Las elecciones «libres, justas, inclusivas y transparentes» no existen bajo un estado de excepción, policial y de contrarrevolución

Fuentes: Rebelión

«Candidato presidencial por el MAS, Luis Arce, dice que sin siquiera reportar su ingreso al país en Migración, y en las gradas del aeropuerto, fue notificado por un policía para una declaración en el caso Fondioc. Arce señaló: ‘esto es eminentemente político contra nuestra candidatura’ (Nota de prensa, 29/01/2020) En nuestro artículo anterior señalamos que […]

«Candidato presidencial por el MAS, Luis Arce, dice que sin siquiera reportar su ingreso al país en Migración, y en las gradas del aeropuerto, fue notificado por un policía para una declaración en el caso Fondioc. Arce señaló: ‘esto es eminentemente político contra nuestra candidatura’

(Nota de prensa, 29/01/2020)

En nuestro artículo anterior señalamos que el script golpista se basó en una cadena de tres eslabones principales: 1) defenestración; 2) «gobierno de transición»; 3) «elecciones libres». Al consumarse la defenestración del gobierno de Evo, empujada por el neofascismo y el papel decisivo de los aparatos de fuerza del Estado -que sorprendentemente el MAS nunca demolió ni transformó en «unión cívico-militar»-, el bloque golpista es obligado a seguir con el guión y celebrar elecciones excepcionales.

Reside entonces en el «gobierno de transición» emanado del golpe de Estado, y que en esencia es un régimen de excepción, no sólo organizar «elecciones libres», sino asegurar el dominio político al servicio del bloque golpista y las fuerzas reaccionarias.

Si en condiciones de la institucionalidad democrática liberal, el Estado es un organismo de clase, bajo un Estado de excepción, resultado de la agudización de las contradicciones, son exacerbados escarnecidamente los papeles y funciones de clase de esta entidad. No obstante, el «gobierno de transición» propaga con gran fuerza su trabajo de auto-legitimación presentándose de modo ficticio como encarnación de la «imparcialidad», de la «libertad» y de la «democracia», incluso, sobre el propio cuerpo de los muertos y asesinados.

Cuanto más el Estado recurre a la fuerza, más requiere de su fetichización. Mientras más se agudiza la dominación de clase de la maquina estatal, más se exige revestirla de ideología, enmascararla bajo la figura de «democracia» y del «Estado de derecho». De ahí que el tercer día de enero, Áñez junto al Tribunal Constitucional inauguraron el nuevo año como «Año Constitucional-Judicial 2020».

Detrás de la apariencia del «gobierno de transición democrática», se oculta una forma política de excepción armada y apoyada por el imperialismo estadounidense. Es en esta forma de Estado situada en la fase del eslabón golpista de «elecciones libres», que debemos poner nuestra atención.

Reside en esta nueva forma estatal el vehículo esencial para construir las condiciones de control político, militar, judicial e ideológico-mediático para la desarticulación de las fuerzas políticas del MAS, y barrer con ello sus capacidades políticas y de representatividad de masas en esta fase golpista que nos presentan como de «elecciones libres, justas y transparentes».

Bajo esta forma política, las elecciones en Bolivia están impedidas de representar un mecanismo que pueda manifestar la voluntad de la mayoría de la sociedad boliviana así como imposibilitadas de garantizar la práctica de los derechos políticos y constitucionales de ésta. Bajo esta forma, las elecciones son «libres» pero respecto de los ciudadanos, en el sentido de la existencia de una absoluta centralización política liberada y escindida de la voluntad popular mayoritaria, y de la emanación de un gobierno opresor articulado en un bloque golpista orientado por completo al desmantelamiento y liquidación del principal adversario progresista aglutinado en el MAS-IPSP.

Gobierno «de transición», Estado de excepción y despliegue de la contrarrevolución

Según ya hemos observado, el proceso del golpe de Estado ha tenido sus eslabones y momentos propios. Por ejemplo, las acciones del neofascismo, la desestabilización de la OEA, la autoproclamación-instauración del nuevo gobierno. Como parte de este proceso, la defenestración e instauración del «gobierno de transición» dieron nacimiento al Estado de excepción en el que toma cuerpo la ruptura de las «reglas del juego» institucionales y democráticas, así como el divorcio del Estado apropiado por un bloque golpista (ver nota 7) respecto de la sociedad.

Con la instauración del nuevo gobierno, el día 12 de noviembre, fecha de la «autoproclamación», se inauguró una nueva etapa del golpe de Estado. Es la etapa de la contrarrevolución vuelta gobierno, la cual está conformada de innumerables tareas prácticas y de distintas fases de desarrollo.

