Durante las tres campañas por la presidencia de la República, después en el trayecto de los seis años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora con su sucesora en el segundo piso de la “transformación”, escuchamos hasta el cansancio críticas contra Ernesto Zedillo y Felipe Calderón por haber aprobado las reformas al sistema pensionario, en 1997 uno y en 2007 el otro, reformas con las cuales despojaron a los trabajadores en edad de jubilarse del pago de su salario íntegro a cargo del Estado, como venía sucediendo anteriormente, para sustituirlo por el ahorro que pudieran reunir los asalariados durante sus años de trabajo.
Las críticas a esos gobernantes son y han sido justas porque aplicaron diligentemente los lineamientos que en su momento les impuso el neoliberalismo que, como ya sabemos, es el capitalismo más explotador y rapaz puesto que tiene como meta dejar a los trabajadores sin ningún tipo de apoyo del Estado y con crecientes ganancias para los dueños del capital. Con la imposición del neoliberalismo a escala mundial, impulsado en la década de los 80 del siglo pasado por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, se eliminó el llamado “Estado de bienestar” creado por el sistema capitalista el cual favorecía al sector laboral con algunas prestaciones, entre otras, el sistema de pensiones de beneficio definido que otorgaba el salario íntegro a los empleados al momento de jubilarse, una vez cumplido el requisito de 500 semanas cotizadas ante el IMSS. La eliminación del “Estado de bienestar” y en consecuencia el sistema de pensiones mencionado ocurrió en la mayoría de países con economía de mercado supeditados a Inglaterra y Estados Unidos.
Era de esperarse, entonces, que después de tanta crítica al nuevo sistema pensionario neoliberal y al convertirse sus críticos en gobierno, los nuevos funcionarios de la República pusieran manos a la obra para regresar al viejo sistema de pensiones que es el que más conviene a los trabajadores y eliminaran el sistema de ahorro para el retiro basado en las Afores.
Pero no ocurrió así. De igual manera, como pasó con el alza a la gasolina en los tiempos de Peña Nieto y otros problemas de los anteriores gobiernos, el gobierno de la 4T solo se dedicó a limar algunas de las aristas más escandalosas del sistema de pensiones basado en las Afores. Al sexenio peñanietista lo criticaron hasta el cansancio por el alza a la gasolina, pero lo mismo hizo López Obrador, al inicio de su sexenio la gasolina magna costaba 18 pesos y terminó costando al final del mismo, en septiembre de este año, 24 pesos, un 25% más cara cuando además el Peje prometió bajar su precio a 10 pesos el litro. Así también con las pensiones de los trabajadores, muchas críticas a los gobiernos anteriores, pero después de seis años de “transformación” siguen dejando la esencia de las Afores.
Para demostrar mi afirmación comparemos los beneficios que obtuvieron los trabajadores de una parte y los banqueros de la otra.
¿Qué modificó el gobierno que acaba de terminar en favor de los trabajadores? Sólo cuestiones secundarias que aquí desglosamos: se acordó aumentar de 5 a 13 por ciento la aportación de los patrones, pero eliminó la aportación del Gobierno (cuota social) que solo se dará a quienes ganen hasta 1.85 veces el salario mínimo, tal incremento patronal deberá ser de manera paulatina y en un plazo de varios años; se acordó reducir el número de semanas cotizadas de 1,250 a 1,000 pero también a un plazo de varios años; y se disminuyó el tope de utilidades que pueden cobrar los bancos (Afores) de 0.80 a 0.57 por ciento. Cierto que las tres modificaciones ayudan un poco a los trabajadores, pero debemos tener presente que el gobierno morenista adoptó estas medidas debido a las observaciones que analistas de talla nacional y organismos internacionales realizaron al gobierno, advirtiendo de un colapso social a futuro porque sin dichas modificaciones ningún trabajador obtendría como jubilación arriba del 30 por ciento de su salario y serían extremadamente pocos los que cubrirían el requisito de las 1,250 semanas cotizadas ya que éstas equivalen a 24 años de trabajo. Tales modificaciones se realizaron pues, no tanto para beneficio de los trabajadores sino para conveniencia y estabilidad del Estado capitalista.
¿Cómo se beneficiaron las 10 Afores (bancos) durante el sexenio que acaba de terminar y que tanto criticó este sistema pensionario? El beneficio que obtuvieron estos organismos durante el sexenio fue de una utilidad bruta de 65 mil millones de pesos y una utilidad neta de 59 mil millones de pesos, según el documento del Gobierno de México titulado Reforma en Materia de Pensiones, de fecha 19 de abril de 2024, sin contar el año de 2024 que todavía no termina y en el cual llevan casi 10 mil millones de pesos de utilidad neta (El Universal pág. A23, 17 de octubre de 2024). Según la misma nota, las Afores que más han ganado este año son XXI Banorte con más de 2 mil millones de pesos, Sura con 1,768 millones y Profuturo con 1,487 millones.
Al contrastar estos dos aspectos del comportamiento del gobierno en relación al sistema de pensiones en México, podemos ver la enorme diferencia en cuanto a sus resultados. A los trabajadores les avientan unas cuantas migajas, unas cuantas modificaciones a la ley de las Afores para que no protesten y la parte del león se la llevan los bancos a través de las Afores. El gobierno morenista les sigue autorizando a los dueños de esos organismos, o sea a los banqueros, que utilicen los casi siete billones de pesos que llevan ahorrados los trabajadores, para obtener una utilidad enorme y sigan concentrando en unas pocas manos la riqueza generada en México con el dinero de los trabajadores. En otras palabras, la esencia del criticado régimen neoliberal de pensiones se dejó intacta por el gobierno de la “4ª Transformación”.
