Solo tres menciones merecieron las mujeres de México, en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo del festejo de Morena por cumplirse un año de su arribo al poder, y ninguna de ellas atiende la emergencia feminicida y de violencia extrema que enfrentan. Una de las dos menciones en el texto escrito […]
Solo tres menciones merecieron las mujeres de México, en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo del festejo de Morena por cumplirse un año de su arribo al poder, y ninguna de ellas atiende la emergencia feminicida y de violencia extrema que enfrentan.
Una de las dos menciones en el texto escrito de su discurso es cuando agradece a su homólogo estadounidense «su solidaridad» ante la masacre de niños, niñas y mujeres indefensas en los límites de Chihuahua y Sonora, en un nuevo ataque a la población civil por parte del narcotráfico.
«Asimismo, agradecemos al presidente Donald Trump por su solidaridad expresada en la crisis de violencia en Culiacán y tras los lamentables y dolorosos hechos en los que perdieron la vida tres mujeres y seis niños de las familias mexicoestadounidenses LeBarón y Langford. Reconocemos que en ambos casos nos ofreció ayuda y respetó nuestro derecho soberano a decidir con independencia y libertad. El gobierno de México cumplirá con su responsabilidad de hacer justicia».
La segunda mención de la palabra mujeres fue al referir la entrega de recursos a las autoridades indígenas en Oaxaca. «Avanza, en los municipios de Oaxaca, la construcción de 109 caminos de concreto. Nosotros entregamos los recursos a las autoridades de usos y costumbres, ellos los manejan con honestidad y así se da empleo a mujeres y hombres de los mismos pueblos. Con estas pequeñas pero importantes obras se aminora la migración y se fortalece la vida familiar y comunitaria».
La tercera mención y ya fuera del texto escrito, es cuando señala la entrega de asignación directa a escuelas para que sea una mujer quien lo administre, «porque las mujeres son más honestas», sentenció.
Tampoco se refirió a las víctimas de ataques a la población civil desarmadas, como en Minatitlán y Coatzacoalcos Veracruz (en impunidad) y las de la Familia LeBarón o miles de víctimas de desabasto de medicamentos, del desempleo, de la cancelación de programas como estancias infantiles, refugios para mujeres, niñas y niños desamparados al cancelar el seguro popular o reducir programas como la preparatoria en Línea.
«Aquí expresamos de nuevo nuestras condolencias a los familiares de las víctimas del asesinato colectivo en El Paso, Texas, y reiteramos nuestra condena a ese crimen de odio motivado por el racismo y la xenofobia, así como la exigencia de que se castigue conforme a derecho al responsable de esta abominable agresión».
«Con apego a nuestra ejemplar tradición de ofrecer refugio a perseguidos políticos del mundo, decidimos otorgar asilo humanitario y político al presidente de Bolivia, Evo Morales, y a su vicepresidente, Álvaro García Linera. Evo no solo es nuestro hermano que representa con dignidad al pueblo mayoritariamente indígena de Bolivia. Evo fue víctima de un golpe de Estado. Y desde México para el mundo, sostenemos: democracia sí, militarismo no».
«El Ejecutivo federal ha emprendido un cambio de paradigma de seguridad. Entre 2006 y 2018 los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial, sin atender el fondo del problema. El resultado fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos y lesionados; una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedente y un gravísimo daño al tejido social. El país padece aún las consecuencias de esa política equivocada», asevera en el texto.
«No debe olvidarse que el 2 de enero de 2007, Felipe Calderón, para tratar de legitimarse luego del fraude electoral, ordenó desde Apatzingán, Michoacán, la participación de las Fuerzas Armadas en lo que denominó Guerra contra el narcotráfico. Esta irresponsable decisión condujo a soldados y marinos a una lucha frontal contra la delincuencia organizada, bajo la consigna de `limpiar` como fuera, con ajusticiamientos, masacres o exterminio. En el alto mando militar se decía a los oficiales: ustedes acábenlos y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. La mejor prueba de este proceder autoritario es que ese sexenio ostenta la mayor letalidad en combate desde la Revolución Mexicana.