El despliegue de esta etapa solo ha sido posible mediante el cambio de forma del poder estatal, del contenido de sus actividades, del predominio de sus objetivos y funciones, de sus modos de intervenir en las relaciones sociales, de la reconfiguración de sus prioridades, etcétera. Tras la consumación del golpe, el poder del Estado se convierte en un arma de guerra de la oligarquía y el imperialismo contra las clases populares, del capital contra el trabajo.

Se trata de una forma de Estado constituida por un macro desenvolvimiento político de excepción que ha puesto en despliegue la totalidad del aparato estatal al servicio de la contrarrevolución, y ello dentro del cuadro del vigente script golpista (imperial) basado en el «gobierno de transición»-«elecciones libres».

La contrarrevolución, si bien abierta y radical, es encubierta y enmascarada tras lo que el gobierno usurpador llama sus «tres objetivos para unir al país»: 1) «la pacificación»; 2) «las medidas orientadas hacia la transición democrática»; 3) «la gestión eficiente y honesta del aparato estatal».

La contrarrevolución usurpa la soberanía popular, conculca los derechos democráticos, controla las condiciones sociales e institucionales del proceso electoral mediante: a) políticas de claro predominio de contra-inseguridad (combate a la «sedición», al «terrorismo», a la «corrupción», a la «impunidad», etc.,); b) una monumental campaña de mentiras que acusan de «Fraude» en la elección del 20 de octubre; c) las violentas acciones neofascistas lideradas por «La Resistencia», d) un Estado policial que arbitrariamente ejecuta «detenciones preventivas» y asedio judicial contra dirigentes y representantes de masas entre las fuerzas del MAS.

Apoyado en el siniestro juego de cartas propio de los parámetros dementes de la guerra híbrida imperial y sus políticas «implacables» y de «presión interminable» (Mike Pompeo, dixit), el gobierno que se autodenomina de «transición democrática» tiene por objetivo despojar a las clases populares, de sus medios, mecanismos e instrumentos de lucha, así como solidificar su desmantelamiento y desmovilización en estos tiempos de elecciones excepcionales.

El «gobierno de transición», delineado desde Washington, no es más que la instalación del ejercicio práctico y total de una contrarrevolución operada por un Estado de excepción sustentado en la maquinaria militar-policial, el órgano del Poder Judicial (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Procuraduría, Fiscalía, Ministerio de Justicia, etc.), la descomunal capacidad ideológico-mediática de sus aparatos (Presidencia, Ministerio de Comunicación, de Educación, etc.) y sus vínculos con los aparatos ideológicos privados, así como su realineamiento geopolítico en la región y en el mundo conducido por la destructiva y antibolivariana canciller Karen Longaric.

Al abrigo del Estado de excepción, la contrarrevolución no solo se plantea el desprestigio y deslegitimación ideológica y moral de las fuerzas populares-indígenas cohesionadas en su gran parte en el MAS. En la práctica, busca minarlo y desmantelarlo, para lo que hace uso de la materialidad de los instrumentos de represión militar, judicial, penal, según el escenario cambiante de las correlaciones de fuerza.

La parasitaria máquina judicial, burocrática y militar que en su momento el MAS equivocadamente no destruyó, y que ahora lo persigue asfixiándole «todos sus poros», se despliega como una sombra contra sus candidatos a la presidencia [1] y para ocupar los distintos cargos de representación popular.

Brevemente, inscribimos en este papel desempeñado por el Estado de excepción, algunos de los elementos más relevantes en su abierto ejercicio de contrarrevolución:

· Las masacres militaristas acontecidas en Sacaba y Senkata; la creación de órganos de inteligencia «antiterrorista»; la reformulación organizativa de aparatos militares, su redefinición ideológica (respecto del «anti-imperialismo») y sus nuevos nexos con aparatos de inteligencia y de seguridad nacional de Estados Unidos e Israel; los procesos de fortalecimiento de los cuerpos represivos (compra de armamento, municiones, gases, etc.); las operaciones de militarización y patrullajes «preventivos» en las distintas ciudades y regiones del país [2];

· El desenvolvimiento de la inmensa maquinaria del aparato estatal gubernamental alrededor de una política de Estado que criminaliza a un adversario sometido a un Estado de contra-inseguridad y/o policial  [3]  que judicializa la lucha social imputándola de «narcoterrorismo», «sedición», «corrupción». Quién mejor para desempeñar este papel que Arturo Murillo, empresario hotelero, exdiputado y exsenador por el partido de Áñez (Unidad Democrática), actual ministro de Gobierno, quien en 2016 recibió una sentencia de dos años de prisión por falsificación de documentos, y que ahora lleva a cabo con gran furor una «cacería» contra los dirigentes del MAS. Poco menos de 600 exministros y funcionarios del MAS se encuentran bajo investigación por el Director General para la Lucha contra la Corrupción, Mathías Kutschel. [4]

· La manipulación mediática, de censura y supresión de discursos populares y democráticos. El trabajo del Ministerio de Comunicación respecto al cese de los servicios de transmisión de agencias tales como Telesur y RT, así como la criminalización de periodistas de Argentina, la destrucción y control de las radios comunitarias, el uso de «decretos supremos» respecto a las «asignaciones de publicidad» a los medios de comunicación privados, mediante los cuales se paga a la prensa sus labores de propagación de aquellas narrativas contra el «Fraude electoral de Evo», contra los «centenares casos de corrupción del gobierno pasado», y a su vez, narrativas que justifiquen la represión militar, el Estado policial y la judicialización del adversario político enmascarando al gobierno usurpador como uno de tipo «inclusivo», «transparente» y de «reconciliación nacional».

