Mientras el Gobierno apunta al diálogo y la concertación con la oposición; terratenientes de Santa Cruz, la provincia secesionista, agredieron a guarníes que reclamaban tierras.
A menos de dos semanas para el referéndum separatista de la oriental región de Santa Cruz, el gobierno de Evo Morales pidió a las organizaciones sociales no boicotear la consulta popular. Morales no quiere que los movimientos sociales afines a sus políticas se movilicen hacia Santa Cruz el 4 de mayo, día del referendo, para evitar enfrentamientos. En sintonía, la Corte Nacional Electoral descartó la imposición de sanciones a quienes se abstengan de votar; y aclaró que no existe ninguna obligación legal que exija participar en calidad de votantes o de jurados electorales.
El pronunciamiento se sustenta en la Resolución del pasado 7 de marzo que revocó ese proceso en Santa Cruz, amparándose en una ley que delegó al Congreso la capacidad de convocar a consultas regionales sobre estatutos autonómicos. No obstante, desde la Corte Electoral Departamental se desconoció la instrucción y se afirmó que multarán a quienes se ausenten de las urnas.
En tanto, el proceso de saneamiento de tierras en el Alto Parapeti y la liberación de indígenas guaraníes esclavizados, fue suspendido debido a que un grupo de ganaderos y terratenientes se levantó en armas y organizó grupos de choque para evitar el proceso de liberación y la titulación de un territorio comunitario a favor de familias guaraníes.
Unas 700 personas, entre ganaderos y cívicos cruceños, emboscaron a representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y funcionarios gubernamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y del viceministerio de Tierras, a quienes agredieron con palos, piedras y cuchillos.
La agresión, que se produjo el 13 de abril en la localidad cruceña de Cuevo, provocó la desaparición de 11 personas, además de las 40 que resultaron con roturas de cabezas, fracturas de piernas, pedradas en la cara, en la cabeza y en el cuerpo.
El hecho se produjo cuando los indígenas y las autoridades gubernamentales pretendían ingresar, sin resguardo policial y de manera pacífica, a la región de Itakuatía para realizar una asamblea general donde analizarían el tema del saneamiento de tierras.
«Esa es la autonomía al andar de los terratenientes cruceños», concluyó sobre los acontecimientos el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, quien retornó a La Paz luego de dos semanas en la región de Alto Parapetí.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia lamentó la violencia desatada contra el pueblo guaraní. A través de un comunicado, el organismo internacional afirmó que los hechos de violencia suscitados en contra los indígenas son incompatibles con el respeto a los derechos humanos y deben ser investigados, esclarecidos y sus responsables sancionados a la mayor brevedad posible.
Por su parte, Almaraz denunció que esos hechos demuestran el odio y racismo de parte de los ganaderos contra los indígenas. Asimismo, el gobierno decidió conformar una comisión interinstitucional con el fin de generar un ambiente de distensión y concertación que permita continuar con el saneamiento de tierras en condiciones pacíficas y mediante el diálogo.
La misión del organismo es identificar y asistir a los indígenas cautivos en haciendas de la región y acompañar al INRA en los trabajos de saneamiento y redistribución de tierras.
La Comisión está integrada por el Defensor del Pueblo, la Iglesia Metodista, la Congregación Ekklesía, la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), el Capítulo de Derechos Humanos de Bolivia y otras entidades.
La ONU también consideró que el proceso de saneamiento es una forma de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, sobretodo en las comunidades guaraníes, sometidas a la servidumbre y trabajo forzoso, análogos a la esclavitud, según informes del Defensor del Pueblo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El rechazo al referendo autonómico por estimarlo separatista, y las crecientes confrontaciones sociales que amenazan la unidad nacional caracterizan el panorama boliviano.
Mientras tanto, el gobierno continúa con la apuesta al diálogo y la concertación con la oposición, para lo cual volvió a recurrir a la mediación de organismos regionales, pero todavía sin los resultados esperados.