Con el cercano antecedente de las movilizaciones en Haití contra el aumento de los combustibles acordados entre el FMI y el Gobierno haitiano, y la renuncia del Primer Ministro de ese país, el «Día del Amigo» arribó al nuestro Christine Lagarde, la titular del FMI. Días atrás, el Gobierno difundió la Carta de Intención y […]
Con el cercano antecedente de las movilizaciones en Haití contra el aumento de los combustibles acordados entre el FMI y el Gobierno haitiano, y la renuncia del Primer Ministro de ese país, el «Día del Amigo» arribó al nuestro Christine Lagarde, la titular del FMI.
Días atrás, el Gobierno difundió la Carta de Intención y el programa económico en el que se basa el acuerdo entre la Argentina y el FMI, por un monto de US$ 50.000 millones a lo largo de 36 meses.
Allí el Gobierno asegura que trabajará para introducir mejoras en el sistema de pensiones que lo hagan «financieramente sostenible y más justo». En definitiva, bajar jubilaciones en línea con el proyecto que aprobó el año pasado.
Además, el documento abre la puerta para vender las acciones que están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES para pagar la reparación histórica. «Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión», detalla el texto.
También se acordó revisar la contabilización de los activos del FGS, lo que podría devenir en una modificación del sistema de pensiones para que sea «consistente».
En cuanto al empleo público, congelan las vacantes por dos años y «se eliminarán «las posiciones redundantes». Se trata de un eufemismo para referirse a más reducción de personal del Estado.
El plan descripto en 33 páginas prevé una economía estancada este año (0,4% de crecimiento) con una meta inflacionaria del 27%, por encima de las paritarias firmadas, y propone una aceleración del ritmo de reducción del déficit fiscal, que constituye «una de las metas estructurales» del Gobierno. Así se estima que el desequilibrio de las cuentas públicas pasará del 2,7% de este año al 1,3% en 2019.
El fuerte ajuste fiscal en cuestión ya había sido anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. La novedad es que ahora puso por escrito algunos de los rubros por los que pasará la tijera. Entre ellos figuran los subsidios a la energía y el transporte, la tarifa social, el sistema de jubilaciones, las acciones de los Fondos de pensión y el empleo público así como los fondos destinados a las empresas estatales, como es el caso de Aerolíneas Argentinas.
En lo que respecta a los planes para contener la pobreza, Hacienda dispuso un piso del gasto de asistencia social del 1,3% del PBI, una cifra superior al 0,95% destinado hoy a ese rubro. Se trata de fondos para programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Embarazo (AUE), y más de 15 tipos de asignaciones familiares.
Pero dada la incertidumbre económica existente, el Gobierno contempla además una «salvaguarda» para asignar recursos adicionales a todos esos programas «en caso de que las condiciones empeoren». En concreto, prevé un gasto extra de $ 13.500 millones en 2018 y un 0,2% del PBI por año en los años subsiguientes, equivalentes a cerca de $ 35.000 millones, siempre y cuando se agrave la pobreza, el desempleo y desnutrición infantil.
Los compromisos asumidos por el Gobierno ante el mercado y el FMI implican un ajuste fiscal adicional de 61.800 millones de pesos para este año y de 425 mil millones en 2019. En realidad, el recorte del año que viene sería de 300 mil millones (125 mil millones de pesos menos) si no fuera por las concesiones fiscales que el Gobierno otorgó a lo largo de su gestión a los empresarios y a sectores relativamente más favorecidos. Teniendo en cuenta que el impuesto más importante es el IVA, que depende directamente de la actividad económica (afectada por las medidas del Gobierno), no se llegaría a alcanzar la meta fiscal del año que viene sin tocar partidas más sensibles vinculadas a la seguridad social. Esas son las principales conclusiones de un informe del CEPA.
Conflictos estatales
Este martes se realizó una nueva jornada nacional de protesta en el CONICET. Motorizada por ATE CONICET, JCP y otras organizaciones sectoriales, se realizaron concentraciones, actos públicos y asambleas abiertas en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza entre otros lugares. En CABA se realizó una concentración en el Polo Científico y Tecnológico, aguardando resultados de la reunión de la Mesa de Becarios.
Después de obtener la aplicación del Acta Paritaria 2018 completa a los casi diez mil becarios y becarias del organismo, la Jornada de Lucha del este martes tuvo como eje principal obtener precisiones sobre el pago de la cláusula gatillo (adeudada desde la paritaria 2017). Los funcionarios informaron que en agosto los becarios y becarias percibirán tanto el pago de la cláusula gatillo como la primera cuota del aumento paritario. A esta altura del año, está claro que el aumento para los becarios y becarias se obtuvo sólo a partir de los procesos de organización y movilización que atravesaron a los diferentes lugares de trabajo desde el año pasado.
