Se me ha solicitado una reflexión sobre la actual relación entre movimientos sociales e indígenas y el gobierno en Bolivia para lo cual ensayaré algunas breves consideraciones que posibilitan bocetear un campo de fuerzas en el que se despliegan diversas temporalidades y, consecuentemente, dinámicas y vocabularios múltiples en pugna y disputa. De esta manera, tomaremos […]
Se me ha solicitado una reflexión sobre la actual relación entre movimientos sociales e indígenas y el gobierno en Bolivia para lo cual ensayaré algunas breves consideraciones que posibilitan bocetear un campo de fuerzas en el que se despliegan diversas temporalidades y, consecuentemente, dinámicas y vocabularios múltiples en pugna y disputa.
De esta manera, tomaremos distancia y evidenciaremos la actitud fácil y simplista que la disputa mediática ha posesionado como el campo político de la coyuntura boliviana, tanto en el discurso oficial como las denominadas oposiciones; configurando, de esta manera, estrategias mediáticas con un fuerte acento de «marketing» sin ningún pudor y, mucho menos, coherencia y consistencia. Pero no es nuestro objetivo analizar el rol de las estrategias mediáticas en la lucha política, aunque no hay que descartarlas ni subestimarlas; en todo caso, son síntomas de las nuevas configuraciones de los poderes políticos y simultáneamente la negación y el olvido de las disputas en curso, como si pudiéramos enmarcarlas y/o pautarlas en un «showmatch» o un mega-evento de competencia de marcas y figuras.
Indudablemente hay la sensación de que en el proceso boliviano se ha perdido la brújula, con sólo mencionar el gasolinazo de diciembre de 2010 y la actual marcha por el TIPNIS y, así mismo, los incidentes y muertos en Caranavi, las protestas cívicas de Potosí, los conflictos entre Oruro y Potosí, la autorización de la legalización de los autos chutos, para mencionar algunos de los más recientes acontecimientos, que han generado el desconcierto y desazón con respecto a la capacidad de gestión gubernamental de los conflictos. Y, no por decir, que quizás fue la propia incapacidad o pugna interna gubernamental y oficialista la principal activación del conflicto.
Esta pérdida de brújula, para algunos o para otros, es una sensación de pérdida. Lo cual no es lo mismo -aunque parezca un matiz- ya que conducirá a tomas de posición que pueden generar perspectivas diferentes. Pero antes de tratarlas es necesario explicitar de qué brújula se trata en este proceso, porque allí se estaría jugando el sentido del proceso boliviano, o porque sencillamente, quizás, no estemos hablando de lo mismo y se esté nombrando a otras cosas o figuras o intereses. Por ello, es urgente establecer explícitamente de qué brújula se trata.
No se puede entender la magnitud y profundidad del proceso boliviano si no es por la capacidad y determinación de los movimientos sociales e indígenas que han recorrido una larga historia aún por hacerse o, como prefieren decir, de construir las memorias que los configuran y constituyen como protagonistas de un nuevo proyecto de sociedad y Estado que establezca nuevos principios y formas de vida y territorialidad como herramientas de descolonización y alternativas de proyectos civilizatorios no-capitalistas. Ya dirán muchos, realistas y prácticos según ellos, que es especulación o son sueños utópicos sin querer sopesar y calibrar la potencia y la fuerza con que se está imaginando y forjando múltiples alternativas y propuestas de trastocar y descentrar las formas de poder y dominación en nuestras sociedades.
Entonces, nuevamente, dónde podemos encontrar esta brújula del proceso, cuál es aquel punto desde el que se puede mover la inercia estructural de las formas de dominación y poder. Los movimientos forjaron y sintetizaron colectivamente una propuesta para encarar y encaminar una salida a la crisis general del Estado que ellos mismos propiciaron y evidenciaron en el 2003, la Agenda de octubre. Que dice en tres puntos:
1. Nacionalización de los hidrocarburos
2. Convocatoria a la Asamblea Constituyente
3. Juicio de responsabilidades a las autoridades de gobierno
Esta Agenda es la que asumió Evo Morales y el MAS-IPSP como propuesta de mandato en las elecciones nacionales de diciembre de 2005 y, que en plena crisis del sistema político y partidario, le posibilitó un triunfo de votos contundente e incluso histórico del 53.7%, pero que se debe fundamentalmente al compromiso como mandato de cumplir esta Agenda en su cabalidad, y toda su gestión estará determinada por su capacidad y decisión de llevarla a cabo. Su liderazgo y legitimidad está determinada por esta Agenda. Si hay una «revolución» como se autodenomina actualmente al proceso boliviano, es a través de las urnas y su programa es la Agenda de octubre; por ello, no es deudora de ningún paradigma revolucionario del siglo XX, en todo caso podría ser el anuncio de nuevos paradigmas revolucionarios del siglo XXI como descolonizadores y alternativas civilizatorios, pero esto es materia para otro espacio de reflexión.