Tal vez, al darse cuenta de que los cambios hasta aquí realizados eran una minucia que no tocó lo medular del sistema pensionario neoliberal y teniendo cercano el proceso de la elección presidencial que se llevaría a cabo en junio, el presidente cuatroteísta ordenó a sus diputados una nueva reforma, en abril de 2024, contenida en el documento antes citado, con la cual propuso crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar donde se promete a los trabajadores la garantía de que aquellos que ganen hasta el salario promedio del IMSS (16,777 pesos mensuales) se jubilen con el 100 por ciento de su salario, pero la mentira y la falacia del presidente aparecieron al revisar de dónde se financiaría el mencionado Fondo. Veamos.
1.- Del 75 por ciento de incautaciones que realice el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). Hasta la fecha de elaboración de este escrito no hay cuentas claras de lo que ha recabado ese instituto. “No hay forma de revisar las cuentas del INDEP, no hay forma porque es el secreto secretísimo de la Cuarta Transformación, es como una caja chica de no sé quién, ojalá y sepamos” dijo Víctor Sánchez Baños, analista económico (TV Azteca Jalisco, 10 de abril de 2024).
2.- De las utilidades de las obras emblemáticas del sexenio pasado. El Tren Maya lleva acumulada una pérdida de 1,400 millones de pesos en cinco meses de operación (Diario de Yucatán, 29 de mayo de 2024). El AIFA en 2022 y 2023 acumuló pérdidas por 1,667 millones de pesos (El Financiero, enero 31 de 2024) y la Refinería Dos Bocas no tiene para cuando generar utilidades y si las llegara a tener en un futuro será para pagar la enorme deuda de Pemex que en manos de la 4T sigue siendo un barril sin fondo.
3.- Del 25 por ciento de lo que se recaude en las aduanas, el ferrocarril interoceánico y las visitas a las Islas Marías. Lo recaudado en el destino turístico Islas Marías es insignificante y si se termina el Tren Interoceánico tendrán que pasar varios años para que rinda utilidades. Tal vez lo que obtienen las aduanas sea un poco más significativo, pero no podrá destinarlo al Fondo pensionario porque el Gobierno federal tiene un déficit fiscal superior al billón de pesos y la Secretaría de Hacienda ya dijo que bajará a la mitad ese déficit con el recorte al gasto en diversos rubros y considerando sin tocar los ingresos que ya tiene programados. La administración actual necesita dinero, pero no para destinarlo al fondo de pensiones. Lo mismo pasa con los adeudos al SAT y al ISSSTE de entes públicos en el caso de que algunos llegaran a pagar.
4.- De los recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas de las Afores. O sea, dinero de los trabajadores que por alguna razón no recogieron su dinero de sus cuentas de ahorro. Es decir, que para no afectar las ganancias de los patrones que son los de la obligación de pensionar a sus trabajadores al 100 por ciento por las cuantiosas ganancias que les generaron durante su vida productiva, el gobierno de la 4T tomará los recursos de trabajadores para pensionar a otros trabajadores, ¡bonita “solución” encontró el gobierno de la “transformación”. Serían 40 mil millones de pesos las cuentas no reclamadas (Forbes México, 2 de mayo de 2024.)
Dada la precariedad de la suma de recursos que podrán reunirse de los entes mencionados, aun sumando los dineros confiscados a los asalariados, y dada la necesidad de recursos de la administración entrante, la promesa de cubrir el 100 por ciento de su último salario a los trabajadores que ganen menos de 16,777 fue más bien otro de los engaños que AMLO y su 4T aplicaron a los trabajadores para confundirlos y prepararlos como carne para votar.
De lo hasta aquí expuesto podemos concluir que el gobierno morenista en los hechos solo busca maquillar algunos de los aspectos más feos al sistema pensionario neoliberal, pero pretende dejar la esencia del mismo, esto es, que los ahorros de los trabajadores los sigan jineteando, como se dice coloquialmente, los banqueros para acrecentar sus fortunas y que se hagan más ricos y que los trabajadores al final de sus días vivan con una cantidad que no los saque de la pobreza.
Aun cuando pudiera realizarse ese tal Fondo de Pensiones para el Bienestar, que por lo hasta aquí dicho está de dudarse, no es ni será la solución para las pensiones de los trabajadores mexicanos que han dejado su vida generando riqueza para los patrones. Por el papel productivo que en la sociedad realizan los trabajadores, estos tienen derecho a una pensión digna que les permita vivir sin carencias los últimos días de su vida, pero eso no les va a caer del cielo. Para lograrlo, los trabajadores necesitan unirse y luchar, luchar contra los poderosos y lograr una ley que les garantice una pensión suficiente para sí y su familia y ya no permitir que se siga alargando el tiempo de jubilación. Que no haya duda: si no se organizan y no se deciden a luchar, les aplicarán lo que ya está proponiendo el hombre más rico del país, el que más beneficios recibe de los trabajadores mexicanos, el señor Carlos Slim, que la jubilación en México sea a partir de los 75 años. Veremos.
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