El Congreso de Delegadxs que sesionó el viernes 13 de julio en la sede central del gremio Cicop (trabajadores de la salud) decidió dar continuidad al plan de lucha en curso definiendo dos nuevas medidas de fuerza. El jueves 19, realizaron un paro de 24 horas con acciones locales y regionales expresando el reclamo de nueva convocatoria paritaria con propuesta superadora e integral, mientras que el miércoles 25 llevarán a cabo una nueva medida de fuerza dando prioridad al desarrollo de las asambleas de cara al debate de prosecución de acciones si no hubiera respuestas gubernamentales.
Desde la Agrupación Celeste en la Corriente Clasista y Combativa en ATE Ensenada expresaron su enérgico repudio a la declaración del presidente de la Nación, en el marco del encuentro que mantuvo con la «Mesa de la Pesca».
De la reunión mencionada participaron empresarios, funcionarios, representantes de los sindicatos y familiares de los tripulantes de los buques San Antonino, Repunte y Rigel, todos hundidos durante la presidencia de Mauricio Macri.
Los familiares quisieron saber por qué se compraban barcos al exterior en vez de hacerlos en el Astillero Río Santiago a lo que el presidente expresó: «hablé con el empresario naviero Vito Contessi y dijo que al Astillero Río Santiago habría que dinamitarlo».
El Astillero Río Santiago, creado en 1953, genera en la actualidad trabajo para más de 3.300 personas siendo así un punto clave de desarrollo y empleo, no sólo para Ensenada sino también para toda la región. Fue una de las pocas empresas del Estado que sobrevivió a la ola privatista de la década del ’90 y que tuvo una fuerte resistencia por parte de los trabajadores y sus familias.
Desde ATE Ensenada han hecho un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras para preparar una marcha de antorchas. Al mismo tiempo desde el sindicato anunciaron una movilización para el próximo miércoles a la Casa de Gobierno que, aseguran, será multitudinaria con una convocatoria que extendieron a organizaciones sociales, política y religiosas, estudiantiles, barriales, comerciantes, docentes, empresarios, periodistas, profesionales y vecinos en general.
El martes se realizó la primera audiencia en el Ministerio de Trabajo a raíz de los 357 despidos en la agencia estatal Télam. Las autoridades no realizaron ninguna propuesta. A su vez, se presentó una denuncia por persecución político-ideológica por parte de la empresa ante la Relatoría Especial sobre Promoción y Protección del derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU.
Los trabajadores del Hospital Posadas denunciaron que el gobierno nacional y las autoridades administrativas de ese centro asistencial incumplen el fallo de la Justicia Federal de San Martín que ordenó reincorporar a diez de los 152 despedidos en enero pasado.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), informó que la nueva Administradora del organismo, Patricia Gutiérrez, ratificó los 352 despidos, que incluyen a la planta transitoria educativa y a trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), junto con el cierre definitivo de las 5 escuelas técnicas viales que funcionaban en el país.
«Seguiremos firmes con nuestro plan de lucha y no vamos a bajar los brazos. La prioridad urgente es la reincorporación de los compañeros despedidos, pero la cuestión de fondo es salvar a Vialidad Nacional del camino hacia el desguace y el vaciamiento que inició Javier Iguacel», argumentó Graciela Aleñá, Secretaria Adjunta del sindicato.
Los bomberos voluntarios de todo el país se organizaron para realizar un sirenazo en reclamo por el desfinanciamiento que lleva a cabo el Ministerio de Seguridad desde el año pasado.
Carlos Alfonso, presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, comentó: «Nosotros nos hemos declarado en estado de alerta con respecto a la vinculación con el Estado Nacional a través de la ley 25.054 de Bomberos Voluntarios. Está dejando de pagar los fondos que nos pertenecen del año 2017, por $ 147 millones. A esa cifra, en 2018 se ha hecho una quita del 40%. Entre esos dos montos estamos hablando aproximadamente de más de $ 800 millones que el Estado ya ha recibido y la de este año no se nos transfirió«.
«Somos 45.000 personas, entre directivos y bomberos, que tenemos una profunda vocación por la tarea que realizamos. No percibimos ningún sueldo, y todos los recursos son para sostener al sistema nacional de bomberos voluntarios y la atención de más del 80% de llamados de emergencia que se desarrollan en todo el territorio nacional«, destacó Alfonso.
