Dice la sabiduría popular que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Baste recordar la militarización de las labores de seguridad pública ejecutada por Felipe Calderón en 2006 para tener una idea clara de lo anterior. Las buenas intenciones en la formulación y desempeño de las políticas públicas no son suficientes para resolver […]
Dice la sabiduría popular que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Baste recordar la militarización de las labores de seguridad pública ejecutada por Felipe Calderón en 2006 para tener una idea clara de lo anterior. Las buenas intenciones en la formulación y desempeño de las políticas públicas no son suficientes para resolver problemas complejos; es necesario tener una visión amplia, horizontal y sujeta a evaluaciones permanentes por parte de actores e instituciones independientes y autónomas del poder gubernamental, para evitar que sólo sirvan a los fines provados de sus impulsores. Es el caso del nuevo modelo educativo, lanzado con bombo y platillo la semana pasada por Aurelio Nuño, secretario de educación del gabinete de Enrique Peña.
Las buenas intenciones del modelo en cuestión se pueden resumir en los cinco ejes que pretenden reorganizar la educación básica en México. Es innegable que dichos ejes tienen sentido pero también lo que se oculta detrás de las buenas intenciones. La reforma educativa tuvo un fondo laboral y político, alimentado por la obsesión de los poderosos de eliminar a sus adversarios -particularmente a los maestros agrupados en la CNTE- y a los que desde el propio sindicato oficial han denunciado la verdad oculta bajo el velo de la reforma.
En este sentido, el primer eje del modelo, los cambios en la currícula, tiene lógica ya que se pretende dotar de mayor autonomía a las escuelas para adaptar los contenidos educativos a las problemáticas del contexto que las rodean. Empero, el 80% de los contenidos seguirán siendo dictados por la alta burocracia educativa y los grupos de presión como Mexicanos Primero u organismos internacionales como la OCDE. El 20% restante se deja, en teoría, a los docentes y autoridades del plantel. El problema aquí es que el nuevo modelo asume una autonomía inexistente en los hechos por parte de los maestros; y no solo de las autoridades de la SEP sino del entorno social y las presiones de dirigentes sindicales o de padres de familia con poder. Asimismo, las materias propuestas se verán limitadas por la ausencia de recursos materiales e infraestructura adecuada para impartirlas.
En el mismo tenor, el segundo eje no tiene desperdicio por la dinámica simuladora de la burocracia educativa: resulta que ahora la escuela será el centro del Sistema Educativo, con una dinámica horizontal que acabe con el verticalismo tradicional. Quien puede creer semejante afirmación cuando la propia reforma que ampara al nuevo modelo fue un ejemplo del autoritarismo ejercido desde las altas esferas del poder, amenazando, encarcelando e incluso asesinando a todo aquel que osara oponerse sus designios. Para colmo se promoverá una mayor participación de padres de familia, que bien puede interpretarse como un mayor control educativo por parte de la infame Unión Nacional de Padres de Familia, opaca y corrupta, que ocupa posiciones clave en buna parte de los planteles, cobrando cuotas contrarias a la gratuidad de la educación consagrada en el texto constitucional y promoviendo su propia agenda, que reconoce que está al servicio de la educación pública sino de la familia, concebida ésta de acuerdo a las ideas de grupos reaccionarios y fanáticos.
En el tercer eje, dedicado a la formación y desarrollo docente, no queda más que recordar los procesos de profesionalización llevados a cabo por la SEP desde el año pasado, los cuales han demostrado su ineficiencia y violación flagrante de los derechos básicos de los profesores. Pero además, la evidente intención de acabar con las normales al abrir la puerta a cualquier persona que ostente un título profesional para incorporarse a las labores educativas, siempre y cuando apruebe las capacitaciones y evaluaciones sistemáticas diseñadas por la alta burocracia con fines de control y amedrentamiento de los maestros. El Servicio Profesional Docente es la punta de lanza parta reconfigurar el sistema educativo en aras de un mayor control político y laboral que no necesariamente redundaría en mayor calidad.
La inclusión y la equidad representan el cuarto eje del modelo educativ y, como los anteriores, resulta imposible negar la necesidad de una escuela que abra sus puertas a todos independientemente de su nivel económico o capacidades. Pero en un país en donde la discriminación y el racismo son la clave de la dominación, difícilmente un oasis de tolerancia y diversidad como lo sería la escuela pública podría tener impacto real en medio de la desigualdad y la violencia que priva en el contexto que la rodea. De hecho, lo que los acontecimientos recientes confirman, en términos de violencia al interior de las escuelas, apuntan a confirmar que están condicionadas por la tragedia humanitaria que caracteriza al país. Mientras la violencia social no disminuya serán vanos los esfuerzos por educar para la paz y la cooperación. Bastará salir de la escuela para integrarse a una dinámica opuesta a lo que se pretende lograr en ella. Pero además cabe la pregunta con respecto a la equidad ¿Le darán más recursos a las escuelas de zonas más pobres y marginadas para compensar su marginación? La tendencia parece ser lo opuesto: más recursos para lo que más tienen,
Por último, el quinto eje denominado la gobernanza del sistema educativo, insiste en la buena intención de incorporar a todos los sectores involucrados en la educación a su regulación y administración. Si, a esos a los que no se les consultó para discutir el sentido y objetivos de la reforma educativa. En medio de un autoritarismo rampante montado en un congreso y un poder judicial complaciente con los dueños del dinero ¿Quién puede creer que ahora si se va a tomar en cuenta a la sociedad en su conjunto?
No cabe duda de que las buenas intenciones de la reforma educativa no son más que simple propaganda para imponer una visión restringida y autoritaria de la educación pública por parte de un gobierno debilitado y corrupto. Porque claro, para colmo, los resultados se verán en una década, o dos o tres… como los de la reforma energética. Y mientras tanto el infierno prevalece y las buenas intenciones también.
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