Que en este momento de desconcierto y descontento -podríamos afirmar la mayor crisis de legitimidad y liderazgo de Evo Morales y el MAS-IPSP- se hable de que la Agenda de octubre está concluida y finalizada, y, por tanto, se debe construir una nueva agenda colectivamente. Es sintomáticamente peligroso y, sobre todo, no comprender y asumir en su plenitud la aún vigente Agenda de octubre. Porque sería suponer que las tareas que establece esta Agenda ya se realizaron, que están acabadas y finalizadas y que ahora sencillamente nos tenemos que abocar a administrar y vigilar su realización. ¿Es esto posible? ¿Para quién está finalizado? ¿Por qué?
Aquí está el desencuentro gubernamental o, lo que denominaría, su pérdida de sentido de lo real, porque presupone que su permanencia institucional y su sentido de autoridad estaría fijada o inscrita en su propia realización, y no en el rol y la tarea que se le asigno. La Agenda de octubre es de los movimientos sociales e indígenas, es el resultado de las luchas y movilizaciones para proponer los caminos de construir otro país, otro Estado y nuevas formas de sociedad; no es una propuesta gubernamental y mucho menos la iniciativa de un actor y/o liderazgo, tampoco de un partido o sólo un sector de la sociedad. Hay que disputar el carácter colectivo y común de la Agenda de octubre y de su vigencia, sobretodo, en estos momentos que pretenden establecerlos como de desanimo y desilusión, cuando aún es la brújula que establece la realización de las tareas pendientes de la sociedad en movimiento.
Pues, la nacionalización aún está en marcha, si, nadie negara que el cambio de los contratos ha modificado sustancialmente la estructura económica del Estado, pero de allí que tengamos la capacidad de gestionar y controlar las empresas hidrocarburíficas aún no está demostrado y menos transparentado. Y, por no mencionar, las deficiencias y limitaciones en seis años de implementar una industrialización del sector y no depender únicamente de las transacciones de crudo y continuar con las exportaciones de sus derivados. Apenas, estamos en las capacidades de negociación y sostenimiento de los contratos que dan fuertes señales de mantener y consolidar un esquema continuista de extractivismo.
Contamos con una nueva Constitución y que por primera vez en nuestra historia la ciudadanía se pronunció y la aprobó con su voto, pero decir que ésta sea el resultado del proceso constituyente es descabezar al propio proceso, porque recién con su promulgación es que podemos empezar a generar las condiciones y posibilidades institucionales de la implementación de esta nueva condición política y estatal. Es decir, estamos apenas en el umbral para construir el Estado Plurinacional, lo cual nos lleva a nuevos retos y dificultades:
Primero, que aún estamos operando y funcionando con los restos y ruinas del Estado pasado, es decir, con los fragmentos de la crisis estatal. No entender que debemos terminar de desarmar y desconstruir estos restos y ruinas estatales, es empezar a sostener y defender una actitud conservadora con el orden institucional existente. Querer y pretender ser defensores del actual sistema institucional es apartarse y alejarse del proceso constituyente, es no asumir y comprometerse con las nuevas configuraciones y funcionamientos institucionales que establece la política constitucional, otros modos y formas de hacer institucionalidad, participación y estructuras de autoridad.
Segundo, las potencialidades constituyentes que establece la Constitución, como políticas constitucionales, es tarea -y, por tanto, responsabilidad y participación- colectiva, de la sociedad en movimiento y, por ende, movilizada; y no atributo de una autoridad o de las autoridades, este es el cambio de estructuras de autoridad que estamos viviendo, no es que se desconozca la figura o función de la autoridad pero esta tiene un nuevo rol y función, y no se trataría de defender o legitimizarla per se o como tal. Si la sociedad en movimiento no es protagonista y participe de este cambio, estamos confluyendo a nuevos y antiguos mecanismos de conservadurismo y autoritarismo, que la propia dinámica de la sociedad plural y compleja está procesando y desactivando. ¿Pero qué está sucediendo en el ámbito estatal institucional? ¿Están verdaderamente cambiando, desarmando y desmontando la estatalidad agonizante o la están recomponiendo y remendando?
Con respecto al tercer punto de la Agenda, pues, dejan mucho que desear las capacidades e iniciativas de nuestra administración de justicia, y esto va tanto para su tratamiento en casos de tribunales internacionales como en las situaciones de los procesos vigentes en el país. El modo en que se ha planteado la contienda electoral de los magistrados y jueces que manda la Constitución no da muchas señales de transformación de la administración del sistema de justicia, ya que solamente se la utilizó como escenario de fuerzas electorales y en ningún momento se planteó y discutió para qué roles y tareas se los estaba eligiendo. Es decir, casi escamoteando el debate de fondo para más bien presuponer su continuidad y profundizar su crisis de credibilidad ante la sociedad.
A modo de conclusión, podemos afirmar que si no hay las capacidades de modificar la actitud gubernamental con respecto a las condiciones y modos de participación de la sociedad en movimiento, nos encontraremos nuevamente en escenarios en los que las estrategias de los movimientos son para cambiar y orientar los caminos de transformación de la sociedad y la estatalidad, las prácticas vivas y transformadoras para vivir bien.
Oscar Vega Camacho es miembro del Grupo Comuna
Fuente: http://www.la-epoca.com.bo/index.php?opt=front&mod=detalle&id=1084