Gremios aeronáuticos acataron la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, lo que evitó la posibilidad de un paro en vísperas de las vacaciones de invierno.
Cinco gremios habían anunciado la realización de un paro de actividades en los aeropuertos de todo el país, que se llevaría a cabo el viernes 13, en reclamo por la política aerocomercial aplicada por el gobierno nacional.
Finalmente, calmando a la tropa, Macri le dio un 20% de aumento a todo el personal militar. El Presidente recibió en la quinta de Olivos a los jefes de las FF AA y les comunicó la paritaria. Cabe recordar que el Gobierno había dado un aumento del 8 %, a diferencia de las fuerzas de seguridad federales, quienes recibieron un 15 %.
Conflictos privados
El miércoles 18 de julio los madereros de MAM realizaron un corte en los puentes que unen Neuquén-Cipolletti, para exigirle al gobierno provincial que los convoque a una mesa de negociación para destrabar el conflicto que lleva más de un año.
A la empresa, le reclaman que cumpla con la reincorporación de los obreros que aún no recuperaron sus puestos y que pague las indemnizaciones adeudadas.
En cuanto al ejecutivo provincial, denuncian que continúa garantizando el accionar impune de estos empresarios, permitiendo que familias queden en la calle.
MAM era una empresa con más de 90 empleados, que se dedicaba a fabricar tableros de madera, bins para líquidos a granel y cajones de frutas y hortalizas.
Portuarios acampan en la entrada de Terminales Río de la Plata en el Puerto de Buenos Aires. Es por los 160 telegramas de despido que la empresa envió luego de presentar el pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis en el Ministerio de Trabajo.
El secretario General de SOEAIL-CTA (Ingenio Ledesma) y secretario Adjunto de la CTA-A Jujuy, Rafael Vargas, se mostró indignado y denunció persecución. «Se despidió a 2 trabajadores que están agremiados, y alrededor de 50 personas que están fuera del Convenio Colectivo de Trabajo», sostuvo.
Tras la venta del Ingenio San Isidro (Salta) a propietarios argentinos radicados en Tucumán, el siguiente paso será la reunión de éstos con el sindicato que representa a los trabajadores salteños para consensuar los aspectos operativos del reinicio del trabajo.
Los trabajadores de Radio del Plata seguirán con retención de tareas de 15 minutos por hora. En la audiencia en el Ministerio de Trabajo, la empresa ratificó los despidos y expresó que no hay dinero para pagar un porcentaje mayor del proporcional de salario que viene abonando, que es del 50% desde hace dos meses.
La deuda salarial al día de hoy es de 4 meses, y sigue aumentando. Para los desvinculados la deuda será mayor, ya que la empresa también incumplió su compromiso de seguir abonando en cuotas iguales la deuda salarial acumulada. Tampoco pagará lo necesario para que los trabajadores cuenten con sus obras sociales.
En la información dada por el Estudio Llerena Abogados, en las reuniones informativas con los trabajadores despedidos, hubo dos casos de propuestas que equivalen al 30 y 35% de lo que corresponde como indemnización. Proponen cuotas a 90 y 150 días, sin ajuste por inflación, ni garantías.
El Sindicato Químico y Petroquímico de Zárate-Campana denunció el despido injustificado de 15 empleados de Pampa Energía, una gigante del mundo energético que inició un fuerte ajuste. Ante esta situación los trabajadores llevan adelante una medida de fuerza que consta del bloqueo a la entrada de la planta y la paralización de toda actividad por tiempo indeterminado.
Denuncian el despido de 15 trabajadores en el marco del Proceso Preventivo de Crisis presentado por la empresa ante el Ministerio de Trabajo. A estos se suman otros 20 empleados que aceptaron el retiro voluntario propuesto por las autoridades empresariales.
Pampa Energía, propiedad de Marcelo Mindlin, pasó de estar en el puesto 103 en el ranking de las empresas que más facturaron en Argentina, en el 2015, al puesto 10 según la revista Forbes.
Con la compra de Petrobras, Pampa heredó dos plantas petroquímicas en el país, una de ellas instalada en Zárate y dedicada a la producción de poliestireno.
Actualmente en esta empresa se emplea a 130 personas y con el ataque en curso que denuncian los trabajadores, la intención de la empresa es funcionar con el 50 % menos de trabajadores y precarizar aún más las condiciones laborales.
T rabajadores del Centro Gallego realizaron una olla popular en la puerta del establecimiento para pedir el pago de los sueldos desde noviembre del 2017, los aguinaldos, y exigir la renuncia del actual interventor, Martín Moyano Barros.
