La Jornada (El que paga manda) advirtiendo que se trata « de una estrategia peligrosa que pondrá en riesgo las relaciones de México con los países de América Latina.» Fazio explica que «México se convertirá en «blanco» de los enemigos de Washington. ¿Qué hacer? La patria está en peligro. México no es Colombia.»
Para Fazio el diferendo de Calderón con EEUU ha sido de forma, no de esencia: « En los papeles, México no podía quedar como achichincle de Estados Unidos (Carlos Fuentes dixit). Ergo, había que distorsionar la imagen entreguista de Calderón….La Cámara baja y el Senado estadunidense se pusieron de acuerdo para «suavizar» los candados y salvarle la cara a Calderón. La famosa «corresponsabilidad compartida» entre Estados Unidos y México, países asimétricos, es un engañabobos; forma parte de la matriz publicitaria del régimen, amplificada por la prensa patriotera cipaya.»
Para Fazio « los círculos militares, de inteligencia y de seguridad estadunidenses penetrarán aún más a sus contrapartes en México,» lo compara con Colombia. Y agrega que habrá otros ganadores: «grandes corporaciones del complejo militar industrial harán pingües negocios con sus aviones, sus helicópteros y sus programas de espionaje, control computarizado y entrenamiento…» Y agrega : «Allí está el espejo colombiano: desde 2000 Washington ha «invertido» en Colombia 6 mil millones de dólares, y el informe 2007 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen indica que la superficie de cultivo se incrementó 27% y el país andino se mantiene como principal proveedor de cocaína al mercado de EEUU. Igual ocurre con el opio en Afganistán, bajo la ocupación del Pentágono y sus aliados.» La guerra al terrorismo, dice, son programas fallidos pero: «permiten a Washington fortalecer su influencia militar, a la vez que son útiles para imponer una «paz social» que dé seguridad a las políticas económicas en favor de las compañías multinacionales con casa matriz en el país vecino .»
Y en lo doméstico: « bajo el paraguas de la «ley Gestapo» y otras contrarreformas legales se militarizará la vida pública, y se incrementarán el espionaje interno y la criminalización de la protesta social y de «los jóvenes». Desaparecerán las líneas divisorias entre la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y los opositores políticos del régimen…La disidencia será estigmatizada como el «enemigo interno». Persistirán las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, la tortura…Después, en 2009, oficiales de alto rango del Ejército y la Armada de México participarán en los juegos de guerra contra el terrorismo (Topoff 5), en Vancouver, junto a efectivos de EEUU y Canadá. Y se cerrará el círculo.»