· La organización y fortalecimiento por parte del gobierno de excepción de los grupos paramilitares neofascistas apoyados en una pequeña burguesía propietaria y no propietaria venida a menos por las políticas del «proceso de cambio», entre las que destaca la «Resistencia Juvenil Cochala», que ha protagonizado las olas de violencia de clase, racistas y neo colonialistas por todo el territorio nacional.

La misma Áñez ya instalada en el gobierno, se congratuló de su participación en el golpe de Estado recompensándola con reparto de motocicletas, incidiendo así en el fortalecimiento de los grupos neofascistas. A ello le han seguido, por ejemplo, las amenazas de «La Resistencia» de cerrar la Asamblea Legislativa si los parlamentarios del MAS llevan adelante la llamada «Ley de Garantías» (Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos [5]), con la que los legisladores masistas pretenden defender los derechos políticos, democráticos y humanos frente a la profundización del Estado policial en el marco de las elecciones del primer domingo de mayo.

· No puede dejarse de lado el papel «activo» (el Estado de excepción no solo es represivo y censurador) relativo a sus supuestas funciones «sociales» (clientelares) del aparato estatal («más presupuesto a la salud», «más educación», «abaratamiento de energía eléctrica», «más empleo», etc.), las cuales están dominadas completamente por los objetivos de un gobierno orientado por completo al desmantelamiento y liquidación del «proyecto del MAS» y su «proceso de cambio».

· Dentro de este papel «activo», «constructor» y «organizador» que desempeña el Estado, éste dirige y organiza la unidad de las clases dominantes (fracciones de clase, fuerzas políticas y sociales). El gobierno «de transición» trabaja en la organización y fortalecimiento de un bloque en el poder conformado por las fracciones oligárquicas, fuerzas militares y policiales, los aparatos de Justicia, clases medias (comités cívicos, burocracia política, médicos, etc.), medios de comunicación, instituciones, partidos políticos, iglesias, y en menor medida, sindicatos, sectores sociales, indígenas, entre otros.

En plena guerra abierta contra el MAS, de un modo ininterrumpido, con un abrumador coro en la totalidad de los órganos y ministerios estatales, el Estado de excepción interpela sistemáticamente a la sociedad boliviana bajo un discurso de estigmatización, des-legitimidad y denuncia en contra de los gobiernos del MAS, en contra de «la tiranía de Evo», «el Fraude monumental», el «abuso de poder para usar los recursos públicos a favor del MAS», etc.

Es alrededor de esta aplastante labor de toda la maquinaria estatal del gobierno «transitorio» que se pretende construir una especie de «unidad de la nación» en contra del MAS. En este sentido, la presidenta de facto, Jeanine Áñez, ha señalado que busca convocar a «una cumbre de líderes políticos», con el objetivo de «evitar la dispersión del voto» como ocurrió en la elección del 20 de octubre, y así conformar un «frente único» «para no permitir el retorno de ningún régimen que ponga en riesgo la democracia» (ABI, 10-1-2020).

Como organizador y guía de las fuerzas reaccionarias, el gobierno de Áñez busca preservar a la contrarrevolución de las «divisiones» y de la «dispersión» de las fuerzas. Amparada en la capacidad estatal de unificar y cohesionar las contradicciones, el gobierno revestido «de reconciliación» ha venido operando para poner a girar a toda la sociedad sobre un eje anti-socialista, anti-neoliberal y anti-masista.

Sin embargo, con la autoproclamación pública de Áñez como candidata presidencial (el día 24 de enero), las disputas en el seno del bloque golpista por el aparato estatal se acentúan [6] , no obstante, dentro de este mismo proceso violento de Estado de excepción y guerra abierta contra el MAS.

Esta nueva autoproclamación, seguida de la inconstitucional prórroga del «mandato» del gobierno «provisional» que debía terminar el 22 de enero, inaugura una nueva fase de la contrarrevolución.

En esta nueva fase, comienzan a reproducirse nuevas contradicciones en el bloque golpista [7], y que no necesariamente podrían terminar por cohesionarse y solucionarse, de acuerdo a los cálculos que ha hecho quien usurpa hoy el poder Ejecutivo.