Desde 2012, el Centro se encuentra en situación de crisis económica, y fue intervenido en tres oportunidades. Sobre la situación, Yolanda Guitian, enfermera por más de 25 años, explicó: » Hay funcionarios oficiales que deben salir a responder por qué están permitiendo el vaciamiento del Centro Gallego. Esos funcionarios son el ministro Jorge Triaca, que no desconoce la situación que de 1.500 trabajadores hayan quedado alrededor de 800 , debido al vaciamiento y saqueo que está haciendo esta intervención, del INAES, del Ministerio de Desarrollo Social, todo con la complicidad de una Comisión Interna que responde a Héctor Daer, del gremio de la Sanidad».
La actual conducción de la Fundación Favaloro ha violado las obligaciones emergentes por el dictado de la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Nación en el marco del conflicto por el despido de 48 trabajadores. Tal medida fue ordenada el pasado 3 de julio e implica la vuelta de la situación al status quo previo al conflicto, en este caso, dejar sin efecto los despidos ocurridos y del mismo modo suspender toda medida de acción directa que el sindicato haya efectuado a partir de tal suceso.
Esta medida, de uso común en los conflictos gremiales y que otorga un período para que las partes puedan acordar una solución, vence el próximo 23 de julio. Sin embargo, fuentes del sindicato de Sanidad informaron que la empresa ha violado la misma y les ha negado el ingreso a las instalaciones de la Fundación a los trabajadores despedidos.
Un grupo de sindicalistas camioneros incendiaron un camión petrolero en la localidad de Catriel (Río Negro) para reclamar por 35 despidos de una empresa transportista de hidrocarburos. «Este es el comienzo de una guerra sin fin», anunciaron. El vehículo incendiado pertenece a la compañía Transporte Gabino Correa , que presta servicios para la petrolera Vista Oil. «Llevamos 40 días de verso y mentiras. Hasta ahora la empresa solo ha tenido evasivas. Hay 35 compañeros con telegrama de despido en su casa y sin cobrar un peso. Vamos a parar en todas las áreas hasta que Correa reincorpore a los trabajadores», advirtió el secretario general del Sindicato de Camioneros rionegrino, Rubén Belich.
El conflicto entre los trabajadores y la transportista lleva más de un mes, cuando se anunció que la empresa Vista Oil, que adquirió a la Petrolera Entre Lomas, hizo un pedido de baja de servicios a distintas firmas, que a su vez despidieron al personal afectado a esas tareas.
«Hay una política de ajuste contra los trabajadores y dejan sin trabajo a las empresas de servicios y ya son más de 300 trabajadores con telegramas de despido en la casa» , expresó Gustavo Sol , delegado catrielense del gremio.
L a fábrica Envases del Plata, ubicada en El Palomar, confirmó el despido de 68 empleados. «Nosotros trabajamos para Unilever, que tiene el 80 % del mercado de las fragancias de aerosoles, o sea, los desodorantes de aluminio. Con la apertura de las importaciones se llevaron la mayoría de la producción a Brasil. De siete líneas que teníamos de producción, hoy estamos fabricando en dos. Entonces se nos hizo insostenible resistir más. No pudimos contra el modelo neoliberal», admitió Agustín Colovos, delegado de la planta.
Movimientos sociales
Luego de semanas de reclamar en la ciudad de La Plata y tener reuniones técnicas sin resultados favorables, miles de trabajadores y trabajadoras se movilizaron desde plaza San Martín hasta plaza Moreno e instalaron un acampe.
Así expresaba el comunicado de prensa que circuló por las redes sociales: «Frente a nuestra negativa a retirarnos del lugar sin una respuesta, los funcionarios procedieron a extorsionarnos diciendo que nos iban a quitar el trabajo de refacción que estamos llevando a cabo en escuelas y jardines y amenazaron con desalojarnos y denunciar penalmente a nuestros delegados y delegadas».
Los pequeños productores de verdura volvieron a reclamar contra la falta de políticas públicas para promover la agricultura familiar y la reciente decisión del Ministerio de Agroindustria de eliminar el Monotributo Social Agropecuario (MSA), que les permitía a miles de pequeños productores acceder a la obra social y aportes jubilatorios. Buscaron visibilizar su reclamo con un nuevo verdurazo, esta vez frente a La Rural, donde regalaron 10.000 kilos de verdura.
«Este 18 de julio el otro campo, que produce alimentos para millones de familias, que no exporta ni especula con el dólar, realizó un verdurazo en la puerta de La Rural para expresar la crítica situación de su sector», sostuvieron desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).