Ese indicador se obtiene del promedio de presuntos delincuentes muertos o rematados en enfrentamientos, comparado con los heridos y detenidos presentados por las fuerzas militares ante la autoridad. En solo dos años del gobierno de Calderón (2011-2012), se registraron 1.898 enfrenamientos en los que murieron 2.459 personas, resultaron heridos 231 y fueron detenidos 1.519; o sea, 709 muertos más que el número de heridos y detenidos», narra.
«Asimismo, en los tres últimos años del gobierno de Felipe Calderón (2010-2012), los militares y navales fallecidos en enfrentamientos fueron 154, un promedio de 51 por año; mientras en 12 meses de nuestro gobierno, solo lamentamos que hayan perdido la vida 15 miembros de las Fuerzas Armadas.
Aunque los datos hablan por sí solos, es obvio que esta absurda y desquiciada estrategia no se repetirá y que nunca más se pondrá en riesgo de manera irresponsable ni la vida ni el prestigio de los integrantes de las Fuerzas Armadas y, mucho menos, se les utilizará para cometer excesos y ejecutar órdenes ilegales e inhumanas», sostuvo.
Ponderó la medida adoptada de liberar al hijo del Chapo: «La vigencia de la nueva política de seguridad se demostró con claridad ante la crisis de terror que se vivió la tarde-noche del jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, con motivo de la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera; en esa verdadera prueba de fuego en la que la delincuencia salió a la calle con armas de alto calibre y se vivió un alto riesgo, se prefirió detener el operativo y liberar al implicado para evitar una masacre en la que habrían perdido la vida centenares de personas, la mayoría civiles, gente inocente, según el cálculo de las Fuerzas Armadas. Podrán decir nuestros adversarios que demostramos debilidad, pero nada vale más que la vida de las personas».
De acuerdo con el presidente, «la argumentación de esta nueva estrategia está contenida en el Plan de Desarrollo, pero reitero que entre las acciones principales para conseguir la paz figura la creación de mejores condiciones de vida y de trabajo, a fin de atender las causas que originan la violencia: el desempleo, la pobreza, la marginación y la falta de espacios laborales y educativos para los jóvenes».
«La nueva estrategia de seguridad pública pasa también por la tolerancia cero ante la tortura y cualquier otra violación a los derechos humanos. Estamos dedicando tiempo y recursos a la búsqueda de desaparecidos por la violencia. No descansaremos hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa. Se brinda protección a 365 periodistas y a 721 personas defensoras de derechos humanos. Han sido puestos en libertad 47 presos políticos y seguiremos liberando a los que aún están en prisión injustamente, con apego a la legalidad aplicable. Ya inició el rescate de los restos de los 63 mineros que desde 2006 no han podido ser recuperados en la Mina Pasta de Conchos, Coahuila.» justificó.
La segunda mención de la inseguridad ocurre al expresar lo que considera su logro en materia de política migratoria, que como se denuncia públicamente, se hace «el trabajo sucio de Estados Unidos» deteniendo y deportando a migrantes que entraron por invitación expresa hace un año y que generó olas de caravanas provenientes de Centroamérica las que alarmaron a Estados Unidos y que el presidente Donald Trump contuvo amenazando a México si no paraba el flujo migratorio hacia su frontera con aplicar aranceles por cada día que el gobierno mexicano no actuara».
«En materia de política migratoria hemos articulado un cambio radical con respecto a lo que se hizo en el pasado reciente. Nuestro propósito es ahora que ningún ciudadano mexicano se vea obligado a abandonar su lugar de residencia por pobreza, marginación o por inseguridad».
«El Ejecutivo federal ha buscado involucrar en esta solución a Estados Unidos y a los países hermanos de Centroamérica para participar juntos en la construcción de mecanismos de reactivación económica, bienestar y desarrollo con el propósito final de lograr que todas las personas puedan trabajar, estudiar, tener salud y bienestar en donde nacieron; que la migración sea opcional, y no forzada por el hambre o la violencia», concluyó.