El jueves 19 de julio se realizó la presentación oficial como candidata a la presidencia de la nación de la senadora Cristina Kirchner en el teatro argentino de La Plata. Cadena nacional mediante, la candidata despertó una especie de estado febril entre los escribas del régimen, los que salieron en forma calenturienta a festejar las […]
El jueves 19 de julio se realizó la presentación oficial como candidata a la presidencia de la nación de la senadora Cristina Kirchner en el teatro argentino de La Plata.
Cadena nacional mediante, la candidata despertó una especie de estado febril entre los escribas del régimen, los que salieron en forma calenturienta a festejar las dotes oratorias de la abogada y primera dama del país.
«En su primer mensaje como candidata, la senadora lució: apasionado, racional, inteligente, con autoridad y fluidez de oradora», expresó «Página 12». Hubo otros, que sin llegar, aún, a la categoría de agencia oficial del gobierno que porta este medio, saludaron en términos similares «la brillante pieza oratoria» de la candidata.
La senadora no había terminado de enumerar sus tres «pilares» o «construcciones basales» para la reconstrucción del Estado y el modelo económico-social de acumulación e inclusión, cuando el nuevo ministro de economía, UIA-Peirano, afilaba el lápiz para lanzarse sobre el tesoro de las reservas. Es que en agosto, el gobierno Nac & Pop, debe soportar vencimientos de la deuda por US$ 3450 millones para lo cual recurrirá a los adelantos del BCRA, «debido a las altas tasas que debería pagar si saliera a colocar un bono en el mercado por la desconfianza de los inversores ante la manipulación del índice de inflación oficial. Si el Gobierno saliera a buscar fondos, tendría que pagar tasas cercanas al 9,5% en dólares y superior al 13% en pesos, sustancialmente mayores que las que abonó a principios de año» (La Nación). Como se ve, el manoseo del Indec ha colocado al kirchnerismo como un gobierno poco confiable para los mercados internacionales; una especie de nuevo riesgo país alto.
Este festival de despojo de las reservas públicas por parte del gobierno implicará además una sangría que, según Clarín, ascendería a «12.000 millones de pesos por el costo de la crisis energética en subsidios al consumo de electricidad y a las importaciones de combustibles», íntegramente destinados a beneficiar a las empresas del sector, mientras que el aumento de las garrafas ha provocado más de 60 muertes, desde que empezó la ola de frío entre los supuestos «incluidos».
¿El cambio recién comienza? Los escribas pro K
Todos los mecanismos de ocultación de los escribas pro K, se basan en su gusto por la certeza y su temor a un cambio que descoloque a sus patrones.
La pequeña clase media progresista encuentra así, en las divisas de orden y progreso, un refugio seguro para su extremo temor al desenlace de la lucha entre los dos bloques históricos que definen el funcionamiento social.
La volatilidad de la que acusan a los sectores medios de la sociedad se corresponde a sus propios mecanismos de proyección ideológica, que pasa en esta etapa en el refluir de sus ideas del campo de los ciudadanos indignados de 2001-2002, al campo del kirchnerismo y el macrismo, como formas políticas posibles para el arreglo de su situación social. Por supuesto que este apoyo no es gratuito, dado que les sirve para permanecer, convenientemente remuneradas, por supuesto, entre los sectores beneficiarios de la coptación y al abrigo del poder.
La clase media «progre», que ha bebido inveteradamente de la fuente del individualismo cínico, junto a todos sus referentes sociales y académicos hacen del derecho burgués una inagotable fuente de creencias. Esto no manifiesta ningún cambio.
El recurrente fracaso que han logrado con esta manía de adhesión a los postulados del narcisismo burgués y su propia inconsistencia política, está basada en el cálculo, como el único principio que acompaña la toma de decisiones. Al progresismo le gusta sentirse mimado en el conflicto entre clases y, políticamente, recurre entonces a la afirmación de «su» propia ilusión como un abrevadero de su orientación. El pillaje de los recursos naturales, efectuados por la burguesía, tiene sentido propio, siempre y cuando las migajas del reparto lleguen a su mesa, o por el contrario, puede hundirse en el éxtasis de un nacionalismo prestado si este sirve a su propio crecimiento comercial.