Los pequeños productores advirtieron que están viviendo «una crisis terminal, sin precedentes». «En La Rural se expresa el supuesto modelo exitoso, de gran producción y exportación que el Gobierno tanto apoya pero que no produce alimentos para el pueblo argentino y está destruyendo los últimos bosques nativos, la calidad de los suelos e impulsando desalojos de familias campesinas e indígenas», dijeron por último los pequeños productores.
Más de 3.000 personas de organizaciones sociales se manifestaron frente a las oficinas porteñas de la banca internacional JP Morgan Chase con ollas populares, en clara demostración de denuncia ante el crecimiento de la pobreza y la falta de políticas de empleo.
Entregaron un petitorio donde solicitaban que JP Morgan brinde recursos económicos directos para atender la crisis de miles de trabajadores y trabajadoras pobres, poniendo a disposición puestos de trabajo para desocupados, fondos para infraestructura barrial y comunitaria, y aportes económicos para sostener los comedores a los cuales asisten cientos de niños y niñas.
La CTEP, CCC, Barrios de Pie y el conjunto de organizaciones que nuclean a los trabajadores y las trabajadoras de la Economía Popular anuncian la ya tradicional marcha de San Cayetano el 7 de Agosto por pan, paz, tierra, techo y trabajo.
En un contexto de ajuste que quiere llevarnos a la miseria, los Movimientos Populares en unidad rechazan el acuerdo con el FMI y exigen el tratamiento urgente de cinco leyes urgentes para los sectores más vulnerables: Emergencia Alimentaria, Urbanización de Barrios Populares, Infraestructura Social, Agricultura Familiar y Ley de Adicciones.
Paritarias
La reapertura de paritarias que el Gobierno esperaba para llevar al 25% el aumento orientativo de este año quedó en suspenso. Dos semanas después de que Comercio, el mayor sindicato argentino, readecuara su escala salarial a la nueva referencia tras pactar con sus contrapartes un extra de 10% en tres cuotas, la ronda de discusiones seguía desierta.
En los gremios más grandes de la CGT confirmaron que el parate obedece a la falta de un escenario económico estable. A diferencia de las paritarias de 2017, que contemplaban en general una cláusula gatillo de aplicación automática apenas la inflación superase el valor acordado, las que se firmaron este año sólo prevén una revisión no obligatoria al promediar la vigencia de los convenios.
La Uocra, por caso, puso en pausa sus gestiones para actualizar el 15% en dos cuotas que pactó con la Cámara de la Construcción en marzo. Sus dirigentes explicaron que prevén recién en agosto plantear la nueva discusión con la expectativa de mínima de sumar los 10 puntos que ya obtuvo Comercio, para dejar abierta la puerta a un último ajuste entre diciembre y el primer trimestre de 2019 en caso de que la inflación termine por licuar la suba. Por lo pronto ambas partes estaban esta semana más preocupadas por la promesa incumplida del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, de que se activarían las obras públicas paralizadas y se restablecería la cadena de pagos y ya calculaban que de no reiniciarse ese proceso de manera veloz el mes que viene podrían perderse 25.000 puestos de trabajo.
Superadas todas las expectativas inflacionarias propuestas por el Gobierno para 2018, los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires presionan para que sean revisados los acuerdos por aumentos de salarios.
Es el caso de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que se expresó a través del secretario General, Oscar de Isasi, y sostuvo que el Ejecutivo «está tratando de imponer sueldos a la baja».
En un fallo similar al que obtuvieron los gremios docentes, y que derivó en que el Gobierno deba convocar de urgencia a una mesa técnica salarial para el 23 de julio, la Asociación de Judiciales Bonaerenses obtuvo un fallo de parte del Tribunal de Trabajo 3 de La Plata. La Justicia resolvió que los salarios de lxs trabajadorxs representados por el gremio deberán reajustarse de acuerdo al índice de inflación publicado por el INDEC.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) recibió la semana pasada a las cámaras empresarias del sector industrial que ofrecieron aplicar el decreto de suba del 5% en dos pagos. El sindicato que lidera Antonio Caló rechazó la propuesta por entender que llevar al 20% la suba de este año no permitirá empatar la inflación y sus dirigentes dudan incluso de que el 25% de Camioneros y los mercantiles vaya a cumplir con ese propósito.
El sector perdió 0,5% de los puestos de trabajo en mayo, el 54% de las empresas recortó horas extra y el 9% suspendió personal. Además, el 46% de las empresas indicaron que prevén una disminución en su producción.
