Algunas investigaciones revelan que las barras prestarían servicios de diferente tipo, especialmente como grupos de choque, a punteros políticos
La preocupación de quienes estarán a cargo de la seguridad durante el encuentro que disputarán River Plate y Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu, tiene sus fundamentos en los antecedentes violentos de los miembros de ambas parcialidades que, con la anuencia del gobierno argentino, han viajado a Madrid para presenciar la final de la Copa Libertadores de América.
La violencia desatada en el marco de este partido tuvo como consecuencia la suspensión y la posterior decisión de la CONMEBOL de que finalmente el partido tuviese como sede a la ciudad de Madrid. La pregunta que surge es cómo es posible que las «barras bravas» de ambos equipos hayan podido salir de Argentina y viajar a España, cuando el país de origen los tiene identificados y sabe de su peligrosidad. La respuesta está en el vínculo que las barras mantienen con el poder político.
A pesar de que la violencia de sus prácticas siguen provocando víctimas y afectando el desarrollo del fútbol argentino, estos grupos reciben beneficios, muchos de los cuales se vinculan al empleo público de manera más o menos encubierta. Algunas investigaciones han mostrado que miembros de diferentes barras bravas ingresaron a dependencias del Estado, en las cuales habrían cobrado sus haberes sin prestar servicios. Este lazo se ve motorizado porque las barras prestarían servicios de diferente tipo, especialmente como grupos de choque, a punteros políticos.
Sin embargo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha tratado de resolver el problema con medidas tales como la prohibición de la asistencia del público visitante. Pero a pesar de ello la violencia continúa siendo un problema en el país. Y para algunos no hay solución.
De acuerdo con las estadísticas de la organización Salvemos el Fútbol, desde 1922 han muerto 317 personas a raíz de la violencia en este deporte.
A raíz de las leyes anticuadas los violentos entran por una puerta y salen por otra, como en una en una especie de puerta giratoria. La justicia argentina no logra imponer leyes severas a los barras bravas para que cumplan su condena, y los diversos gobiernos que han convivido con esta realidad, no se han preocupado por erradicar la violencia en los estadios, modificando o actualizando la ley.
VÍNCULOS DE MACRI CON LAS BARRAS
El nexo entre las barras bravas y el aparato político es una realidad que nadie desconoce. Mauricio Macri, quien presidiera el Club Boca Junior entre los años 1995 y 2008, responsabiliza al gobierno anterior de este nexo «barra-poder». Sin embargo Alta Data, programa periodístico de investigación, dejó al descubierto los vínculos del actual presidente argentino con los barras: Las agresiones a hinchas de Chacarita en 1999, durante la gestión del actual jefe de Estado; las comunicaciones telefónicas de Rafael Di Zeo (jefe de la barra brava de Boca) ostentando sus vínculos con Daniel Angelici (heredero de Macri en ese mismo club); e incluso las llamadas que el mismo líder barra brava recibía tiempo atrás del fiscal Carlos Stornelli, cuando este oficiaba de jefe de Seguridad del club de la Ribera, son algunos de los ejemplos que demuestran los estrechos lazos de Macri con los barras.
Las barras bravas tienen una formación con vínculos con la política, con los presidentes y los directivos de los clubes y con lo que llaman los punteros políticos que conforman una estructura de poder.
Según el director de APreVide, «la gestión del presidente Macri y de la gobernadora Vidal toma a los barras bravas como sectores mafiosos. No son solamente grupos de hinchas de fútbol sino grupos que están insertados en el fútbol, sectores mafiosos que viven del delito». Sin embargo el Estado argentino ha permitido el traslado de estos barras a la ciudad de Madrid, cuando desde el Ministerio de Seguridad, al mando de Patricia Bullrich, aseguraron tener identificados a los violentos que produjeron serios incidentes durante la fallida final.