No es extraño entonces que hoy se encuentren reivindicando la candidatura de «la dama de blanco», como ayer lo hicieron con los gobiernos de Alfonsín, de Menen y más tarde con De la Rua, para terminar al cobijo del kirchnerismo llorando su decepción.
Es importante alertar sobre el rol del progresismo, sobre todo en momento como los actuales en que la burguesía mete un «cambio» para repetir viejas maniobras antiobreras.
¿Cambio o repetición?
La senadora Kirchner antes de su viaje a España, con el objetivo de dar garantías jurídicas al imperio de que sus inversiones estarán a buen resguardo en su posible próximo gobierno, pasó por su propia provincia, Santa Cruz, convertida desde hace meses en un polvorín.
Seguramente, la primera dama, en su regreso a Buenos Aires advirtió desde el aire las columnas de humo que se desprendían de los depósitos, que las compañías pesqueras españolas tienen en Puerto Deseado, a los que los trabajadores del pescado, después de realizar 15 días de paro y piquetes, con climas bajo cero, decidieron meterles fuego.
Cristina, que inició la campaña electoral y que viajó al exterior para ganar votos entre las multinacionales españolas que se adueñaron de nuestro petróleo, de nuestro gas, de nuestras telecomunicaciones y hasta de nuestros pescados, debe haber sentido que no hay agua posible para apagar el fuego de las luchas obreras en el sur y que esta situación complica gran parte su campaña.
La evaluación que el kirchnerismo hace sobre las luchas obreras es un motivo de preocupación mayor. La radicalización de las mismas, los métodos de democracia obrera basados en la toma de decisiones en medio de asambleas, la aparición de nuevos delegados más dispuestos a la acción directa que a la negociación sindical en términos tradicionales, la disposición al enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en la defensa de sus piquetes, el carácter indeterminado de los planes de lucha, etc. tienen para la burguesía un dramatismo sorprendente. La mayoría de los conflictos que se vienen desarrollando van en contra de los acuerdos firmados por la burocracia sindical de ambas centrales.
Esto pasó con los docentes, con los trabajadores de FATE, con la fabrica textil Mafissa de La Plata, con los trabajadores del subte y los telefónicos, con los petroleros y ahora con los marineros del SOMU.
La burguesía es consciente que esta disposición a la lucha «salvaje» por parte del movimiento obrero, en momentos en que se hace necesario un incremento de las tarifas y en medio de una situación inflacionaria, puede transformarse en explosiva a corto plazo.
Por eso, los representantes del poder reunidos en el Teatro Argentino de La Plata, saludaron con entusiasmo la estrategia cristinista de llamar a un Pacto Social.
La política del pacto social no es nueva, es la manifestación de un «cambio» por repetición. Un «nuevo pacto social» en contra de los trabajadores.
«Recuperar la cultura del trabajo». El progresismo argentino no tiene más remedio, condena de palabra a los popes sindicales que se transforman en millonarios a expensas de sus trabajadores. Pero basta con que los trabajadores salgan a la lucha para condenar la «violencia de cualquier signo».
El «progre» ha aprendido a moverse en medio de la lucha de clases, más dedicado a la semántica y a la condena moral que a ensuciarse las manos con el tizne del piquete. Apenas, como el ciudadano medio, ha asimilado que la afirmación del individuo lo es todo, con lo cual justifica su persistente encierro en la subjetividad y se sostiene como una intermediario, que pretende discutirle a la clase obrera sobre el derecho individual.
La reivindicación de «la cultura del trabajo», lanzada por Cristina en su discurso y acompañada por los más diversos sectores del arco político- económico- intelectual y religioso, no es otra cosa que demandarle a los trabajadores la organización de sus luchas bajo el nefasto paraguas de la burocracia sindical.