El gobierno finalmente decidió a reabrir la paritaria de los estatales. A poco más de un mes de firmado el acuerdo anual, y cuando se están firmando paritarias por encima del 25% y los pronósticos de inflación de este año superan ya el 32%, el gobierno aparenta haber revisado la política de excluir a los trabajadores estatales de los acuerdos paritarios con techo en el 20% y, según anunció la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), habilitó una mesa de negociación salarial para los primeros días de agosto con el propósito de actualizar el acuerdo paritario antes incluso de haberse aplicado la mayor parte del compromiso ya asumido.
Los trabajadores de call center acordaron una suba extra del 10% que se suma al 10% que ya cobraron y aún queda pendiente un incremento del 5% para agosto.
El secretario general del gremio docente mendocino insistió en abrir nuevas negociaciones salariales y se negó a la decisión del gobernador Cornejo de otorgar un incremento de forma unilateral.
Mientras tanto, los precios mayoristas crecieron 6,5% en junio y acumulan 30,3% en los primeros seis meses del año, informó el INDEC. Además, el Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un aumento del 44,1% en el último año.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio alcanzó el 3,7%, la segunda cifra más alta del gobierno de Cambiemos, y acumuló en los últimos doce meses un avance del 29,5%, 0,5 puntos por arriba de la cota acordada con el Fondo Monetario Internacional que admite un desvío de dos puntos respecto al objetivo del 27% para este año.
En alimentos, se registraron fuertes incrementos, en varios casos de dos dígitos, como por ejemplo el tomate (54,5%), la harina de trigo (25,8%), la batata (12,2%), el aceite de girasol (11,8%), y el pan francés (10,8%).
Caída del empleo
Golpeada por la incertidumbre económica general y la devaluación que impactó directamente en los insumos y materiales, la actividad de la construcción perderá este mes alrededor de 2.000 puestos de trabajo, en gran medida de obra pública distribuida en el Gran Buenos Aires y las provincias, en una tendencia negativa que continuará al menos hasta octubre, según empresarios del sector.
La CTA-A de San Juan se encuentra al frente del reclamo por la reincorporación de 33 trabajadores de la empresa Calzados Argentinos.
El presidente de la Cámara de Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA), Ariel Aguilar, denunció que «la caída del consumo, el aumento de las importaciones, la suba de tarifas y las tasas de interés, que hacen inviable cualquier proyecto productivo, ya generaron la pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo y el cierre de 70 fábricas».
En el primer semestre, las unidades importadas de productos del sector aumentaron un 49,89% con respecto a igual período de un año antes según informó la CIMA. Asimismo, las compras en el exterior de carteras de cuero y símil, billeteras, cinturones, bolsos, mochilas, ropa de cuero y demás ya habían aumentado un 75% en los dos últimos años, en relación a 2015.
«En el contexto actual, con una caída del consumo del mercado interno de un promedio del 30%, esta suba profundiza aún más la crisis de nuestro sector. Lo más preocupante es que una de las condiciones de la firma del acuerdo con el FMI plantea más apertura comercial y claramente en nuestro sector esto se confirma», destacó Aguilar.
Durante los últimos dos años y medio, las políticas que produjeron caída del consumo interno como la apertura indiscriminada de importaciones, la suba de tarifas y combustible o el incremento de la tasa de interés generaron el cierre de más de 7.500 pymes y la pérdida de más de 70.000 puestos de trabajo en distintos sectores industriales.
Tal como habían anunciado, después del mediodía del viernes 13 comenzó la movilización convocada por la UOM (metalúrgicos) y el SMATA (automotrices) a la Secretaría de Industria en el centro porteño en defensa de la industria nacional, el trabajo argentino, la producción en Tierra del Fuego y contra los despidos.
A pesar de la gravedad de la situación que denuncian, ninguno de los dos gremios decidió movilizar a las bases que están sufriendo las primeras consecuencias de la recesión. Mucho menos hablar de paro. Se trató de una movilización de los «cuerpos orgánicos» y los integrantes de la Lista Verde de Pignanelli y las agrupaciones metalúrgicas que dirigen ese gremio.
Continúa el Triunvirato
El Consejo Directivo de la CGT decidió por consenso dar continuidad al triunvirato que la conduce y revisar el compromiso que habían asumido el 3 de mayo para dar pie a la renovación.
