La Organización de las Naciones Unidas denunció hoy que la explotación sexual infantil en México es un problema grave que se vincula con el crimen organizado. Juan Miguel Petit, relator de la ONU sobre Venta de Niños, Prostitución y Pornografía de menores, dijo en rueda de prensa que las cifras específicas estarán en el informe […]
La Organización de las Naciones Unidas denunció hoy que la explotación sexual infantil en México es un problema grave que se vincula con el crimen organizado.
Juan Miguel Petit, relator de la ONU sobre Venta de Niños, Prostitución y Pornografía de menores, dijo en rueda de prensa que las cifras específicas estarán en el informe que presentará en el segundo semestre del año.
El funcionario internacional uruguayo realizó una visita de 10 días a México, durante la cual estuvo en la capital mexicana, en Guadalajara (Jalisco), en Tijuana (Baja California) y en Ciudad Juárez (Chihuahua).
La agenda incluyó entrevistas con unos 300 activistas, funcionarios y expertos.
Petit dijo que percibió que hay una sensación general de impunidad tanto jurídica como social sobre esta problemática.
Indicó que en la frontera norte, concretamente en Tijuana, vecina a San Diego, Estados Unidos, pudo ver que hay unos 2.000 deportados diarios, de los que unos 25 son niños.
Sostuvo que las estadísticas no son tan importantes como las historias particulares para conocer la gravedad del asunto.
Afirmó que el gobierno y la sociedad mexicana son conscientes de los problemas asociados a la explotación sexual infantil en el país, pero les demandó políticas de Estado de larga duración para combatirlos.
El relator de la ONU aseguró que las instituciones tradicionales necesitan múltiples reformas para poder enfrentarse a las nuevas realidades surgidas de la globalización, de la sociedad de consumo, del mercado de trabajo, de la desigualdad y de la pobreza.
Asimismo, dijo que las mafias se organizan y también van cambiando, y por ello las instituciones deben adaptarse y buscar soluciones personalizadas para cada caso particular.
Recomendó al Estado asociarse con las organizaciones de la sociedad civil y compartir las responsabilidades, los recursos, la gestión y la evaluación de resultados con ellas.