Comentaba asombrado un viejo trabajador petrolero del sur, «los pibes de ahora no respetan las instituciones, para ellos el secretario general del sindicato es un ‘chabón’; acostumbrados a enfrentarse a la policía en los barrios, van a los piquetes y le ponen el cuerpo; si hay que tirar piedras son los mejores, si hay que prender fuego no tiene problemas». Sin duda, la nueva clase obrera esta muy lejos de la «cultura del trabajo» que reclaman burócratas, curas e intelectuales; quizá sea esa la razón que ha llevado al triunfo a los últimos conflictos gremiales.
Pero, la burguesía no descansa y en medio de este cuadro de crisis, levanta la necesidad de un pacto social para terminar con estos arrebatos obreros. ¿Que significa la repetición del pacto social? Según Página 12 el «pacto social» tripartito -Estado, patronato, gremios obreros- no sólo (servirá) para establecer acuerdos alrededor de precios y salarios, sino para definir el perfil de país por el que todos están dispuestos a construir». En el mismo sentido se pronunciaron Moyano de la CGT y referentes del empresariado, que rescataron, principalmente, el llamado a un diálogo social entre los diferentes actores de la economía; sobre todo frente a las perspectivas inmediatas en que un 73,2% de las empresas manufactureras no prevé cambios en su dotación de personal en el tercer trimestre del año, por el contrario, un 12,2% reducirá su plantel.
La idea de hacer un acuerdo social de la senadora y candidata Cristina Kirchner es la idea de construir y fortalecer la dictadura del capital bajo el ropaje de la participación ciudadana. Los representantes de partidos políticos, empresarios y sindicatos, con la participación del Estado conforman un frente con la «sociedad civil», frente a la cual, se hacen portadores de un compromiso, de una alianza, que le sirve a la burguesía para formular políticas consensuadas, para enfrentar los fenómenos generados por la pobreza y la conflictividad del movimiento obrero.
El pacto social pone en movimiento a todas las redes que el estado construye para garantizar su propia autoexistencia. Las instituciones burguesas junto a las centrales obreras burocráticas tienen un lugar preponderante; pero, también tienen un lugar destacado la iglesia, las ONG y el conjunto de redes clientelares manejadas por los partidos políticos.
Históricamente, el punto fundacional de los pactos sociales consistió en hacer pasar medidas de ajuste, producto de las crisis, en detrimento de los sectores populares.
Las estrategias de los pactos sociales pasan necesariamente por un compromiso de los distintos sectores del poder para encarar una lucha en común por el salvamento de la democracia como régimen de explotación. La centro izquierda progresista es una pata fundamental en este pacto, dado que es la encargada de explicar «pedagógicamente» a los trabajadores y a la ciudadanía en general las virtudes de la conciliación de clases para el mantenimiento del «régimen de derecho».
Las políticas de ajuste, reclamadas por la UIA y su representante a cargo del Ministerio de Economía, están centradas en que los trabajadores moderen sus reclamos salariales y en conseguir un apoyo explicito y legal, tanto del estado como de la burocracia de ambas centrales, para una mayor flexibilización de los convenios y de las contrataciones de trabajadores en negro. A esto se reduce el perfil industrialista de la próxima gestión de la candidata.
Las dos grandes orientaciones que han tenido los sucesivos intentos de pacto social en nuestro país han fracasado estrepitosamente. La primera de estas orientaciones fue el disciplinamiento del movimiento obrero, en las décadas del 60/70 a partir del retorno de Perón, que, como se sabe, terminó con la implantación de la triple A y más tarde con la masacre de la dirigencia obrera a manos de los genocidas del proceso. La segunda, fue el disciplinamiento de la inflación. Que en los ’70 tuvo como resultado el «rodrigazo» y las sucesivas hipers y devaluaciones de los 80, 90 y 2000.
El «pacto social» de la senadora parece recorrer el mismo camino. Pero, como se sabe, la historia tiende a repetirse únicamente como una caricatura trágica, aunque se empeñen en travestirla como cambio.