Paralelamente, un nuevo agrupamiento nació con el impulso de los sindicatos industriales como la UOM de Antonio Caló y el SMATA de Ricardo Pignanelli, junto a los sindicatos del Movimiento de Acción Sindical de la Argentina (MASA), liderados por Omar Viviani y Sergio Sasia, y fueron sumando a los sindicatos kirchneristas de la Corriente Federal de los Trabajadores y, finalmente, al sector referenciado en el moyanismo. El grupo tendrá una nueva reunión el 24 de julio en la sede de los pilotos liderados por Pablo Biró, donde podrían definir una estrategia común de cara al plenario de secretarios generales que habría convocado el Consejo Directivo para fines de agosto.
El líder camionero Pablo Moyano, que se mantiene por fuera del Consejo Directivo luego de renunciar en carácter personal a la Secretaría Gremial, denunció que «con la continuidad del triunvirato los más beneficiados son Macri y Triaca». Con todo, en declaraciones radiales, bajó el tono y señaló que «si no es ahora será el año que viene o en 2020 que tengamos una CGT en defensa de los trabajadores».
Por el lado de la Corriente Federal de Trabajadores, Héctor Amichetti, de la Federación Gráfica, señaló que «se debe renovar la conducción de la CGT. No hemos variado en esa postura. Si quieren seguir deberían decir cómo sigue el plan de acción». Y agregó: «Vamos a tratar de evitar una fractura. Pero si estamos ante una maniobra para darle continuidad a la misma estrategia que vienen llevando hace dos años, es esa la postura que va a llevar a una ruptura».
Mientras, el sindicalismo combativo se movilizó el jueves 13 desde Congreso a Plaza de Mayo contra el ajuste, el pacto de Macri y el FMI y por un paro activo de 36 horas. La medida, que incluyó un acto en la Plaza con siete oradores, forma parte de las resoluciones del masivo Plenario desarrollado en el estadio cubierto de Lanús el pasado 23 de junio. Y se reprodujo en numerosos puntos del interior del país.
Acompañaron la movilización y el acto referentes políticos del Frente de Izquierda como Néstor Pitrola, Romina Del Plá, Vanina Biasi, Gabriel Solano, Juan Carlos Giordano y Laura Marrone.
Ileana Celotto (secretaria general de AGD-UBA) se refirió al no inicio de clases en las Universidades votado por la Conadu Histórica, que abarcará a 190.000 docentes universitarios de todo el país, contra la paritaria salarial de miseria del gobierno. También a las elecciones en la CTA-A, en las que encabeza la Lista 6 Multicolor que unifica a los sectores combativos que darán pelea contra la conducción de Hugo «Cachorro» Godoy. Frente a una central dividida y paralizada, le opuso la lucha por «una dirección de clase» y reclamó que los comicios no se realicen el 8 de agosto, dado que sería colocarse de espaldas a los millones que ese día se movilizarán al Senado ante el tratamiento del Proyecto de aborto legal en esa Cámara.
Armando Cavalieri desafió a la Justicia y avanzó en el proceso electoral dentro del gremio de Comercio. Lo hizo al elegir la Junta Electoral en una asamblea extraordinaria, desoyendo un fallo de la Justicia laboral que impugnó dicha reunión -prevista en Parque Norte- por irregularidades en su convocatoria y la falta de garantías, tras una denuncia del opositor Ramón Muerza.
La idea de Cavalieri, de 84 años, es tomar el control de la Junta que tendrá a cargo la definición del calendario electoral y el control de los comicios, en los que intentará ser reelegido por novena vez consecutiva, tal como ocurrió en los últimos 32 años. La diferencia es que ahora Muerza amenaza con desbancarlo, con el apoyo de la porción mayoritaria de los delegados porteños.
Mientras tanto, la cadena supermercadista Carrefour cerrará más sucursales en Villa Crespo, Núñez y Colegiales, en el marco del Proceso Preventivo de Crisis (PPC) que habilitó el Ministerio de Trabajo a pedido de la compañía.
Desde que se habilitó a los franceses a aplicar el PPC la compañía se desprendió de unos 300 trabajadores aunque la fuente no pudo precisar qué proporción se acogió a los retiros voluntarios y qué parte fue trasladada a otros centros de compras.
Hasta el momento Carrefour cerró ocho puntos de venta. Los tres últimos de Capital Federal se sumaron a otros dos en este distrito y a las sucursales de Chaco, Tucumán y Quilmes.
El jueves 28 de junio se realizó el plenario extraordinario de delegados de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en el predio que el sindicato tiene en Moreno. En dicho encuentro, valiéndose del Comité de Ética Gremial, le quitaron la tutela sindical a 48 delegados no afines a la conducción oficialista de Roberto Fernández, y otros 11 han sido apercibidos.
