Piñera, Aécio, Tintori… El triunfo de Mauricio Macri creó un nuevo espacio político que los sectores más conservadores del continente van llenando rápidamente. La semana pasada fue el expresidente chileno, Sebastián Piñera, el que lo visitó en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Habló de a necesidad de una «integración plena entre Argentina y […]
Piñera, Aécio, Tintori… El triunfo de Mauricio Macri creó un nuevo espacio político que los sectores más conservadores del continente van llenando rápidamente.
La semana pasada fue el expresidente chileno, Sebastián Piñera, el que lo visitó en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Habló de a necesidad de una «integración plena entre Argentina y Brasil», hecha a partir de «tratados de libre comercio entre ellos y con el resto de los países de América Latina, pero también con el mundo».
«Ese es un camino que, con el Mercosur, estuvo cerrado. Yo siento que hoy en día se está abriendo, porque el presidente Macri tiene una visión mucho más moderna y sabe dónde están las grandes oportunidades y los grandes desafíos de la Argentina hacia el futuro», estimó el expresidente chileno, que gobernó su país entre 2010 y 2014 al frente de una coalición conservadora.
Lo seguirá Aécio Neves, senador y excandidato presidencial por el también conservador Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). La visita está confirmada para el 2 de febrero. Un comunicado divulgado en Brasil asegura que el encuentro en la Casa Rosada servirá para debatir «la situación política y económica de América del Sur y el futuro del Mercosur», y «otros temas sensibles en la región, como libertad de prensa y derechos humanos».
Antes de las elecciones, Liliana Tintori, esposa del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, acompañó de cerca la campaña de Macri. López, condenado por su responsabilidad en manifestaciones opositoras que dejaron más de 40 muertos en Venezuela, encabezó las protestas con un llamado para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro.
Macri había prometido solicitar la aplicación de la cláusula democrática del Mercosur a Venezuela, y si bien cambió de idea ante el triunfo opositor en las pasadas elecciones parlamentarias en ese país, no ha renunciado a su enfrentamiento con el gobierno venezolano.
Prudencia en Brasil
Si el triunfo electoral de Macri lo pone como punta de lanza de las esperanzas conservadoras de volver a gobernar el continente, también lo enfrenta a las realidades políticas de la región.
Antes de la visita de Neves, llegó a Buenos Aires, la semana pasada, el canciller brasileño, Mauro Vieira.
«Voy por invitación de la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, con quien decidimos establecer un sistema frecuente de encuentros y consultas. El objetivo es hacer un primer contacto y establecer líneas de acción. Vamos a repasar nuestras relaciones bilaterales en todas las áreas y ver qué iniciativas tomaremos», dijo Vieira, en una entrevista al diario argentino La Nación, antes de la visita.
– ¿Cuáles son las prioridades?, le preguntó el periódico.
– Las mismas de hace años: vamos a trabajar para el fortalecimiento y la ampliación del Mercosur. El Mercosur es una construcción estratégica importantísima que es política, pero que, por sobre todo, se basa en una relación comercial, afirmó el ministro brasileño.
Macri parece interesado en acelerar la firma del tratado de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea, un proyecto que enfrenta resistencias, entre otras cosas por las políticas agrarias europeas.
El otro tema de la entrevista que el periódico argentino destacó fue el de las relaciones con Venezuela. «Un tema ríspido que estará en la agenda», decía el título de la información.
Vieira respondió de forma prudente a la pregunta de si comparte la visión del gobierno argentino, de que hay presos políticos en Venezuela: «Las personas que están detenidas por acusaciones lo están dentro de un marco jurídico existente. Tenemos que esperar que eso se resuelva, que haya un solución de los juicios para saber lo que está sucediendo», afirmó.
«Creemos que los problemas políticos y económicos deben ser resueltos dentro de cada país, soberanamente, dentro del marco legal existente».
En el país
En el país, Macri ha avanzado rápidamente para desarmar la estructura política heredada de la época kirchnerista. Liberalizó la política cambiaria; eliminó retenciones impositivas que pesaban sobre el agronegocio; intervino el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, un órgano muy criticado durante la administración pasada; derogó de hecho la Ley de Medios; y desató una ola de despidos que, sumando el sector público y privado, ya iba por 30 mil personas.