En conclusión, las elecciones «libres, justas, inclusivas y transparentes» solo pueden existir en los ensueños de quienes presiden y respaldan la existencia real de un Estado de excepción, policial y de contrarrevolución. Más allá de los Estados vasallos del imperialismo, la comunidad internacional deberá manifestar su profundo rechazo a la barbarie que se ejerce contra la democracia en Bolivia.

Notas

[1] El director de facto del Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe, señaló que la denuncia contra el exministro de Economía y candidato presidencial del MAS, Luis Arce, «no es persecución política, sino que se intenta llevar a la justicia a uno de los principales responsables del millonario desfalco en el ex Fondo Indígena». Al mismo tiempo aseguró que de no presentarse para hacer su declaración en la fiscalía el día 29 de enero «puede emitirse su orden de aprehensión» (ABI, 28-1-2020). Cabe señalar que es precisamente Luis Arce el candidato que lidera las encuestas electorales en la carrera por la presidencia.

[2] Todo esto bien puede caracterizarse como la instalación de lo que Ruy Mauro Marini denominó «Estado del cuarto poder», esto es, un Estado en el que las Fuerzas Armadas ejercen «un papel de vigilancia, control y dirección sobre el conjunto del aparato estatal» al mismo tiempo en que se impone a la vida política «un ordenamiento legal de origen militar» en el que destacan «las leyes de seguridad nacional». Ver: «La cuestión del fascismo en América Latina». Puede consultarse en línea: http://www.marini-escritos.unam.mx/282_fascismo_america_latina.html

[3] Ver mi artículo: «Nuevas elecciones bajo Estado policial (¿Qué hacer?)», 25-11-2019. https://www.rebelion.org/noticia.php?id=262831

[4] Ver, «Gobierno investiga a 592 exautoridades del gobierno de Morales por presunto desvío de bienes», La Razón, 8-1-2020, https://www.la-razon.com/nacional/Investigacion-Gobierno-exautoridades_Evo_Morales-desvio-corrupcion_0_3290670925.html

[5] Dicha Ley que entre otros elementos pretende garantizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y garantías constitucionales para todos los bolivianos, y por tanto, garantizar que no habrá persecución política para los dirigentes sociales del MAS, fue aprobada a mediados de enero en las dos Cámaras, que cuenta con la mayoría de parlamentarios del MAS. Ante el rechazo del poder Ejecutivo a promulgarla por considerarla como una «Ley de impunidad», la presidenta del Senado, Eva Copa, del partido del MAS, ha señalado que al no ser promulgada por el Ejecutivo, como presidenta de dicha Cámara, ella tiene la facultad de promulgarla en el plazo que corresponde.

[6] Además de sus claras ambiciones personales, la aventurera Áñez justifica su decisión de participar como candidata en la elección presidencial debido a que «fracasaron los intentos de consolidar una candidatura de unidad que haga frente al MAS», esto es, auto-asumiéndose en este sentido como aquel factor político en quien reside la capacidad de articular la unidad de las fuerzas reaccionarias «para que nunca más los bolivianos tengamos que vivir con el miedo de la extorsión de los últimos 14 años». Por otro lado, distintos candidatos presidenciales del bloque golpista, junto con distintas fuerzas políticas, tal como el golpista Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), le solicitaron a Áñez que desista de su candidatura, ya que ello «debilita el proyecto de un frente común» anti-masista. Ver, «Crisis en la derecha boliviana», 27-1-2020. https://actualidad.rt.com/actualidad/341157-crisis-derecha-boliviana-decision-anez-elecciones

[7] El artículo de María Galindo titulado «Sedición en la Universidad Católica», 29-1-2020 (http://radiodeseo.com/sedicion-en-la-universidad-catolica/), censurado por la prensa, confirma a través de una entrevista que ésta le practicó a Waldo Albarracín, miembro del Conade, una decisiva reunión secreta realizada hora y media después de la renuncia de Evo el 10 de noviembre. En esta reunión (una verdadera Junta Golpista) entre actores golpistas y sus delegados (de Mesa, de Camacho, el propio Quiroga, el mismo W. Albarracín del Conade, Iglesia Católica, diplomáticos de Brasil, de la Unión Europea, entre otros) se llevó a cabo al margen de la constitución y a espaldas de la sociedad boliviana un acuerdo con Jeanine Áñez para que ésta asumiera la presidencia, previa factura de miles de dólares que Áñez les exigió por los «riesgos» de aceptar el papel protagónico en la aventura golpista. Con la autoproclamación como candidata presidencial de Áñez, ésta le pateo el tablero al bloque golpista resquebrajando con ello sus acuerdos, lo que hace proliferar una nueva serie de contradicciones en su seno y abrir una nueva fase del golpe de Estado.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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