Los principales perjudicados con dicha medida son delegados y delegadas cordobesas, quienes protagonizaron la histórica huelga de 9 días, junto a varias activistas de trolebuses y a un grupo de delegados opositores de Salta y San Juan. A partir de ahora, los activistas combativos quedan a la deriva de lo que resuelvan las empresas y las cámaras empresarias de cada seccional provincial.
La CGT se llenó de pañuelos verdes
El martes 10 de julio de 2018 quedará en la historia: una treintena de referentas feministas se sentó en la mesa ovalada de la CGT con sus pañuelos verdes al cuello, mientras afuera una movilización callejera gritaba: «Aborto legal en la obra social».
La reunión pedida por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue motivada luego de una nota del 4 de julio en Clarín donde bajo la volanta «Conflicto en puerta», titulaban: «Legalización del aborto: gremios de la CGT alertan que las obras sociales no pueden cubrir los costos».
La anfitriona del encuentro, que las recibió con pañuelo verde al cuello, fue Noé Ruiz, Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la Central. La titular de la Asociación de Modelos Argentinas es una de las dos excepciones a la norma en las 37 secretarías dominadas por varones en la Central obrera. La otra mujer que llegó a estar al frente de una Secretaría fue Sandra Maiorana, de la Asociación de Médicos, que en 2016 estuvo a cargo de Salud.
En la reunión, Noé Ruiz desmintió la nota de Clarín y habló de versiones «tergiversadas por los medios». Elsa Schvartzman, Nina Brugo, Celeste Mac Dougall y Miranda González Martín fueron las representantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que asistieron. Dejaron en claro que la obligación de la CGT debería ser posicionarse en favor de la aprobación del proyecto, que ya tiene media sanción, por tratarse de un derecho al acceso a la salud de las trabajadoras.
Además participaron las diputadas Natalia González Seligra y Romina del Plá; Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA; Vanina Biasi, delegada de APUBA y la dirigente Vilma Ripoll, entre otras.
Además del pañuelazo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta acción se replicó en Rosario, Salta, Río Negro y Córdoba. El feminismo, desde la presencia callejera y la transversalidad política, está logrando algo que parecía imposible: ampliar derechos en tiempos de Cambiemos y sentar a las feministas sindicalistas en la mesa de la CGT aunque, por el momento, sólo sea para una reunión.
Trabajadoras afiliadas a distintos gremios de la CTA Autónoma lanzaron una campaña para exigir la prórroga del día de las elecciones en la Central y un paro nacional para movilizar el 8 de agosto al Congreso Nacional por la aprobación de Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Impulsan un petitorio dirigido a la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma y llaman a replicarlo nacionalmente en toda la Central.
El viernes 22 de Junio diputados y diputadas del bloque FPV-PJ presentaron un Proyecto de ley de Equidad de Géneros e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo, el cual fue impulsado por la Diputada Vanesa Siley, secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (FeSiTraJu), integrante de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT y referente de Mujeres Sindicalistas.
El proyecto recopila las consideraciones y críticas realizadas por mujeres de todo el arco sindical al Proyecto de Ley de equidad de género del macrismo. En esa oportunidad más de 200 mujeres sindicalistas de todas las centrales (CGT, Corriente Federal de Trabajadores, CTA, CTEP y CNCPT) rechazaron de plano el intento del oficialismo que consideran un engaño para avanzar contra los sindicatos con un proyecto oportunista y parcial, que toma a la igualdad de género como pantalla.
La reciente intervención del Sindicato de Mensualizados del Hipódromo por no cumplir con el cupo femenino al diseñar la Junta Electoral, profundizó la preocupación del espectro sindical por el proyecto de género de Cambiemos. «Cambiemos sólo propone más precarización, flexibilización y trabajo en negro y este proyecto no es la excepción. El movimiento feminista no merece estas respuestas parciales y malintencionadas», explicó Siley.
«Con nuestro proyecto, proponemos una reforma integral de la actual Ley y que no sólo se le exija a los trabajadores, sino también a los empresarios que en gran parte son responsables de la brecha salarial, por ejemplo, no tomando mujeres o dándoles las tareas peor remuneradas», sostuvo la diputada y referente de los judiciales porteños.
Fuentes: www.baenegocios.com, Anred, Red Eco Alternativo, APU, Clarín, La Nación, Tiempo Argentino, Página 12, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, www.infogremiales.com.ar, www.ambito.com, www.infonews.com, www.prensaobrera.com, www.agenciacta.org
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