Abusando de los llamados Decretos de Necesidad y Urgencia, segúnla justicia argentina, nombró dos miembros de la Corte Suprema, evitando la convocatoria de sesiones extraordinarias de la Cámara, donde está en minoría.
Una jueza federal, Martina Isabel Forns, ordenó la suspensión inmediata de los decretos mediante los cuales se tornaba inoperante la ley de medios. «Con el dictado de los decretos se ha avanzado sobre las competencias del Poder Legislativo y se ha violentado el artículo 165 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual», dijo la jueza.
La polémica no terminó ahí. Por el contrario, se activó la semana pasada, al conocerse el despido del periodista de origen uruguayo, Víctor Hugo Morales, de su tradicional programa en radio Continental. La emisora alegó «reiterados incumplimientos contractuales que alteraron el normal desarrollo de las emisiones». Señalado por el periodista, Macri rechazó cualquier responsabilidad en esa decisión, recordando una vieja relación de amistad que habría sostenido con Morales.
En cuanto a los despidos en el sector público, también se ha desatado un debate.
La abogada Elizabeth Gómez Alcorta y la politóloga Lara González Carvajal compararon, en un artículo publicado en el opositor diario Página 12, los argumentos del gobierno Macri para despedir a los funcionarios públicos con los de la dictadura militar que se instaló en Argentina en 1976.
La vicepresidente argentina, Marta Gabriela Michetti, defendió los despidos argumentando que «el Estado no es una bolsa de trabajo, no tiene que pagarle a una cantidad enorme de militantes de algún partido político». Argumento que compararon con los del general Horacio Tomás Liendo, ministro de Trabajo de la dictadura del también general Jorge Videla, cuando justificó las mismas medidas señalando la necesidad de «corregir excesos, impedir desviaciones, reordenar y reencauzar la vida nacional, cambiar la actitud argentina con respecto a la propia responsabilidad, facilitar en suma, el desarrollo de nuestra potencialidad».
Por su parte, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay recordó a los sindicatos el riesgo que corren sus trabajo si presionan demasiado por alzas salariales. «Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos», dijo, ante el inicio de negociaciones salariales con el sector privado.
Fondos buitre
Finalmente, el gobierno Macri ha anunciado cambios de la posición argentina en sus negociaciones con los «fondos buitres», los que se negaron a entrar en el canje de la deuda pública promovido por el gobierno de Cristina Kirchner.
Una sentencia de noviembre de 2012, que fue apelada por la administración de Cristina Kirchner, obligaba a la Argentina a pagar 1.330 millones de dólares a esos fondos que, con los intereses sumados hasta hoy, llegarían a unos 1.900 millones.
Prat Gay reveló que la estrategia del nuevo gobierno es aceptar pagar el capital, unos 450 millones de dólares, y tratar de renegociar los intereses, lo que los analistas estiman difícil ante la reconocida voracidad de los acreedores.
Esa renegociación tiene importancia no solo para Argentina, sino que es más importante para los fondos buitres, especializados en operaciones especulativas con bonos de la deuda de países en quiebra, comprados por una ínfima parte de su valor, para luego tratar de cobrarlos por su monto total.
93% de los tenedores de bonos argentinos aceptaron las propuestas del gobierno de entonces. Los que adoptaron la posición más dura, representando menos de medio por ciento del total de acreedores, se negaron a aceptar ningún acuerdo. Si tiene éxito podrían no solo ganar millones, sino sentar un precedente internacional que estimularía las apuestas especulativas de los «buitres» y haría mucho más difícil la renegociación de cualquier deuda por parte de gobiernos en crisis.
«Que alguien me explique la racionalidad de que el 0,45% de una masa de acreedores, que compró bonos a 40 millones de dólares en el 2008, cuando ya estaban defaulteados, quiera ahora, sobre el 93% de los que sí acordaron, cobrar 1.300, o 1.700 millones con una ganancia neta en dólares de más de 1.300%», se preguntó Cristina Kirchner ante la Asamblea General de las Naciones Unida, en septiembre del 2013. «La verdad es que no resiste ningún análisis. No es ideología, es simplemente sentido común», agregó.
Le tocará ahora al gobierno de Macri explicar el cambio en la posición argentina.
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